El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que el gobierno de Santiago Peña se encuentra avanzando sin inconvenientes en la elaboración del proyecto para la construcción de un nuevo tren de molienda en la localidad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá.

“Es un proyecto bastante interesante y cumplirá con las expectativas que ellos quieren y el gobierno puede“, mencionó. La iniciativa deberá ser presentada y socializada con los cañeros en junio.

Por otra parte, el titular de la petrolera estatal se refirió sobre la fallida obra encarada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, que debió estar operativa en el 2023 y que tenía como finalidad aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.

“Acá hay culpables, se debe apuntar a las cabezas del gobierno anterior, contra el uno y el dos directamente. Yo no apunto tanto a la gente que estuvo en Petropar, se le prometió a los cañicultores cosas de cumplimiento imposible“, lamentó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

El requerimiento de Jara surge teniendo en cuenta que su institución presentó el 7 de mayo pasado una una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles en torno a la paralización de las obras durante el gobierno de Abdo Benítez.

“Los proveedores de la fallida obra también se encuentran desesperados. Los cañeros son gente laburadora y estaban pasando mal, por eso hicimos lo todo lo posible para llegar a un acuerdo con el sector", remarcó Jara.

Leé también: Pedido de intervención a Prieto: aguardan que esteños apoyen con manifestaciones

De acuerdo con las denuncias, el tren de molienda impulsado por Abdo Benítez fue paralizado debido a la existencia de una sobrefacturación gigantesca. La obra también presentó problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos.

La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra.

“Es importante ver de dónde viene este problema de la obra fallida, esto fue del período anterior, en la época del presidente Abdo, en la que trabajaron sin ninguna planificación”, sostuvo el gobernador del Guairá, César Sosa, quien apoyó el requerimiento de Jara, consistente en que el caso no quede impune.

Te puede interesar: Intendente de Asunción defiende su gestión y asegura no temer a la intervención

En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por pre­sunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gober­nador y hermano del hoy cali­ficado “Mago del sur”, dipu­tado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.

Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, cono­cido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estu­dio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contralo­ría General de la República (CGR), “a pedido de intere­ses políticos”, los documen­tos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.

El parlamentario había men­cionado el estudio de corres­pondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inver­siones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denomi­nada Mega Servicios de Inge­niería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.

Según la escritura de cons­titución en su página 5, Car­los Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una note­book, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millo­nes. Esta empresa no figura en la declaración jurada pre­sentada por Pereira Rieve al asumir como concejal depar­tamental, pero lo más llama­tivo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integra­ron G. 4.150 millones.

Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendi­dos en la materia, es la hormi­gonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la admi­nistración de su aliado polí­tico, Luis Yd en condiciones muy dudosas.

El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remi­tido por la Contraloría Gene­ral de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irre­gularidad”, había remarcado.

Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su her­mano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secre­taria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.

El dato no menor y que no con­dice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriqueci­miento y otros”, que se man­tiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.

El pedido del examen de correspondencia lo había rea­lizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que con­denaran a un agente antidro­gas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gober­nador de Itapúa.

Además del presunto enri­quecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posible­mente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.

El proceso continuó y llegó a la condena del agente anti­drogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigacio­nes que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.

Ante el silencio de las ins­tituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fis­cal por presunto enrique­cimiento ilícito y respon­dió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes mane­jan mejor la info”.

El gobernador del Guairá, César Sosa, se refirió acerca del tractorazo que impulsan los cañicultores como medida de fuerza en reclamo a la falta de culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.

“En el gobierno de Mario Abdo Benítez hubo una sobrefacturación gigantesca, esto no lo digo yo, sino las auditorías y todos los controles que se hicieron en el nuevo gobierno. La obra no se puede tocar sin antes tener un veredicto en la parte judicial. Necesitamos desempolvar para ver quién es el culpable y contra quién apuntaremos. Yo les entiendo a los cañicultores, pero necesitamos saber si fue la empresa encargada de la obra o las autoridades que estaban de turno”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando llegue el presidente Peña de Estados Unidos tendremos una mesa de trabajo ¿Dónde están los culpables de este error?“, reclamó el jefe departamental. Los 2.000 cañicultores movilizados pertenecen a los distritos de Guairá, Caazapá y Caaguazú. Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.

Leé también: Instan a restablecer servicios de cedulación para paraguayos en el extranjero

“Esta es una situación difícil. Nuestra responsabilidad es buscar una solución y golpearemos todas las puertas posibles para eso, no podemos salir en contra de este sector. Se necesita reactivar la obra, necesitamos sacar a la luz quién es el culpable. La gente tiene memoria corta y quiere culpar al gobierno entrante sobre lo que pasó en el anterior gobierno", sostuvo.

La actual planta de molienda tiene más de 40 años y trabaja apenas dos o tres meses al año debido a constantes fallas mecánicas. La nueva maquinaria permitiría triplicar la capacidad de procesamiento, pasando de 2.400 a más de 6.000 toneladas diarias.

Entre los requerimiento de los cañicultores también figura el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. Otro pedido guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.

Te puede interesar: Mafia de los pagarés: plantean trazabilidad para evitar fraudes

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recu­sación contra el fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, planteada por la defensa de los exminis­tros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución polí­tica mediante la instrumen­talización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impul­sadas apuntaban a bastar­dear la causa penal con la finalidad de buscar impuni­dad. Los abogados sostuvie­ron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar ses­gado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Can­dia, entiende que los argu­mentos esgrimidos por los letrados no constituyen moti­vos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recu­sación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fis­cales inferiores. Cabe recor­dar que la audiencia prelimi­nar para los procesados sigue pendiente.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.