El entorno del expre­sidente Mario Abdo Benítez ya estableció su estrategia: desacreditar la investigación del periodista argentino Luis Gasulla (de Periodismo y Punto) sobre la existencia de sus cuentas en las islas Seychelles. Para ello, envió un exhorto al gobierno de ese país para que respon­dan en la brevedad posible. La respuesta más lógica será que no existe cuentas ban­carias a nombre del expresi­dente y de su esposa, Silvana López Moreira. Situación que la publicación de Gasulla ya lo advertía, por eso insistía la investigación filtrada que en realidad ambos, marido y mujer, son beneficiarios fina­les de las dos cuentas, de Star Capital Financial Service y Exchange Contracts Inter­national Finance.

Para el abogado Ricardo Preda, respondió a esta estra­tegia de la defensa del exman­datario para desligarse for­malmente de las supuestas cuentas bancarias en este país insular africano.

“Una manera correcta de soli­citar información no es pre­guntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta por­que la información que fue filtrada por un medio argen­tino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta”, sostuvo Preda en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en reali­dad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la res­puesta es casi obvia, dirán que no”, expresó.

La estrategia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la Cancillería para­guaya y con la intermedia­ción de Luigi Piccollo, cón­sul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado afri­cano surge para confirmar o negar la existencia de cuen­tas bancarias abiertas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.

Esa declaración sería utili­zada como prueba exculpato­ria y replicada por medios afi­nes al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una ope­ración política promovida por el cartismo para dañar su imagen.

Los fondos ocultos enviados a Star Capital y a Exchange Contract fueron canalizados a través de empresas offshore que habrían recibido depó­sitos desde otras firmas apa­rentemente fantasmas crea­das en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quié­nes son los beneficiarios fina­les y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermedia­rias”, dijo.

Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacio­nal, ya sea mediante la Fisca­lía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligen­cia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.

“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expre­sidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patri­monio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy supe­rior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresi­dente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.

El actual mandatario aseguró que su gobierno no usará al Estado como garrote político, como sí lo hizo Mario Abdo.

El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.

“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.

El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contralo­ría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.

Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.

En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecu­ción”, señaló.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), ingeniero José Luis Heisecke, precisó que la deuda del sector público (generada por la exadministración) es de USD 100 millones, pero que la deuda total con intereses incluidos asciende a USD 150 millones.

Esta suma condice con el informe de Indicadores Financieros del Banco Central del Paraguay (BCP) que precisa que la construcción y el consumo son los sectores que lideran los índices de morosidad en el sistema financiero con el 4 % y 5,12 %, respectivamente.

Vale recordar que el gobierno de Santiago Peña saldó una deuda heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez de USD 350 millones con las empresas constructoras. Ese atraso produjo una deuda de USD 100 millones en concepto de intereses.

Leé también: Agricultores familiares diversifican la producción de Ñeembucú con frutillas

Desde Capaco explican que durante la pandemia este rubro fue fundamental para que la economía no parara demasiado y que se siguiera trabajando. A ello, suman que invirtieron un capital propio que quitaron del sector financiero para poder concluir con muchas obras, y que tales obras hoy están generando riqueza, uniendo ciudades, ríos y puentes, haciendo crecer el producto interno bruto (PIB).

Respecto a cuál sería el trato que mantienen con las autoridades, el titular de Capaco explicó que hablan constantemente con el gobierno sobre esta deuda y que existe una posibilidad de que estos intereses sean saldados antes de que termine el 2025.

Acerca de cuáles obras son las que están certificadas y asumidas con compromiso de pago, el expresidente de Capaco, Guillermo Más Duarte, dijo a GEN/Nación Media, meses atrás, que el sector asumió un compromiso de continuar con las obras y que ellas pudieron concluirse con capital del sector financiero. “Eso es lo que nosotros asumimos y es lo que está en los contratos. De hecho, todo esto está en la ley 2.051 (Contrataciones Públicas)”, dijo.

Te puede interesar: Caja de jubilaciones se agrava por condiciones diferenciales entre aportantes y jubilados

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, manifestó que el próximo lunes 28 de julio mantendrán un encuentro con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, con el fin de agilizar en el Legislativo el proyecto que plantea la reforma del transporte público impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña.

“Le vamos a dar la mayor importancia y celeridad. La ministra de Obras Públicas está invitada a la reunión de líderes y vicelíderes de bancadas prevista para este lunes a las 9:00 antes del desarrollo de la mesa directiva”, comentó el legislador a los medios de comunicación. Núñez estima que el tratamiento de la propuesta en el Congreso Nacional abarcaría un periodo de 30 días.

Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.

Asimismo, promueve la competencia para elegir a operadores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.

Ahora, con esta ley se separan los contratos:

• Operación: empresas especializadas en prestar el servicio de transporte y encargada de toda la dinámica de la operación y mantenimiento de buses. 
• Flota: empresas encargadas de proveer con un modelo de financiamiento que propicie la inversión privada en flota. 
• Infraestructura: empresas responsables de terminales, paradas y depósitos

Lea también: Presidente de Finlandia recibirá a Peña para potenciar la cooperación

A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuencias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas. Otro de los puntos que contempla la propuesta, es la creación de un fideicomiso que administrará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabilidad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.

“Lo que recibimos como servicio hoy es problema de no tener las reglas claras, de no haber generado un espacio de mejoras continuas de este sistema que ya está agotado. Nadie está contento, tanto los empresarios como la ciudadanía que recibe el servicio y ni hablar el Estado“, indicó Centurión en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

La reforma establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes accesibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determinado. Así también, contempla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuanto van a demorar y cómo llegar más rápido.

“Para aquellos que se quieran subir a las nuevas reglas, a este nuevo bus, a las nuevas condiciones de transporte por supuesto que las puertas estarán abiertas, pero habrá aquellos que no estén interesados con el sistema y terminarán siendo finalmente expulsados del servicio de transporte. Nosotros creemos y tenemos la convicción de hacer la transformación con aquellos que están dispuestos a cambiar y renovarse para el bien de la ciudadanía", refirió la secretaria de Estado.

La implementación de la reforma será gradual y transitoria, con avances sostenidos hacia un nuevo sistema de transporte más eficiente. Como medidas inmediatas, mencionó la ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.

Te puede interesar: Abdo offshore: sociedades remitentes deben ser investigadas, afirma abogado

El abogado Ricardo Preda se refirió a la estrategia de la defensa del exmandatario Mario Abdo Benítez para desligarse formalmente de las supuestas cuentas bancarias que una investigación periodística de Argentina lo vinculan como presunto beneficiario final, con su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).

“Una manera correcta de solicitar información no es preguntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta porque la información que fue filtrada por un medio argentino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta", sostuvo Preda, este viernes, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en realidad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la respuesta es casi obvia, dirán que no”.

La estra­tegia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la canci­llería paraguaya y con la inter­mediación del cónsul honorario Luigi Piccollo, cónsul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado africano surge para confirmar o negar la existen­cia de cuentas bancarias abier­tas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.

La expectativa de la defensa es que Seychelles responda de manera categó­rica que no existe ninguna cuenta registrada a nombre de Mario Abdo. Esa declaración sería utilizada como prueba exculpatoria y replicada por medios afines al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una operación política promo­vida por el cartismo para dañar su imagen.

Lea más: Presidente de Finlandia recibirá a Peña para potenciar la cooperación

Los fondos ocultos estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quiénes son los beneficiarios finales y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermediarias”, dijo.

Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacional, ya sea mediante la Fiscalía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligencia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.

“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expresidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patrimonio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy superior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresidente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.

El periodista argentino Luis Gasulla mediante un informe publicado en el portal de Periodis­moyPunto, con datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a la documentación refiere que Abdo Benítez y López Moreira poseen un total de USD 21 millones ocultos en las islas del océano Índico, frente a África Oriental (cerca de Madagascar).

Lea también: Reordenamiento del Estado apunta a la industrialización en la próxima década