El presidente de Dipu­tados, Raúl Latorre, resaltó ayer la media sanción que tuvo en la Cámara Alta el proyecto de ley de la Función Pública y Servicio Civil, que plantea reglamen­tar el sistema de trabajo de los funcionarios públicos.

“Nosotros entendemos que el Servicio Civil es una ley paradigmática, entendemos el espíritu del Poder Ejecutivo que es el de generar un mejor ordenamiento con respecto a la gestión del talento humano en la República del Paraguay”, indicó Latorre.

Sobre el tratamiento de la ley por la Cámara de Diputa­dos, Latorre manifestó que oportunamente plantearán el tema en la mesa directiva y allí se decidirá el momento para considerar la normativa.

Mientras el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que esta ley debe ser revisada ya que fue atacada por varias ins­tituciones que alegan incons­titucionalidad.

“A partir de lo aprobado ayer vamos a revisar. A priori lo que hay que modificar es la ley actual de la Función Pública “, señaló el diputado.

El proyecto de ley de la Fun­ción Pública y Servicio Civil es una propuesta del Poder Eje­cutivo y que durante su tra­tamiento parlamentario tuvo algunas modificaciones por parte de los senadores.

En principio la normativa excluye a los poderes Judi­cial y Legislativo, pero desde el Congreso aseguran que opor­tunamente se establecerán la reglamentaciones que tam­bién regirán para los funcio­narios de estos poderes del Estado.

El proyecto de ley esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También con­templa el periodo de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabi­lidad laboral.

En cuanto a los empleados contratados se prevé un régimen especial que garan­tiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la segu­ridad social, conforme al presupuesto vigente.

Para los directivos públi­cos, el proyecto establece que serán seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Y otros varios beneficios para los funcio­narios del Estado, según los senadores que votaron a favor de la ley.

Sectores de la oposición afirman que la Ley del Servicio Civil “es un gran avance”.

El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo, se refi­rió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcio­nariado público, princi­palmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas impor­tantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, sola­mente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Dipu­tados para su estudio esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior esta­bilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estruc­turales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estruc­tura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los emplea­dos contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presu­puesto vigente.

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que “sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social”, con lo cual pretende cambiar varios artículos de la Carta Orgánica de la previsional. Entre esas modificaciones se plantea las condiciones para la jubilación en el IPS, entre ellas un nuevo método para el cálculo de los haberes jubilatorios.

Al respecto, el presidente del IPS, Jorge Brítez, explicó este jueves que el cambio del cálculo jubilatorio para el asegurado de la previsional beneficiará a la Caja del ente y para la atención del asegurado. Indicó que busca que los aportantes sinceren sus aportes; para ello, plantean que el cálculo se realice conforme a los 10 últimos años, es decir, 120 últimos meses de aportes y ya no conforme a los 36 últimos meses (tres años) de aportes.

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“De tal forma, que la gente se sincere en sus aporres mensuales. Hoy lo que ocurre es que el 80 % de los asegurados que están aportando con base al salario mínimo, pero llegado los 3 años antes de jubilarse comienzan a aportar sobre su salario real y entonces se produce un desfasaje en los aportes jubilatorios, porque cuando se jubilan lo hacen por dos o tres salarios mínimos, esto ocurre porque no hay sinceridad en los aportes”, explicó.

Asimismo, el doctor Brítez indicó que se está solicitando que el 2,5 % del aporte que hace el IPS, distribuidos entre 1,5 % Ministerio de Salud Pública y el 1 % al SNPP, que son aportes genuinos de los asegurados, queden en la institución, teniendo en cuenta la situación crítica en la que se encuentra la previsional. “Es una de las alternativas que hemos analizado para recaudar más, con eso se estaría recaudando unos 100 millones de guaraníes o más”, precisó.

El titular del IPS aseguró que desde que asumieron la administración de la previsional han venido trabajando sobre estas ideas con la administración central, trabajando más de un año en este tema. Indicó que la gente de cálculos actuariales han estado trabajando a fondo en esto, realizando los cálculos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual hizo los análisis correspondientes.

“Se logró llegar a un cálculo promedio y equitativo, en el que prácticamente se concluyó que será lo mismo, pero que sincerando los aportes, se logrará mejorar incluso la recaudación que tendrá el IPS, porque se sincerarán los aportes mucho antes de los salarios de los asegurados”, indicó.

Asimismo, aseguró que el cálculo para la jubilación se hará conforme al salario mínimo vigente al momento de su jubilación.

“No va haber ninguna pérdida, porque el cálculo se va hacer 7/3, es decir, se hace en base a los 3 últimos años se va promediar el salario, pero se toma 7 años antes para tomar en cuenta el aporte. Según los cálculos que hicimos nosotros, e igualmente el Ministerio de Economía, prácticamente el cálculo es el mismo. El que está aportando sobre salario mínimo, se va jubilar con el salario mínimo actual”, concluyó.

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Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos con­tra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.

“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.

La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.

“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.

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Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hema­to-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.

Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.

La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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Miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Blas Antonio Dubrez, explicó que previo a la presentación del proyecto de ley de la “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” ante el Congreso han participado de todos los espacios de análisis dando un profundo estudio del documento y participado de todas las audiencias públicas que han convocado los senadores durante su estudio en las respectivas comisiones.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, mencionó que este estudio también se llevó a cabo con los diferentes gremios y sindicatos de la función pública, con quienes analizaron los puntos que generaban mayor preocupación. Todos esos puntos fueron presentados a los parlamentarios, asegurando que todo lo planteado se ajusta a las leyes vigentes y convenios internacionales.

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“Hay que entender que dentro de un análisis en toda la extensión de la Ley en sí, es beneficiosa; por ello, no es que haya muchas dudas al respecto. Porque enfoca dos aspectos fundamentales: la función pública por un lado, y la carrera del servicio civil por otro. Están muy bien marcadas, como se diría, la cancha en lo que hace a las promociones o el ingreso. Incluso se ha peleado por el tema de concursos para que se hagan de manera transparente, controlada y con participación de los sindicatos para que acompañen el proceso”, explicó.

Mencionó, además, que el proyecto de ley contempla lo relativo a la idoneidad de la persona desde el punto de vista profesional, que es lo que se busca: que el funcionario público se profesionalice. Esta ley permitirá jerarquizar y profesionalizar a los funcionarios públicos del Paraguay.

Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo, mediante el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que establece el mecanismo de ingreso a la función pública, la estabilidad laboral, las designaciones y la búsqueda de mayor eficiencia.

Tras su análisis en las respectivas comisiones asesoras, de las cuales también participaron los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la ANR, este miércoles la Cámara de Senadores tiene previsto analizarlo durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo esta tarde.

Al respecto, Dubrez dijo que este proyecto de ley tuvo un amplio análisis incluso antes de que se presentara finalmente el proyecto al Congreso.

“No se puede poner en tela de juicio la discusión, el análisis y los llamados que se hicieron a los distintos gremios sindicales y gremiales. En eso, creo que no hay duda de que hubo una gran apertura por parte del Gobierno nacional, que estuvo abierto a escuchar a todos. Más aún en las audiencias públicas, donde fueron escuchados todos los puntos cuestionados”, indicó.

Finalmente, señaló que espera que en la brevedad sea aprobada la ley, ya que esto va a fortalecer al Estado paraguayo.

“Lo que se pretende con esta ley es jerarquizar la función pública, profesionalizar a los compañeros y, por sobre todo, que las largas postergaciones que siempre existieron en la función pública acaben de una vez. Sería iluso decir que esta ley va a terminar con todos los problemas, pero sí será un instrumento normativo que podrá colaborar para que esto vaya subsanando las lagunas que antes había en la Ley 1626, que ya lleva 24 años de vigencia. Por eso, creemos que será satisfactorio para el país”, concluyó.

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