El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en la tarde de este viernes el proyecto de Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La normativa fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre pasado, y con la promulgación del Poder Ejecutivo ya se encuentra en carácter de Ley.

“Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de X.

Podes leer: Senador propondrá reducir la carga laboral en sector privado a 40 horas semanales

El mandatario también adelantó que solicitó que se realice de manera inmediata el trabajo de la reglamentación de esta nueva ley de control y trasparencia para su puesta en vigencia. “He solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la Ley de manera participativa con todos los sectores involucrados”, anunció el presidente.

Días atrás, Peña ya había anunciado que estaría promulgando esta normativa, y aseguraba que la misma no cercenará los derechos de ninguna organización, mientras tanto sostuvo que nadie puede estar renuente a los controles.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, fueron las expresiones del presidente en su momento.

Durante el tratamiento en el Congreso Nacional, en primera instancia, la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto, en tanto que en el análisis por parte de la Cámara de Diputados fueron incluidas algunas modificaciones. En una segunda vuelta, el Senado aceptó estas modificaciones y finalmente sancionó el proyecto de ley y fue remitido al Poder Ejecutivo.

Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.

Quedarán excluidos de la normativa aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.

También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.

Te puede interesar: Diputados tratará proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN)

El pasado jueves el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) anunció la postergación por un año de la aplicación del Reglamento 1115/2023 con la introducción de enmiendas. En ese sentido, desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) destacaron que ello permitirá consensuar y desarrollar más acabadamente el sistema de trazabilidad para la soja.

Entre los cambios, se destaca la nueva categorización para países con riesgo nulo, cuyos envíos serán excluidos de la norma de referencia, con la reducción de controles y procedimientos simplificados para los operadores de dichos países proveedores.

El Reglamento 1115 había sido aprobado el 31 de mayo del 2023 y debía ser aplicado desde el 1 de enero de 2025, pero fue postergado para el 1 de enero de 2026, según informó el gremio. En ese sentido, la Cappro consideró que esta decisión no tendría que paralizar los trabajos que se vienen realizando hasta la fecha.

“Es una oportunidad para la puesta a punto del sistema de trazabilidad de la cadena de la soja nacional, que se viene desarrollando entre los gremios del sector privado para demostrar las buenas prácticas y la sostenibilidad que caracterizan a la producción agrícola y agroindustrial del país”, mencionaron.

Lea también: Pese a bajos precios es un buen año para la soja, destaca el presidente de la UGP

Sobre la postergación, desde la Unión de Gremios de la Producción, indicaron que existen medidas inviables que constituyen una traba al comercio y no tienen un sustento científico, donde el mayor riesgo se concentra en la exclusión de la agricultura familiar, un eslabón de gran relevancia para el desarrollo socioeconómico de los países sudamericanos, principalmente en Paraguay.

Asimismo, resaltaron la importancia de analizar las distintas implicancias de la aceptación de las medidas a las que vienen calificando como unilaterales. Por eso, mencionaron que nuestro país desde un principio expuso que la normativa sería una amenaza y un freno para el desarrollo, y esto sería el “reflejo de un baño de realidad del continente europeo”.

Lea más: Pese a bajos precios es un buen año para la soja, destaca el presidente de la UGP

El proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur preocupa al sector agrícola europeo, especialmente en Francia, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. Pero ¿cuáles son las cifras? Bruselas asegura que solo serán “pequeños volúmenes”, pero esto ya eleva el riesgo de desestabilización en algunos sectores.

Hay todavía tres cuestiones sobre la mesa: la UE pide compromisos a los países del Mercosur --bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo-- sobre la deforestación y el clima, a la vez que Brasil reclama poder proteger sus industrias estratégicas, como el automóvil. La discrepancias sobre el sector agrícola siguen abiertas desde 2019.

Lea más: El presidente francés visita Sudamérica para buscar una “asociación estratégica”

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de “pequeños volúmenes” comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque. El tratado reducirá o eximirá de tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6 % de la producción de la UE. El límite será de 25.000 toneladas en la carne porcina (0,1 % de la producción comunitaria), de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4 %) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2 %).

A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente a un 27 %) o los quesos, que pueden beneficiarse del “auge de una clase media” en el subcontinente. El gobierno español, que respalda el acuerdo, destaca también el caso del aceite de oliva, pero los sindicatos agrícolas del país, especialmente los ganaderos, están preocupados.

Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores. Patrick Bénézit, vicepresidente de la asociación interprofesional de carne bovina en Francia, señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas “nobles”. La producción de solomillos en Europa “es de 400.000 toneladas en razas bovinas, por lo que la irrupción de 99.000 toneladas ya tiene un impacto”.

Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes. Para el sector del azúcar, ya afectado por las facilidades aduaneras acordadas a Ucrania, el tope de 190.000 toneladas representa la mitad de las exportaciones a otros países de la UE de Francia, una de las naciones más contrarias al tratado.

Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos. “Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas”, explica.

Lea también: Francia busca bloquear el acuerdo UE-Mercosur por “todos los medios”

La Comisión rebate que “todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria”. El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo. Pero Bruselas admite que “las condiciones de producción” en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.

Por ello, los contrarios al tratado piden “cláusulas espejo”, es decir, que las reglas impuestos a los agricultores europeos en materia social, ambiental o de bienestar animal se apliquen también a los productores del Mercosur para evitar distorsiones de competencia. “Se vende como un acuerdo de nueva generación que tienen en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, pero los compromisos son débiles: no hay ninguna condicionalidad”, advierte Ambec.

Otra cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. “En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta”, dice Ambec.

“Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa. El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay”, explica este economista.

De hecho, una auditoría de la UE acaba de revelar fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa. A la espera de revisar estos procesos, Brasil ha suspendido sus exportaciones.

El acuerdo incluye “una cláusula de salvaguardia”, una especie de “freno de emergencia” en caso de aumento repentino de las importaciones o de efectos perversos en el mercado, señala la Comisión Europea. Pero esta cláusula “no define” las condiciones precisas, apunta Ambec, lo que complica su activación y el restablecimiento de aranceles sin medidas de represalia.

Fuente: AFP.

Agricultores europeos protagonizaron ayer miércoles una protesta en Bruselas para expresar su oposición a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur. Los agricultores sostienen que la firma del acuerdo representaría un golpe devastador para granjeros y criadores de ganado vacuno en la UE. Sylvie Colas, secretaria general de la entidad francesa Federación Campesina, dijo que “estamos aquí para decirle NO a los acuerdos con el Mercosur y a todos los acuerdos de libre comercio”.

El objetivo de la protesta, agregó, es “poner fin a la masacre de campesinos”. Al contrario de protestas de agricultores a inicios de este año, que literalmente paralizaron a Bruselas, la protesta de este miércoles escasamente alcanzó el centenar de personas. “Alimentos para la gente, no para el lucro”, se leía en uno de los carteles en la protesta, frente a la sede de la Comisión Europea, en el denominado barrio europeo de Bruselas.

Lea más: Francia busca bloquear el acuerdo UE-Mercosur por “todos los medios”

La eurodiputada francesa Manon Aubry, presente en la protesta, dijo que “los agricultores europeos están pagando durante años, incluso décadas, por una liberalización del mercado agrícola que los ha sometido progresivamente a una competencia desleal”.

“La realidad es que nuestros agricultores hoy ya no trabajan para alimentar a la población europea”, dijo la eurolegisladora. La UE y el Mercosur negocian desde hace poco más de dos décadas un acuerdo de libre comercio, cuya firma parece inminente, a pesar de la feroz oposición de Francia. De ser sellado, el acuerdo crearía la segunda mayor zona de libre comercio en todo el mundo.

Lea también: Argentina puso en circulación billetes de 20.000 pesos

Fuente: AFP.