El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, encontró una nueva herramienta para dilatar las causas que pesan en su contra por el supuesto manejo irregular de fondos públicos. El jefe comunal y su equipo de abogados amenazan con presentar una denuncia ante la fiscalía general y piden auditar las causas abiertas contra el lord municipal. Son 42 las denuncias presentadas contra Prieto hasta el momento.

• Unidad de Investigación Nación Media

Una nueva chicana fue presentada por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. O, en palabras elegantes, el jefe comunal presentó un nuevo recurso procesal con el que buscará paralizar las 42 denuncias presentadas en su contra por el supuesto uso irregular del dinero de los contribuyentes esteños.

Según la defensa, se han detectado irregularidades graves como la alteración de folios y la sustracción de pruebas favorables que podrían haber beneficiado al jefe comunal. El lord mayor es representado por la abogada Gilda Portillo y por Guillermo Ferreiro, excandidato a diputado y coordinador de la Concertación Nacional, quien en el discurso siempre cuestiona los manejos del sistema de Justicia, pero que utiliza las mismas prácticas que tanto critica.

El objetivo de la presentación, según explican, es dejar constancia de lo que el equipo legal de Prieto considera una persecución política a través del uso indebido del Ministerio Público. Un argumento que habitualmente repiten quienes son señalados por el uso irregular del dinero público. Curiosamente, cuando personas ligadas al Partido Colorado realizan estas denuncias, la oposición las suele tratar de chicaneras, pero en el caso de Prieto quieren convertirlo en un perseguido.

Según los abogados defensores, el proceso judicial está plagado de investigaciones sesgadas, negligencias y una clara falta de imparcialidad.

En concreto, Prieto ataca -una vez más- la causa abierta en su contra por las irregularidades cometidas en plena pandemia con la compra de kits que supuestamente debían ser para personas de escasos recursos.

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El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisición de cestas básicas por G. 1.769 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están procesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la municipalidad. Según la Fiscalía, Florentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.

La firma Tía Chela S.R.L., adjudicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas falsas emitidas por Vanemi S.A., empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficticias totalizaron G. 692 millones, parte de un perjuicio económico estimado en G. 2.130 millones.

La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexistentes, que emitieron facturas para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se manejaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia en Ciudad del Este.

SCDE SA, antes conocida como Golden Rouge SA, pasó de ser un club nocturno para convertirse en una constructora favorecida por la Municipalidad de Ciudad del Este con más de G. 14.000 millones (unos USD 1,7 millones) en contratos desde 2022. Inicialmente, Golden Rouge operaba en el rubro de bebidas y entretenimiento, pero en 2021 cambió su denominación y actividades, incluyendo la construcción de carreteras, edificios y otras infraestructuras. Entre sus accionistas figura Lumma Silva Battochi, funcionaria de la municipalidad y esposa de Juan Quiroga Cañete, director de la Secretaría de la Vivienda. Silva Battochi, con un salario mensual de G. 3 millones, aportó G. 320 millones como capital para integrarse a la empresa, una cifra que contrasta notoriamente con sus ingresos como funcionaria.

Desde 2022, SCDE SA firmó siete contratos con la comuna esteña, que representan la mayor parte de sus ingresos, ya que solo cuenta con otros dos contratos menores con entes públicos. Este caso pone en evidencia las prácticas cuestionables en la administración del intendente Miguel Prieto, quien ha beneficiado de manera directa a empresas vinculadas a su entorno cercano, mientras persisten las dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos.

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No es la primera vez que Prieto recurre a chicanas para dilatar los procesos en su contra. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el 25 de julio del año pasado la permanencia de los magistrados del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, rechazando así la recusación presentada por la defensa del intendente de Ciudad del Este, en el conocido caso “Tía Chela”.

La recusación buscaba apartar a las juezas Andrea Vera, Bibiana Benítez y al camarista Arnulfo Arias del caso, bajo el argumento de que habrían actuado con una supuesta celeridad excesiva en la resolución de planteamientos judiciales, lo que, según la defensa, comprometía su imparcialidad. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este argumento, ratificando la continuidad de los magistrados en el proceso.

La causa permanece en un punto muerto, a pesar de que se había fijado una audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú, la cual fue suspendida debido a esta recusación. El proceso sigue estancado a la espera de que la Corte Suprema resuelva otro incidente pendiente.

A pesar de las advertencias de la máxima instancia judicial de evitar el uso abusivo de los recursos procesales, los abogados de Prieto continúan presentando medidas que, según señalamientos judiciales, buscan dilatar el avance de las investigaciones y postergar las resoluciones del caso. La defensa sostiene que se trata de un intento por garantizar el derecho a una investigación justa, mientras que desde el ámbito judicial se señala un posible intento de obstrucción del proceso.

El senador Javier Zacarías Irún arremetió con dureza contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tras las declaraciones de este último acerca de una supuesta deuda millonaria de la Caja Municipal de Jubilaciones, que según Prieto habría sido heredada de la administración del “clan Zacarías”.

Prieto afirmó que su gestión logró reducir una deuda de G. 32.000 millones a G. 26.000 millones y que firmó un acuerdo para pagarla en un plazo de ocho a nueve años. Sin embargo, Zacarías no solo desmintió tales afirmaciones, sino que calificó al jefe comunal de “mentiroso” y “Pinocho”, asegurando que dicha deuda no corresponde a su gestión ni a la de Sandra McLeod.

En un tono irónico, el senador destacó que las declaraciones de Prieto son parte de una narrativa inventada para desviar la atención de su administración. “Pinocho, buscá otra cosa, cambiá tu repertorio porque ya se te agotó la mentira de que todo es culpa de los Zacarías”, afirmó Zacarías, quien además presentó documentos y declaraciones para respaldar su postura.

Según Zacarías, el propio presidente de la Caja Municipal de Jubilaciones, Bernabé Gutiérrez, aclaró públicamente que la deuda corresponde a los años 1999 y 2000, antes de que Javier asumiera como intendente en 2001, y por lo tanto no puede ser atribuida ni a él ni a Sandra McLeod.

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Zacarías también refutó los señalamientos sobre un supuesto mal manejo financiero durante la administración de McLeod. Señaló que cuando esta entregó la municipalidad a la interventora Carolina Llanes en 2019, había más de G. 50.000 millones distribuidos en 13 cuentas bancarias. “Era una municipalidad floreciente, con finanzas ordenadas, activos superiores a G. 70.000 millones y toda la documentación correspondiente, lo cual está respaldado por la interventora misma”, aseguró el senador. Además, enumeró los nombres de los bancos y las cifras depositadas en cada cuenta, para demostrar la solvencia económica de la gestión de McLeod al dejar el cargo.

El senador aprovechó para criticar el enfoque de Prieto en gobernar, instándolo a dejar de recurrir a acusaciones infundadas y a trabajar por las verdaderas necesidades de Ciudad del Este. “Preocupate por los barrios, por las escuelas, por los empedrados, por los dispensarios médicos y por la generación de fuentes de empleo”, reclamó Zacarías, al tiempo que acusó al intendente de usar las redes sociales como una herramienta para confundir a la ciudadanía.

En su intervención, Zacarías no escatimó en sarcasmo, repitiendo en varias ocasiones que Prieto merece el apodo de “Pinocho” por sus constantes mentiras. “Su nariz ya creció 14 tallas”, afirmó irónicamente, haciendo referencia a lo que considera una estrategia habitual del intendente para eludir responsabilidades. Según Zacarías, las acusaciones contra él y Sandra McLeod no tienen sustento y son una forma de distraer la atención pública de los problemas actuales que enfrenta la ciudad bajo la gestión de Prieto.

Zacarías también cuestionó por qué Prieto no utilizó el dinero disponible en las cuentas bancarias de la municipalidad para saldar la deuda en efectivo cuando asumió como intendente, si es que realmente tenía la intención de resolver el problema de la Caja Municipal. “Él mismo reconoció que negoció esta deuda, pero no es de nuestra gestión. Si tenía los fondos, ¿por qué no pagó de inmediato? Está claro que solo busca fabricar enemigos imaginarios para tapar su ineficiencia”, agregó.

En una intervención cargada de críticas, Zacarías reiteró que las acusaciones de Prieto están basadas en mentiras y en una narrativa conveniente para él, pero que no resiste análisis alguno. “Las pruebas hablan por sí solas. Los documentos, los testimonios y las cifras están ahí. No lo digo yo, lo dicen las evidencias”, afirmó el senador.

Por último, Zacarías insistió en que Prieto debe asumir las responsabilidades de su gestión y enfocarse en trabajar por la ciudad. “Sé un administrador real, no un intendente mentiroso, delincuente y ladrón que se dedica únicamente a engañar a través de las redes sociales”, sentenció Zacarías. Con esto, el senador cerró su intervención, dejando en claro que seguirá desmintiendo lo que considera una campaña de desinformación orquestada por el intendente Miguel Prieto.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez ingresó hoy al Hospital Regional de Ciudad del Este con una orden de allanamiento del Consejo Local de Salud, en prosecución a la investigación al intendente Miguel Prieto por supuesta sobrefacturación en la construcción del pabellón de contingencia en el 2020.

La causa está a cargo del fiscal anticorrupción de Asunción, Silvio Corbeta, y el agente Rojas Rodríguez, es su coadyuvante en la investigación. El mismo no pudo realizar el allanamiento porque le informaron que no existe ninguna oficina del Consejo Local de Salud en la citada institución. El objetivo era incautar documentos que se encontraran en el sitio.

El fiscal dijo que es el titular de la causa el que deberá definir qué otro lugar será allanado, en busca de los documentos. El presidente del Consejo Local de Salud, en el tiempo en que la Municipalidad de Ciudad del Este realizó la construcción del pabellón de contingencia fue el actual diputado Walter García, del movimiento Yo Creo.

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El agente del Ministerio Público indicó que tras el allanamiento fallido se contactaron con él desde la asesoría jurídica de la comuna y otras personas que fueron miembros del Consejo de Salud, “prometiendo” los documentos que requiere.

Sin embargo, en el expediente figura un informe de la institución municipal donde indicaba que los citados documentos no están en poder de la administración comunal y por eso se dispuso que se realice el allanamiento. El fiscal Manuel Rojas mencionó que ya recibió la información sobre el local donde estaría funcionando el consejo.

El pabellón, cuya construcción es objeto de investigación por la supuesta sobrefacturación, había sido aceptado en la pandemia por el Ministerio de Salud Pública en forma provisoria, según se informó posteriormente, luego ya se realizó en el sitio otras refacciones para su adecuación en cuidados intensivos.

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La Municipalidad de Ciudad del Este entregó en apenas dos años cerca de USD 2 millones en contratos a la empresa MB Constructora ligada a Elvio Mareco, operador político de Miguel Prieto, intendente de la capital del Alto Paraná. De ser un modesto vendedor de frazadas, pasó a ser un próspero constructor de obras comunales en el Este. En diciembre pasado, firmó dos nuevos contratos en apenas cuatro días con la comuna esteña.

De ser un modesto vendedor de fra­zadas, a un prós­pero empresario de la construcción mimado por la Municipalidad de Ciu­dad del Este. El caso de Elvio Mareco Barrien­tos –amigo del intendente esteño, Miguel Prieto– es digno de estudio.

Mareco es vecino, amigo y aportante de la campaña de Prieto. En época elec­toral, Prieto realizó publi­caciones en las que mos­traba, por ejemplo, cómo su “amigo” mandó plotear su camioneta con propaganda de la lista 123 y la entregó con tanque lleno para los recorridos.

Ese aporte fue bien recom­pensado por la administra­ción de Prieto. Es que entre 2022 y 2024, la firma MB Constructora, unipersonal de Elvio Mareco, recibió un total de nueve contra­tos con la Municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con varias denun­cias, la firma estaría ligada también a Valeria Romero, concejal esteña, expareja y aliada política de Miguel Prieto.

De acuerdo con los datos de la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Mareco no tiene contratos con ninguna otra institución pública que no sea la comuna alto­paranaense.

En total, siempre según la web de la DNCP, MB Cons­tructora recibió contra­tos por más de G. 14.571 millones, equivales a unos USD 1,8 millones. Esto en apenas dos años y todos bajo la administración de Prieto.

Dos de los últimos con­tratos recibidos por la empresa de Mareco fue­ron entregados en diciem­bre pasado y en apenas cua­tro días. El primero fue firmado el 9 de diciembre y fue por más de G. 1.022 millones; mientras que el último fue firmado el 13 de diciembre y es por más de G. 1.183 millones.

El primer contrato, el del 9 de diciembre, fue firmado en el marco de la licitación con el ID 441.307 y publi­cada con el título “Repa­ración y construcción de empedrado en distintos puntos de la ciudad”.

La licitación fue publicada el 27 de noviembre pasado y el 9 de diciembre, ape­nas ocho días hábiles des­pués, la comuna ya había emitido los códigos de con­tratación. Entre las firmas adjudicadas aparecieron SCDE SA, una discoteca convertida en construc­tora, y la unipersonal de Elvio Mareco Barrientos, vecino, amigo y aportante del intendente Prieto.

SCDE SA fue adjudicada con G. 882 millones, mien­tras que Mareco Barrien­tos recibió un contrato de más de G. 1.022 millones.

El segundo contrato se trata de una licitación que adjudicó G. 1.183.439.826 para la construcción de 24 lomadas en inmedia­ciones de colegios y hos­pitales de Ciudad del Este. Haciendo el cálculo rápido ya se puede percibir que, con casi G. 50 millones de promedio por lomada, hay una notoria sobrefactu­ración. Pero haciendo el desglose todavía se pue­den encontrar precios aún más extraños por lo que a todas luces pareciera ser otra licitación amañada y sobrefacturada del inten­dente Miguel Prieto.

Entre los precios que apa­recen para la construcción de distintas lomadas en la ciudad, algunos números llaman poderosamente la atención, como la lomada frente al colegio Soldado Paraguayo, del barrio Don Bosco, a un precio de G. 86.688.546, o frente al Centro Regional de Educa­ción, por G. 95.419.998. La lomada frente a la escuela Augusto Roa Bastos, del Área 1, tendrá un costo de G. 62.628.537. Frente a la escuela Gerardo Aguina­galde, G. 76.191.245.

Frente a la Fundación Tesãi, avenida Bernardino Caba­llero, costará G. 51.162.193, mientras que en la escuela Carlos Barreto, del barrio Ciudad Nueva, se pagarán G. 60.908.714.

La lomada más “barata” costará G. 29.888.117, y estará construida en la zona de la Escuela San Blas, 354, la conocida como Escuela Guasu.