Al cumplirse este sábado tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, su esposa Claudia Aguilera divulgó una emotiva carta abierta haciendo un nuevo reclamo para que se haga justicia al recordar los terribles momentos que le tocó vivir el 10 de mayo de 2022 en la playa de Barú.

“Me desgasto día a día al pensar en lo que ocurrió. Perdóname, amor, por no poder recordarte sonriendo, por no recordar la calidez de tu abrazo y solo ver y escuchar los tres disparos; por recordar tu cuerpo ensangrentado y tu corazón desvaneciéndose poco a poco”, expresa la periodista.

También menciona que su hijo Marcelito ya ha cumplido 2 años de edad, que cada vez se le parece más y está comenzando a hablar muy bien. Le comenta que le habla de su padre, pero tal vez no lo suficiente. Resalta que desea protegerlo de todo lo malo que les ha tocado vivir como familia, “de la infamia de vivir en un país sin justicia”.

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Aguilera manifiesta que la memoria de su esposo asesinado aún “molesta a las autoridades, a actores judiciales y a políticos de este país. Personas que tal vez prefieren encubrir, no sé a quién o a quienes, y borrar, de paso, tu legado".

“Te pido perdón, Marcelo Pecci, por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan”, continúa su carta. Así también, reconoce pesar por sentirse alejada de Dios en los momentos que le abruma la tristeza

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“Perdóname por ya no creer en la justicia. Te pido perdón por sentirme impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos. Amor, son tres años aciagos. Perdóname por no escribirte líneas más esperanzadoras”, comparte en un tramo final.

Aguilera se despide pidiéndole a su esposo que le de la fuerza para no claudicar y mantener la fe. Señala que tanto sus padres, hermanos, sobrinos, amigos y tantas personas que lo han amado lo van a recordar y seguir honrando su memoria buscando que se haga justicia en algún lugar del mundo.

En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por pre­sunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gober­nador y hermano del hoy cali­ficado “Mago del sur”, dipu­tado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.

Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, cono­cido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estu­dio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contralo­ría General de la República (CGR), “a pedido de intere­ses políticos”, los documen­tos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.

El parlamentario había men­cionado el estudio de corres­pondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inver­siones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denomi­nada Mega Servicios de Inge­niería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.

Según la escritura de cons­titución en su página 5, Car­los Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una note­book, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millo­nes. Esta empresa no figura en la declaración jurada pre­sentada por Pereira Rieve al asumir como concejal depar­tamental, pero lo más llama­tivo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integra­ron G. 4.150 millones.

Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendi­dos en la materia, es la hormi­gonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la admi­nistración de su aliado polí­tico, Luis Yd en condiciones muy dudosas.

El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remi­tido por la Contraloría Gene­ral de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irre­gularidad”, había remarcado.

Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su her­mano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secre­taria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.

El dato no menor y que no con­dice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriqueci­miento y otros”, que se man­tiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.

El pedido del examen de correspondencia lo había rea­lizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que con­denaran a un agente antidro­gas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gober­nador de Itapúa.

Además del presunto enri­quecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posible­mente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.

El proceso continuó y llegó a la condena del agente anti­drogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigacio­nes que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.

Ante el silencio de las ins­tituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fis­cal por presunto enrique­cimiento ilícito y respon­dió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes mane­jan mejor la info”.

El diputado Carlos Pereira y los demás accionistas de la empresa Mega Concret SA realizaron una conferencia de prensa este viernes, en la cual, el legislador deslindó toda responsabilidad en la utilización de hormigones en la obra colapsada en Encarnación. El lamentable hecho ocurrió el pasado 2 de abril y se cobró la vida de dos personas.

La empresa hormigonera Mega Concret SA fue la que proveyó el concreto para la construcción, y entre sus accionistas se encuentran el ingeniero Diego Matías Chávez Castro y el diputado Carlos Pereira Rieve, cuestionados y apuntados como nexos de política y negocios con el intendente de Encarnación Luis Yd.

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“Hay medias verdades y es lo que queremos aclarar. Como profesionales que vendemos un producto, en este caso particular el cliente es el arquitecto Roberto Ramírez, el profesional calculista. Es el profesional que diseñó y construyó la obra, y quien solicitó el servicio”, dijo el legislador en conferencia de prensa, reportó Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media en Itapúa.

Refirió que el citado arquitecto es cliente habitual de la empresa y cuenta con muchos proyectos de obras en la zona. “En este caso particular, nosotros como empresa hemos proveído el hormigón para las losas y vigas de este edificio, no hemos proveído el hormigón para los pilares ni para las vigas de fundación, ni para los fustes de fundación. Todos esos hormigones el cliente lo ha elaborado in situ con su personal en obra”, refirió.

Finalmente, indicó que esta empresa lo que hace es “la elaboración en planta, con los camiones que tenemos hacemos la entrega a obra y es el cliente quien aplica la colocación del hormigón según su cuestión de proyecto, según el diseño de proyecto que él considera, con los estándares que él considera”.

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El gobernador del Guairá, César Sosa, se refirió acerca del tractorazo que impulsan los cañicultores como medida de fuerza en reclamo a la falta de culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.

“En el gobierno de Mario Abdo Benítez hubo una sobrefacturación gigantesca, esto no lo digo yo, sino las auditorías y todos los controles que se hicieron en el nuevo gobierno. La obra no se puede tocar sin antes tener un veredicto en la parte judicial. Necesitamos desempolvar para ver quién es el culpable y contra quién apuntaremos. Yo les entiendo a los cañicultores, pero necesitamos saber si fue la empresa encargada de la obra o las autoridades que estaban de turno”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando llegue el presidente Peña de Estados Unidos tendremos una mesa de trabajo ¿Dónde están los culpables de este error?“, reclamó el jefe departamental. Los 2.000 cañicultores movilizados pertenecen a los distritos de Guairá, Caazapá y Caaguazú. Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.

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“Esta es una situación difícil. Nuestra responsabilidad es buscar una solución y golpearemos todas las puertas posibles para eso, no podemos salir en contra de este sector. Se necesita reactivar la obra, necesitamos sacar a la luz quién es el culpable. La gente tiene memoria corta y quiere culpar al gobierno entrante sobre lo que pasó en el anterior gobierno", sostuvo.

La actual planta de molienda tiene más de 40 años y trabaja apenas dos o tres meses al año debido a constantes fallas mecánicas. La nueva maquinaria permitiría triplicar la capacidad de procesamiento, pasando de 2.400 a más de 6.000 toneladas diarias.

Entre los requerimiento de los cañicultores también figura el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. Otro pedido guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.

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