El concejal departamental de Misiones, Augusto Galeano, que pertenece al bloque de la Concertación, explicó que el nuevo gobernador Richard Ramírez informó que más de 70 obras que debían llevarse a cabo en el departamento han quedado inconclusas y, a la fecha, existen grandes problemas de financiación para que puedan continuar.
El edil departamental confirmó que estará realizando pedidos de informes sobre esas obras inconclusas. “Es malversación de fondos, hay obras que también constituyen lesión de confianza, por eso solicite los informes correspondientes, obras por obras para que los casos que necesiten ser denunciado al Ministerio Público por lesión de confianza o estafa para poder hacerlo”, anunció Galeano en comunicación con 1020 AM.
El concejal explicó que el anterior administración departamental estuvo a cargo de Carlos Arrechea, que pertenece al bloque de Fuerza Republicana, electo para el periodo 2018-2023, pero que renunció en enero de este año para postularse a una banca en Diputados, la cual está ocupando actualmente; y, en su reemplazo, asumió Javier Ferreira, que pertenece al mismo sector, electo por sus pares de la Junta Departamental.
“Al asumir Richard Ramírez la gobernación anuncia a través de conferencia de prensa, junto a su equipo político y su gabinete, que una cantidad de 70 obras están paralizadas e inconclusas en el departamento de Misiones, responsabilizando al gobernador anterior. Y que los recursos que recibió la gobernación para las obras licitadas, la mayoría en la administración de Carlos Arrechea, no van a poder continuar, ni ser pagadas, porque el gobernador interino, Javier Ferreira, ha tomado la decisión política de, en vez de pagar las certificaciones de las obras, ha llevado al rubro de transferencia de comisiones y que ya fueron todas otorgadas”, comentó Galeano.
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Diputados piden informes al Ministerio Público y la CGR sobre fiscalización de los municipios
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.
El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.
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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.
Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.
Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.
Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.
Pedido a la Contraloría
Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.
El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.
Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.
También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.
El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.
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Auditoría al instituto de formación José P. Guggiari del PLRA detecta malversación de fondos
Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitieron al Directorio partidario y autoridades parlamentarias el informe de auditoría financiera en el que constatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.
Para comprender mejor sobre el informe de auditoría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitaciones que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documentos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.
Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denuncia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.
Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con documentaciones respaldatorias.
“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Guggiari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni ninguna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.
Pago de honorarios y gratificaciones
Mencionó además que detectaron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurídica del instituto que está destinado a brindar capacitaciones, cursos, talleres, así como llevar adelante investigaciones; que son las áreas en las que se pueden utilizar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias con malla curricular habilitada.
“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratificaciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del instituto. Hay faltas administrativas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.
Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rector. Mencionó que llamó además la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igualmente no cuentan con documentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.
“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que respalden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar respaldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.
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Comisión Permanente pide informes a la Dinac acerca de sobrevuelo de dron en Samber
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pedido de informes a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) con relación a detalles del sobrevuelo de un dron sobre la residencia del presidente de la República, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino. La propuesta fue presentada por los diputados colorados Alejandro Aguilera y Rodrigo Gamarra para su correspondiente análisis.
El documento tiene como objetivo obtener información oficial sobre la autorización y cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la operación de drones. Se solicita además detalles acerca de la autorización y condiciones con respecto a la operación de los vuelos nocturnos y el propósito de los mismos, en esos horarios.
Con respecto al cumplimiento de la normativa se deberá informar si se cumplió con las tarifas y otros requisitos establecidos por la Resolución n.° 1065/2023 para el vuelo de drones en horario nocturno, especialmente el pago de los jornales establecidos en la normativa.
Al respecto, su colega Santiago Benítez expresó que no se puede regular ni amordazar a la prensa que tiene una libertad total, contradiciendo de esta forma a los diputados de la oposición Raúl Benítez y Johana Ortega, quienes cuestionaron el pedido de informe, señalando que se busca atacar a los medios de prensa.
En ese sentido, el legislador aclaró que no se puede regular el trabajo de la prensa, porque eso garantiza la democracia en el país. “Si bien es cierto, que la ley prevé la reserva de la fuente de información, eso garantiza el trabajo del periodista y los medios de comunicación, no tienen obligación de revelar sus fuentes ni cómo han obtenido. Ahora bien, como todo trabajo debe ser legal y debe hacerse con respeto a la Constitución Nacional y las leyes vigentes en el Paraguay”, expresó.
Por tanto, señaló si el medio de comunicación en cuestión no obtuvo los permisos para utilizar los drones, es una cuestión administrativa que se puede sancionar, hay que ver si se cometió ese hecho punible, de sobrevolar un dron sin autorización. Indicó que sí debería contar con autorización como cualquier otro vehículo o aeronave.
“Si es que estuvo sobrevolando un dron la zona residencial del presidente de la República es negligencia primero de los funcionarios de la Dinac, segundo no se cuenta con radares; esto viene a confirmar la negligencia país sobre la necesidad de un radar. Entonces, atribuir responsabilidad a la prensa sobre negligencia de la Dinac es absurdo. Por eso, estoy de acuerdo con el pedido de informes, pero no voy a estar de acuerdo en amordazar a la prensa”, indicó.
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Opositores piden a la Procuraduría recuperar dinero sustraído por exgobernador
Desde la oposición solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR), liderada por Marco Aurelio González, recuperar los G. 5.105.600.000 que fueron malversados por el exgobernador de Central, Hugo Javier González, y sus entonces colaboradores durante la pandemia del covid-19. La petición será realizada ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El planteamiento es impulsado principalmente por el diputado Adrián “Billy” Vaesken del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). “Estoy satisfecho por la condena. El tribunal confirmó que Hugo Javier se quedó con la plata pública desviada de la Gobernación”, indicó.
Vaesken fue uno de los principales denunciantes de González, teniendo en cuenta que en el anterior periodo se desempeñaba como concejal departamental de Central. “Casi extinguió la Gobernación, pero dónde está la plata. El tribunal de sentencia dice que el dinero tiene este señor Miguel Ángel Robles Ibarra (exasesor y exdirector de Gabinete), este tipo es un peligro para las arcas públicas”, dijo.
En una entrevista con los medios de comunicación el parlamentario acotó: “Ahora estamos terminando la redacción de un proyecto de declaración que insta a la Procuraduría General de la República a iniciar los trámites de manera urgente para recuperar esa plata que fue desviada de la Gobernación de Central y que a causa de eso, hoy 94 puestos de salud siguen cerrados”.
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Vaesken detalló que la recuperación del millonario fondo puede ser concretado teniendo en cuenta la existencia de una jurisprudencia. El legislador detalló que la Procuraduría ganó una demanda a favor del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en una causa donde se había concretado la desviación de recursos a través de licitaciones.
“En base a esta causa, nosotros hacemos esta propuesta. La Gobernación no tiene los recursos para reactivar estos puestos, el dinero era para una reactivación económica, para tener mejores servicios sanitarios por eso en honor a mucha gente que falleció en pandemia y otras que perdieron todo presentaremos esta iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso”, manifestó.