El agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción indicó que la imputación al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza, se fundamenta en informes objetivos, rechazando la denuncia impulsada en su contra por “persecución de inocentes y uso de documento público de contenido falso”, formulada por el dirigente opositor.
Al respecto, detalló que las pruebas provienen tanto de la Contraloría General de la República, como de trabajos de la trazabilidad realizados por la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), informes de la Policía Nacional, además de estudios y pericias caligráficas que sostienen la presentación del Ministerio Público.
“Nosotros estamos bastantes tranquilos porque nuestra investigación se basa en informes objetivos, no hay ninguna invención de parte nuestra, ni falsificación de documentos”, comentó en una entrevista con la 1330 AM.
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Corbeta, junto con los también denunciados fiscales Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas, imputaron a Prieto luego de detectarse un presunto perjuicio patrimonial en la comuna esteña por un valor de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para las familias humildes durante la pandemia del covid-19, que en Paraguay aconteció desde marzo del 2020. Según la Fiscalía, la compra de los kits de alimentos se generó vía excepción y la firma beneficiada fue Tía Chela SRL.
Asimismo el agente rechazó las declaraciones de Prieto, quien alega que su imputación obedece a una persecución política. “Tengo imputaciones hechas contra personas del sector colorado. No tendría sentido que el fiscal que supuestamente persigue a este intendente también persiga a las personas que supuestamente le están dando las órdenes”, manifestó.
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Desalojo en CDE: imputan a cuatro manifestantes por coacción grave y resistencia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alcides Giménez presentó imputación contra cuatro manifestantes, durante procedimiento de desalojo en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Los procesados emboscaron presuntamente a los policías para atacarlos con fuegos artificiales y otros elementos contundentes, negándose en todo momento a abandonar el predio.
Están identificados como Jorge Rodrigo Gamarra Insfrán (28), Víctor Efrén González Ramírez (31), Victoriano Benítez (45) y Cristhian Ariel Villalba Encina (36), quienes fueron detenidos e imputados por los hechos punibles de coacción grave, perturbación de la paz pública y resistencia.
Los hechos ocurrieron ayer lunes 1 de julio, a las 10:00 aproximadamente, durante el desalojo realizado en un inmueble individualizado con matrícula k04/3658, cuenta catastral 26-6347-023, ubicado en el barrio San Antonio de la mencionada ciudad.
El procedimiento se llevó a cabo mediante un mandamiento judicial firmado por la jueza Civil y Comercial, Maricel Meaurio. Durante la mañana, la dotación policial se replegó dejando sin efecto el desalojo, pero en horas de la tarde volvió con más dotación y ejecutó el desalojo con más episodios de violencia.
En el escrito fiscal se relató que, en el momento de ejecutarse el operativo, los citados desobedecieron la orden judicial y también emboscaron a los agentes policiales intervinientes con diversos objetos, fuegos artificiales, honditas con bolitas de cristal, cascotes, palos de madera e incluso hierros.
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Resultaron heridos el comisario principal Jorge Manuel Cardozo Cubas y los suboficiales Vicente González, Alexander Medina Fleitas, Manuel Torres y Pablino Ayala. Todos ellos sufrieron diversas lesiones que requirieron atención médica en el hospital de la Fundación Tesãi.
Igualmente, resultaron lesionados los trabajadores de prensa, Carlos Sánchez y Elvio Florentín, quienes sufrieron heridas y también daños a sus elementos de trabajo. Tras los ataques, los policías aprehendieron a los cuatro citados, siendo incautados del poder de ellos evidencias como honditas, bolitas de cristal y explosivos (cebollones), además de teléfonos celulares.
El fiscal Alcides Giménez, tras recopilar los diversos elementos incriminatorios, decidió imputar a los cuatro manifestantes y solicitó al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención preventiva que pesa contra los mismos. Un menor también fue aprehendido pero luego fue entregado a sus padres.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.
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Clínica de subespecialidad traumatológica implementará tecnología 3D para precirugía
En Ciudad del Este habilitarán el lunes 1 de julio una clínica que será la primera que ofrecerá solo subespecialidades en traumatología, donde cada médico atenderá de acuerdo a la lesión del paciente. Además, implementará la impresión 3D para planeamiento prequirúrgico, lo que brindará mayor precisión en las intervenciones.
Según el doctor Lisandro Jara, presidente de la Sociedad Paraguaya del Hombro y Codo, será toda una innovación a nivel país, ya que cada médico atenderá de acuerdo a su subespecialidad brindando garantías a los pacientes que recurren a ellos.
“Será una clínica de traumatología con subespecialidad, eso quiere decir que sí soy cirujano de hombro y codo, solo eso puedo operar. Ni por más que quieran si la fractura o la necesidad es en la muñeca o tobillo no puedo tocar al paciente”, manifestó a La Nación/Nación Media.
Los médicos fueron capacitados en la subespecialidad en el Instituto de Ortopedia y Traumatología de Río Grande Del Sur, Brasil, unas de las casas de estudios considerada de referencia mundial especialmente en cirugía de hombro. Son siete médicos especialistas en traumatología que fueron capacitados en la institución.
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Impresora 3D
El médico resaltó que la implementación de la tecnología 3D ya se utiliza para algunos casos muy necesarios, pero será la primera vez que una clínica tendrá a disposición para su utilización especialmente para casos urgentes. “Es la primera clínica en el interior del país en incorporar esta tecnología”, apuntó el profesional.
Jara indicó que a partir de una tomografía se realiza la impresión y se puede tener en forma precisa cómo se ve la fractura, por lo que se podrá tomar decisiones antes de que se realice la cirugía. También ayuda mucho a la hora de solicitar insumos a los pacientes que requieran de placas, tornillos, tamaños de implantes, entre otros.
Evitar infecciones
El profesional señaló que con la implementación de esta tecnología se logrará acortar los tiempos en quirófano y con esto se evitan las infecciones, logrando la recuperación más rápida del paciente. Además, se ofrecerá garantías de que la cirugía será un éxito y sin complicaciones.
“Un software construye en 3D esa fractura y ahí programamos la cirugía, podemos ver el tamaño de la lesión. Al tener en nuestra manos la lesión hace que facilite la cirugía y acortar los tiempos dentro del quirófano. El resultado es mejor, yo vengo haciendo eso hace tres años, pero era amateur y ayuda muchísimo en situaciones complejas”, puntualizó.
Datos claves
- Es la primera clínica del interior del país en incorporar la impresión en 3D en el planeamiento prequirúrgico.
- Con la implementación de esta tecnología se logra acortar los tiempos en quirófano y reducir la probabilidad de infecciones.
- La clínica será habilitada el lunes 1 de julio en Ciudad del Este.
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Prieto y Vanessa, Tía Chela y una casa de 370.000 dólares
Insólita, pero a la vez reveladora es la situación que se da en el municipio de Ciudad del Este, con Emili Vanessa Florentín. Esta ahora fue contratada por el intendente Miguel Prieto como “asesora”.
¿Quién es la mujer? La misma que en pandemia creó una firma de maletín, Vanemi SA, para ser subproveedora de alimentos para Tía Chela (la proveedora) por valores multimillonarios, a familias de escasos recursos. Las operaciones irregulares hechas por Prieto, Vanessa y otras 11 personas, determinaron la intervención de la Fiscalía, que imputó a 13 personas (incluyendo al jefe comunal). La carátula de imputación es “por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal”.
VANESSA
Meses después de desvelarse la millonaria tragada de pandemia, en el municipio de CDE, se supo que la firma Vanemi SA (propiedad de Vanessa Florentín) había adquirido una lujosa vivienda en el Paraná Country Club, por valor de USD 370.000. Esta compra de alto perfil financiero fue explicada por la mujer y Prieto, como fruto de la performance empresarial que le cupo a la “empresa” Vanemi SA. Sin embargo, esta firma ahora cuenta con cero movimiento de operaciones. Y esto, al punto que su propietaria, Vanessa pidió a Prieto para que la contrate como funcionaria municipal.
Una rueda de prensa organizada por Prieto para hablar sobre su gestión, le “explotó en la cara”, cuando un periodista le preguntó por la contratación de la “empresaria” Florentín.
La pregunta iba anexada a la observación de que, por lo visto a la mujer no le fue bien el negocio, para que ahora vuelva a ser una dependiente de la comuna. “Lo que la empresa privada haga en el sector privado, yo no puedo controlar eso”, respondió Miguel Prieto, a la embarazosa consulta.
Luego, a manera de justificación sobre la actual situación de la dueña de Vane SA, el intendente explicó el motivo de la contratación: “Después vino (Vanessa Florentín) y me dijo: Miguel, quiero trabajar… y está bien, vamos a darle una oportunidad”, acotó.
LOS PROCESADOS
La Fiscalía –tras análisis de elementos sobre la tragada– imputó días atrás al intendente de Ciudad del Este y a otras 12 personas, a saber: Buenaventura Morínigo, propietario de taller construcciones y proveedor adjudicado; Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggy Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la Municipalidad de Ciudad del Este; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad, y administrador del contrato Sabino Peralta Martínez; Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio, y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero