El director financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, indicó que la institución se encuentra organizado una gran mesa de trabajo que incluya a los tres poderes del Estado con la finalidad de impulsar una reforma integral de la Ley de finan­ciamiento político, con el objetivo de evitar el uso del dinero sucio en las campa­ñas electorales.

“La única forma es llevando adelante una reforma inte­gral de la ley, estableciendo una normativa única donde se prevea todas las etapas y procesos, fijando claramente quienes son los responsables, cuales son sus derechos, obli­gaciones y las formalidades que se deben cumplir. Así como está hoy en día, con cuatro leyes que se modifi­can parcialmente y otras solu­ciones parches que se quieren dar, no vamos a poder dar una respuesta a lo que la ciudada­nía pretende para tener una democracia mucho más salu­dable”, sostuvo Ruiz Díaz en la 1140 AM.

Detalló que la mesa de tra­bajo también debe con­tar con la participación de las autoridades del Minis­terio Público, la Contralo­ría General de la República (CGR) y el Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF).

“Actualmente, la Ley de finan­ciamiento político está muy dispersa porque son cua­tro leyes que se modifican de manera parcial. También están los reglamentos de la Seprelad (Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes), que regula especí­ficamente al sector político y el reglamento emitido por la Justicia Electoral, para tratar de ordenar lo que son los dife­rentes procesos y etapas que deben ser cumplidos. Noso­tros pretendemos la unifica­ción de todas las leyes de finan­ciamiento político”, comentó.

La Cámara de Diputados dio visto bueno al proyecto que habilita al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a realizar un corte técnico administrativo a los inscriptos en el registro cívico permanente. Con esta iniciativa, se pretende que en las elecciones internas se utilice un padrón más actualizado.

Con el voto de la mayoría de los diputados, se otorgó media sanción a las modificaciones del artículo n.° 130 de la ley n.° 834 del Código Electoral, modificado por la ley n.° 2.858 que trata sobre las inscripciones en el registro cívico nacional y en el de los extranjeros. La diputada Rocío Abed, expuso sobre los alcances de esta iniciativa.

“Tiene por fin facultar al TSJE la realización de un corte administrativo a los efectos que los inscriptos hasta la fecha, puedan formar parte del registro cívico permanente y con ello proceder al cruzamiento con los padrones partidarios para las elecciones internas, la formalización de las precandidaturas y la determinación por departamento del número de bancas en la Cámara de Diputados y Juntas Departamentales”, refirió.

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La legisladora colorada señaló que será la Justicia Electoral la encargada de establecer, dentro del cronograma electoral, la fecha de cierre, así como las etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustanciaciones y resoluciones, todo esto, con el fin de que en las elecciones internas de las municipales, que generalmente se realizan a mitad de año, se pueda tener un padrón actualizado.

Asimismo añadió, “las inscripciones de las candidaturas se realizan en el primer trimestre del año, época en dónde aún no ha concluido la aprobación del registro del año anterior, es por ello que en base a todos los argumentos, la Comisión de Equidad ha dictaminado por la aprobación”. La propuesta quedó aprobada y remitida para su estudio a la Cámara de Senadores.

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El director financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, indicó que la institución se encuentra organizado una gran mesa de trabajo que incluya a los tres poderes del Estado con la finalidad de impulsar una reforma integral de la Ley de financiamiento político, con el objetivo de evitar el uso del dinero sucio en las campañas electorales.

“La única forma es llevando adelante una reforma integral de la ley, estableciendo una normativa única donde se prevea todas las etapas y procesos, fijando claramente quienes son los responsables, cuales son sus derechos, obligaciones y las formalidades que se deben cumplir. Así como está hoy en día, con cuatro leyes que se modifican parcialmente y otras soluciones parches que se quieren dar, no vamos a poder dar una respuesta a lo que la ciudadanía pretende para tener una democracia mucho más saludable”, sostuvo Ruiz Díaz en la 1140 AM.

Detalló que la mesa de trabajo también debe contar con la participación de las autoridades del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Actualmente, la ley de financiamiento político está muy dispersa porque son cuatro leyes que se modifican de manera parcial. También están los reglamentos de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), que regula específicamente al sector político y el reglamento emitido por la Justicia Electoral, para tratar de ordenar lo que son los diferentes procesos y etapas que deben ser cumplidos. Nosotros pretendemos la unificación de todas las leyes de financiamiento político”, comentó.

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Asimismo, Ruiz Díaz indicó que “esta dispersión nos lleva a un caos jurídico, es muy difícil que el ciudadano, el candidato, pueda entender con una simple lectura cuáles son sus derechos y obligaciones que imponen las leyes. Todo es bastante complicado, se necesita ir ajustando la normativa y adecuando a los nuevos procedimientos".

La normativa que regula el financiamiento político fue promulgada en febrero del 2020. Establece que los candidatos a elecciones municipales y generales deben presentar sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas. También se incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) para el control del dinero utilizado en las campañas políticas.

“Para que realmente podamos sanear, debemos trabajar para mitigar o eliminar el hecho generador del dinero sucio, controlar el narcotráfico, la evasión de impuestos, el tráfico de armas. Mientras exista el dinero sucio permeará en todas las esferas de la sociedad, este es el gran desafío”, dijo el funcionario del TSJE.

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• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

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Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

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En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.