El senador por Patria Querida, Orlando Penner, puntualizó que la problemática en el Chaco paraguayo con respecto a la provisión de agua potable no ha tenido una resolución definitiva a lo largo de los años, y que debe ser encarada con políticas de Estado más serias, trabajando con el involucramiento del Poder Legislativo, para luego aplicar una línea de ejecución concreta.
“En pocos días se va a presentar un proyecto de ley, a través del cual queremos encarar responsablemente como país el problema de la falta de agua en el Chaco. Sin embargo, con esto no pretendemos dejar de lado la revisión de todo lo que se ha hecho hasta el momento”, puntualizó el legislador.
Declaró así que, más allá de replantear ciertos trabajos o manejos en torno a la mencionada problemática, se debe estudiar todo lo realizado hasta la actualidad, para redirigir las líneas de acción, aprovechando los buenos proyectos y descartando lo que no ha contribuido a la construcción de una resolución más clara de las carencias en el Chaco.
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“La presentación oficial del proyecto aún requerirá de unos días, pero consiste en una respuesta concreta que tiene un objetivo claro: llevar agua al Chaco central. Esto no solo busca solucionar la problemática, sino también que sea duradera con el paso del tiempo y brinde un respiro social a las comunidades del territorio chaqueño”, subrayó.
Con esto, Penner no descartó la posibilidad de replantear el acueducto ya existente, sumando a este plan la generación de nuevas inversiones. En diciembre del 2022 fue la última vez que bombeó el acueducto del Chaco y desde entonces, la obra que ya costó más de USD 130 millones, quedó parada y con graves problemas estructurales.
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Ministros defienden proyecto que permite ensamblaje de productos de origen extranjero
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que “establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales”. Los ministros de Economía y de Industria y Comercio, Carlos Fernández Valdovinos y Javier Giménez respectivamente, destacaron la relevancia de esta iniciativa y sus beneficios para la diversificación de la economía.
Ambos ministros formaron parte de una audiencia pública en la que se analizó la propuesta legislativa, que permitirá a los importadores seguir adquiriendo productos del exterior, pero con la opción de importar piezas y ensamblarlas en el país, lo que otorgará ventajas arancelarias y contribuirá a la generación de empleo.
“El ensamblaje es un área nueva, con mucho potencial para la creación de puestos de trabajo, pero consideramos que es lo que Paraguay necesita de acá para adelante”, expresó el ministro Fernández Valdovinos en medio de la audiencia pública en la que se defendió todo el paquete de proyectos en materia económica.
De acuerdo a lo explicado por el titular del MIC, esta iniciativa también surge en un contexto internacional particular, en el que las últimas disposiciones arancelarias de Estados Unidos, que inicialmente fijaron un 145 % y luego se ajustaron al 30 % para las importaciones provenientes de China, además de un gravamen del 50 % aplicado a las exportaciones brasileñas, abren una ventana estratégica para que Paraguay se consolide como un polo regional de ensamblaje.
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El proyecto abarca la producción de bienes como televisores, heladeras, microondas y acondicionadores de aire, que llevarían la etiqueta “Hecho en Paraguay” para su venta tanto en el mercado local como en el internacional.
De hecho, en la exposición de motivos de la propuesta, indican que a la fecha, el sector manufacturero representa el 19,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, las actividades de valor agregado como el ensamblaje de productos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones aún “tienen una presencia marginal, lo que representa una oportunidad concreta para diversificar e innovar en la industria”.
En esta misma línea, sostienen que la puesta en marcha de una política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales, posee un alto potencial para impulsar el desarrollo del país y consideran que permitiría atraer nuevas inversiones, promover la industrialización tecnológica, estimular la innovación y la transferencia de conocimientos, además de favorecer la incorporación de mayor valor agregado nacional.
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Medios internacionales se han hecho eco de este proyecto que se da en medio de la “guerra arancelaria” entre China y Estados Unidos, que permitirá al Paraguay poder posicionarse en materia del ensamblaje, a la par de diversificar la economía más allá del agro y la ganadería, tomando como referencia experiencias de Argentina y Brasil.
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Diputados uruguayos aprueban proyecto de muerte asistida
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó a primera hora del miércoles pasado un proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones, tras un extenso y vehemente debate de la norma que ahora pasa a discusión a una comisión del Senado. Catorce horas de debate parlamentario culminaron con la aprobación del texto impulsado por el Frente Amplio (izquierda gobernante), que contó con la adhesión de varios legisladores de la oposición de centroderecha.
El proyecto se aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra sobre un total de 99 diputados. Ser mayor de edad, psíquicamente apto transitando la etapa terminal de una patología incurable que provoque “sufrimientos insoportables”, son algunos de los requisitos que el médico deberá tener en cuenta cuando un paciente pida su intervención para acabar con su vida.
Asimismo, el paciente deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos. “Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, resaltó Luis Gallo, diputado del FA, al defender el proyecto.
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Mientras que el también frenteamplista Federico Preve destacó que la aprobación de la norma devolvería al país al sitial “de referente de derecho” internacional, recordando que el país sudamericano fue desde principios del siglo pasado pionero en aprobar leyes sociales.
“Estamos en un país laico, un país de avanzada y que ha sido referencia mundial”, señaló Preve, enumerando leyes como la regulación del mercado de cannabis y matrimonio igualitario aprobadas durante el gobierno del fallecido José Mujica (2010-2015) y más atrás leyes con leyes como la de voto femenino.
De aprobarse en el Senado, donde la izquierda es mayoría, Uruguay seguiría en América el camino de Colombia que en 1997 legalizó la eutanasia. Sin embargo, la falta de reglamentación impidió que la norma se aplicara por casi dos décadas en ese país.
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Entre los opositores al proyecto denominado “Muerte Digna”, el diputado del centroderechista Partido Nacional Andrés Grezzi consideró que se instala que “las personas morirían de forma indigna” sin la ley, cuando “ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de la vida sin dolor y sin adelantar la muerte”.
Los cuidados paleativos están reglamentados en Uruguay, pero el código penal uruguayo sanciona con prisión a quién ayude a cometer suicidio. En la opinión pública la idea de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora local Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Según la encuesta, un 62 % de los uruguayos está a favor y apenas un 24 % en contra.
Fuente: AFP.
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Diputados debatirá este lunes el acuerdo Mercosur–Singapur
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar, durante su sesión extraordinaria convocada para este lunes 11 de agosto a las 14:00, el proyecto de ley “Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur”, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro (Brasil).
Este proyecto normativo ya se encuentra en segundo trámite constitucional, es decir, cuenta con la media sanción de la Cámara Baja, que fue modificada por el Senado y ahora debe ser puesta nuevamente a consideración del plenario, donde podrán aceptar las modificaciones planteadas o ratificarse en su versión sancionada.
Este acuerdo establece una zona de libre comercio alineada con el GATT de 1994 (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), regulando en diecinueve capítulos temas como comercio de bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, comercio electrónico, contratación pública, políticas de competencia y apoyo a las mipymes.
El documento planteado por el Poder Ejecutivo, establece el acceso a mercados, Singapur liberalizará, inmediatamente, los aranceles para todos los productos del Mercosur, mientras que el bloque regional desgravará el 95,8% de su universo arancelario (90,8% del valor importado desde Singapur), con un 25,6% de libre comercio inmediato y el resto de forma gradual en 4, 8, 10 y 15 años.
Puerta estratégica
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo explica que Singapur, como centro financiero y logístico global, es una puerta estratégica al Sudeste Asiático, conectando al Mercosur con mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y ASEAN, entre otros.
“Esto permitirá al Paraguay integrarse en cadenas globales de valor, consolidar bajos aranceles para productos clave como carnes, soja y alimentos procesados, e importar tecnología competitiva para aumentar la productividad”, refiere el documento.
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Diputado plantea crear sello de Precio Justo como incentivo para bajar precios de la canasta básica
El diputado colorado Rodrigo Gamarra destacó el esfuerzo del presidente de la República Santiago Peña y su equipo por buscar cada día una mejor estabilidad económica y trabajar en soluciones concretas. En ese contexto, el legislador indicó que trabaja en una propuesta para acompañar la gestión del Gobierno, con la creación de un sello de “Precio Justo”.
En comunicación con La Nación/Nación Media explicó que la idea es que el consumidor pueda elegir y con orgullo los productos nacionales, además de tener la tranquilidad de que lo que está pagando es el precio justo. “Lo importante es proteger la canasta básica, que es una responsabilidad de todos”, expresó.
El legislador señaló que se necesita estar con ideas concretas, de modo que tanto el consumidor como el empresario queden conformes. Por ello, indicó que su propuesta es crear un sello de Precio Justo, como una herramienta técnica y de uso voluntario, a petición de la parte interesada.
Explicó que en su propuesta plantea que sea el Ministerio de Industria y Comercio la institución encargada de otorgar este sello. Señaló que la idea principal es proteger la canasta básica familiar, que es lo que le aqueja a la ciudadanía y que necesita que la clase política se haga eco de esta situación para tratar de llegar a una solución favorable a todos.
“Esto va enfocado directamente a los productos que forman parte de la canasta básica familiar, y no se trata de aquellos productos premium que sabemos que tienen otros tipos de valores agregados y por ello su precio es más elevado”, explicó.
No contemplan sanciones
El parlamentario aclaró que con su propuesta legislativa no se busca de ninguna manera un control de precios, ni tampoco representa una intervención al precio de mercados. Tampoco plantea ninguna sanción, ni ningún efecto negativo, ni de restricción, ni coacción, hacia nadie.
“Lo que planteo es crear un puente entre el productor y el consumidor final, y que se base en la trazabilidad para trabajar en la transparencia y la confianza que es lo que le va a brindar esta propuesta. Acá no se busca engañarle a nadie, sino que se plantea sacar un producto que beneficie a todos y que tanto el productor como el consumidor queden conformes y que el empresario pueda vender más”, precisó.
Finalmente, el diputado Gamarra resaltó que ve muy positiva la iniciativa del Ejecutivo de plantear una baja de los precios de la canasta básica, señalando que esto va a beneficiar todo con precios más equilibrados y que alcance para todos los ciudadanos.
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