El contralor general Camilo Benítez entregó este miércoles el informe y dictamen del estado financiero del Poder Ejecutivo y otras instituciones en el Congreso Nacional, donde fue recibido por la senadora Hermelinda Alvarenga, vicepresidenta del Senado. Declaró que entre los entes donde se registraron más deficiencias financieras, que podrían ser considerados actos de corrupción, figuran el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Interior.
“Sobre el MEC, como en las gobernaciones, se hizo una evaluación de la utilización del almuerzo escolar y los kits escolares durante los últimos 10 años, lo cual arrojó datos reveladores. Notamos que existen departamentos que reciben muy poca cantidad de alimentos en el año, siendo los más pobres; hablaría de un fracaso de la Ley de Fonacide”, comentó el contralor general ante la prensa acreditada en el Legislativo.
Siguiendo con la situación del MEC, Benítez puntualizó que se debe realizar un análisis de los procesos de licitación porque se deja entrever algunos patrones de direccionamiento en las adjudicaciones. En cuanto a otras entidades, refirió que se podrá observar informes que expongan una completa falta de sinceramiento en los balances, exponiendo la total falta de transparencia por la nula actualización de las entidades.
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En cuanto a la evaluación financiera del IPS, el contralor manifestó que existe más de G. 1 billón que no tiene documentos respaldatorio, lo cual se infiere como una grave irregularidad. En cuanto a la deuda existente con los proveedores de la previsional, Benítez comentó que al hacer un cruzamiento de datos se logró observar la nula coincidencia entre lo estipulado por los proveedores, como deuda del IPS y el balance de la institución.
“Estaríamos hablando de un monto de G. 500.000 millones, aproximadamente. Por un lado, el IPS dice que no debe montos, que efectivamente sí adeuda, mientras que por otro lado la previsional abonó montos importantes para los cuales no cuentan con una documentación respaldatoria dentro de su contabilidad”, explicó el contralor.
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Impulsan proyecto de integridad pública
El contralor General de la República, Camilo Benítez, se reunió este miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, a quien presentó el proyecto de ley del plan nacional de integridad, transparencia y prevención a la corrupción. Latorre se comprometió a ser el impulsor de la iniciativa legislativa en la Cámara Baja.
Benítez explicó que en el plan nacional anticorrupción que fue firmado por los tres poderes del Estado, de los organismos extrapoder, el Ministerio Público y la Contraloría, existen una cantidad de iniciativas legislativas que se deben llevar adelante, y una de ellas es la presentación de este proyecto de ley.
“Esta es una ley postergada, que ya había sido propuesta por la Secretaría Anticorrupción hace años y nunca pudo ponerse al día dentro del seno del Congreso y ahora el presidente de la Cámara de Diputados está queriendo tomar la posta en este sentido y presentar el proyecto que promueve la ley de integridad pública, transparencia y prevención a la corrupción”, indicó tras la reunión que mantuvo con el titular legislativo.
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Con este proyecto, la Contraloría podrá absorber las funciones que tenía la Secretaría Anticorrupción, a lo que el contralor indicó que la Secretaría Anticorrupción nunca pudo lograr su cometido, justamente porque no tenía una ley orgánica.
“Con esta ley nosotros creemos que podemos cerrar el circuito, no solamente luchar contra la corrupción de una manera represiva que es lo que hace el Ministerio Público con la Contraloría, sino que ver un enfoque más preventivo y que promueva a cultura de rendición de cuentas y transparencia”, refirió.
Otro de los objetivos de esta iniciativa también es centralizar todos los hechos de corrupción, de todos los poderes del Estado a fin de que pueda existir un seguimiento de la ciudadanía con una participación ciudadana en cuánto en qué estado están sus denuncias.
“Sería importante que las reglas sean muy claras a cerca de dónde se reciben las denuncias sobre hechos de corrupción y qué seguimiento se da. La Contraloría puede dar la garantía de que el denunciante pueda dar un seguimiento en línea del estado de su denuncia”, apuntó Benítez.
Agregó que través de esta ley se crea un consejo nacional que pueda debatir este tipo de problemática que existe en toda la función pública. Además, la Contraloría podrá liderar el plan anticorrupción.
“Esta normativa lo que le da es entidad a lo que antes era la Secretaría Anticorrupción, le va dar un fortalecimiento a la Contraloría como órgano que quizá pueda liderar el plan nacional anticorrupción y por, sobre todo, no ver solamente ya la lucha anticorrupción de manera represiva sino también de una forma preventiva”, sentenció.
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Al estilo Prieto, clan Estigarribia amañó licitaciones para facturar
Documentos revelan burdo esquema de contrataciones de obras, almuerzo escolar, hasta compra de combustibles en la Municipalidad de Villa Elisa. Como hizo Miguel Prieto en Ciudad del Este con las compras covid de alimentos, los hermanos Ricardo Estigarribia Medina y Sergio Estigarribia Medina blanqueaban adjudicaciones con invitaciones realizadas a empresas del grupo familiar. Es así como aparecen casos alevosos en los que están como únicos oferentes proveedoras de los cuñados y la ya famosa bella joven “constructora”, pareja del ordenanza del actual intendente.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Mientras el caso de amaño de dos licitaciones por urgencia para compras covid de alimentos en la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia puso al intendente Miguel Prieto en el centro del escándalo de corrupción por los que afronta hoy dos imputaciones en las que se le atribuye lesión de confianza, asociación criminal, etc., el clan Estigarribia de los hermanos Sergio Estigarribia Medina (intendente) y Ricardo Estigarribia Medina (gobernador de Central), desapercibidos a los órganos de control, tenían el mismo modus operandi desde antes, durante y después de la emergencia sanitaria. Es así como privilegiadas por contrataciones directas y por vía de la excepción entre 4 empresas del clan Estigarribia amasaron G. 14.464 millones provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los royalties.
No es la casualidad, menos la competitividad requerida en una licitación seria y transparente la que hizo ganar millonarios contratos directos y por excepción a empresas del clan Estigarribia en la Municipalidad de Villa Elisa. Desde el vamos, los procesos de contrataciones de obras, almuerzo escolar, combustibles, etc., fueron cocinados burlando las instituciones de control como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República mediante una estructura conformada por funcionarios leales que facilitaban los trámites, operadores políticos, familiares de subordinados que fungen de exitosos empresarios.
Como hizo Miguel Prieto en Ciudad del Este con el sonado caso Tía Chela, un pequeño autoservice de la ciudad al que adjudicó un contrato por excepción por una compra de casi G. 3.000 millones sin que el propietario cuente con la capacidad financiera, parodiando un proceso de adjudicación con miembros de una familia, en Villa Elisa, los hermanos Estigarribia hicieron lo mismo.
El sonado caso del humilde constructor de pozo artesiano don Buenaventura Morínigo, a quien Miguel Prieto adjudicó G. 306 millones por provisión de miles de kilos de insumos alimenticios, proceso en el que “compitieron” entre parientes, es un esquema calcado en Villa Elisa.
EL MODUS OPERANDI
En sus tiempos de intendente, el ahora gobernador de Central Ricardo Estigarribia y su sucesor en la Municipalidad de Villa Elisa, su hermano Sergio Estigarribia Medina, adjudicaron millonarios contratos de obras a Cospel SA, en la que figura como accionista una joven de modesto origen de nombre Natalia Magalí Duarte Yeruta, pareja del ordenanza del actual jefe comunal, Ángel Gustavo Talavera. En la misma empresa aparecen como accionistas Eduardo Manuel Mendoza Amarilla, cuñado de Sergio Estigarribia y Francisco Javier Amarilla Monzón, hermano de Rodolfo René Amarilla Monzón, y Fermín Alberto Amarilla Monzón, funcionarios contratados de la Municipalidad de Villa Elisa.
No es un dato menor que Derlis Hugo Vázquez Ávalos, esposo de la responsable de la UOC Laura Noemí Delvalle, es el síndico de Cospel, según las actas de asamblea de la sociedad.
Otorgaron contratos de almuerzo escolar a la firma Asispar SA, proveedora en la que aparece Ricardo Fernández Campuzano, pareja de Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, hermana criada por la familia Estigarribia, y registra 44 % de las acciones, según documentos proveídos por la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Economía.
Otra accionista de Asispar SA es Rosa Nathalia Zena con el 46 %. La mujer es pareja de Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación que figura como síndico en actas de asamblea de la citada proveedora y quien también es socio de la familia del intendente y el gobernador en otra empresa en la que registran millonarios aportes en efectivo, aunque estas inversiones no figuran en su declaración jurada de bienes presentada ante la Contraloría General de la República (CGR).
Otra beneficiaria es la contratista V&V Construcciones SA, empresa en la que se turnan como representantes legales, firmantes de los contratos Heriberto Trevizon, un hurrero del clan Estigarribia que, de cobrar subsidio en la Municipalidad de Villa Elisa, se transformó en cotizado proveedor; así también familiares de empleados de la comuna, entre ellos, Derlis Hugo Vázquez Ávalos, marido de la responsable de la UOC, Laura Noemí Delvalle López.
Investigaciones de nuestro medio encontraron entre los documentos de rendiciones de cuentas como expedientes de la DNCP cartas de invitación para estas contrataciones extendidas a empresas de la familia. Es así como uno de los amaños más alevosos es el proceso licitatorio en el que el año pasado Sergio Estigarribia adjudicó compra de combustible a Asispar SA, empresa a la que había adjudicado contrato por almuerzo escolar Ricardo Estigarribia y firma en la que aparece como accionista el gran cuñado de ambos Ricardo Fernández Campuzano.
Los únicos oferentes en el proceso licitatorio fueron Asispar SA, del gran cuñado Ricardo Fernández Campuzano, y Cospel SA, del otro cuñado de Sergio Estigarribia y en la que aparece novia de su ordenanza.
Otra empresa invitada en las licitaciones es Las Azas SA que, según documentos contractuales, fue convocada para completar cantidad de potenciales oferentes en procesos que favorecieron a V&V en 2019.
Las Azas SA es una sociedad que, según escrituras públicas, fue comprada en abril de 2018 por Lissi Romina Medina Fretes, esposa de Ricardo Estigarribia, junto con Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, hermana de este y Sergio Estigarribia. Con este vínculo empresarial se confirma otro caso en que el clan Estigarribia armó adquisiciones en las que competían firmas del grupo familiar.
Cabe recordar que Las Azas SA es una de las empresas que ya había saltado en una denuncia que había puesto a disposición de la (CGR) el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), como parte de los bienes que engloban un desmedido crecimiento patrimonial de Ricardo Estigarribia.
¿MAGAS DE LAS FINANZAS?
No es menos relevante que al momento de suscribir las acciones a su nombre ambas mujeres integraron de entrada y con dinero en efectivo G. 1.500.000.000, según la escritura pública número 22 del 26 de abril de 2018 de Las Azas SA. Esto sin contar las varias propiedades adquiridas con el ropaje de la sociedad.
El marido de Nuni, privilegiado proveedor de la municipalidad, según documentos de Fonacide y royalties, figura como síndico de las Azas SA hasta el 2022.
Las pocas referencias laborales en los registros comerciales de la mujer de Ricardo Estigarribia y el antecedente de la modesta hermana Nuni sugieren que las “inversionistas” de la sociedad Las Azas SA son unas destacadas “magas de las finanzas”.
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Calles reparadas por favorita del clan Estigarribia, con feroces baches
¿Dónde queda la empresa Cospel SA, en la que figura una bella señorita y el cuñado del actual intendente de Villa Elisa que se adjudicó una treintena de obras en la ciudad de la nada, en tiempo récord, gracias a los hermanos Sergio y Ricardo Estigarribia? Las direcciones que figuran en los documentos oficiales no llevan a ninguna constructora y la responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, es decir, la funcionaria encargada de tramitar las licitaciones no supo brindar información al respecto, pese a que gestionó una treintena de contratos por excepción y de manera directa a favor de la privilegiada sociedad del cuñado de su jefe. Más grave aún es el estado en el que se encuentran las calles que forman parte de las obras facturadas y que están minadas de pozos, roturas.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Con dinero de los contribuyentes de Villa Elisa, recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y los royalties, los hermanos Sergio Estigarribia Medina (intendente) y Ricardo Estigarribia Medina (actual gobernador de Central) mejoraron las ganancias de su constructora mimada, no así el estado de las calles que mandaron reparar a la contratista y que están minadas de pozos, roturas, etc.
Cospel SA es la constructora que el clan Estigarribia estrenó como contratista en la Municipalidad de Villa Elisa en 2022, inmediatamente después de figurar como accionistas una modesta joven de Villa Elisa de nombre Natalia Magalí Duarte Yeruta y el cuñado del intendente Sergio Estigarribia, de nombre Eduardo Manuel Mendoza Amarilla.
Natalia Magalí Duarte Yeruta es pareja de Ángel Gustavo Talavera, también modesto funcionario de la Municipalidad de Villa Elisa que percibe G. 3,5 millones de sueldo como ordenanza del intendente. Mientras que Eduardo Manuel Mendoza Amarilla es hermano de la esposa del jefe comunal, María Esther Millán Amarilla. Es así que los beneficiarios de los contratos que fueron adjudicados de manera directa y por vía de la excepción son parte del clan Estigarribia.
Las rendiciones de cuentas del Fonacide y de los royalties proveídos por la Contraloría General de la República (CGR) y otros pocos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) registran una treintena de adjudicaciones a la empresa de la bella señorita y el cuñado que suman G. 3.733 millones en menos de dos años.
Nuestro equipo de investigación hizo un recorrido por algunas de las calles cuyas reparaciones y mantenimientos fueron adjudicados a Cospel a través de los royalties y nos encontramos con la triste realidad de que se encuentran en estado desastroso, con predominio de profundos baches, mientras todavía se pueden observar en las murallas y los postes de la Ande afiches de la campaña de Sergio y Ricardo Estigarribia.
La calle Oceanía de Villa Elisa, cuya reparación y mantenimiento fue adjudicado en varias ocasiones en dos años, tiene mina de baches. Los vecinos dicen que las reparaciones de esta calle prácticamente son con fecha de vencimiento, los trabajos son reiterados, pero no hay solución.
La calle Luis Alberto del Paraná, para la cual se adjudicó a Cospel la reparación y sellado de hormigón a fines de octubre pasado, se encuentra en un estado lamentable, llena de baches. Un vecino nos comentó que el pozo que le afecta a la entrada de la vivienda “está así desde el año pasado”, no se arregla.
Así, varias otras calles cuyos arreglos fueron adjudicados a la empresa donde figura el cuñado y la joven de Villa Elisa, no registran mejoras.
¿DÓNDE ESTÁ COSPEL?
No existe ninguna empresa constructora en las direcciones que figuran en los documentos oficiales, como de declaraciones juradas de bienes y rentas, contratos de adjudicación, registros de la DNCP, etc.
Nuestro equipo hizo varios recorridos a lo largo de las calles que se mencionan en los documentos, consultamos con vecinos de esas zonas, pero nadie conoce a Cospel SA.
Fuimos hasta la Municipalidad de Villa Elisa para consultar sobre la dirección de la constructora y conversamos con la responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, Laura Noemí Delvalle, pero la funcionaria se ocupó más bien en pegar la vuelta por el mundo de las contrataciones públicas con explicaciones de cómo funciona el proceso, pero no supo confirmar la dirección de la constructora mimada. Al ser insistida, solo atinó a decir: “Y está en el contrato”.
MÁS MIEMBROS DEL CLAN ESTIGARRIBIA MAMAN DE FONACIDE Y ROYALTIES
Además de la joven pareja del ordenanza y el cuñado de Sergio Estigarribia, hay otro gran cuñado detrás de empresas adjudicadas con Fonacide y royalties en la Municipalidad de Villa Elisa, principalmente en los tiempos del hoy gobernador Ricardo Estigarribia.
Ricardo Fernández Campuzano, pareja de Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, hermana criada por la familia Estigarribia, según documentos de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Economía, registra 44 % de las acciones en la proveedora de almuerzo escolar Asispar SA, que se adjudicó contratos que suman cerca de G. 2.000 millones.
En Asispar SA también aparece Rosa Nathalia Zena con el 46 % de las acciones. La mujer es pareja de Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Hacienda que figura como síndico en actas de asamblea de la citada proveedora y es socio de la familia del intendente y el gobernador en otra empresa en la que registran millonarios aportes en efectivo.
Llamativamente en las declaraciones juradas del funcionario de Hacienda, presentadas ante la Contraloría, no figuran estos negocios con el clan Estigarribia.
El gran cuñado Ricardo Fernández Campuzano, multifacético, hizo otros negocios con la Municipalidad de Villa Elisa, gracias al clan Estigarribia. Facturó por servicio de aseo, mantenimiento, reparaciones y mecánica en general a través de dos empresas: Automecánica Ricard y Aaron, ambas fijan dirección en un mismo lugar.
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“Alevosía del esquema manejado por los hermanos Estigarribia facilitó la investigación”, señalan
El equipo de Investigación de Nación Media presentó nuevamente una prolija investigación que dejó al descubierto la manera en la que el clan Estigarribia, de Villa Elisa, utilizó los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los Royalties para otorgar millonarios contratos de la comuna de manera directa a una constructora que está a nombre de dos jóvenes que, difícilmente tengan la capacidad financiera para asumir millonarios compromisos en las obras públicas.
Para conocer mejor el trabajo investigativo, el diario La Nación/Nación Media dialogó con la responsable del equipo de Investigación, Rossana Escobar, quien señaló que este trabajo arrancó a partir de denuncias que llegaron a su sección, sobre el estado de las calles y una red de empresas que estarían blindando enriquecimiento de los hermanos Ricardo y Sergio Estigarribia, actual gobernador de Central e intendente municipal de Villa Elisa, respectivamente.
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Explicó que dichas denuncias les llevó a investigar sobre las licitaciones, rendiciones de cuentas, contrataciones de personal y otros temas que más adelante estarán revelando a través de las diferentes plataformas del grupo Nación Media.
El trabajo investigativo arrancó indagando las rendiciones de cuentas de la Contraloría General de la República, que fueron claves, según resaltó Escobar. “La alevosía del esquema manejado por los hermanos Estigarribia facilitó de alguna manera llegar a la información”, señaló.
Fue así que hurgando los documentos de la ejecución del Fonacide y del Royalties descubrieron que una joven señorita de 27 años, de modesto origen, residente del barrio Ypatî de Villa Elisa, de nombre Natalia Magalí Duarte Yeruta, junto con Eduardo Manuel Mendoza Amarilla, hermano de María Esther Millán Amarilla, esposa del actual intendente de Villa Elisa, figuran como prósperos accionistas de la constructora Cospel S.A.
Escobar señaló que la aparición de la nada de la empresa en el rubro de las contrataciones públicas, la corta edad de sus accionistas y la exclusividad de contratos en la municipalidad, “nos ayudaron a hallar la veta”. Esta firma, Cospel S.A., fue la empresa a la cual los hermanos Ricardo y Sergio Estigarribia adjudicaron millones de guaraníes mediante una treintena de contratos en tiempo récord.
La investigadora señaló que mediante estos contratos otorgados por el clan Estigarribia a Cospel S.A., se beneficiaron con millonarios contratos de licitaciones para la construcción de aulas, reparación de escuelas con recursos del Fonacide, pero además ganaron contratos para el arreglo de plazas y calles de distintos puntos de la ciudad, con los recursos de Royalties.
“Todas las adjudicaciones de manera directa y por vía de la excepción”, precisó Escobar. Como adelanto, la periodista señaló que para la edición de este martes 28 de mayo, se prepara sobre algunas de las “herencias” que dejaron estas millonarias y privilegiadas adjudicaciones.
Finalmente, Escobar lamentó que las instituciones de control del Estado sean limitadas y difícilmente cuenten con los recursos de tiempo, fondos y personal para hacer una pesquisa con cruces de rendiciones de cuentas. “Pero esto ya salió a la luz, es momento de que los organismos de control investiguen sobre los datos que salieron a la luz”, concluyó.
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