El senador Carlos Núñez calificó al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, como un malversador de las arcas del Estado, tras destaparse las millonarias deudas que se ocasionó durante su mandato en las diferentes secretarías y ministerios. Agregó que el líder de Fuerza Republicana terminó decepcionando a la ciudadanía.
“Cualquier cosa se puede esperar del mal gobierno de Marito, lastimosamente es un entreguista, es un malversador que solamente supo facturar con el asfaltado que se hizo a nivel país. Su gestión decepcionó, todos teníamos esperanzas, pero fue un mal administrador como presidente”, sostuvo en una entrevista con los medios de prensa en la Cámara Alta.
Actualmente, el débito flotante ocasionado en la administración de Abdo Benítez trepa por encima de los USD 1.000 millones, de acuerdo a los procesos de corte administrativo y auditorías impulsadas por la nueva administración presidencial liderada por Santiago Peña, y se estima que el déficit fiscal cerraría con un 5 %.
Núñez, también expresó su respaldo a la decisión tomada por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión en solicitar al Poder Ejecutivo una auditoría sobre la situación financiera de la cartera. Agregó que el proceso de fiscalización debe ser acompañado por la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, antes de concretarse el pago a las vialeras.
“Se debe ver la realidad de las deudas antes de realizar pagos. ¿Cómo se pagará por algo que no se hizo”, puntualizó. De acuerdo a las informaciones proveídas desde el MOPC, la deuda asciende a un total de USD 370 millones con las empresas contratistas, solamente en capital (sin intereses).
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Antecedentes
De acuerdo a las publicaciones realizadas el pasado año por el diario La Nación/Nación Media, el sistema de despacho Sofía registra exponencial aumento en importación de asfalto de Aldia SA, empresa declarada por el expresidente Mario Abdo Benítez. El principal articulador del crecimiento de la firma fue la cartera de Obras Públicas ya que, en picos de licitaciones de pavimentación de esta cartera, la distribuidora figuraba con incremento promedio de compras de G. 50.000 millones al año.
De cifras de compra de asfalto que no superaban los US$ 1 millón al año, según las estadísticas registradas en el sistema Sofía de la Dirección Nacional de Aduanas, las importaciones del insumo básico en la construcción de rutas de Aldia SA, logró tener un incremento de 450 % entre el 2018 y el 2021.
Al respecto de G. 23.515 millones en importación de asfalto en el 2018, las compras de la firma fundada por el Presidente treparon a G. 127.206 millones en el 2021. La prioridad que Abdo le dio a la construcción de rutas y que presentó como gran logro en su último informe de gestión jactándose de récord en kilómetros de asfaltados se tradujo en un círculo perfecto para sus negocios.
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Comisión de “control” ni olió maniobras en contrato para el concuñado de Abdo
La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el exsuperministro abdista Arnaldo Giuzzio, nunca informó sobre las irregularidades cometidas por la estatal Copaco en la subcontratación de una empresa ligada al concuñado del expresidente de la República Mario Abdo. La telefónica decidió puentear la Ley de Contrataciones y entregar millones en plena pandemia.
- Por Juan Carlos Lezcano F
La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), creada supuestamente para el seguimiento cercano de todas las adquisiciones realizadas por el Estado en respuesta a la crisis sanitaria generada por el coronavirus, nunca vio irregularidad alguna en el contrato entregado directamente y por fuera de la Ley de Contrataciones Públicas a la empresa del concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez.
La CESC fue creada en mayo de 2020, con la promesa de supervisar de cerca todas las compras públicas realizadas en respuesta a la pandemia. Al frente de la comisión fue puesto el entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el acusado Arnaldo Giuzzio. Entre otros, también formaban parte de la CESC los hoy imputados Renée Fernández, entonces titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), y Carlos Arregui, extitular de la Seprelad.
AUDITORES QUE NO VIERON, ESCUCHARON NI OYERON
Para julio de 2020, la CESC afirmó haber controlado un total de 44 procesos de compras públicas, por un total de USD 500 millones. Curiosamente, entre sus primeras determinaciones afirmaron que no existió daño patrimonial en la compra de los “insumos chinos” del clan Ferreira, proceso que dejó a Paraguay sin insumos básicos para atender la crisis sanitaria.
Y otro proceso en el que la comisión encabezada por Giuzzio no detectó irregularidades fue en la entrega de un millonario contrato por parte de la telefónica estatal Copaco a Bizcom SA, firma ligada al músico Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez, jefe del titular de la CESC.
Durante la pandemia de covid-19, Copaco, a través de su filial Vox, implementó un esquema irregular para subcontratar servicios de call center destinados al Ministerio de Salud Pública. La empresa beneficiada, Bizcom SA, era representada por Flavio “Kike” Santander, concuñado del entonces presidente Mario Abdo Benítez. Este contrato, que eludió la Ley de Contrataciones Públicas, incluyó cláusulas de confidencialidad que generaron fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con Salud Pública, representado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, ministro de Salud. El acuerdo, destinado al rastreo de contactos relacionados con el covid-19, alcanzó un costo de G. 5.852.001.600, de los cuales G. 3.239.376.300 fueron adelantados por Salud Pública. El contrato contemplaba 100 posiciones de call center con un costo mensual por posición de G. 7.315.200, distribuidos en un plazo de ocho meses.
Sin embargo, Copaco subcontrató estos servicios mediante Vox, firmando un contrato directo en marzo de 2020 con Bizcom SA, representada por Santander. La adjudicación, sin proceso de licitación, contemplaba la provisión de servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. El contrato incluía una duración inicial de cinco años renovables y cláusulas de confidencialidad que impedían la divulgación de los términos, alimentando sospechas de favoritismo debido al vínculo familiar de Santander con la primera dama, Silvana López Moreira.
A pesar de su experiencia en la provisión de servicios de call center para instituciones como Hacienda, IPS y la Ande, Copaco optó por subcontratar a Bizcom SA. Esta decisión plantea dudas sobre la necesidad real de involucrar a una tercera empresa, sugiriendo que pudo estar motivada por intereses personales o políticos.
Copaco, regulada por la Ley n.° 2051, no puede realizar contratos directos sin licitación. Para evadir este control, utilizó a Vox como intermediaria, pero esta maniobra también violó las normativas vigentes. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había estipulado que cualquier contrato entre Copaco y Vox debía regirse por los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.
El uso de contratos directos, sin procesos licitatorios y con precios sujetos a variación, se justificó mediante cláusulas de confidencialidad, lo que obstaculizó la transparencia en el manejo del acuerdo. Esto dejó a la ciudadanía sin acceso a información crucial sobre la utilización de recursos públicos durante una crisis sanitaria sin precedentes.
Flavio Santander, además de este polémico contrato, tiene antecedentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una delegación de empresarios interesados en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, participó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuerzan los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en sus vínculos con instituciones públicas.
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Contrato de arriba para concuñado de Abdo, otro pendiente en la Justicia
La Justicia tiene pendiente avanzar en la investigación de la denuncia presentada sobre el millonario contrato entregado en plena pandemia por la estatal Copaco a una empresa ligada a Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez. La telefónica violó la Ley de Contrataciones Públicas para entregar unos G. 5.800 millones de forma directa a la firma.
- Por Juan Carlos Lezcano F.
A la ya larga lista de denuncias que pesan contra hombres cercanos del expresidente Mario Abdo Benítez, se le sumó hace un par de meses la presentada por el actual titular de Copaco, Óscar Stark, por la violación de la Ley de Contrataciones Públicas cometida durante la administración de Sante Vallese, al frente de la telefonía estatal.
En setiembre pasado, la Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía publicó fotografías de una reunión en la que el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, recibió a Stark, quien junto con el representante legal de la compañía Rodrigo Lezcano amplió la denuncia presentada ante el Ministerio Público, en relación a presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior, involucrando a la firma Hola Paraguay SA (Vox) y supuestas violaciones a la Ley n.° 2051 de Contrataciones Públicas.
Esta es una más de la larga lista de denuncias presentadas por las incontables irregularidades cometidas durante el gobierno anterior.
EL GRAN CONCUÑADO
En el marco de la pandemia de covid-19, la telefónica estatal Copaco, a través de su filial Vox, ejecutó un esquema irregular para subcontratar servicios de call center destinados al Ministerio de Salud Pública. La empresa beneficiada fue Bizcom SA, representada por Flavio “Kike” Santander, concuñado del entonces presidente Mario Abdo Benítez. Este contrato, que burló la Ley de Contrataciones Públicas, incluyó cláusulas de confidencialidad y generó serios cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con el Ministerio de Salud para implementar un sistema de contact center enfocado en el rastreo de contactos relacionados con el covid-19. Este acuerdo, firmado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, entonces ministro de Salud, contemplaba un costo total de G. 5.852.001.600, de los cuales Salud Pública adelantó G. 3.239.376.300. El contrato incluía 100 posiciones de call center, con un costo unitario de G. 7.315.200, distribuidos en un plazo de ocho meses.
Sin embargo, Copaco subcontrató estos servicios a través de Vox, violando la Ley n.° 2051 de Contrataciones Públicas, al firmar un contrato directo con Bizcom SA, empresa representada por Flavio “Kike” Santander, en marzo de 2020. El contrato, que no fue sometido a licitación, establecía el suministro de servicios tecnológicos, plataformas de call center y soluciones en la nube bajo la marca Simplifi.
IRREGULARIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS
El contrato entre Vox y Bizcom SA incluía una duración inicial de cinco años renovables y cláusulas de confidencialidad que impedían la divulgación de los términos. Flavio Santander, representante de la empresa beneficiada, está casado con Adriana López Moreira, hermana de la primera dama Silvana López Moreira. Este vínculo familiar con el entonces presidente Mario Abdo Benítez levantó sospechas sobre posibles favoritismos en la adjudicación del contrato.
Lo que agrava el caso es que Copaco tiene experiencia en la provisión de servicios de call center a otras instituciones públicas, como Hacienda, la UNA, IPS y la Ande, sin necesidad de subcontratar a terceros. Esto plantea dudas sobre la real necesidad de incluir a Bizcom SA en este contrato y sugiere que la subcontratación pudo estar motivada por intereses personales o ajenos al bienestar público.
Copaco, al estar regulada por la Ley n.° 2051, no puede contratar directamente con empresas sin licitación. Para evadir los controles, utilizó a Vox como intermediaria. Sin embargo, esta acción también violó la normativa vigente, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había establecido que los contratos entre Copaco y Vox debían realizarse siguiendo los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.
El uso de un contrato directo, sin llamado a licitación, y con precios sujetos a variación, fue justificado mediante cláusulas de confidencialidad. Esto obstaculizó la transparencia en la gestión del acuerdo, dejando a la ciudadanía sin acceso a información fundamental sobre el uso de los recursos públicos.
Flavio Santander, además de este contrato, tiene antecedentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una delegación interesada en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, participó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco en la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos vínculos empresariales con instituciones públicas han reforzado los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
MÁS DENUNCIAS
El expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno cierran el 2024 eludiendo a la Justicia por múltiples irregularidades. Su gestión estuvo marcada por vínculos con narcotráfico, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Casos como el de Arnaldo Giuzzio, acusado por nexos con un narco, o Patricia Samudio, condenada por corrupción en Petropar, evidencian un patrón de impunidad. Mientras, las empresas de Abdo crecieron 6.109 % durante su mandato, coincidiendo con la pandemia.
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Dan el último adiós a Carter en Estados Unidos con un homenaje de seis días
Estados Unidos se despide a partir de este sábado del expresidente Jimmy Carter con seis días de honras fúnebres que terminarán con un funeral de Estado en Washington y el entierro en su Georgia natal. Las banderas han ondeado a media asta en todo el país desde que Carter falleció, el 29 de diciembre a la edad de 100 años en Plains, en el estado sureño de Georgia.
Carter dejó una huella indeleble en América Latina: denunció los abusos de las dictaduras militares del Cono Sur, retiró el apoyo al régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua y se comprometió a devolver el Canal de Panamá a los panameños, algo que describiría como su “batalla política más difícil”. También acordó con el régimen de Fidel Castro en Cuba la reapertura de las sedes diplomáticas bajo la forma de sección de intereses.
De Plains al Capitolio
Los homenajes de Estado al demócrata arrancan oficialmente el sábado cuando agentes del Servicio Secreto, la agencia encargada de proteger a las personalidades políticas, lleven el ataúd a un coche fúnebre para un recorrido por Plains.
La caravana que transporta sus restos hará una pausa en la granja familiar de cultivo de maní. La campana sonará 39 veces para rendir tributo al 39º jefe de Estado estadounidense. Luego pondrá rumbo a Atlanta para una breve parada en el Capitolio de Georgia, donde Carter trabajó como senador local antes de convertirse en gobernador del estado. Se guardará un momento de silencio.
Desde allí, el auto fúnebre irá al Centro Carter, la fundación creada en 1982 por el expresidente y su esposa Rosalynn que se especializa en la prevención de conflictos, la defensa de la democracia y temas de salud pública. En esta fundación permanecerá desde las 19:00 del sábado (00:00 GMT del domingo) hasta las 6:00 (11:00 GMT) del martes para permitir que los lugareños se despidan de él.
El martes por la mañana sus restos mortales serán trasladados desde Georgia a la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado “Special Air Mission 39″. Después un cortejo fúnebre transportará el cuerpo del excomandante en jefe hasta el Monumento a la Marina de Estados Unidos.
Carter se graduó en la Academia Naval de Estados Unidos en 1946, y sirvió en submarinos. El féretro, tirado por caballos, llegará al Capitolio, sede del Congreso en la capital. Será colocado en la Rotonda, una sala situada bajo la cúpula del Capitolio, para una ceremonia de homenaje en presencia de parlamentarios.
Los ciudadanos podrán presentarle sus respetos desde las 19:00 hasta la medianoche del martes, y desde las 7:00 del miércoles hasta las 7:00 del jueves. Será el decimotercer expresidente expuesto en el Capitolio. Abraham Lincoln, asesinado en 1865, fue el primero.
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Biden y Trump en el funeral
El jueves se celebrará el funeral de Estado en la catedral, donde los expresidentes Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, Gerald Ford y George H.W. Bush recibieron el último adiós antes que él. Se espera que asistan los cuatro expresidentes vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.
El presidente saliente demócrata, Joe Biden, pronunciará el elogio fúnebre. Por decisión suya, será un día de luto nacional y las oficinas del gobierno federal permanecerán cerradas. También ha ordenado que las banderas ondeen a media asta durante 30 días, como es habitual, lo que significa que permanecerán así durante la toma de posesión de Trump el 20 de enero.
Esto enfureció al presidente electo republicano. “Ningún estadounidense puede alegrarse” de tener las banderas a media asta durante la investidura, afirmó en su red Truth Social. Tras el servicio religioso, los restos mortales de Carter serán trasladados a Georgia, donde se celebrará un funeral privado en la iglesia baptista de Plains en la que Carter daba catequesis.
Una última caravana por su ciudad natal trasladará sus restos hasta la parcela donde será enterrado junto a Rosalynn, fallecida en 2023 a los 96 años y con quien estuvo casado durante 77 años. Aviones de la marina estadounidense sobrevolarán la localidad en su honor.
Fuente: AFP.
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Filtración Seprelad: Corte rechazó otra chicana de exministros de Abdo
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander, rechazó una vez más una nueva chicana que presentaron los abogados de los imputados por filtrar y producir información falsa en la Seprelad. Esta vez la máxima instancia judicial rechazó una nueva recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Bibiana Benítez.
Los abogados Osvaldo Granada quien ejerce la defensa de René Fernández; Emilio Fuster defensor de Arnaldo Giuzzio; Enrique Kronawetter representante legal de Daniel Farías, y Jorge Rolón Luna defensor de los imputados Guillermo Preda, Carmen Pereira, y Francisco Pereira Cohene fueron quienes recusaron a los tres camaristas.
Los ministros de la corte sostienen que los argumentos presentados por los defensores de los imputados en la recusación contra los camaristas no tienen sustento jurídico y tampoco son motivos para poder separar a los magistrados del presente proceso penal por lo que corresponde rechazar la recusación y confirmar la competencia de los camaristas.
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En caso de que los mismos profesionales del derecho vuelvan a presentar alguna recusación contra los jueces ya se podrían exponer a una sanción disciplinaria atendiendo a la actitud dilatoria en el presente caso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, y a su ex ministro a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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