El senador Basilio “Bachi” Núñez realizó un análisis del estado en que dejará el país el actual mandatario Mario Abdo Benítez. En este sentido, cuestionó la elevada deuda que generó la actual administración, así como los múltiples incrementos en el precio del combustible que se dieron en los últimos cinco años.
“Mario Abdo Benítez duplicó la deuda del país, más que todos los presidentes de la era democrática, en este periodo se violó la ley de responsabilidad fiscal”, refirió el parlamentario en diálogo con Nación Media. Al mismo tiempo, el senador recordó todos los negociados de esta administración que quedaron al descubierto gracias a la prensa.
“Yo creo que la ciudadanía va a extrañar el aumento de combustible, su empresa que vende asfalto, las licitaciones que le dio a su concuñado” ironizó y añadió, “eso no tiene que volver a pasar”. Recordemos que se reveló que la empresa vinculada al actual mandatario fue uno de los mayores proveedores de asfalto para las empresas contratistas del Estado.
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Al mismo tiempo, mediante Vox y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) se otorgaron licitaciones millonarias al concuñado de Abdo, con el agravante de que estos procesos no pasaron por Contrataciones Públicas. Todo esto se dio en el 2020, mientras el foco estaba en el ámbito sanitario debido al ingreso del COVID-19.
“La Constitución dice que tenía que hacer presencial su informe de gestión y ya ven lo que hizo, se escondió detrás de las cámaras. Yo le dije eso a los colegas senadores, acaso se puede violar la Constitución Nacional cuando nos conviene y no dejamos que el presidente venga a rendir cuentas”, refirió.
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Permiso no será aceptado, anuncia Bachi Núñez
“Nos mantenemos firmes en nuestra posición compartida por colegas de diferentes bancadas”, expresó el titular del Congreso.
El presidente del Congreso Nacional, y por ende de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, ratificó a través de sus redes sociales, que el senador Javier Vera, alias Chaqueñito, deberá presentar renuncia a la banca de manera indefectible. Señaló que a criterio de la bancada A del Partido Colorado, así como de otras bancadas, no existiría ninguna posibilidad de que sea aceptado su pedido de ausencia indefinida.
Como presidente de la Cámara Alta, confirmó que recibió la nota presentada ayer por el senador Vera, en la que solicita a sus colegas el permiso correspondiente para ausentarse de forma indefinida ante la Cámara de Senadores.
Esto, con el fin de atender y solucionar sus asuntos judiciales de público conocimiento. “Recibimos el pedido de permiso del senador Javier Vera. A nuestro criterio, no existe ninguna posibilidad de que sea aceptado.
Nos mantenemos firmes en nuestra posición –compartida por colegas de diferentes bancadas–: debe presentar su renuncia al cargo. Si no lo hace, se activará el mecanismo de pérdida de investidura”, expresó el titular de la Cámara Alta, a través de su cuenta en X.
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Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
Impacto financiero y presión a suministro
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
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Giuzzio suprimió controles pese a alertas de acción narco en puertos
Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El mismo informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema criminal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organizaciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.
LA COOPERACIÓN CON MARSET
Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran operación A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronología de los hechos considerando la frustración como la injerencia que sufrieron las investigaciones en una abierta cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio.
Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipótesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Marset y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que proviene de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.
El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la observación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubicaciones de las pistas, los depósitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.
Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría interviniendo otro bloque criminal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quienes haciendo uso de su logística empresarial y asociados al esquema criminal de Sebastián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exportaciones de sustancias ilícitas parten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y transitan a través de las rutas fluviales y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.
DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Marset y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de investigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteligencia de la Senad en los puertos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que todavía es un capítulo pendiente de las investigaciones concernientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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Capaco valora que el Gobierno asuma intereses de la deuda con constructoras
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del gobierno de asumir los intereses generados por las deudas con el sector, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pendientes.
Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso importante en medio de la situación que atraviesan las constructoras. “Se valora la importancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remarcaron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.
En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al mecanismo de cesión de deuda (factoring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es utilizado por las empresas para adelantar el cobro de certificados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que generan los atrasos en los pagos.
Además, el Gobierno también definió cómo se abordarán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto importante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitaciones presupuestarias actuales. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones destinados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millones. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financieros”, señaló.
Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sostener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atrasos en los pagos.
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