El ministro Jorge Bogarín González expresó su satisfacción y agradecimiento a la Unión Europea por la misión de observadores electorales que brindaron importantes aportes. Foto: Gentileza.
Unión Europea y TSJE analizarán informe final de elecciones generales
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En el marco del próximo conversatorio que se realizará el jueves 24 de agosto a las 9:00, una comitiva de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea, encabezada por la jefa adjunta de la Misión, Tania Márquez, se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ministro Jorge Enrique Bogarín González, para abordar temas referentes al conversatorio en el que analizarán el Informe final del cuerpo internacional sobre las elecciones nacionales 2023.
Al respecto, el ministro Bogarín González expresó su satisfacción y agradecimiento a la Unión Europea “ya que las observaciones de la misión nos serán de mucha utilidad”, remarcó. Es importante resaltar que las elecciones generales pasadas fueron verificadas en todos los departamentos del país por 124 observadores de la Unión Europea, Canadá y Noruega, quienes visitaron 383 mesas receptoras de voto.
Durante el encuentro también participaron los miembros de la Comisión Especial para la Implementación de Tecnología para el Sistema de Votación y Escrutinio de la Justicia Electoral, así como los integrantes de la comitiva de la Unión Europea, Silvia de Felix, analista de medios; Paulo Siqueira, analista de tecnologías electorales y Xavier Meilan, analista político.
El ministro Bogarín destacó que el motivo de la reunión fue para coordinar el conversatorio previsto para el próximo jueves 24 de agosto a las 9:00, que contará con la presencia de organizaciones civiles y políticas, evento en que se profundizará el informe final de los comicios del pasado 30 de abril. Igualmente, se establecerá mesas de trabajo y se intercambiarán ideas y opiniones sobre los puntos desplegados en el documento.
Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, informó que se encuentran realizando pruebas de verificación para la adquisición de las máquinas de votación, con miras a las próximas elecciones municipales.
El funcionario electoral comentó que se presentaron tres empresas tecnológicas y cada una ofrece cinco dispositivos a modo de oferta pública, según dijo en entrevista con la 920 AM.
Señaló que estima la compra de 28.000 máquinas de la empresa elegida. Alrededor de unas 23.000 se utilizarán en las fechas establecidas, el resto se almacenará para contingencias y prever fallas.
Estas máquinas serán sometidas a exhaustivos análisis y pruebas técnicas a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las siguientes elecciones internas partidarias estipuladas para el año entrante, con fecha del 7 de junio y las elecciones municipales, el 4 de octubre.
“Si no cumplen (las exigencias), ya no se abre la oferta económica de la empresa, solo de aquellas que sí cumplen todos los requisitos. Los costos dependerán de la oferta que realice cada empresa”, ratificó.
Además, informó que las distribuciones en locales del material de votación se realizan una semana antes de cada elección en zonas lejanas, posteriormente se instalan en Central y Asunción.
TSJE realiza pruebas de verificación de las máquinas de votación a ser adquiridas
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Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, informó que se encuentran realizando pruebas de verificación para la adquisición de las máquinas de votación, con miras a las próximas elecciones municipales.
El funcionario electoral comentó que se presentaron tres empresas tecnológicas y cada una ofrece cinco dispositivos a modo de oferta pública, según dijo en entrevista con la 920 am.
Señaló que estima la compra de 28.000 máquinas de la empresa elegida. Alrededor de unas 23.000 se utilizarán en las fechas establecidas, el resto se almacenará para contingencias y prever fallas.
Estas máquinas serán sometidas a exhaustivos análisis y pruebas técnicas a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las siguientes elecciones internas partidarias estipuladas para el año entrante, con fecha del 07 de junio y las elecciones municipales, el 04 de octubre.
“Si no cumplen (las exigencias), ya no se abre la oferta económica de la empresa, solo de aquellas que sí cumplen todos los requisitos. Los costos dependerán de la oferta que realice cada empresa”, ratificó.
Además, informó que las distribuciones en locales del material de votación se realizan una semana antes de cada elección en zonas lejanas, posteriormente se instalan en Central y Asunción.
Miembros de la CBI presentaron en la fecha las conclusiones y recomendaciones al respecto de la investigación sobre Anticorrupción y delitos conexos. Foto: Gentileza
Leite destacó las principales conclusiones y recomendaciones de la CBI
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El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.
El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.
Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.
Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.
“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.
Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.
“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.
Gustavo Leite, que integró la CBI, remarcó que el 100 % de todo lo que se ha expuesto ante el plenario está documentado. Foto: Gentileza
No hubo control de financiamiento político
Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.
Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.
Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.
“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.
Importación de armas
Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.
En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.
“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.
También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.
Productores deben revisar contratos que mencionen la ley 1115 de la UE, advierten
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Desde la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) advirtieron a todos los productores sobre algunas empresas que estarían proponiendo contratos que incluyen compromisos con la Reglamentación 1115, Ley de la Unión Europea. En ese sentido, recordaron que no corresponde aplicar una medida extranjera en los contratos de venta firmados en nuestro país.
“Instamos a los productores que revisen y analicen cuidadosamente las cláusulas de los contratos con los que comprometen la venta de su producción de la zafra 2025/2026 antes de firmarlos pues podrían tener asociadas multas, sobrecostos y descuentos importantes aplicados”, indicaron en un comunicado.
Además, mencionaron que aceptar vender o no vender a la Unión Europea (UE) es una decisión libre de cada uno de los productores y no puede ser una ”obligación impuesta unilateralmente a los productores de Paraguay”, que desconocen los alcances de las exigencias de la UE 1115 y los compromisos que implican o simplemente no quieren vender al bloque.
Ante cualquier duda sobre los compromisos que vayan a asumir en los contratos, solicitaron que los productores pidan asesoramiento y explicaciones. “Reiteramos la advertencia a todos los productores de no firmar contratos que incluyan alguna referencia al reglamento 1115 sin comprender plenamente de los compromisos que implican”, enfatizaron.
La Reglamentación 1115 de la Unión Europea se trata de una normativa que establece requisitos en cuanto a la sostenibilidad y trazabilidad de productos agrícolas que llegan al mercado europeo, con un enfoque particular en la lucha contra la deforestación.
Con esta normativa el mercado europeo regula el comercio de determinadas materias primas y derivados, cuyo objetivo es evitar el ingreso de productos, específicamente, los que provengan de territorios considerados como deforestados.
Además, exige responsabilidades adicionales en cuanto a documentación, verificación de origen y auditorías que pueden resultar complicadas o costosas, lo que genera preocupación entre algunos productores que desconocen los alcances de la ley o no están preparados para asumir estos compromisos, habían detallado desde la Unión de Gremios de la Producción.