El contralor general de la República, Camilo Benítez, adelantó que la auditoría que se elaboró desde la institución en torno al fallido acueducto en el Chaco paraguayo se encuentra en su etapa final para brindar un dictamen posterior al proyecto elaborado, que ya costó al Estado USD 130 millones y que a la fecha sigue sin funcionar.
“Hay una auditoría del año pasado con relación al proyecto del acueducto, que en este momento está en proceso y tiene una comunicación de observaciones para descargo y se le ha remitido esto a ocho exministros de Obras, porque este plan empezó en el gobierno de Fernando Lugo”, explicó el contralor para el programa “Arriba hoy” de GEN/Nación Media.
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Benítez especificó que en una o dos semanas ya se podría remitir el informe final de la Contraloría. Todos los ministros, partiendo desde la gestión del expresidente Lugo hasta la actual, han recibido el traslado correspondiente para que presenten su descargo en torno al plan del acueducto; antes de finalizar el informe se corresponderá a analizar este factor.
“Ojalá que esto tenga solución, hay un problema enorme hoy en el Chaco porque la gente prácticamente muere de sed. Así que ojalá se pueda rectificar cualquier anomalía que haya tenido ese proyecto, esperando que el agua llegue a las zonas más vulnerables”, remarcó el contralor, insistiendo en la necesidad de contar de manera urgente con un acueducto para la zona chaqueña.
En el caso de registrarse inconsistencias, la Contraloría procederá a remitir el informe al Ministerio Público, con el objetivo de buscar mayor claridad sobre la auditoría desarrollada, derivando la responsabilidad en torno al proyecto a las personas correspondientes. Actualmente, el Gobierno procede únicamente a enviar agua al Chaco, debido al fallido acueducto, tratando de brindar respuestas inmediatas a la problemática de la falta de agua.
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Contralor detalló a CBI sobre auditorías a transferencias de recursos públicos
El contralor general de la República, Camilo Benítez, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), para brindar detalles sobre las auditorías desarrolladas por la institución a su cargo, en torno a recursos públicos designados a organizaciones sin fines de lucro.
“Brindamos explicaciones, en primer lugar, del apoyo que nosotros recibimos de cooperantes extranjeros, específicamente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés)”, relató Benítez ante los medios de prensa en el Congreso.
También se han brindado detalles sobre la auditoría realizada por la Contraloría en los últimos cinco años, acerca de las transferencias de los recursos públicos, así como también los reportes de hechos punibles que ya se han remitido al Ministerio Público.
“Se aclara siempre que esto se aplica en la ejecución de los fondos públicos. Hemos podido responder a todas las consultas realizadas, quedando a disposición de lo que necesiten los congresistas y la ciudadanía en general”, puntualizó el contralor.
Sobre la Comisión
Benítez puntualizó que históricamente se han observado alianzas a través de las cuales se han detectado diversos beneficios institucionales. No obstante, desde la Comisión apuntan a una mayor trazabilidad de la utilización de los fondos, para una mayor transparencia.
Es así como la CBI también se reunió con los representantes de la Fiscalía General del Estado, recibiendo a la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Soledad Machuca; la agente fiscal, Verónica Valdez; y la relatora fiscal, Rocío Acuña.
Aparte de los representantes mencionados, la Comisión también ha recibido de manera reservada al titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, aparte de proseguir la reunión con representantes de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).
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Contraloría ordena auditoría a Municipalidad de Villa Elisa
Unidad de Investigación Nación Media
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de una auditoría a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el liberal Sergio Agustín Estigarribia Medina, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. La comuna sirvió como trampolín para el crecimiento patrimonial del clan Estigarribia.
La CGR comunicó la apertura de una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el Sergio Estigarribia. En concreto, la auditoría se centrará en la ejecución presupuestaria.
La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos, estarán a cargo del titular de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales.
“Asimismo, se comunica que el Equipo Auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la Supervisora y/o Jefe de Equipo, sin perjuicio de que el Equipo Auditor labre Actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, refiere la nota remitida por el ente contralor al jefe comunal.
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El crecimiento con la política
De quinielero a millonario político. El caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), es digno de estudio. Es que el jefe del Ejecutivo departamental siempre se escudó en sus modestos inicios como corredor de quinielas, sin embargo, actualmente es todo un potentado.
Estigarribia experimentó un rápido crecimiento desde su llegada a la política, de acuerdo con lo que se detecta en sus declaraciones juradas de bienes y renta (DDJJ) publicadas en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
La primera manifestación de bienes data de diciembre de 2015. En ese documento, Estigarribia decía tener dos inmuebles tasados en G. 730 millones, una camioneta tasada en G. 150 millones y en efectivo tenía otros G. 200 millones. Las primeras compras de inmuebles declaradas figuran desde el 2010, tiempo en el que Estigarribia daba sus primeros pasos como concejal.
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En total, para 2015 sus activos alcanzaban los G. 1.080 millones
Para 2023, Estigarribia declaraba ya cuatro inmuebles tasados en G. 854 millones, había cambiado su camioneta por una tasada en G. 481 millones. En muebles, que no declaró en 2015, había acumulado ya G. 128 millones y en efectivo tenía G. 25 millones.
Para el momento de asumir como gobernador, sus activos habían superado los G. 1.489 millones.
Una familia millonaria
Pero el bienestar no solo alcanzó al político liberal. En los últimos años, el clan Estigarribia ha captado la atención pública no solo por la trayectoria política de sus miembros, sino también por sus sorprendentes inversiones inmobiliarias. A pesar de sus humildes orígenes, Edith Rosa Medina Verón, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, madre y hermana del actual gobernador Ricardo Alfredo Estigarribia, han invertido cifras que deslumbran, y no menos intrigante es la participación de Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador.
Según documentos revelados por la Abogacía del Tesoro, en menos de dos años, las tres mujeres han inyectado aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia. Lo que llama la atención es el origen de estos fondos, considerando que la matriarca, Edith Rosa Medina Verón, ha sido conocida en su comunidad como una modista de barrio. No obstante, sus inversiones parecen más propias de grandes magnates de la moda internacional que de una modesta costurera.
Uno de los casos más destacados es el de RM8 Desarrollo SA. En esta empresa, Edith Rosa Medina Verón figura con un aporte en efectivo de G. 4.000 millones, mientras que su hija, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, ha contribuido con G. 1.000 millones adicionales. Ambas mujeres, de origen humilde, hoy aparecen como propietarias de al menos tres cuentas corrientes y fincas ubicadas en Villa Elisa, donde se ha construido un imponente depósito.
Además, Tecno Capital SA es otra empresa bajo el radar. En esta sociedad, inicialmente aparecían como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo de esta empresa asciende a G. 2.500 millones, una cifra que contrasta con lo declarado por el funcionario en su patrimonio.
Otra empresa bajo el control de la familia es Las Azas SA, que registra aportes en efectivo de G. 1.500 millones. Aquí, Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador Ricardo Estigarribia, figura con acciones por G. 600 millones, mientras que “Nuni” Medina Galeano aporta otros G. 900 millones. La empresa no solo maneja varias cuentas corrientes, sino también una quinta ubicada en Piribebuy, un terreno verde que limita con un arroyo. Durante una visita al lugar, un cartel que decía “Quinta San Andrés”, en homenaje al padre fallecido de los hermanos Estigarribia, desapareció misteriosamente tras alertar a los propietarios con nuestra presencia.
Otro bien notable vinculado a Las Azas SA es una cuenta corriente que el mismo gobernador Estigarribia declaró ante la Contraloría. Este inmueble incluye una terraza con piscina, adyacente a su imponente residencia. La transición de Estigarribia de quinielero a una de las autoridades con mayor crecimiento patrimonial ha sido tan veloz como controversial.
Motel a fuerza de Fonacide
El entramado financiero del clan no se detiene en las mujeres de la familia. Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia, también ha visto un ascenso económico sorprendente. En actas de asamblea, figura como accionista de Asispar SA, una empresa que recibió adjudicaciones directas por G. 1.872 millones durante la intendencia de Ricardo Estigarribia para proveer almuerzos escolares. No obstante, en 2020, Asispar SA diversificó su negocio, inaugurando un motel, lo que amplía aún más las ramificaciones económicas de la familia.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena, distribuidas en distintas localidades. Las preguntas sobre el origen de estos recursos y cómo una familia, cuya matriarca era una modista, ha logrado acumular semejante fortuna, siguen en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que las finanzas del clan Estigarribia, especialmente las de sus mujeres, no pasan desapercibidas en el ámbito económico y político del país.
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Portal Ñangareko potenciará el programa Hambre Cero, afirmó contralor
El contralor general de la República, Camilo Benítez, destacó las contribuciones del portal Ñangareko en los controles de la implementación del programa Hambre Cero. Con esto se apunta a contar con un amplio análisis de datos para trabajar de manera más específica sobre el plan de Gobierno, remarcó.
“La persona entra a la página, el GPS automáticamente le envía al colegio en el que se encuentra, y allí puede calificar el servicio porque no se trata únicamente de presentar denuncias. La idea central es tener datos, los cuales también pueden ser positivos”, indicó.
Benítez explicó que en la ley de Hambre Cero se otorga a la Contraloría una modalidad de control, establecida de manera concurrente. Esto significa que no se elaborarán los controles después de la implementación de los planes de alimentación, sino al momento de desarrollarse, durante el proceso.
“Esto se hará en tiempo real, para así corregir cualquier imperfecto o anomalía que exista en la provisión de la comida. Es prácticamente imposible controlar todas las escuelas, todos los días del año, por eso desarrollamos el portal colaborativo”, explicó a la 1000 AM.
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Sobre los controles
Benítez manifestó que la prioridad es brindar un manto de transparencia a la provisión de alimentos en las instituciones educativas. Remarcó que, en el caso de reportes específicos, desde la Contraloría se aplicará la verificación in situ de las denuncias, en base a las informaciones presentadas.
“La falta de información también es un criterio, es decir, cuando tengamos un departamento con escuelas en las que nadie aporta datos, lo tomaremos como un criterio para ir a revisar”, agregó el contralor general, remarcando el seguimiento constante sobre el desarrollo del programa.
Benítez señaló además que resulta un tanto común observar irregularidades diversas e incluso colaterales, por lo que también se tendrán en cuenta dichos casos para actuar. Las denuncias podrán presentarse en hambrecero.contraloría.gov.py
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Urgen celeridad para sancionar el proyecto anticorrupción
Con presencia de representantes del Banco Mundial, el contralor general de la República, Camilo Benítez, urgió al Congreso Nacional el tratamiento y sanción de la iniciativa denominada Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.
“Estamos solicitando al presidente del Congreso, Basilio Núñez, y a los demás miembros del Senado que traten de poner como una prioridad a este proyecto que absorbe la función de la Secretaría Nacional de Anticorrupción. Amerita que puedan darle una tratativa rápida para que la Contraloría se convierta en el órgano que lidere la política de transparencia y prevención de la corrupción en el Paraguay”, manifestó.
Benítez señaló además que en discusión con la delegación del Banco Mundial se llegó a la conclusión de que la iniciativa anticorrupción aportará al mantenimiento del grado de inversión otorgado por la calificadora de riesgos Moody’s a Paraguay.