El Senado argentino aprobó ayer jueves un aumento de 7,2 % a las jubilaciones y pensiones, en un nuevo revés para el presidente Javier Milei, que ya anticipó que vetará la ley. Los aumentos establecidos en la ley, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados a principios de junio, tendrían un impacto fiscal de casi 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Economía.

La iniciativa se aprobó con 52 votos a favor y cuatro abstenciones, mientras que el oficialismo y aliados retiraron algunos senadores de la sala en señal de protesta. “Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, dijo este jueves Milei, quien sostiene que el aumento de las pensiones llevaría a romper el superávit fiscal de Argentina.

La jubilación mínima en Argentina es de unos 240 dólares, por debajo de la línea de pobreza, ubicada en los 1.000 dólares para este grupo, según la Defensoría de la Tercera Edad. Además del aumento general, la ley eleva de 54 a 85 dólares el valor de un bono que reciben los jubilados de menores ingresos.

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“Aprobamos en el Senado una recomposición mínima para jubilados (...) no repara todo lo perdido, pero es un gesto necesario”, dijo tras la votación el senador opositor Martín Lousteau en su cuenta de X. En septiembre Milei ya había vetado otro aumento a las jubilaciones aprobado por el Parlamento. En esa ocasión los legisladores mantuvieron el veto del presidente en una votación posterior.

El gobierno es minoría en ambas cámaras del Congreso, con 39 diputados de 257, y 6 senadores propios (más un aliado) de 72. Para revertir el nuevo veto, la oposición tendría que reunir dos tercios en cada cámara. El jueves el Senado también aprobó una moratoria que extiende dos años el régimen para regularizar aportes previsionales, en un país con una informalidad que llega casi al 50 % de los trabajadores.

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También se aprobó la emergencia por discapacidad, que actualiza aranceles y fortalece la Agencia Nacional de Discapacidad. A partir de un programa económico ultraortodoxo que incluyó un severo ajuste fiscal y una reducción del gasto público de 4,7 % del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del 211,4 % en 2023 a 117,8 % al final del año pasado.

Como contracara del ajuste, el desempleo subió al 7,9 % y muchos sectores, como empleados públicos y jubilados, perdieron poder adquisitivo. Las protestas semanales de jubilados en Buenos Aires, algunas de las cuales han derivado en disturbios, se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei.

Fuente: AFP.

El presidente de la República, Santiago Peña, mencionó que ya en su informe de gestión del pasado 1 de julio había señalado que el sistema del transporte público está colapsado y ni la ciudadanía ni los empresarios, así como tampoco desde el Gobierno, están conformes con el servi­cio que se está brindando, por lo que urge un cambio pro­fundo y radical.

En charla con varios medios de prensa durante la jornada de gobierno desarrollada en la ciudad de Luque, mencionó que existe un equipo multi­disciplinario interinstitucio­nal que está coordinando los esfuerzos.

Sobre las amenazas de paro total del sector transportista, expresó que no es la primera vez que ocurre y que ya han enfrentado esta situación anteriormente. Sostuvo que está seguro de que existen empresas del sector privado que no se van a adherir a esta medida de fuerza.

Igualmente, señaló que hay compromiso de todas las instituciones del Estado para que, en caso de nece­sitar recursos, saldrán con sus buses a ayudar a todos los sacrificados compatrio­tas que necesitan llegar a sus lugares de trabajo y estudios.

El jefe de Estado expresó que planteó al Congreso una reforma estructural del sis­tema que está colapsado y explicó que claramente la ciu­dadanía se merece un mejor servicio.

“Hoy esa ciudadanía cues­tiona el pago que se hace a las empresas de transporte público, con millones de dólares por año que se están transfiriendo y aun así los empresarios que hoy son los beneficiarios no están con­tentos. Entonces, por qué mantener un sistema donde nadie está contento, tiene que haber un cambio profundo y radical”, remarcó.

El jefe de Estado señaló que espera que esta propuesta de reforma del transporte público sea presentada en los próximos días, y si todo sale conforme a lo esperado, sería la próxima semana.

Respecto al subsidio, el mandatario explicó que su objetivo es ayudar al ciuda­dano, y el esquema actual que ha permitido no elevar la tarifa del pasaje tiene por un lado sus beneficios, pero también tiene muchísimos perjuicios.

Indicó que hoy se está pagando el subsidio en fun­ción al pasajero, lo que da cuenta que cuando hay una alta demanda, los buses salen y cuando baja la demanda hay menos buses en las calles, por lo que es necesario cambiar esta estrategia.

Al respecto, resaltó por ejem­plo el sistema Búho, que es el transporte nocturno que se licitó y el pago del subsidio se da por kilómetros tran­sitados y no por cantidad de pasajeros.

“Es un servicio que está dando oportunidades a miles de centralinos que por ahora está concentrado en Asun­ción y San Lorenzo, pero ya se está llamando a licitación otros cuatro tramos y proba­blemente esta sea la base de la reforma que estamos lle­vando adelante”, acotó.

Respecto a la salida de los buses eléctricos de Taiwán, mencionó que están en pro­ceso de licitación para con­ceder a un operador. Men­cionó que en tanto termina este proceso, se están cons­truyendo las bases de carga para estos buses eléctricos, porque ya no se movilizan a combustibles, y necesitan que estén instalados los car­gadores en puntos estraté­gicos.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, lanzó duras críticas hacia los gremios transportis­tas que anunciaron un paro de 72 horas desde el lunes 21 de julio, ya que todas las exigencias de este sector vienen siendo cumplidas por el Gobierno. Para sostener esta huelga, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) solicita el ajuste de los coeficientes a partir de los cuales se fija el pasaje, y el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo.

“Es una lástima, una decisión de esta naturaleza. Creo que es una decisión innecesaria, despropor­cionada, que lo único que va a generar es más perjuicio a la ciudadanía. No entiendo la lógica, ¿tres días a someterles a una amenaza de paro a la ciudadanía? Yo califico de desproporcionada, lastimosa, penosa e innecesaria a la medida”, criticó el viceministro en una nota para la 650 AM.

La Justicia argentina procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en el marco de una causa que investiga la contratación irregular de seguros para organismos públicos durante su gestión.

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“El (juez Sebastián) Casanello acaba de resolver el procesamiento de Fernández”, dijo a la AFP Mariana Barbitta, abogada del exmandatario.

El expresidente de 66 años está acusado del “delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, señala un extracto del fallo citado por medios argentinos.

El magistrado también ordenó el embargo “de bienes y dinero (...) por el monto de 14.634 millones de pesos”, unos 10 millones de dólares al cambio oficial, según el fallo.

El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión cuando podía hacerse en forma directa.

Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubrirían la aseguradora del estatal Banco Nación.

El corredor de seguros era el esposo de la exsecretaria personal de Fernández y las pruebas en que se basa la acusación surgieron del teléfono móvil de ésta.

Pero para Barbitta, “no hay delito, no hay sobreprecios ni direccionamiento. Lo que hubo fue un intento claro de instalar sospechas sin sustento”, según afirmó en una entrevista con la emisora ​​Fénix 951 el viernes.

Durante el peritaje del teléfono de la exsecretaria de Fernández, salieron a la luz testimonios e imágenes que derivaron en la denuncia por violencia de género que le hizo al expresidente su expareja y madre de uno de sus hijos, Fabiola Yáñez.

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Por esta otra causa, Fernández deberá enfrentar un juicio oral por los delitos de “lesiones graves” y amenazas coactivas".

Fuente: AFP

El presidente de la República, Santiago Peña firmó el decreto n.º 4200 a través del cual se destinarán recursos de la Fuente 30 que van a ser destinados para impulsar la industria audiovisual de nuestro país. Se estima que este sector podría generar un movimiento económico de cerca de USD 5 millones y generar al menos 2.000 puestos de trabajo.

“Para el sector audiovisual es un día histórico”, expresó Christian Gayoso, director Ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (Inap), quien manifestó que luego de un trabajo realizado con instituciones estatales y representantes del sector audiovisual, se pudo identificar una fuente de recursos.

“El trabajo nos permitió identificar una fuente que proviene de los impuestos de los servicios audiovisuales del exterior, entre ellos las plataformas de streaming, esta fuente de financiación está destinada a ser ejecutada en tres ejes principales”, afirmó Gayoso.

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Los recursos serán destinados a un programa de incentivo a la inversión extranjera para las grandes producciones, el fortalecimiento de la producción nacional y un programa de formación técnica gratuita en cinematografía y audiovisual. En estos tres pilares se destinará el 90 % de los recursos y el 10 % restante se utilizará para el posicionamiento internacional del cine y la industria paraguaya.

“Tenemos una deuda pendiente como país y hoy este gobierno ha decidido darle todo el apoyo a esta industria, a los jóvenes paraguayos, a la creatividad. Esta industria va a generar un importante movimiento económico, estamos hablando de alrededor de USD 5 millones que se podrían generar en el corto plazo y unos 2.000 puestos de trabajo”, resaltó Javier Viveros el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex).

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