El procurador general de la República, Marcos Aurelio González, manifestó que se encuentra recabando documentaciones con la finalidad de determinar la existencia de comisión de hechos punibles cometidos por los ocupantes vip de la finca 916, padrón 14638, denominada Jardines de Remansito, localizada en el distrito de Villa Hayes, inmueble perteneciente al Estado paraguayo.
“Si para nosotros surgen elementos o indicios que se podrían configurar como un hecho punible, haremos la denuncia para que la Fiscalía analice. A priori con algunas informaciones que vamos teniendo podrían darse casos, pero no queremos adelantar, ya que queremos confirmar la hipótesis con las documentaciones que vayan corroborando o desmintiendo las informaciones que vamos teniendo”, dijo González.
El martes 3 de octubre, el procurador junto con el juez José Villalba lideraron una comitiva de autoridades que se trasladó hasta el inmueble en conflicto con el fin de realizar un reconocimiento judicial del territorio e identificar a los ocupantes con nombres y apellidos, quienes en su mayoría argumenta que reside en el sitio hace 20 años aproximadamente.
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“En las diferentes hipótesis que vamos construyendo cabrían también elementos que permitan sugerir la comisión de algún hecho punible. Queremos tener a manos las informaciones para determinar eventualmente las responsabilidades”, indicó.
Asimismo, González manifestó que solo puede trasladar el dominio y la propiedad de un bien el que es titular, esto debido a las manifestaciones de algunos ocupantes que argumentan que adquirieron los lotes mediante la Municipalidad de Villa Hayes y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
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“En este caso el titular era la Cámara Paraguaya de la Carne, que luego trasladó por ley ese bien al Ministerio de Defensa. En ningún momento ni el Indert, ni el municipio de Villa Hayes tenían el dominio sobre esos inmuebles para trasladar, ceder o venderle a ninguna persona”, comentó a la 1080 AM. El funcionario de Estado fue tajante en mencionar que los certificados de ocupación otorgados por el Indert a los ocupantes no poseen valor alguno para justificar tanto la invasión y tenencia de las tierras del Estado paraguayo.
“Supongamos que el Indert, así como el municipio, hayan otorgado la transferencia, pero eso no tiene ningún valor, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Algunos dicen tener un certificado de ocupación del Indert, pero esto no otorga ningún derecho, es solo un registro que realiza la institución y por otro lado está la gente que dice que pidieron al Indert un certificado de ocupación, pero que nunca recibieron una respuesta, ellos menos pueden alegar algún derecho a su favor”, puntualizó.