El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, comentó que se vio obligado a recurrir ante el Ministerio Público con la finalidad de acceder a documentaciones sobre la administración del intendente Miguel Prieto. El economista había denunciado en conferencia de prensa, el martes pasado, que su labor de fiscalización se ve obstaculizada por la falta de cooperación de los directores de las dependencias municipales.

“Estamos iniciando el día 25 de los 60 que disponemos para el proceso de intervención. Estamos trabajando con las documentaciones a las que pudimos acceder, mientras que algunas estamos gestionando con el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado formalmente el apoyo de la Fiscalía y nos dicen que se pueden disponibilizar las documentaciones remitidas por la Municipalidad de Ciudad del Este", dijo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Tras el hallazgo en el barrio Villa Morra de Asunción del cuerpo de Dax Dimitri Fridrikson Martínez, y de confirmarse que se trataría de un hombre con frondosos antecedentes por robos a vehículos, la investigación se extendió y se logró llegar hasta el primer detenido.

Según el informe policial, el detenido, identificado como Andrés Serafín Soloaga Balbuena, de 43 años, quedó detenido luego de que él mismo denunciara el supuesto robo de un vehículo Kia Cerato de color gris, el cual cumple con todas las características del que habría sido utilizado para abandonar el cuerpo de Fridrikson Martínez.

La Expo Paraguay 2025 tiene como principal atractivo hoy la Expo Empleo, que ofrecerá más de 1.800 vacancias para diferentes puestos. Desde las 9:00 hasta las 12:00, en el salón Germán Ruiz de la ARP, se realizará la actividad, organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ofrecerán cargos para ingeniero industrial, operario de producción, programador informático, analista de mantenimiento mecánico, electricista, inspector de marcas, técnico en mantenimiento, técnico electromecánico, analista de recursos humanos, encargado de compras, operador de montacargas, auxiliar administrativo y contable, personal de atención al cliente, chofer, carnicero, panadero, jefe de sección, cocinero, mozo, cajero, repositor, vendedor y guardia de seguridad, entre otros.

En un operativo desarrollado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, fue incautado un cargamento de marihuana que era transportado en un camión entre alfafa. Los intervinientes decomisaron 2.071,6 kilogramos de la droga, cuyo valor estimado es de USD 300.000 en el mercado brasileño y detuvieron a cuatro hombres.

Los detenidos fueron identificados como Pablo César Duarte Olmedo, Alberto Arce, Óscar Cecilio Franco Cabañas y Derlis González Franco, propietario del camión Mercedes Benz Atego 2008, con matrícula AAHH 654, que era utilizado para el transporte de la marihuana.

Guaraní buscará ganar por primera vez a la Universidad de Chile, en Santiago y por Copa Sudamericana, en el choque correspondiente a la ida del repechaje a los octavos de final. Paraguayos y chilenos se verán las caras este jueves desde las 19:00 en el estadio Nacional.

Si bien el equipo trasandino y el Legendario nunca se enfrentaron por la Sudamericana, existe un registro de seis cotejos disputados por la Libertadores, donde en solo una edición tuvo lugar el ‘mata-mata’. Fue en la Copa del 2014, en la primera fase. Tanto en la ida como en la revancha el Cacique fue vencido; en Santiago, 1-0 y en el Defensores del Chaco por 3-2, quedando eliminado del torneo.

“Lo primero que Paraguay debe hacer es entrar al mapa de los Estados Unidos”, dijo el senador Gustavo Leite, quien aguarda prestar juramento ante el mandatario Santiago Peña como nuevo embajador en el país norteamericano, tras lograr ayer miércoles el acuerdo constitucional de la Cámara Alta con 32 votos a favor.

“Estados Unidos tiene 200 países que quieren llevarse muy bien con ellos, debemos hacernos conocer política y empresarialmente. Se debe trabajar más en exportaciones, inversiones, cooperaciones tecnológicas, científicas, educativas y contra el crimen organizado y militar", indicó Leite, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La violencia de tintes racistas vivida en días pasados en el sureste de España ilustra las crecientes tensiones en el país ante la inmigración, un tema que en pocos años ha entrado de lleno en el debate político azuzado por la extrema derecha.

Torre Pacheco, una ciudad de 40.000 habitantes cerca de Murcia y la costa mediterránea, ha sido escenario de enfrentamientos nocturnos entre grupos de extrema derecha y residentes de un barrio de mayoría inmigrante, principalmente de origen marroquí.

La violencia se desencadenó por la agresión el 9 de julio a un jubilado de 68 años, quien relató a varios medios españoles, con el rostro magullado, que fue atacado sin motivo aparente por tres jóvenes de origen magrebí.

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Dos días más tarde, la alcaldía de Torre Pacheco, dirigida por el Partido Popular (PP, derecha), organizó una manifestación contra la inseguridad, que degeneró rápidamente, ya que grupos de extrema derecha se unieron con consignas hostiles hacia los inmigrantes.

A partir de ahí y por varias noches, estallaron disturbios en las calles de la ciudad, si bien el despliegue de numerosos miembros de la Guardia Civil permitió evitar enfrentamientos directos entre los grupos rivales y limitar el número de heridos.

Según las autoridades, 14 personas fueron detenidas, incluidas tres vinculadas a la agresión del jubilado y que no residían en Torre Pacheco. Entre los arrestados también figura un responsable del grupo de ultraderecha “Deport them now” (“Depórtenlos ya”), que animó en Telegram a una “cacería” de inmigrantes.

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El alcalde de Torre Pacheco, una ciudad donde aproximadamente el 30% de los residentes son personas de origen extranjero llegadas en su mayoría para trabajar en el campo, hizo un llamado inmediato a la calma, pidiendo no confundir a los autores de la agresión con la población inmigrante de la ciudad.

Pero el partido de extrema derecha Vox, la tercera fuerza en el Parlamento español, multiplicó sus declaraciones hostiles hacia los inmigrantes, como las de su líder regional José Ángel Antelo, quien atribuyó el clima de inseguridad en Torre Pacheco a la “inmigración ilegal”.

A su juicio, esa inmigración irregular “es la misma que agrede a nuestros ancianos” o “viola a nuestras hijas en nuestras calles”, una postura respaldada por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien pidió “deportaciones inmediatas” ante la “invasión migratoria criminal”.

Unas declaraciones duramente criticadas por el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó a Vox de “echar gasolina al fuego”, y por su socio de extrema izquierda, Sumar, que le reprochó “promover la violencia”. La Fiscalía de Murcia abrió una investigación contra Antelo.

“Es un ejemplo muy claro de esa tensión que va creciendo por los problemas de la inmigración” en España, consideró en declaraciones a la AFP Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, para quien el fenómeno guarda relación con “el auge de la extrema derecha”, que ha convertido este tema en un asunto central.

El fenómeno de la inmigración es relativamente reciente en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 637.000 extranjeros vivían en el país en 1998, el 1,6% de la población. Hoy en día son 6,95 millones (14,13%), de ellos 920.000 marroquíes, la mayor comunidad extranjera. El Gobierno de izquierda, que desea regularizar hasta 300.000 inmigrantes por año de aquí a 2027, ve la inmigración como una oportunidad.

Según el INE, la inmigración explica gran parte de la buena salud económica del país, cuyo PIB creció un 3,2% el año pasado.

Según el informe anual de Ipsos sobre el populismo, solo el 34% de los españoles piensa que el país sería “más fuerte” si se limitara el número de llegadas de inmigrantes (frente al 46% en Alemania). Es el porcentaje más bajo de la Unión Europea.

Pero eso no impide que haya tensiones en el país, como por ejemplo por la distribución de los menores no acompañados, que saturan el dispositivo de acogida de las islas Canarias, el archipiélago próximo al noroeste de África que es la principal puerta de entrada de la inmigración irregular.

Unas tiranteces explotadas por Vox, que propuso a principios de julio un programa masivo de expulsiones, denominado “remigración”. “En un país que gracias a la inmigración crece, es un poco contradictorio”, señaló Paloma Román, para quien la dureza de Vox se explica por su rivalidad con el PP, en medio de la creciente fragilidad política de Pedro Sánchez por varios escándalos de corrupción.

Fuente: AFP

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, comentó que se vio obligado a recurrir ante el Ministerio Público con la finalidad de acceder a documentaciones sobre la administración del intendente Miguel Prieto. El economista había denunciado en conferencia de prensa, el martes pasado, que su labor de fiscalización se ve obstaculizada por la falta de cooperación de los directores de las dependencias municipales.

“Estamos iniciando el día 25 de los 60 que disponemos para el proceso de intervención. Estamos trabajando con las documentaciones a las que pudimos acceder, mientras que algunas estamos gestionando con el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado formalmente el apoyo de la Fiscalía y nos dicen que se pueden disponibilizar las documentaciones remitidas por la Municipalidad de Ciudad del Este", dijo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que las documentaciones que accederán no guardan relación con aquellas vinculadas a causas judiciales en curso contra Miguel Prieto. “Aquí nos encontramos con la particularidad de que muchas de las documentaciones fueron remitidas al Ministerio Público de manera original y extrañamente no obran copias en los archivos de la institución. Vamos a acceder a las documentaciones que no están vinculadas a los procesos abiertos. Las documentaciones cruciales que refieren a las órdenes de pago están en el Ministerio Público”, comentó el economista que asumió la administración del municipio el 23 de junio pasado.

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Las afirmaciones de Ramírez surgen tras darse a conocer que Miguel Prieto incurrió en la presunta malversación y daño patrimonial por G. 42.000 millones. La administración de este intendente contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

“Lo que me sorprende es la desprolijidad y discrecionalidad en el manejo administrativo de la municipalidad. Lamento esta situación que es tan grave, ya que la Municipalidad de Ciudad del Este es el segundo municipio más importante del país, es la capital de un departamento (Alto Paraná) y la puerta de entrada al Paraguay”, comentó.

En su descargo, Ramírez siguió sosteniendo que “si no hay nada que ocultar, lo que correspondía era ordenar la casa y tener todas las documentaciones a mano. Sin embargo, acá nos encontramos con una situación totalmente diferente”.

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Tras un largo debate y consideración del informe final de la Comisión Conjunta de Carác­ter Transitorio para la Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, con­tra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, dirigida por Dioni­sio Amarilla, el pleno de la Cámara Alta resolvió ayer remitir los documentos a la Fiscalía, al Departamento de Estado de los EE. UU. y a la Contraloría General de la República.

Al ser consultado el motivo de la remisión del informe a los Estados Unidos, el presidente de la Comisión Antilavado, el senador Amarilla, manifestó que la decisión surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyec­tos con impacto social fueron utilizados para costear campa­ñas políticas y salarios de per­sonas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remi­tir a los órganos observa­dos pertinentes y también al Gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 pági­nas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron admi­nistrados por Marc Ostfield”, sostuvo el legislador.

Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fue­ron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autorre­muneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba que­riendo colaborar”.

El parlamentario había seña­lado que, entre los aspectos principales de la labor legis­lativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las inda­gaciones algunas de las organi­zaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comi­sión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Por otra parte, el senador Amarilla dijo que estaría eva­luando la presentación de un proyecto de ley para modifi­car la Ley de Confidenciali­dad, en que se resguardaron algunas instituciones para no aportar mayores datos sobre las operaciones bancarias, despachos aduaneros, entre otros, sobre las importacio­nes de armas de fuego al país.

El legislador Gustavo Leite destacó algunas recomendaciones al respecto y manifestó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión con­junta de investigación sobre lavado de dinero, daño patri­monial al Estado, contra­bando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resal­tantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue pre­sentado ayer miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plena­rio está documentado.

Señaló que un año antes que el Gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una ins­titución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la nación.

Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se viola­ron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la oenegé en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oene­gés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó, además, que se esta­blecía que se debía favorecer a organizaciones de la socie­dad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospecho­sos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.