Si bien las intenciones del bloque de la oposición en la Cámara de Senadores están puestas en una bancada unificada de cara al próximo periodo parlamentario, hasta el momento no ha tenido mayores avances en las diferentes reuniones que se han entablado.
En ese sentido, el senador liberal José “Pakova” Ledesma comentó a los medios de prensa que se encontraban discutiendo en el Congreso de la Nación sobre el proceso político que actualmente se viene llevando adelante por su parte como la de sus compañeros, asegurando que se encuentran firmes en desempeñar una oposición positiva en cuanto a decisiones que se planteen para el bien y el progreso del país.
“Vamos a buscar un candidato que va a buscar la presidencia del Senado, estamos instalando el debate en nuestra multibancada, luego escucharemos las ofertas de los diferentes sectores y sus candidatos”, mencionó Ledesma, al tiempo de confirmar que este martes se daría un encuentro nuevamente entre varios legisladores.
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Al ser consultado sobre la participación de los representantes del Partido Cruzada Nacional en las diferentes reuniones, el parlamentario comentó que si bien no se han dado comunicaciones extensas con los miembros de dicha organización, están invitados a ser parte de la reunión y esperan que asistan y planteen sus posturas.
El diputado José Ledesma fue consultado, además, sobre si es que ya se dieron los pedidos formales por contar con representación en espacios como la Contraloría, Defensoría pública, el Jurado y Consejo de la Magistratura, a lo que respondió que por el momento la agenda se centrará en contar con una unidad del bloque opositor y que a partir de ahí se discutirían las solicitudes de representación.
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Lula desautoriza a Francia y dice que no tiene capacidad para impedir acuerdo UE-Mercosur
Francia no tiene el poder de impedir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur porque es la Comisión Europea la que “decide” en nombre del bloque, estimó este miércoles el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
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“Si los franceses no quieren el acuerdo, ellos no deciden más nada, quien decide es la Comisión Europea”, dijo Lula durante un foro sobre industria en Brasilia.
La presidenta de la Comisión “Ursula von der Leyen tiene la potestad para sellar ese acuerdo y yo pretendo firmarlo incluso este año”, añadió.
El martes, los diputados franceses expresaron, con 484 votos contra 70, su rechazo al acuerdo comercial, en línea con la posición del gobierno del presidente Emmanuel Macron.
El Ejecutivo francés logró así un apoyo unánime del Parlamento para presionar a la Comisión Europea en la negociación, en medio de protestas de agricultores que temen competencia desleal de productos sudamericanos, especialmente brasileños.
Las declaraciones de Lula ocurren también luego de una controversia generada en Brasil por una carta publicada la semana pasada por el presidente de Carrefour, Alexandre Bompard, en la que afirmaba que la cadena de supermercados “no vendería carne del Mercosur” en Francia.
Al anuncio siguieron llamados de boicot y la suspensión por proveedores brasileños de la entrega de carne a las tiendas del grupo Carrefour en Brasil, país que representó 23 % de la facturación del gigante francés el año pasado.
El martes, Bompard pidió disculpas en una carta dirigida al ministro brasileño de Agricultura, Carlos Favaro.
“Si la comunicación de Carrefour Francia generó confusión y pudo ser interpretada como un cuestionamiento a nuestra asociación con la agricultura brasileña y una crítica a la misma, pedimos disculpas”, escribió Bompard, elogiando la “alta calidad” de la carne brasileña.
Los términos del pacto entre la Unión Europea y cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, se oponen, bajo presión de sus sectores agrícolas.
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Las discusiones sobre los avances de las negociaciones estarán sobre la mesa la semana que viene, durante una cumbre del Mercosur en Montevideo.
Fuente: AFP
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Senado aprobó con modificaciones proyecto de Tren de Cercanías
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de reforma de Tren de Cercanías durante la sesión extraordinaria de este miércoles. A través de esta iniciativa se establecen los mecanismos para la construcción y explotación de este transporte que cubrirá el tramo de Asunción-Ypacaraí.
En septiembre de 2024 se optó por desistir con el acuerdo anterior con la República de Corea y el Gobierno anunció que se procedería a convocar a una licitación abierta para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, facilitando la participación del sector privado.
De acuerdo al mensaje del Poder Ejecutivo para el Legislativo, se propone una modalidad nueva que favorecerá el impulso económico, la generación de más puestos de trabajo y mayor confort a los pasajeros de esta zona del país. El proyecto fue analizado en las comisiones de Legislación, de Obras Públicas, de Asuntos Departamentales y aconsejaron la aprobación con modificaciones.
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El presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, indicó que las diferentes comisiones se reunieron con representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), entre otras instituciones y tras este encuentro, se resolvió recomendar al pleno su aprobación con modificaciones.
De acuerdo a lo que explicó Maidana, se deben prever los siguientes puntos: la adopción de un nuevo marco jurídico, el proyecto de ley se declara de orden público, utilidad común e interés social y estará a cargo del MOPC y de Fepasa en su carácter de concesionaria.
“La concesión y la administración de la prestación de servicios estará a cargo de Fepasa y se autoriza a hacer una adenda al contrato de concesión en la que deberán constar las obligaciones del MOPC, se establecerá la concesión por el plazo que resulte necesario para la implementación del proyecto”, explicó.
Términos de la concesión
También se autoriza a Fepasa a suscribir con el sector privado una subconcesión por un plazo máximo de 35 años, lo que se hará bajo los principios de economía, eficiencia, libre competencia y transparencia. El MOPC estará a cargo de la etapa de construcción y fiscalización de la obra y se constituirán uno o más fideicomisos de administración y pago para cumplir con las obligaciones derivadas.
“El proyecto busca mejorar la infraestructura de transporte público, especialmente en áreas urbanas con el fin de reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa más eficiente y accesible de transporte para los ciudadanos. Abarca un tramo de 43 km entre Asunción e Ypacaraí, está concebido no solo como una alternativa al transporte urbano tradicional, sino como una infraestructura clave para el desarrollo regional y la integración de las ciudades”, expuso el senador José Ledesma. Tras la aprobación, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados.
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Oposición plantea que deudores no figuren en Informconf por monto menor a G. 5.500.000
Senadores de las diferentes bancadas de la oposición impulsan la modificación del artículo 17 de la Ley n.° 6534/20 de protección de datos personales crediticios con el fin de establecer un monto mínimo de deuda de una persona que justifique la publicación, difusión o transmisión por parte de los burós de información crediticia de dicha operación.
El documento propuesto por Ignacio Iramain, José Oviedo, Esperanza Martínez, Líder Amarilla, Ever Villalba, Rafael Filizzola y Rubén Velázquez tuvo entrada oficial el pasado 20 de noviembre. Indica que en el marco legal vigente cualquier monto de deuda, por insignificante que sea, puede ser objeto de divulgación en los burós de información crediticia.
“Esta práctica genera una evidente injusticia, ya que equipara el impacto negativo en la reputación y el historial crediticio de una persona que adeuda una pequeña suma con el de otra que mantiene una deuda mucho mayor”, sostienen.
Indican además que la publicación indiscriminada de deudas mínimas puede tener consecuencias muy negativas para las personas, afectando sus oportunidades laborales, relaciones comerciales e incluso su bienestar emocional.
“Principalmente en el ámbito laboral, sigue existiendo la practica por parte de muchos empleadores que no contratan a quienes figuran en estos burós crediticios, lo cual convierte el problema en un eterno ciclo, porque no hay forma que un trabajador salga de esa lista sin pagar y para ello, necesita un trabajo que se le niega por estar incluido en dichas carteras. Por eso se hace necesario ocuparnos de este problema y buscar una solución”, sostienen.
De esta forma afirman que la iniciativa busca establecer un monto mínimo de deuda por encima del cual se permita la inclusión en la base de datos de los burós de información crediticia. “Con esto, se busca proteger a los deudores de montos menores de los efectos desproporcionados de la publicación de sus datos financieros. Al exigir un monto mínimo significativo, se garantiza que la divulgación se limite a casos en los que la deuda representa un riesgo real para el acreedor y se evita el daño reputacional injustificado de la persona”, mencionan.
La propuesta expresa que no se tramitarán ni divulgarán los datos crediticios de deudas vencidas no reclamadas judicialmente que hayan superado 3 años de inscripción, las deudas canceladas de manera inmediata, una vez recibida la notificación de la fuente de información, los juicios de convocatoria de acreedores después de 5 años de la resolución judicial que la admita y los datos crediticios de deudas de personas físicas que en su totalidad no superen 2 salarios mínimos legales vigentes en una misma entidad.
Actualmente el proyecto fue girado a las diferentes comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes ya sea por la aprobación o rechazo para su posterior tratamiento en el pleno. En caso de lograr su sanción en el Congreso Nacional y su posterior promulgación en el Ejecutivo se publicará y divulgará las deudas de personas físicas a partir de G. 5.596.618.
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Superintendencia de Salud y Defensoría del Pueblo firman acuerdo para mejorar el servicio
Con el objetivo en común de velar por la ciudadanía y la correcta ejecución de sus derechos, desde la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo firmaron este lunes un acuerdo, a través del cual se comprometen a trabajar de manera recíproca para garantizar que todos los paraguayos reciban la mejor atención en el área de salud bajo todos los controles y estándares más altos de calidad.
En representación del Ministerio de Salud firmó este acuerdo el doctor Roberto Melgarejo Palacios, Superintendente de Salud, mientras que como representante de la Defensoría del Pueblo estuvo el abogado Rafael Ávila Macke.
Ambos destacaron la importancia de contar con un sistema de control cruzado que permita a las dos instituciones estar en constante comunicación, para evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda dañar a los usuarios del servicio de salud; teniendo ya una experiencia con varias intervenciones y visitas de la Defensoría Pública a establecimientos de salud.
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Este acuerdo se da atendiendo a que una de las funciones de la Defensoría Pública es la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, siendo la institución que recibe diariamente denuncias y reclamos presentados por los ciudadanos de todo el país y se comprometió, como parte de su misión promover, proteger y defender los derechos humanos.
Por su parte, la Superintendencia de salud tiene como misión principal regular, fiscalizar y supervisar a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPSS), para garantizar que brinden servicios de calidad, cumplan con las normativas legales y protejan los derechos de los usuarios; continuará con su trabajo por medio de controles de auditoría médica, legal y contable, aplicando sanciones y medidas correctivas ante incumplimientos detectados.
Desde ambos estamentos de control se destacó que gracias a este convenio se podrá desarrollar planes, programas y proyectos de interés común dentro del ámbito de sus competencias, conforme al marco legal que las rige, además de propiciar el intercambio de datos e informaciones de manera amplia y redundará en favor de la ciudadanía.
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