Este miércoles, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados la plenaria rechazó un proyecto de declaración presentado para que el Ejecutivo revea sus designaciones en el Consejo de Itaipú. El martes 5 de setiembre el presidente de la República, Santiago Peña, designó a parte de su gabinete para integrar el consejo y formar parte del equipo técnico que acompañará la renegociación del Anexo C de Itaipú.
El proyecto fue planteado por los diputados colorados Mauricio Espínola y Roberto González, quienes habían argumentado que las designaciones realizadas por el Ejecutivo son inconstitucionales por una supuesta incompatibilidad prevista que impide al mandatario hacer designaciones sobre sus ministros, para que se involucren en funciones por fuera de sus respectivas carteras.
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Solo nueve diputados votaron a favor de la mencionada propuesta legislativa. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, se había referido en torno al proyecto, remarcando que no se observa ninguna inconstitucionalidad en lo dispuesto por el presidente, remarcando además que el presidente de la República actúa en base a los intereses nacionales.
“Colocó a los mejores jugadores en la cancha para poder realizar la mejor negociación posible para nuestro país. El aporte que van a estar realizando los ministros y el canciller son desde su ángulo de experiencia; creo además que es un acto patriótico del Ejecutivo que haya sentado en la mesa a los mejores profesionales”, afirmó el parlamentario.
Lea Giménez, jefa del Gabinete Civil; Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas; Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio; Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Ruffinelli; el titular de la Ande, Félix Sosa; y el expresidente de la Ande y exconsejero de Itaipú, Héctor Richer formarán parte del Consejo de Itaipú y del equipo renegociador del Anexo C.
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Latorre expondrá en Ginebra las oportunidades que ofrece Paraguay para inversiones
“Nuestro objetivo es fortalecer la presencia del Paraguay en el mundo”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien está en Ginebra (Suiza) con la finalidad de participar del Encuentro Mundial de Presidentes de Parlamentos, organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP).
Mediante su redes sociales oficiales, el parlamentario informó: “Hablaremos de las oportunidades que existen para invertir en nuestro país y de esta manera crear nuevas fuentes de trabajo, abrir nuevos mercados para nuestros productos e incrementar las cooperaciones con los países aliados”.
El encuentro internacional, que es impulsado mediante la colaboración de las Naciones Unidas, se llevará a cabo entre el 29 al 31 de julio en el Palacio de las Naciones y busca brindar un foro único para la participación y el diálogo de alto nivel entre los líderes parlamentarios de todo el mundo. “Voy a estar desarrollando una rica agenda bilateral, reuniéndome con líderes de parlamentos de diferentes lugares del mundo”, refirió Latorre.
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La actividad será desarrollada bajo el lema “Un mundo en caos: Cooperación parlamentaria y multilateralismo por la paz, la equidad y la prosperidad para todos”. Se detalla que el Encuentro Mundial de Presidentes de Parlamentos, llega en un momento crítico para el sistema multilateral, incluidas las Naciones Unidas, en el que la cooperación internacional eficaz es cada vez más vital, pero también cada vez más difícil de alcanzar en medio del creciente conflicto y la desconfianza mundial.
Se aguarda que el evento contribuya significativamente al avance de un multilateralismo sólido y eficaz, ya que los parlamentos y sus miembros están llamados a promover la democracia y la rendición de cuentas en los asuntos internacionales, ejercer la diplomacia parlamentaria en pos de la paz, llevar la voz de los ciudadanos a las Naciones Unidas y traducir los compromisos globales en realidades nacionales.
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Diputados otorgan dictamen favorable para acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur
Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, dieron dictamen favorable al proyecto de ley “Que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur”, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Esta mesa asesora, presidida por el diputado colorado Juan Manuel Añazco, analizó en la fecha el acuerdo de libre comercio que fue suscrito en Río de Janeiro, el 7 de diciembre de 2023, que busca eliminar aranceles y reducir barreras no arancelarias para facilitar el comercio entre ambas partes.
Esta reunión se realizó en forma conjunta con la participación de los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, cuya presidencia corresponde al legislador colorado Carlos Núñez. Al momento de su estudio, la comisión estuvo encabezada por el diputado César Cerini.
El documento destaca que este acuerdo comercial es el primero del Mercosur con un país del sudeste asiático y abarca temas como el comercio de bienes y servicios, inversión, compras públicas, propiedad intelectual, entre otros.
La exposición de motivos destaca que el acuerdo se estructura en tres pilares principales: comercio, diálogo político y cooperación. Representa un paso estratégico en la política de integración internacional del Mercado Común del Sur (Mercosur), de acuerdo a las fundamentaciones.
“El objetivo es la creación de una zona de libre comercio conforme a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abarcando no solo bienes y servicios, sino también inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual, contratación pública y más”, señala el proyecto de ley.
Uno de los principales logros del tratado sería la apertura inmediata del mercado de Singapur para los productos del Mercosur, mediante la eliminación total de aranceles de importación desde la entrada en vigor del acuerdo, según se explicó.
Comercio transparente
La propuesta legislativa señala que este acuerdo introduce un sistema híbrido de certificación de origen - auto certificación o certificado tradicional -, brindando mayor flexibilidad y trazabilidad.
Señala que incorpora disposiciones avanzadas en comercio de servicios y comercio electrónico, posicionándose como el acuerdo más moderno firmado por el Mercosur en materia digital.
En contratación pública, destaca que se garantizan reglas de transparencia y no discriminación, con márgenes de excepción para preservar sectores estratégicos nacionales.
En cuanto a defensa comercial, señalan que se mantienen mecanismos antidumping y salvaguardias para proteger industrias sensibles.
Impacto directo en la economía paraguaya
En la exposición de motivos igualmente, señalan que el acuerdo promete impactos positivos para varios sectores productivos de Paraguay. La agroindustria, con productos como carne bovina, soja, aceites vegetales y leche en polvo, sería una de las principales beneficiarias del acceso preferencial al exigente mercado del país asiático.
“La industria de bebidas y biocombustibles, especialmente el alcohol etílico, también encuentra una nueva ventana de exportación. La importación de maquinaria y tecnología desde Singapur se facilitará, lo que podría aumentar la competitividad industrial local", precisa el documento.
Asimismo, señala que en el sector de servicios, se prevé una mejora en la participación paraguaya en áreas como logística, almacenamiento, servicios empresariales y financieros.
Destacan que Singapur es el cuarto centro financiero del mundo, mantiene una extensa red de acuerdos comerciales que incluye Estados Unidos, Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, etc.
La exposición de motivos señala que este acuerdo permitirá a nuestro bloque regional, en especial, Paraguay, insertarse activamente en cadenas regionales y globales de valor, abriendo nuevas rutas de comercio y cooperación.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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El Gran Hospital del Sur es gracias a la negociación histórica de Itaipú, recordó Peña
El presidente de la República, Santiago Peña, recordó que cuando asumió el Gobierno esta obra del Gran Hospital del Sur estaba desfinanciada y con deudas a la contratista. Ahora, a casi dos años de mandato se habilita el hospital de alta complejidad totalmente equipado gracias a la negociación histórica de la Itaipú Binacional.
Afirmó que el proyecto del Gran Hospital del Sur arrancó durante el periodo pasado, pero reconoció que el periodo 2018-2023 estuvo marcado por grandes disputas políticas, que sumado a la pandemia obligó a dejar postergados grandes proyectos.
Reconoció el esfuerzo realizado por el diputado Colym Soroka, que luego de deambular con carpeta y proyecto en mano, por el Ministerio de Salud Pública, Hacienda, Obras Públicas y Presidencia. Luego de esto, empezó el proyecto que era de enorme envergadura, y que inicialmente se proyectó una construcción de 48.000 metros cuadrados, pero que finalmente hoy culmina en 60.000 m².
Un solo pedido
Durante el periodo de transición política, entre el 30 de abril al 15 de agosto del 2023, Peña se reunió con el diputado Soroka, quien le pidió terminar el proyecto del Gran Hospital del Sur.
“Desde ahí arrancó un desafío gigantesco, porque nos encontramos con un hospital sin terminar, nos encontramos con una obra que el Estado le adeudaba a la contratista, un hospital sin financiamiento y adeudado. Era un hospital que no tenía tampoco financiamiento para el acceso, no contaba con albergues, no tenía residencias, no contaba con la posibilidad de desarrollar un parque urbano a su alrededor”, recordó.
Desde ese momento comenzaron a trabajar, en una conjunción de enormes esfuerzos. Porque si bien, lograban tener los recursos para concluir la obra, aún se encontraron con el gran desafío de equipar este gran hospital, que sin los mismos sería “una gran obra fantasma”.
“Es importante, ponernos en contexto, asumimos en agosto del 2023, antes de fin de año, habíamos saldado las deudas, más de 600 millones de dólares que habíamos heredado, gracias al apoyo del Congreso. Hago un reconocimiento a los legisladores, porque si hoy estamos acá es porque los paraguayos supimos unirnos en objetivos comunes, pese a nuestras diferencias”, resaltó.
Peleamos por lo justo
El presidente Peña recordó que en medio de este trabajo, surgió la negociación con el Brasil, en el marco de la Itaipú Binacional, y en enero del 2024, se logró ganar una de las grandes batallas con un grupo de patriotas, que se fue a pelear por algo que consideraba justo.
“Luego en abril de ese año, pudimos anunciar, lo que en mi humilde opinión ha sido la mejor negociación de la historia del Paraguay. En ese momento, tomamos la decisión que parte de los recursos que se ganaba iba a servir para financiar y equipar los hospitales que estaban en construcción: el hospital de Coronel Oviedo, el hospital del Sur, y los demás hospitales que están en construcción”, remarcó.
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