La agente fiscal Liliana Alcaraz, designada para la titularidad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que entre sus primeras acciones dentro de la cartera estatal se encuentra retornar la confidencialidad en el manejo de las informaciones. De acuerdo a las denuncias, el gobierno de Mario Abdo Benítez utilizó la institución como garrote político contra sus adversarios.
“Todo lo que tenga que ver con inteligencia debe ser manejada con una absoluta confidencialidad y voy a tomar las medidas al respecto. Para mí la confidencialidad de los funcionarios es un tema sumamente importante y bueno vamos a someterlos a un periodo de evaluación en los primeros tiempos de mi gestión”, dijo al programa “Así son las cosas” emitido por la radio Universo 970 AM/Nación Media.
Un trabajo investigativo realizado por los periodistas Jorge Torres y Cinthia Mora para el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, luego de la “denuncia” del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra el exmandatario Horacio Cartes, coincidentemente, saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada en ese entonces por Carlos Arregui era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno.
Al respecto, la viceministra Carmen Pereira figura como la principal operadora que ordenaba la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos de la institución, ya que ni siquiera se habían generado reportes sospechosos ni solicitudes de instituciones como la Fiscalía o la Contraloría General de la República.
Pese a los escándalos por las filtraciones, la Seprelad nunca aplicó un protocolo, ignorando totalmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Varios legisladores no afines al gobierno de Abdo Benítez habían sostenido que desde la institución se concretó no solo persecuciones políticas, sino también terrorismo financiero y de Estado.
”La Seprelad es un órgano de inteligencia que recibe los reportes de operaciones sospechosas de manera diaria y elabora informes de inteligencia que posteriormente son remitidos al Ministerio Público, para que el órgano representante de la sociedad actúe en consecuencia si es que amerita el informe correspondiente”, indicó.
Transición
Por otra parte, afirmó que cumplirá por una semana más sus funciones dentro de la Fiscalía para luego inmiscuirse en el proceso de transición. Detalló también que ya se puso en contacto con el actual titular de la Seprelad, René Fernández.
“Permaneceré hasta los primeros días de agosto, luego tengo que presentar mi renuncia al cargo de fiscal ante la Corte Suprema de Justicia ya que es el poder que designa a los fiscales a propuesta de la terna del Consejo de la Magistratura”, añadió.
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Casas de cambio buscan mecanismo para legitimar operaciones de los cambistas
Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de las casas de cambio, por ello incluso analizan la posibilidad de pasar a operar en el mercado de divisas como un Banco de Cambio.
En comunicación con el diario La Nación Nación Media, el presidente de la ACCP, Gregorio Mayor, explicó que la Ley 2794/2005 de Casas de Cambio, en la que se contempla por un lado las casas de cambio que están estructuradas y formalizadas, supervizadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), ya que son sujetos obligados de la Ley 1.015 sobre Lavados de Activos.
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También indicó que la legislación del 2005, incluye además a los “corredores de cambio”, que es el cambista de la calle, que también dice la ley deberían ser supervisados por el BCP, situación que no se cumple en la realidad.
Dijo que la Ley exige que el cambista cuente con un registro para operar en la vía pública, el cual tiene validez de un año. Mencionó que hasta hace poco, antes que ocurriera el asalto a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este, en el registro del BCP solo figuraban 11 registros.
“En el año 2019, el BCP, en forma conjunta con la Policía Nacional y la Sedeco, realizaron un censo de corredores de cambio, en ese tiempo se identificaron a unos 900 cambistas que operaban a nivel país. Después de la pandemia, conforme a los datos que accedimos como asociación, pudimos analizar la cifra subió y está entre los mil y mil cien cambistas o corredores de cambio”, precisó.
Estigma de casas de cambio
Mencionó además que la Ley 2794 establece que los corredores de cambios tienen autorizados por Ley, a operar hasta 10.000 dólares por día. Lamentó que el registro del BCP prácticamente no existe, incluso despues del atraco a la bóbeda se dio de baja de la web del BCP el listado de registros, de corredores de cambio que solo figuraban 11 cambistas.
“El problema es que por un lado estamos nosotros, el sector formalizado y por otro lado, está este sector informal; y el riesgo está que cualquier persona, como se dio con la exministra Cecilia Pérez, del gobierno de Mario Abdo, salga a decir que las casas de cambio son el talón de aquiles del sistema financiero, porque supuestamente, nosotros hacemos operaciones que no realizan los bancos, ni financieras y hacemos con mucha opacidad, dicho de una forma menos elegante, nos acusó de operar de manera ilegal” cuestionó.
A esta situación, recordó que en el caso de los audios filtrados del extitular de la Senad y exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y su mano derecha Zully Rolón que también fue titular de la Senado. Indicó que entre esos audios filtrados, también se señaló a las casas de cambio como posibles lugares para el lavado de dinero.
Propuestas de soluciones
“Vemos que continúa el estigma sobre las casas de cambio que operamos de manera legal, por eso, como asociación impulsamos varias tareas. Por un lado, trabajamos en un anteproyecto para la modificación de la Ley, donde ya no queremos llamarnos casas de cambio, sino pasar a ser Banco de Cambio o empresa del sistema cambiario”, indicó.
Mencionó que la idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas. “Queremos separarnos de ellos, porque operan dentro del mercado informal, no registran sus operaciones, no identifican con quién están operando, no identifican los fondos que ellos utilizan. La ley habla que solo pueden operar hasta 10.000 dólares, pero la noticia de lo que fue el robo a la bóveda de los cambistas dan cuenta de otra cosa”, explicó.
Este anteproyecto por ahora se está trabajando en el borrador, que será puesto a consideración de todas las casas de cambio del país, así como presentar al BCP, a la Seprelad, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez y consensuado administrativamente se estaría elevando al Congreso Nacional para su estudio.
LAS CLAVES
- La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas y dejar de lado la imagen negativa.
- El gremio trabaja en varias propuestas para que los cambistas operen de manera legal bajo el control del BCP
- La ley actual obliga al cambista a contar con registro para operar en las calles, pero de los mil corredores de cambio, solo 11 cuentan con registro.
- La idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas
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El PDP fue cómplice de las atrocidades cometidas por Mario Abdo Benítez
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas. De lo contrario, el Partido Democrático Progresista (PDP), propiedad del matrimonio conformado por la exsenadora Desirée Masi (2018-2023) y el actual senador Rafael Filizzola (2023-2028), sería inimputable ante cualquier hecho que agravia la integridad, la rectitud y la ética pública. Incurrir en sus antónimos como deformaciones del comportamiento humano no puede quedar socialmente impune por la intrascendencia de una organización, tanto numéricamente como para formar opinión ciudadana. Parecería que es un contrasentido, por tanto, ocuparnos de su escuálida existencia institucional.
Pero, por lo dicho en las primeras líneas, no es así. No puede escurrirse tan fácilmente del grado de participación que tuvo con el gobierno de Mario Abdo Benítez, signado por la corrupción más alevosa y la improvisación más grosera en cargos que demandan competencia, autonomía moral y responsabilidad por los resultados. Durante esos cinco años que duró la administración del hijo de quien fuera secretario privado de la dictadura más sangrienta que padeció nuestro país, la del general Alfredo Stroessner, los dos nombrados más arriba mantuvieron un conveniente y pusilánime silencio. Pero hoy reaparecieron como los más furibundos denostadores en contra de la administración de Santiago Peña. Todo cuanto digan carece de credibilidad. Han perdido los escasos créditos que tenían ante la ciudadanía. Fueron parte del engranaje de la corrupción montado durante el periodo de Abdo Benítez, en que hubo saqueos en varios ministerios y en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Se convirtió al Estado en el trapo de repasar de sus cocinas.
Con razón solemos decir que la doctora Desirée Masi fue la verdadera dama consorte del poder. Nuestra calificación se ajusta estrictamente a ese ámbito, para evitar interpretaciones erradas. Antes que gobernar con la asociación política que le llevó al poder, la Asociación Nacional Republicana (ANR), Marito prefirió un espurio concubinato con el Partido Democrático Progresista. Decimos espurio porque personas ligadas al PDP ocuparon lugares estratégicos en el gobierno de Abdo Benítez y, desde adentro, cual caballo de Troya, buscaban minar cualquier chance electoral que tuviera a futuro el Partido Colorado.
Y aun así seguían en sus puestos, lo que evidencia la traición contumaz del exmandatario. La antigua luchadora –en su época de universitaria– contra la dictadura decidió aliarse con uno de los herederos natos de esa época de crueldad y de terror. Se podría alegar que él (Marito) no tuvo responsabilidad a razón de su edad, pero no podemos hacerlo porque en cada acto oficial reivindicó la figura y las “obras” de su “único líder”, el déspota que aplastó la libertad y la dignidad de los paraguayos y paraguayas que tenían una actitud contestataria a su régimen. Torturas, exilios, asesinatos y desapariciones forzosas fue el saldo trágico de aquella nefasta época. Pero a la entonces senadora no le importó ese pasado de infortunio, sino su bienestar del presente.
Desirée Masi logró ubicar a Arnaldo Giuzzio en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, luego, pasó a ocupar el cargo de ministro del Interior, hasta que fue destituido en febrero de 2022 a raíz de su demostrada relación con uno de los pesos pesados del crimen organizado internacional: el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Carlos Adolfo Arregui fue nombrado, en el 2018, asesor del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en las áreas de Transparencia e Integridad. Posteriormente saltó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y, finalmente, pasó a integrar el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 7 de setiembre de 2022. Ese mismo día, René Fernández ocupó dicho cargo, dejando vacante el de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Estos tres personajes formaron parte de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, a raíz de las denuncias de corrupción de nuestro diario y de algunos parlamentarios de la oposición, pero llegaron a la conclusión de que no “hubo daño patrimonial”.
Y como corolario “feliz” de este deshonroso amancebamiento político, Rafael Filizzola fue contratado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en enero de 2020, como asesor jurídico externo para el Programa de la Transformación del Sistema Educativo, cuando que, como apuntó acertadamente un diario colega, el MEC tenía 1.500 abogados en la institución, por lo que uno o dos, al menos, podrían haber realizado dicho trabajo. Pero no. Había que premiar a los aliados leales, como el PDP y sus dueños exclusivos. Lo más simpático es que la exsenadora ahora cuestiona hasta la frecuencia de respiración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), llegando a la conclusión de que la política de ahora es “vean por su cuenta” y “sálvense quienes puedan”.
Y, de paso, siguió demostrando amor y cariño hacia el gobierno más corrupto de la transición democrática, pues, en aquella época, según ella, se “emitían alertas, hacían conferencias de prensa, se reforzaron los servicios, insumos básicos…”. ¡Pero hay que ser caradura! Se tragaron 1.600 millones de dólares, hicieron negociados con los alimentos que eran proveídos por Yacyretá a los centros de aislamiento, no había insumos, ni camas para terapia, ni oxígeno. Hubo, en cambio, 20.000 muertos por la angurria y la miserabilidad de unos cuantos. Pero todos tienen derecho a reivindicarse. Tal vez su marido, desde la Cámara de Senadores, pueda ahora exigir una profunda investigación sobre cuánto se ha robado entonces a nombre de la pandemia provocada por el covid. O, incluso, puede hacerlo la misma exparlamentaria, utilizando sus redes sociales, donde sigue demostrando su activa fidelidad a Mario Abdo Benítez. Pero nadie escapa al largo brazo de la justicia.
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“Seprelad fue utilizada como garrote político”, afirma senador Zacarías
El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. El legislador sostuvo que no existe ninguna duda de que los fines de esa secretaría eran meramente atacar políticamente a algunos sectores.
“Seprelad fue utilizada para un garrote político, no existe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y se tienen que ir presas las personas que estuvieron manejando la Seprelad”, manifestó en entrevista a la 1020 AM.
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Agregó que incluso él fue una de las víctimas de los ataques y del garrote de la Seprelad en su momento, con persecuciones en su contra, por lo que puede confirmar el esquema que se llevó adelante desde esa institución del Estado.
“Soy testigo del tema de la Seprelad y compañía, era manejada políticamente. Por esta casa (su vivienda) Seprelad hizo un informe en mi contra de que yo pagué, si mal no recuerdo, 8 mil millones de guaraníes cuando esta casa es herencia de mi papá y de mi mamá y yo pagué cero guaraníes. Esta era la casa de mi mamá y de mi papá”, señaló.
Apuntó a María Epifania González, exministra de Seprelad y mamá de Joselo Rodríguez (envuelto en el polémico hecho del acta bilateral), como la que inició la persecución y los ataques con tinte político, que luego continuaron con René Fernández. “Ella fue la que empezó toda esta persecución y continuó después René Fernández”, sentenció.
Así también, afirmó que todo el esquema fue por órdenes del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. “Claro que había órdenes, lógico, no hay ninguna duda”, puntualizó el parlamentario.
Llamadas a Sandra Quiñonez
En otro momento, el senador Zacarías señaló que las llamadas de “apriete” del entonces presidente Abdo no se limitaba a la Seprelad, sino que también en varias ocasiones llamó a presionar a la exfiscal General del Estado Sandra Quiñonez exigiéndole que el Ministerio Público lo imputara.
“Pregúnteles a las personas de alta jerarquía de la administración de la Fiscalía de ese entonces, y les van a certificar lo que yo les digo”, aseguró el legislador al hablar del tema.
Ratificó que el propio Mario Abdo era el que llamaba a la exfiscal Quiñonez “y le decía: ¿Qué esperas que no le imputas? Yo hablaba muy poco con él, claro que le encaré, le dije todo eso, él por supuesto no va a admitir nunca, pero yo no soy burro ni tonto”, sostuvo Zacarías Irún.
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¿Quién es Giuzzio?: hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico
El levantamiento de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño (hecho que le costó el cargo en el Ministerio del Interior), la utilización de equipos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de manera irregular son apenas algunos de los hechos que hablan de Arnaldo Giuzzio. Repasamos uno por uno los detalles de cada caso.
De agente fiscal de casos inconclusos, pasó a ser senador del Partido Democrático Progresista (PDP), posteriormente fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto del 2018 por el entonces mandatario Mario Abdo Benítez y luego designado ministro del Interior el 22 de enero del 2021, cargo del que fue destituido el 22 de febrero del 2022 por sus vínculos narcos.
Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial de hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico, situaciones que permitieron el auge del flagelo en el país, según publicó el portal hoy.com.py.
En mayo del 2020 por Resolución n.º 142 el entonces ministro antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puertos privados y del control del tránsito fluvial.
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Las drogas salían de Paraguay en cantidades cada vez mayores: 3.400 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica: 2.065 kilos el 18 de enero del 2021 en España, también en paquetes de carbón vegetal, 16.174 kilos fueron incautados en Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021, 10.964 kilos se decomisaron en Bélgica el 2 de abril del 202, 697 kilos en Lisboa en una carga de maíz el 19 de octubre del 2021, 4.178 kilos cayeron en Holanda en una carga de soja el 31 de octubre del 2021, 540 kilos en España el 28 de abril del 2022, 5.170 kilos el 12 de junio del 2022, por citar algunos casos.
Equipos de inteligencia
Giuzzio tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad de manera irregular. Los entregó a un agente especial de la Senad, según lo confirmó el funcionario en su informe entregado a la entonces ministra Zully Rollón. Este hombre, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba información al narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad, de los cuales lograba zafar gracias a estas informaciones de primera mano.
La evidencia se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Camioneta prestada por narco
Ya como ministro del Interior, Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club, localizado en la ciudad de Hernandarias.
En un inicio Giuzzio sostuvo que alquiló la camioneta y argumentó que en Paraguay “no había información sobre Vinicius y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombu, desmintió al ministro del Interior sobre el arrendamiento del rodado y señaló que fue prestado sin costo alguno.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado.
Incluso en la acusación presentada por el Ministerio Público contra Giuzzio, se sostiene que el exalto funcionario de Estado mantenía “una llamativa cercanía” con Vinicius. Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior el 22 de febrero del 2022.
Sede regional costeada por fantasmas
La Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, inaugurada el 15 de diciembre del 2022 por Zully Rolón, tuvo un costo de G. 500 millones, pero no hubo licitación registrada en Contrataciones Públicas ni información sobre el origen de los fondos económicos.
Una sola imputación
A pesar de esta cadena de hechos, una sola carpeta fiscal está abierta. El pasado 16 de agosto, los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio solicitaron juicio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.
Informe internacional
Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Mario Abdo y con Giuzzio al frente, el Paraguay se ha convertido en apenas 2 años en el cuarto país con la mayor presencia del crimen organizado, según un informe internacional emitido a finales del pasado año. La lista de las naciones que poseen una fuerte presencia del flagelo es encabezada por Birmania, seguida por Colombia y México.
El informe internacional proviene de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, consistente en un conjunto de profesionales que trabajan en primera línea de la lucha en contra de la economía criminal y los actores que la alimentan. A través de una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal.
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