Instan a crear ley que controle licitaciones y adjudicaciones en periodo de transición
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El senador Martín Arévalo se refirió a la situación del gobierno saliente que lleva adelante una serie de licitaciones, acelerados pagos a proveedores y concursos en el tramo final de su administración. El legislador manifestó que el próximo Congreso debe evaluar la posibilidad desancionar una ley que controle estos procesos en este periodo, dado que estos movimientos solo dan indicios de hechos de corrupción.
“Yo creo que tiene que haber una ley para que en las transiciones paren las licitaciones y adjudicaciones, el próximo parlamento debería analizar este tipo de situaciones. Nadie discute de que tiene autoridad en esos cinco años, pero lo que no se puede es actuar así en este periodo de transición”, expresó el parlamentario.
En contacto con la 650 AM, Arévalo indicó que todas estas movidas del Estado solo despiertan sospechas hacia Mario Abdo Benítez y todo su gabinete. “Lo único que podemos pensar es que están haciendo los últimos negociados para no dejar nada a la próxima administración que está llegando”, advirtió.
El senador lamentó la poca apertura del gobierno saliente de detener todas aquellas acciones que comprometen a la siguiente administración, tales como las licitaciones plurianuales que se quieren llevar adelante.
“Evidentemente no hay una buena predisposición del presidente saliente, ya lo demostró en las elecciones generales y a mí no me sorprende. Creo que los encargados del equipo de transición seguramente pensaban en la buena predisposición que iba a poner Mario Abdo Benítez, pero lamentablemente se encuentran con esa actitud”, manifestó.
También es importante que se debata sobre la necesidad de acortar los tiempos entre la elección y la asunción de las nuevas autoridades, mencionó Arévalo, quien indicó que este factor complica el escenario de salida e inicio de una nueva administración.
“Yo creo que corresponde parar algunas licitaciones, hay demasiadas denuncias de irregularidades que se están haciendo en las diferentes instituciones. El equipo de transición pidió que paren las licitaciones, pero evidentemente están queriendo llevar hasta los floreros y aparentemente son los últimos dólares que están vaciando del erario público en estas licitaciones y pagos acelerados que se están dando”, refirió.
Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
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El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Ramón Ramírez, interventor Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días. Foto: Archivo
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
Varias ciudades ucranianas se sumaron a las protestas en Kiev, donde los ciudadanos gritaron consignas en contra del líder Zelenski. Foto: Captura de vídeo.
Ucranianos protestan en varias ciudades y piden su cargo al “demonio” Zelenski
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Por segundo día consecutivo, miles de personas se manifestaron este miércoles en Kiev, capital de Ucrania, contra la nueva ley que limita la independencia de dos importantes organismos anticorrupción, una movilización que resulta inédita desde el inicio de la guerra contra Rusia.
La nueva ley, que rige desde el martes fue muy criticada por los activistas contra la corrupción en Ucrania. Los ciudadanos advierten que la cada vez mayor presión del gobierno amenaza las reformas necesarias para entrar en la Unión Europea.
Tampoco desde los Estados Unidos están muy conformes con los cambios decretados por Ucrania, incluso Donald Trump comentó que no estaba seguro si cada dólar enviado al gobierno de Zelenski había sido utilizado en la guerra.
También la congresista republicana Marjorie Taylor Greene opinó sobre las manifestaciones en su cuenta de X. Y se tiró contra el líder del gobierno, Volodímir Zelenski.
No se limitó a una crítica al presidente ucraniano, sino que también cuestionó la asistencia militar y económica a Kiev y pidió poner fin a esta política. “¡Y Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas!”, expresó.
La ley firmada por Zelenski es rechazada por los ciudadanos ucranianos. Foto: @ZelenskyyUa
“Un demonio”
Las protestas, que en principio se concentraron en Kiev, con el correr de las horas se extendieron a otras localidades como Lvov, Odesa, y Dnepropetrovsk, sobre todo después de que Zelenski estampara su firma en la cuestionada ley que pone fin a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano).
Según el medio RT, solo en la capital, más de 1.000 personas se congregaron cerca de la oficina presidencial, coreando consignas como “vergüenza”, “veta la ley”y “Zelenski es un demonio”.
El medio explica que la norma aprobada “establece la completa subordinación del SAP al fiscal general y le otorga a este el derecho de supervisar las investigaciones de la NABU, exigir que cualquier caso se remita a ese organismo y darle instrucciones".
Esto hará que la NABU desarrolle sus actividades bajo la supervisión del fiscal general, con quien deberán ser acordados todos los acuerdos de culpabilidad y las sospechas.
Ley de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia este miércoles
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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia desde este miércoles 16 de julio, según lo que establece su artículo 146. La institución está realizando unas cuantas consideraciones respecto a la autoridad de aplicación, carreras especiales y lineamientos de implementación.
Mediante un comunicado, emitido este lunes, se menciona que la cartera estatal será la autoridad de aplicación en materia de función pública y del servicio civilpara el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar claridad y seguridad jurídica en el proceso de implementación de la ley.
Se detalla que la normativa abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía de conforme a la Constitución Nacional, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, universidades nacionales y municipalidades, entre otras.
Señala que cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su respectivo ámbito de competencia. Así también, reconoce la vigencia de las carreras especiales como ser la judicial, la diplomática y consular, la docencia en todos sus niveles, policías, militares, la carrera de blanco y otras, que se regirán por sus propias normas.
Añade que para las instituciones que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, la reglamentación está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.
La entrada de vigencia de esta ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de ingresos a la función pública realizados bajo las normativas de la ley 200/1970 o la ley 1626/2000. Agrega que la reglamentación establecerá los lineamientos para procesos de concursos públicos, ingresos y promociones de funcionarios públicos, régimen del empleado público (contratos), traslados temporales (comisionamientos), y definitivos.
Tras tomar conocimiento sobre la próxima vigencia de la ley, una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se movilizaron este lunes frente a la sede del Poder Judicial como medida de rechazo. Los manifestantes reclaman que se declare inconstitucional esta legislación que modificará contratos colectivos de trabajo del personal municipal.
DNCP pide reporte a interventores sobre licitaciones en Asunción y Ciudad del Este
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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, dijo que solicitó a los interventores de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este que informen los procesos licitatorios suspendidos, cancelados y en curso.
“Nosotros enviamos una nota a los interventores Ramón Ramírez y Carlos Pereira para que nos mencionen cuáles de los procesos iniciados por las intendencias en los últimos meses van a quedar suspendidos, cancelados y seguirán sus cursos”, comentó Encina, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El alto funcionario se refirió sobre el uso de la figura de la excepción para las adjudicaciones licitatorias: “No hay un límite, pero se puede hacer únicamente si los intendentes lo justifican en forma. Como su nombre lo dice, es un proceso especial excepcional que solamente puede salirse de los procesos ordinarios cuando se justifica la emergencia por la cual se están realizando estos procesos”, comentó.
De acuerdo a los primeros reportes de la intervención, la administración del intendente esteño Miguel Prieto se caracteriza por el uso excesivo de la citada figura, que permite saltar los procesos ordinarios cuando existe una justificación de urgencia o exclusividad técnica.
Este fue uno de los puntos que llamó la atención a la Contraloría General de la República para requerir la intervención de la municipalidad. “Si es que se produjo algún hecho punible o alguna situación que merezca una investigación penal, el contralor deberá enviar a la Fiscalía”, puntualizó Encina.
Durante una conferencia de prensa realizada el pasado lunes, Ramírez compartió la información de que el líder del movimiento Yo Creo firmó, entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos, contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas por G. 4.100 millones.