La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados analizó esta semana la nota de denuncia remitida por funcionarios de la Defensoría del Pueblo por supuestos despidos injustificados sin previo sumario, así como presuntos malos tratos verbales, psicológicos, persecución, hostigamiento, prohibición de participar en actividades políticas, etc.
Esta mesa asesora está presidida por la diputada liberal Roya Torres. Tras el estudio de la nota presentada, los miembros de esta comisión acordaron solicitar informes a la Secretaría de la Función Pública y también se fijará una reunión con el Defensor del Pueblo, Abg. Rafael Ávila, a fin de escucharlo sobre el particular. No obstante, desde esta comisión señalaron que tanto el día y horario de este encuentro se estará informando en los próximos días.
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Por otra parte, esta comisión asesora decidió la designación del diputado liberal Carlos María López como representante en el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, como lo establece la Ley N° 4.013/10.
Vale mencionar que la citada ley refiere a la reglamentación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil.
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Piden desestimar denuncia contra exsenadora Kattya González
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.
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Denuncian a falsa gestora de IPS por estafar a anciano de 90 años
Un hombre de 90 años denuncia que ha sido víctima de una mujer que se hizo pasar por gestora administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS). El hombre le habría entregado más de 20 millones de guaraníes, en un periodo de 3 años, a cambio de que le facilitara algunos trámites para acceder a los tratamientos para su enfermedad recientemente diagnosticada.
En conversación con el programa “Info+”, emitido por el canal GEN/Nación Media, Osmar León, hijo de la víctima, manifestó que, debido a su avanzada edad y a que fue diagnosticado de una nueva enfermedad, su padre de 90 años estaba imposibilitado para ir hasta el Hospital Central del IPS y que fue en ese momento en que conoció a esta supuesta gestora.
El denunciante dijo que la mujer se hace llamar Sonia Benítez y que le dijo a su padre que trabajaba como enfermera en el hospital y que, además, realizaba tareas de gestoría administrativa, motivo por el cual su padre empezó a confiar en ella y le transfería dinero. El dinero entregado a la mujer hasta la fecha ascendería a los 25.000.000 de guaraníes.
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“Yo me enteré hace poco de esta situación, mi padre confiaba en ella, ella venía hasta su casa donde él vivía solo y le decía que le ayudaría con sus gestiones médicas, pero que costaba dinero y demás, siempre venía cuando estaba solo, es más eso se escucha en los audios que le enviaba, cuando yo me enteré de esta situación corroboré su nombre y ella no es funcionaria del IPS ni como enfermera ni en el área administrativa”, indicó Osmar León al programa de GEN.
El hijo de la aparente víctima de la estafa comentó que también ha corroborado el número del cual contactaba a su padre la mujer y que estaba a nombre de otra persona, dificultando a los investigadores saber realmente cuál era la identidad de la mujer y dar con su paradero. Remarcó que, de igual manera, ha notificado a las autoridades y también ha denunciado el hecho a través de las redes sociales.
“Yo realicé una publicación con el supuesto nombre de esta mujer y su rostro contando lo que le había hecho a mi papá para que otras personas supieran y no caigan y recibimos muchas respuestas de otras personas que también fueron víctimas e inclusive un hombre se contactó conmigo diciéndome que la conocía, que era su vecina y que nos daría a mí y a las autoridades su ubicación”, afirmó León en comunicación con “Info+”.
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Indert insta a denunciar cualquier intento de estafa a beneficiarios
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) emitió un comunicado en el marco de su campaña por la transparencia y saneamiento institucional, en el que insta a la ciudadanía a denunciar intentos de estafa a beneficiarios, en la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, sito 25 de Mayo N° 640 casi Antequera, piso 2, Asunción.
Desde la institución agraria destacan que los casos de irregularidades se procederán a investigar a través de su directora, Elga Escobar. Igualmente aclaran que los planos de lotes individuales no tienen valor jurídico ni administrativo y que no sirven para la titulación. “En varias audiencias públicas y comunicados ya hemos informado que los planos de lotes individuales no tienen valor jurídico ni administrativo”, informan.
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En ese sentido expresa que el único método aceptado es el plano general de la colonia, realizado por la gerencia del Sirt y que debe cumplir requisitos de la Acordada 84/98. Asimismo, desde el ente aclaran que todos los trámites son gratuitos y los beneficiarios no deben pagar por planos u otros trámites, solo por la cuota de sus lotes establecidas en la ley, expresa el documento.
“La actual administración del Indert ratifica su firme compromiso con la transparencia y reafirma su lucha decidida contra la corrupción, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el ente”, concluye el comunicado.
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