El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo defini­tivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la docu­mentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contralo­ría General de la República (CGR). El economista realizó ayer su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día del jueves, ya empezamos a trabajar inten­samente en el desarrollo, en la verificación, en el análi­sis y en la evaluación de las seis observaciones de la Con­traloría General de la Repú­blica, que han sido denuncia­das como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.

Los trabajos que ya se inicia­ron a partir del día de ayer, ya teniendo toda la documenta­ción, apuntar a realizar una profunda revisión del pro­ceso licitatorio de los llama­dos vinculados a las obras con la emisión de los bonos, entre las cuales se encuentran dos obras: el desagüe pluvial del Mercado de Abasto, cuenca Itay y Lambaré, el desagüe pluvial de varias cuencas de la ciudad de Asunción.

Indicó que también se ha soli­citado a la casa de bolsa todos los documentos que tengan relación con la emisión de los bonos para realizar el aná­lisis de toda la trazabilidad de la emisión de los títulos, la manera que se han hecho los depósitos y toda la traza­bilidad del dinero utilizado.

“En esa misma línea, para la observación uno, ya recibi­mos todas las documentacio­nes vinculadas a los recur­sos de la emisión de los bonos G8, también ya tenemos los extractos bancarios y ya empezamos a hacer los análi­sis de trazabilidad de los fon­dos captados. Con respecto a la observación dos, ya esta­mos en plena reconstrucción de todo el proceso del diseño de la manera en que se imple­mentó la emisión, cuál fue el circuito, el recorrido admi­nistrativo que ha tenido y la captación final de los recur­sos G9”, explicó.

Pereira indicó que se reca­bará toda la información, ya que también existe un com­plemento en la observación que tiene relación con la tasa de interés del cual aún no se cuenta toda la información, ya se realizó el pedido corres­pondiente y una vez que se cuente con esos documentos se completará el punto dos del trabajo de intervención.

Con relación a la observación tres, ya se cuenta también con los extractos y toda la docu­mentación respaldatoria con­table, y se están realizando los análisis de composición de saldos que son “las conci­liaciones que van a arrojar el resultado de esa tarea en ese punto”, de acuerdo a la expo­sición del interventor.

Ya en el punto cuatro, que habla del extracto bancario de la cuenta habilitada para la administración de los fondos, también ya tienen los extrac­tos bancarios, se está traba­jando con la verificación de los registros contables y la eje­cución presupuestaria de los ejercicios 2022 y 2023, que es el período que ha sido men­cionado y “que es el punto de referencia de la observación”.

Mientras tanto, en los puntos cinco y seis, poseen documen­taciones relacionadas y los extractos correspondientes. “Eso sí guarda relación con las dos obras que ahora estamos ya iniciando el trabajo con un equipo técnico integrado por ingenieros y arquitectos, y eso va a tener una vincula­ción técnica contable segu­ramente al arrojar el informe técnico de los ingenieros que van a hacer la verificación de las obras”, sentenció.

La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.

La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.

De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.

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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.

El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.

Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.

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La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, de la Cámara de Senadores, llevó adelante una audiencia pública donde analizó la propuesta de Ley de Protección de Datos Personales.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Patrick Kemper afirmó que está muy satisfecho con la audiencia, porque todos los sectores que participaron quieren que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación.

Al término de la jornada, el legislador explicó que se estará analizando en la comisión todas las propuestas planteadas para emitir el dictamen de aprobación con modificaciones al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados.

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Indicó que durante esta audiencia pública se han escuchado los distintos pareceres de diversos sectores, ya sea del ámbito de la academia, como los representantes de los organismos que tienen como actividad el desarrollo tecnológico del sector privado. Manifestó que también participó el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate con todo su equipo técnico.

“Han participado diferentes sectores de la sociedad civil y público, donde han dado sus pareceres, sugerencias y propuestas de modificaciones al proyecto de ley. Lo importante es que hay un claro interés general de que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación. Ahora nos toca hacer un trabajo minucioso para pulir todas las sugerencias y sacar un dictamen de aprobación con modificaciones”, precisó.

Remarcó que se encuentra muy satisfecho, porque todos los sectores manifestaron que les parece importante contar con una ley de protección de datos personales.

A su turno, el titular del Mitic expresó que es una ley fundamental para la institución a su cargo. Dijo que este proyecto fortalecerá la seguridad jurídica sobre el abordaje de información de las personas.

Agregó que ayudará para atraer mayores inversiones, porque si viene una empresa que trabaja con datos provenientes del exterior necesita una ley que les proteja.

Explicó que esta propuesta ya lleva varios años de estudio, que se ha venido debatiendo en diversas audiencias públicas, ya desde el tiempo que se estudió en la Cámara de Diputados en las distintas comisiones.

“Este proyecto de ley nos permitirá a nosotros fortalecer nuestra seguridad, porque en el proceso de intercambio de información también nos permitirá atraer mayor inversión al país, porque cuando un inversionista viene al país tiene que buscar una ley espejo que complemente la protección de datos”, comentó.

Explicó que cuando una empresa tiene que trabajar con datos provenientes del exterior, tiene que haber una regulación local que precautele eso. De tal manera podamos contar con una ley que permita crecer en cuanto a la inversión internacional.

“También es importante proteger nuestra información de nuestros datos personales, si bien ya contamos con la Ley de Datos Crediticios, que abarca una parte, pero no así la Ley de Datos Personales, que contempla lo que nosotros mismos somos los dueños de estos datos y no una empresa, o una entidad o sociedad. Desde ese punto de vista estamos escuchando las recomendaciones”, acotó.

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El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.

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Los trabajos que ya se iniciaron a partir del día de ayer ya teniendo toda la documentación se está realizando una profunda revisión del proceso licitatorio de los llamados vinculados a las obras con la emisión de los bonos, entre las cuales se encuentran dos obras: el desagüe pluvial del Mercado de Abasto, cuenca Itay y Lambaré, el desagüe pluvial de varias cuencas de la ciudad de Asunción.

Indicó que también se ha solicitado a la casa de bolsa todos los documentos que tengan relación con la emisión de los bonos para realizar el análisis de toda la trazabilidad de la emisión de los títulos, la manera que se han hecho los depósitos y toda la trazabilidad del dinero utilizado.

“En esa misma línea, para la observación uno, ya recibimos todas las documentaciones vinculadas a los recursos de la emisión de los bonos G8, también ya tenemos los extractos bancarios y ya empezamos a hacer los análisis de trazabilidad de los fondos captados. Con respecto a la observación dos ya estamos en plena reconstrucción de todo el proceso del diseño de la manera en que se implementó la emisión, cuál fue el circuito, el recorrido administrativo que ha tenido y la captación final de los recursos G9”, explicó.

Pereira indicó que se recabará toda la información, ya que también existe un complemento en la observación que tiene relación con la tasa de interés del cual aún no se cuenta toda la información, ya se realizó el pedido correspondiente y una vez que se cuente con esos documentos se completará el punto dos del trabajo de intervención.

Con relación a la observación tres, ya se cuenta también con los extractos y toda la documentación respaldatoria contable, y se está realizando los análisis de composición de saldos que son “las conciliaciones que van a arrojar el resultado de esa tarea en ese punto”, de acuerdo a la exposición del interventor.

Ya en el punto cuatro, que habla del extracto bancario de la cuenta habilitada para la administración de los fondos, también ya tienen los extractos bancarios, se está trabajando con la verificación de los registros contables y la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2022 y 2023, que es el período que ha sido mencionado y “que es el punto de referencia de la observación”.

Mientras tanto, en los puntos cinco y seis, poseen documentaciones relacionadas y los extractos correspondientes. “Eso sí guarda relación con las dos obras que ahora estamos ya iniciando el trabajo con un equipo técnico integrado por ingenieros y arquitectos, y eso va a tener una vinculación técnica contable seguramente al arrojar el informe técnico de los ingenieros que van a hacer la verificación de las obras”, sentenció.

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