El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la normativa n.° 7.459, que establece un nuevo criterio para el cálculo de la patente de rodados, fijándola en el 0,3 % del valor imponible del vehículo, con una reducción progresiva del 5 % anual hasta los 10 años de antigüedad del automotor.

Se establece a la vez límites mínimos y máximos para el pago de tributos. La ley detalla que el monto no podrá ser inferior a 0,4 jornales diarios ni superior a un salario mínimo legal vigente. La misma modifica la ley n.° 620/1976 y deroga la ley n.° 7.447/2025 que entró en vigencia el pasado 6 de enero, la cual generó disconformidad debido a que el precio de las patentes se disparó en algunos municipios y en esta oportunidad la nueva fórmula también regirá en Asunción.

La norma fue sancionada el 3 de abril por el Congreso Nacional y fue remitido al Poder Ejecutivo el 8 de abril. Tuvo su origen en la Cámara de Diputados y fue ampliamente consensuada con los miembros de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).

Mediante la citada los intendentes canalizaron su disconformidad con la anterior ley y propusieron esta nueva fórmula a la cual consideraron como más justa, puesto que equiparaba los montos entre municipalidades, evitando así la fuga de contribuyentes para este impuesto.

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Esta norma termina unificando el régimen tributario de las habilitaciones vehiculares a nivel país. A la vez establece la creación del Registro Único de Habilitación de Rodados, que estará a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv).

De acuerdo a la ley, la entidad tendrá la responsabilidad de emitir de forma anual el listado oficial de los valores imponibles de los vehículos. El plazo constitucional para su promulgación o veto fenecía mañana miércoles 16 de abril.

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• por Sofía Céspedes
• sofiacespedes@nacionmedia.com

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo pro­mulgó la Ley 7452, que moderniza la inversión en infraestructura pública, cono­cida como Asociación Públi­co-Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propues­tas del sector privado y así tam­bién aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue lici­tado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojo­nes, Asunción, y termina en la ciudad de Quiindy, depar­tamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estraté­gicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó que se están realizando las últimas consul­tas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar los detalles se publi­carán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un finan­ciamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, dise­ñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calza­das y cuatro carriles, que conec­tará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Sil­vio Pettirossi. “Sobre este pro­yecto estamos en la prepara­ción de las condiciones de los concursos que van a ser publi­cados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se inclui­rán adendas para mejorar el tramo Luque-San Bernardino y el trayecto Luque-Areguá. También agregó que esto mejo­rará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia. En detalles, el corredor Ypaca­raí-Areguá-Luque: se inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asun­ción desde Ypacaraí, Patiño,

Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y poten­cia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypaca­raí-San Bernardino-Luque (Tarumandy), este se inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, opti­mización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino-Luque. También contempla la incor­poración de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02. “Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la amplia­ción de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, cono­cida como Llave en Mano, con una inversión de USD 110 millo­nes y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inver­sión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento impor­tante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, habló sobre la impor­tancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestruc­tura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la Ley de APP. “A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar faci­lidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurí­dica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó.

Sobre el empleo que esto gene­rará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movi­miento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande. “Las gran­des obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 per­sonas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

Recordó que hoy la construc­ción tiene un rol muy impor­tante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más indus­tria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo mani­fiestan que las modificaciones hechas a la Ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorpo­raciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Econó­micos de la Presidencia de la República. “Entre las princi­pales innovaciones se desta­can el aumento de la partici­pación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y gene­rando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Agregó que esto abre la posibi­lidad de canalizar más recur­sos hacia la mejora de la infraes­tructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Res­ponsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

Algunas de las modificaciones hechas a la Ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar inicia­tivas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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La Cumbre de Poderes instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a realizar cambios en sus normas respecto a las reuniones y comunicaciones privadas entre enjuiciados y los miembros de este organismo extrapoder. La institución plantearía los cambios en su Código de Ética en la próxima sesión ordinaria.

“Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las personas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayores inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, también para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitución y que se prohíba el contacto directo entre el encausado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM manifestó que no ve obstáculos en que los miembros apuesten por reforzar sus normativas de modo a permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

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“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos juntos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en general y en la institución en particular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 09:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

Maidana indicó que aún no se ha dado a conocer el orden del día para la próxima sesión del JEM, no obstante, el debate sobre las adecuaciones a la normativa podría ser abordada dentro del punto “asuntos varios”, debido a que es un tema “candente”, según el propio senador, y que la ciudadanía está a la espera de una respuesta rápida.

“Todas las ideas y propuestas las vamos a estar tocando el jueves. La ciudadanía podrá ver en directo la sesión y va a ver las determinaciones que tomamos sobre este punto en particular. Los tiempos que vivimos nos exigen acciones disruptivas, acciones que cambien el estatus quo que hace rato viene teniendo todo el sistema de Justicia”, aseveró el parlamentario colorado.

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