Ciudad del Este. Agencia Regional.

El viernes 29 de noviembre, la ciudad de San Cristóbal, al suroeste de Alto Paraná, celebrará 40 años de haberse elevado a la categoría de distrito. La próxima adjudicación de la obra para el asfalto que la une con Juan E. O´Leary es considerada como un regalo de cumpleaños, según el intendente Valcir Pelizza, consultado por La Nación/Nación Media.

El 20 de noviembre se realizó la apertura de sobres en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de la licitación realizada para varias obras en tres departamentos, entre ellas el tramo de 62 kilómetros que une O´Leary con San Cristóbal. Serán tres lotes a ser adjudicados para el citado tramo.

“Tendremos un festejo especial porque se está haciendo realidad una obra esperada por décadas por la población, solo falta la adjudicación. Creemos que entre marzo o abril del próximo año se iniciará la construcción”, refirió el jefe comunal, teniendo en cuenta los plazos requeridos entre adjudicación, firma de contrato y orden de inicio de obras.

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“San Cristóbal estará viviendo un cambio vial muy importante con las obras anunciadas porque, en breve, se harán más licitaciones de rutas que beneficiarán al municipio; el desarrollo económico que traerá consigo esas nuevas rutas será de gran impacto”, sostuvo el intendente Valcir Pelizza.

La otra obra a la que se refirió es la ampliación de la Ruta PY10 desde el cruce Naranjal a San Cristóbal, que ahora se extenderá hasta Paso Yobái, de aproximadamente 80 kilómetros. Dicha vía unirá los departamentos de Alto Paraná, Caazapá y Guairá y sería licitada a inicios del próximo año.

“Con el asfalto a O´Leary que nos conecta a la Ruta PY02, más la extensión de la Ruta PY10, San Cristóbal quedará dentro de un eje vial muy importante que nos permitirá un crecimiento en inversiones”, sostuvo el jefe comunal.

El asfalto O´Leary/San Cristóbal es parte del paquete de obras de la Licitación Pública Nacional N.º 87/2024 para la rehabilitación y pavimentación asfáltica de 127,7 kilómetros de tramos camineros que beneficiarán a más de 90.000 personas en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá, según anunció en su momento el MOPC.

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Hasta ahora, un impune Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arrastra una serie de denuncias. Las últimas fueron con relación a empresas ligadas a funcionarios leales al intendente que fueron beneficiados con contratos con la comuna esteña por más de G. 14.000 millones. Entre las empresas beneficiadas aparecen un club nocturno convertido en constructora y una firma que debía proveer kits de alimentos que nunca llegaron en plena pandemia.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, hace alarde de adornos navi­deños, su gestión al frente de la comuna sigue sumando irregularidades. Curiosa­mente, ante estos hechos algunos sectores políticos y de la prensa deciden hacer la vista gorda. Un claro ejem­plo son los contratos que la comuna repartió entre los leales al jefe comunal.

Más de G. 14.000 millones en contratos con la Municipali­dad de Ciudad del Este fue­ron entregadas a empresas y oenegés ligadas a funcionarios de la comuna altoparanaense que son cercanos al intendente local, Miguel Prieto.

Ciudad del Este vive uno de los episodios más polémicos en la gestión pública reciente, con denuncias de irregulari­dades que involucran millones de guaraníes. Desde la entrega de fondos para ollas popula­res en plena pandemia hasta el protagonismo de empresas y funcionarios municipales en licitaciones millonarias, el caso tiene ribetes dignos de una novela de Gabriel García Márquez.

Las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo apuntan a una red que habría operado al inte­rior de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el director de la Secreta­ría de la Vivienda, Juan Qui­roga Cañete, y la funcionaria Lumma Silva Battochi. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de fondos destinados a subcomisiones que organiza­ban ollas populares durante los meses más duros de la pan­demia de covid-19.

En 2020, ambas subcomisio­nes recibieron G. 311 millones de la comuna para supues­tamente repartir alimentos entre familias vulnerables. Sin embargo, los documen­tos presentados para justi­ficar estos desembolsos han sido fuertemente cuestio­nados. Las comisiones lide­radas por Quiroga Cañete y Silva Battochi solicitaron el reconocimiento municipal y el desembolso de los fondos el 30 de diciembre de 2020. Sorprendentemente, todo el proceso, incluyendo el pago a proveedores, se realizó en menos de 24 horas.

Ambas subcomisiones emi­tieron facturas a nombre de la empresa FASV Import Export, que declaró la entrega de insumos como carne, arroz, fideos y aceite. Sin embargo, las facturas no detallan las marcas de los productos ni los lugares donde fueron entre­gados. Más preocupante aún, no existe evidencia concreta sobre cómo se distribuyeron los insumos, lo que genera sos­pechas sobre la transparencia de las operaciones.

La denuncia no termina allí. Lumma Silva Battochi no solo es funcionaria munici­pal, sino también accionista de SCDE SA, una empresa constructora que antes operaba como club noc­turno bajo el nombre Gol­den Rouge SA Silva Battochi ingresó como accionista en marzo de 2021, aportando G. 320 millones, una cifra que contrasta radicalmente con su salario como contratada municipal, que asciende a G. 3.350.000 mensuales.

Desde 2020, SCDE ha fir­mado 8 contratos con institu­ciones públicas, 7 de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un valor total de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos a los fondos recibidos por las subcomi­siones, el clan Quiroga-Silva habría manejado más de G. 11.000 millones en menos de tres años.

El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisi­ción de cestas básicas por G. 2.949 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están pro­cesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la munici­palidad. Según la Fiscalía, Flo­rentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.

La firma Tía Chela SRL, adju­dicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas fal­sas emitidas por Vanemi SA, empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficti­cias totalizaron G. 692 millo­nes, parte de un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexis­tentes, que emitieron factu­ras para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se mane­jaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pan­demia en Ciudad del Este.

Las investigaciones actuales revelan una serie de incon­sistencias en el manejo de los fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. Tanto los casos rela­cionados con las ollas popu­lares como con las cestas básicas destacan por la falta de documentación clara y la rapidez sospechosa con que se realizaron los desembolsos.

En el caso de las subcomisio­nes, no se ha presentado evi­dencia que confirme el uso correcto de los G. 311 millo­nes desembolsados, mientras que los contratos otorgados a SCDE han despertado dudas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo.

Por su parte, la trama de las cestas básicas, en la que figura Emili Vanessa Floren­tín Páez como protagonista, pone en evidencia el uso de facturas falsas y empresas de fachada para desviar recur­sos públicos. La Fiscalía con­tinúa con las imputaciones contra los responsables de estos hechos, que afectan gravemente la credibilidad de la gestión municipal.

En total, las irregularidades detectadas en estos casos suman más de G. 14.000 millones, recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable en un momento crítico. Sin embargo, estos fondos parecen haberse des­viado hacia intereses parti­culares, dejando a Ciudad del Este con más preguntas que respuestas.

La República Argentina lanzó una licitación para operar en la hidrovía Paraná-Paraguay el tramo de Santa Fe-Océano. Desde la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) advirtieron que esto podría tener repercusiones para los buques de nuestro país, puesto que se estima que el costo podría ser mayor.

“Puede tener influencia y la experiencia nos indica que cuando está en manos privadas, siempre el costo es un poco o mucho mayor. No quiero arriesgar una opinión porque desconozco los detalles, pero sí existe un riesgo, nos va a afectar que sean mayores los peajes, aunque sean mínimos porque siempre representa un costo más”, expresó Julio César Vera, presidente de la ANNP.

El titular de la institución explicó al programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970-AM-GEN/Nación Media, que por más de 30 años el mencionado tramo se ha licitado y estuvo en manos del sector privado. El último contrato feneció durante el gobierno de Alberto Fernández, quien una vez finalizado el contrato con la empresa, decidió que la explotación quede en manos del Estado.

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“Ahora, con Javier Milei se derogó el decreto e hizo desaparecer el Consejo que administraba ese tramo y retomó nuevamente la alianza público privada, por lo que se vuelve a licitar. Ignoro cuál va ser el resultado de esta licitación, pero eso no es nuevo, siempre ellos cobraron peaje en ese tramo hasta donde llegan los buques de ultramar, en el tramo Confluencia ya no llegan esos buques”, detalló.

Asimismo, en cuanto al tramo Confluencia-Santa Fe, recordó que actualmente existe un acuerdo en torno a la tarifa, la cual se fijó en USD 1,20 por tonelada neta registro de carga, el que rige desde el pasado 1 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2025. Vera mencionó que está pendiente una reunión de la Comisión Técnica, de modo a volver a revisar dicha tasa.

“La Comisión Técnica ya está conformada, pero aún no se han reunido, estamos viendo la experiencia con relación a las nuevas tasas y la tarea que se realiza. Cuando tengamos más datos, se va a analizar y naturalmente la decisión de esa comisión con los representantes del Estado argentino, seguramente van a definir la aplicación de un nuevo costo de peaje a partir del 1 de marzo del 2025, que puede ser mayor o menor incluso”, refirió.

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En el marco de la jornada de Gobierno que se desarrolla en la ciudad de Concepción, el presidente de la República Santiago Peña, acompañado de su equipo realizó entregas y acuerdos para el desarrollo del primer departamento del país. En ese sentido, en el ámbito de la salud, el gobierno destacó la creación del Centro Regulador de Ambulancias del Norte (CRANOR) y la mejora de infraestructura sanitaria.

Aprovechando su visita, el jefe de Estado confirmó que el 30 de noviembre se subirá al portal de Contrataciones de la Itaipú Binacional, la licitación para edificar el Gran Hospital de Concepción. Estimó que el contrato se firmará el 28 de febrero, mientras que en marzo se estarían iniciando las tareas de construcción.

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El jefe de Estado, recordó que la mega obra será una realidad gracias a los recursos provenientes de la renegociación de la tarifa energética de Itaipú.

El Hospital tendrá más de 160 camas y todas las especialidades para evitar que los pobladores tengan que trasladarse a Asunción en busca de atención médica. “Con ello, el Gobierno ratifica el compromiso de ampliar la cobertura médica en el primer departamento del país”, sentenció Peña.

Por otra parte, el jefe de Estado acompañó a la ministra de Salud María Teresa Barán en la inauguración de un consultorio odontológico inclusivo y se brindó apoyo a nuevas familias beneficiarias del programa Tekoporã Mbarete. Cada acción refleja el compromiso del Gobierno del Paraguay con el bienestar y progreso de Concepción, afirmaron.

La jornada de Gobierno, también fue propicia para la entrega de becas, dispositivos tecnolólgicos y equipamientos esenciales para las instituciones educativas, destinados a miles de niños y jóvenes que servirá de motivación para su educación.

Igualmente, los microemprendedores fueron beneficiados con la entrega de un gran impulso con capital semilla, créditos productivos y subsidios para pescadores, fomentando el crecimiento y el empleo local.

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