La diputada Rocío Vallejo sostuvo que llama la atención y preocupa la paralización de la licitación que lleva adelante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para la adquisición de las máquinas de votación por una medida cautelar del Tribunal de Cuentas. La legisladora indicó que se pone en riesgo la realización de las elecciones municipales programadas para el 2026.

“Esto nunca ocurrió, se da una medida cautelar y, ¿cuánto va durar hasta que resuelva el fondo el Tribunal de Cuentas?, sabemos que por su celeridad no se caracteriza. Esto paraliza el proceso, y ya que venimos retrasados, con el retraso que teníamos la expectativa era adjudicar, para que la empresa adjudicada empiece a fabricar las máquinas y tengamos las primeras máquinas a fin de año”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que también existe la posibilidad, si no se cuenta con las máquinas de votación, volver a las papeletas, lo que será inaplicable con las listas desbloqueadas. “Realmente preocupados por este proceso, a que se paralice, a que tengamos que volver a las papeletas. Con listas bloqueadas ya luego era difícil y con listas desbloqueadas, contar de 800 listas uno a uno, es algo impracticable”, cuestionó.

Otras de las probabilidades que mencionó la diputada es que se unifiquen las elecciones municipales con las generales, lo que calificó como un gran riesgo. “Puede afectar directamente a las municipales o unificar todas las elecciones. Llama mucho la atención todo esto que está ocurriendo y puede tener efecto directo en nuestra democracia cercana”, mencionó.

Por otra parte, también se refirió a la posibilidad de una elección en los municipios que se encuentran en proceso de intervención, como Asunción y Ciudad del Este, en el caso de la renuncia o destitución de los intendentes.

“Esa podría ser la elección más próxima porque si es destituido si o si, aunque falten dos meses para que termine el mandato se tiene que llamar a elecciones, no hay máquinas, ¿va salir una ley que diga que vamos a usar devuelta las papeletas?, ese es el peligro”, puntualizó.

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Una operación policial internacional contra sitios de pornografía infantil, liderada por la policía española, condujo a la detención de veinte personas en 12 países, entre ellos siete latinoamericanos, anunció la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Durante esta operación, iniciada a fines de 2024, “agentes especializados realizaron patrullas en línea e identificaron grupos de mensajería instantánea dedicados al intercambio de imágenes de explotación sexual infantil”, explicó Interpol.

“Las autoridades españolas arrestaron a siete sospechosos, incluyendo a un profesional de la salud”, acusado de haber comprado “imágenes explícitas” a menores de Europa del Este, y un docente, por “posesión y difusión de material de pornografía infantil en diversas plataformas en línea”, según Interpol.

En América Latina, fueron arrestadas 10 personas en los países implicados, “incluidos tres en El Salvador y un profesor en Panamá”, señaló la fuente.

“Los otros sospechosos fueron arrestados en otros lugares de Europa y en Estados Unidos”, indicó el comunicado. Durante el operativo, las autoridades se incautaron de computadoras, teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de almacenamiento digital, según la misma fuente.

Además de estas 20 detenciones, “se han identificado otros 68 sospechosos y se están llevando a cabo investigaciones adicionales en todo el mundo”, añadió Interpol.

La información recopilada se compartió con las autoridades de 28 países de América, Europa, Asia y Oceanía. En diciembre de 2024, Interpol invitó a investigadores españoles a Chile para asistir a la reunión del Grupo de Trabajo de Identificación de Víctimas de América Latina.

Allí, presentaron la Operación Víbora a oficiales especializados de toda América Latina, lo que les permitió intercambiar sobre casos, proporcionar pistas concretas y lanzar acciones coordinadas. La Unidad de Crímenes Contra Niños de Interpol organizó sesiones de seguimiento entre las autoridades para alinear los esfuerzos operativos con Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay.

El Ministerio Público ordenó este sábado la búsqueda y localización de una adolescente indígena de 13 años que se encuentra desaparecida desde el 5 de junio en Curuguaty (Canindeyú). Su madre indicó que escuchó una moto a las afueras de su casa y presume que salió con un desconocido.

Según la denuncia presentada ante la comisaría local por Silvia Vargas Martínez, madre de la menor, que reside en la comunidad indígena Piro’y; cerca de la medianoche del 5 de junio se dio cuenta de la desaparición de su hija. Horas antes, esta le dijo que iba a descansar, pero cuando la buscó ya no la encontró.

La mujer indicó que luego de que ella se retiró para dormir, escuchó el sonido de una motocicleta a las afueras de la casa, pero que no sospechó nada en ese momento. Sin embargo, esto hizo presumir que su hija salió del domicilio en compañía de un sujeto aún no identificado.

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El caso fue comunicado al agente fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes, asignado a la Unidad Penal n.º 3 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, quien dispuso la búsqueda y localización de la adolescente Belén Deliz Benítez Vargas, de 13 años, en el marco de la Causa n.º 1105/2025, caratulada “Investigación Fiscal s/ Hecho Punible a Determinar – Menor que no regresa al hogar”.

“Se solicita la colaboración de la ciudadanía para recabar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la menor recordando que se trata de una adolescente indígena cuya integridad debe ser protegida con especial urgencia”, expresa el pedido. En el caso de que se tenga información puede contactarse con la comisaría más cercana.

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El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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