El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.

Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.

Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.

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Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.

Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.

“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.

El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.

Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.

El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.

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El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.

La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.

En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.

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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.

No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.

El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.

En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.

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Édgar Villalba, presidente de la Cámara de Importadores, confirmó que continúan las negociaciones con el Instituto de Previsión Social, respecto a la millonaria deuda pendiente de pago. No obstante, aseguró que las farmacéuticas garantizan la provisión de medicamentos a la previsional.

Durante una entrevista en el programa Arriba Hoy, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, mencionó que continúa las conversaciones con la previsional para ver qué plan financiero de pago es el que plantea, así como el plan de compras. Indicó que ellos necesitan conocer la trazabilidad de qué productos son los que van a necesitar, para que las empresas que ganaron las licitaciones puedan comenzar a entregar.

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“El gran problema que está teniendo IPS son las órdenes de compra, porque no tienen el código presupuestario. Mañana tendremos una reunión para ver qué propuesta financiera nos presentan. La deuda está en casi 400 millones de dólares y ellos nos van a pasar un plan para ver cómo van a pagar. También se tuvo una reunión con los nacionales, ya que existe un listado de 120 ítems que tenían orden de compra y no se estaba entregando, y se está viendo cómo solucionar todo esto”, explicó.

Confirmó, además, que esta deuda que se está negociando tiene un atraso de 2 años. En tanto, resaltó que las deudas anteriores a este periodo sí se llegaron a cancelar por completo, que en su momento llegaron a alcanzar 250 millones de dólares.

“El tema es que el IPS administrativamente se tiene que organizar, porque el desabastecimiento ya es una realidad. Evidentemente, hay productos que ya no tienen, y no estamos hablando solamente de los productos caros, los medicamentos oncológicos. Estamos hablando en general de productos básicos que ya están comenzando a faltar”, señaló.

Mencionó que lo que ha notado es que el IPS comenzó a comprar menos cantidad de los productos. “Al comprar menos productos, su depósito que tenía de reserva para 3 meses se le quedó a un mes; entonces ahora te entrega una orden de compra y quieren que se le entregue en 5 días, y eso es imposible; ni para nosotros, ni para los nacionales”, explicó.

No obstante, Villalba aseguró que la provisión de medicamentos no se va a cortar, pese a que aún no estén llegando a un acuerdo en la forma de pago de la deuda pendiente. “El problema está en que, al recortar la cantidad de productos que compra el IPS para atajar los gastos, ahí sí van a tener problemas de desabastecimiento”, acotó.

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El senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copa­miento por parte del ofi­cialismo colorado que pre­tende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y sub­contralor general de la Repú­blica. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sec­tor político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.

“Ante las declaraciones del senador Eduardo Naka­yama, que llama a la oposi­ción a hacer el vacío si el car­tismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republi­cana, vale recordar la histo­ria reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.

Para sostener su postura, Núñez detalló cronológica­mente los casos de los excon­tralores de extracción opo­sitora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación crimi­nal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Orga­nizó una máquina de lavar dinero”, indicó.

El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Par­tido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudada­nos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cár­cel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”.

A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontra­lor José Enrique García Áva­los, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por pro­ducción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ive­sur. Enfrentó múltiples cau­sas por enriquecimiento ilí­cito y lavado”, refirió.

Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciu­dadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.

“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transpa­rente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de ele­gir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la con­fianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.

Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Para­guay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retar­datarios de la oposición”.