“No todo lo que brilla es oro, es una propuesta que se hace tal vez con buena intención, pero sin socializar, entonces es muy peligroso”, dijo el experto en empleo Enrique López Arce tras expresar su rechazo a la iniciativa que plantea reducir la carga horaria laboral en el sector privado. Agregó que de prosperar el proyecto se correrá el riesgo de que se genere un aumento en los costos de servicios y productos, así como el cierre de pequeñas empresas.

¿Se le preguntó al sector empresarial, trabajador, al Gobierno que tiene una mesa de reforma laboral en este momento, a los senadores o diputados? La respuesta es no. Este proyecto de ley se hizo entre cuatro paredes. Presentar una iniciativa de esta manera es completamente inviable sin ver el tipo de economía o mercado laboral”, manifestó en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

López Arce mencionó que el mercado laboral en Paraguay está constituido en un 90 % por las microempresas (pequeñas empresas), sector que representa un 70 % de la fuerza de trabajo. “Uno le dirá al microempresario que tendrá que pagar igual, pero se trabajará menos, este afirmará que no le cierra la ecuación laboral y se retirará. Esto significa cierre de empresas y pérdida de empleos”.

Acotó: “Cuando hablamos sobre la situación de las empresas grandes, como las industrias, supermercados, farmacias que trabajan 24 horas, al reducir a 6 horas la carga laboral, meterán a otro equipo de trabajo y esto significará menos productividad y más costos. Ese costo se trasladará al producto dándose un aumento de precios que terminará pagando el trabajador”.

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El experto mencionó que el foco debe estar en combatir la informalidad laboral, impulsar estrategias de respaldo para las microempresas y garantizar que los derechos mínimos de los trabajadores sean cumplidos. “Hay un porcentaje alto de paraguayos que no llegan ni al salario mínimo, que no tienen seguridad laboral o no se jubilarán después de tantos años de trabajo”, remarcó.

López Arce siguió argumentando que “todos los estudios del proyecto de ley presentado aplican al exterior. Los países que empezaron con este proceso de reducción laboral son más industrializados, comenzaron con proyectos locales, progresivos. El proyectista mira hacia fuera, está muy bien, pero no se pueden traer propuestas enlatadas, debemos tener iniciativas nuestras”.

El proyecto que establece las 40 horas laborales sema­nales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.

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El senador José Oviedo adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley para la modificación de la carga horaria laboral en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales. Indicó que esta propuesta estaría presentando la próxima semana para iniciar el debate con los sectores involucrados.

“Estamos elaborando todavía el proyecto de ley, recién voy a tener el texto la semana que viene, el martes o el miércoles, más o menos. Lo que buscamos es bajar de 48 horas a 40 horas a la semana, así como en el sector público, en la ley de la función pública, que ahora va a ser sustituida por la ley del servicio civil, se establecen 40 horas a la semana”, indicó en la 780 AM.

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Oviedo señaló que con esto se podría equiparar con la función pública, reduciendo el horario de trabajo, que podrían ser distribuidos de acuerdo a las disposiciones o disponibilidades de las empresas y los trabajadores.

“Sabemos que, en las instituciones públicas, en la mayoría no se trabaja 40 horas, se trabaja 36 horas, 6 horas al día. Entonces, lo que buscamos es que en el sector privado se trabaje 40 horas a la semana también, que pueden ser distribuidos de 6 horas, 40 minutos por día, de lunes a sábado o 8 horas al día de lunes a viernes”, explicó.

Por otra parte, mencionó que particularmente no cuenta con una fuerza política en el Congreso, y buscará el diálogo y el apoyo de los sectores trabajadores y sindicalistas para llevar adelante este proyecto.

“La clase trabajadora, los sindicatos, vamos a ver si los sindicatos realmente defienden a los trabajadores; este proyecto deberían agarrarlo y hacerlo suyo, espero que suceda así, voy a poner a consideración, por si se prenda la gente”, sentenció.

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El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo se refirió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas importantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, solamente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Diputados para su estudio establece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estructurales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estructura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los empleados contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presupuesto vigente.

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Para los directivos públicos, el proyecto establece que sean seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Los actuales directivos que ocupan puestos sin carácter de confianza podrán continuar en sus cargos hasta que se realicen los concursos necesarios para su cobertura.

Sobre las pasantías, el proyecto aclara que estas no crean vínculo laboral, ni permiten cubrir vacantes o reemplazar personal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será responsable de diseñar las políticas de remuneración para el servicio civil, teniendo en cuenta el impacto fiscal y la eficiencia del gasto.

“No creo que surjan muchas modificaciones en Diputados”, dijo el parlamentario con relación a su próximo estudio en la cámara revisora. A la vez abogó por la inmediata sanción y promulgación de la iniciativa.

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El proyecto consta de 148 artículos de los cuales, 45 de ellos no fueron objetados por los legisladores mientras que los restantes 103 sí presen­taron observaciones, pedidos de aclaraciones o incluso la supresión de ciertos incisos o articulados. Pese a que se realizaron modificaciones, estas no cambiaron sustan­cialmente el contenido del proyecto.

La iniciativa fue tratada en sesión extraordinaria ayer y fue extensamente debatida por los parlamentarios de la Cámara Alta, quienes coin­cidieron en la necesidad de contar con una nueva legis­lación que haga hincapié en la transparencia, en la meri­tocracia, en la necesidad de los concursos y establecer un límite para las contratacio­nes de cargos de confianza y las asesorías.

Una de las modificaciones realizadas fue en el artículo n.° 17 relacionado a los casos de nepotismo. La redac­ción del proyecto permitía la contratación de cónyu­ges, concubinos o parientes para casos excepcionales y cuando la persona cuente con una “experiencia noto­ria”. “¿Quién va a determi­nar cuando es excepcional o no?”, cuestionó la senadora Blanca Ovelar y solicitó que dicho párrafo sea eliminado.

El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, pidió alla­narse a la sugerencia de su colega y dicho artículo fue aprobada con esa modifica­ción. A pedido de Dionisio Amarilla se reconsideró y modificó el artículo n.° 52 que trata sobre las prohi­biciones generales para los funcionarios públicos, y se eliminó solo una frase.

A solicitud de la senadora Yolanda Paredes, se intro­dujo una modificación de forma en el artículo n.° 62 que guarda relación sobre los hechos que serán consi­deradas como faltas graves. Otros artículos que sufrieron de modificaciones fueron el n.° 98 y el 125 a pedido de los senadores Rafael Filizzola y Dionisio Amarilla.

El artículo n.° 127 fue revi­sado y modificado a pedido de la senadora Hermelinda Alvarenga, recomendándole a la Comisión de Estilo una redacción mejorada. El inciso b del artículo 55 quedó tes­tado a propuesta del senador liberal Ever Villalba.