• Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
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En las seis elecciones provin­ciales que se desarrollaron en la Argentina en lo que corre del presente año electoral de medio tiempo para renovar la mitad de la Cámara de Dipu­tados y un tercio de la de Senadores, el otrora poderosísimo Partido Justicialista (el pero­nismo) se evidencia perdedor y en caída.

La voluntad popular no acom­paña en las urnas a quienes se suponen herederos de Juan Perón y Evita cuando casi el 22 % del padrón nacional estuvo habilitado para discer­nir con el voto cuestiones provinciales que no siempre tie­nen relevancia cuando en los comicios se discuten asuntos nacionales e internacionales.

Luego de conocidos los escru­tinios en las provincias de Santa Fe, Salta, Jujuy, San Luis, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), si algo queda claro es que –con la excepción jus­tamente de la capital argen­tina– los oficialismos pro­vinciales se imponen y que, en ellos, el oficialismo nacio­nal del partido La Libertad Avanza (LLA), que fundara y lidera el presidente Javier Milei, no solo mantiene los mismos volúmenes que en las presidenciales de 2023 alcanzó en la primera vuelta electoral, sino que el 26 de octubre –cuando se realicen las elecciones legislativas nacionales en todo el país– la influencia del libertarismo, según coincidentes encues­tas, “podría crecer y consoli­darse” aunque, aun así care­cerá a partir del próximo 10 de diciembre de mayorías en el Parlamento.

La percepción en los sentidos expuestos de analistas y rele­vantes actores públicos res­pecto de la evolución de las fuerzas políticas argentinas es tan coincidente que, según el periodista Jorge Liotti, del diario La Nación de Buenos Aires, la expresidenta Cris­tina Fernández (2007-2015) y exvicepresidenta (2019- 2023), “admitió días atrás, durante un encuentro polí­tico del peronismo kirch­nerista –de cara al proceso electoral en desarrollo que, tanto ella como su partido “enfrentamos un escenario muy desfavorable en la pro­vincia (bonaerense) para las elecciones de setiembre. Y si no nos va bien en setiembre, (se pregunta y los interroga) ¿cómo nos va a ir en octubre? Mucho peor”.

Siempre según Liotti, la exjefa de Estado reconoció que le “preocupa el impacto de la provincia (de Buenos Aires que tendrá el resultado de los comicios provinciales que por disposición del gobernador Axel Kicillof se realizarán el venidero 7 de septiembre) en la definición de los senadores nacionales (que se votarán un mes más tarde, porque) si cae el bastión (peronista), como le dicen (a Buenos Aires, el resultado), impacta en todo el país”.

En línea con ese trascendido, Cristina Fernández sostuvo ante sus dirigentes más cer­canos que “si no ganamos en setiembre, no hay octubre posi­ble”. También en esta aprecia­ción de la señora Fernández, coinciden los más relevantes y connotados consultores en opinión pública que trabajan intensamente aquí.

El panorama presente al igual que el del futuro inmediato del peronismo –en cualquiera de sus variantes– y, en parti­cular, el kirchnerista, no es bueno ni mucho menos alen­tador.

Aunque a dicho análisis no exento de complejidad es pre­ciso añadirle la situación judi­cial de la señora de Kirchner que, condenada en tres ins­tancias tribunalicias a “seis años de prisión con la acceso­ria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” por ser penalmente respon­sable del delito de “adminis­tración fraudulenta”, como se encuentra, por un recurso de apelación en queja que la exmandataria presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), si el más alto tribunal de la República rechazara su presentación, inmediatamente podría ser encarcelada porque la condena mencionada más arriba tendrá que hacerse efectiva.

De allí que –según cuatro fuentes del peronismo kirch­nerista bonaerense que dia­logaron con La Nación con la condición de mantener sus identidades en reserva– “Cris­tina quiere presentarse como candidata a diputada provin­cial en la Tercera Sección Elec­toral (la zona sur más cercana a la capital argentina), donde todas las encuestas la señalan como triunfadora” porque de resultar electa tendría fueros parlamentarios y, en conse­cuencia, no podría ser privada de su libertad.

Otros informantes consulta­dos sobre el tema no solo con­validaron aquella intención, sino que añadieron que “con esa estrategia la señora de Kirchner tiene la esperanza de salvar la ropa para no ir en cana (presa)”.

Las horas pasan. Los días también. Si bien desde la perspectiva procesal la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para expedirse, los jueces Horacio Rosatti, pre­sidente; Carlos Fernando Rosenkrantz, vicepresidente; y Ricardo Lorenzetti, tienen claro que el desprestigio del Poder Judicial –que es un dato real, verificable y com­probado entre otros por Lati­nobarómetro– podría cre­cer exponencialmente si no resolvieran la situación que comenzó a tramitarse cuando la imputada era presidenta.

El reloj –algo que los supre­mos parecen desconocer– en este caso les juega en contra. El fiscal general de la Nación, Eduardo Casal, consultado por la CSJN, varios días atrás dictaminó, aunque su dictamen no es vinculante con la decisión que finalmente tomen los jueces, que la con­dena a la señora de Kirchner debe ser duplicada (12 años) y, además, se la debería con­denar también por el delito de “asociación ilícita”, como técnicamente se denomina a una banda (a un grupo de 3 ó más personas) que se ponen de acuerdo para delinquir y obtener beneficios de esas acciones antijurídicas.

De allí que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti saben que –ante la opinión pública– tienen 97 días (hasta el inicio del 7 de septiem­bre) para decidir sobre el futuro de Cristina Fernández viuda de Kirchner.

Si no lo hicieran y en esa jor­nada fuera elegida candidata a diputada –desde ese mismo momento, aún antes de asu­mir el cargo– tendrá fueros y, para eventualmente encar­celarla para que cumpla la condena en la causa que la tiene como rea, previamente, deberá ser desaforada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El director de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, indicó que el Partido Colorado viene trabajando hace tiempo en la actualización en la ley de financiamiento político, dentro de los proyectos de modificación planteados en el Código Electoral, que la Cámara de Diputados tratará este martes en sesión ordinaria.

“El año pasado ya pasó algo parecido, inclusive la propia Justicia Electoral había planteado algún tipo de modificación del Código Electoral. El único partido que tomó en serio este tema fue el Partido Colorado, tuvimos inclusive sesiones de la Comisión Ejecutiva y convocamos a todos los líderes de bancada de ambas cámaras (del Congreso)”, indicó en entrevista con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Refirió que algunos de los cambios se trabajaron con la Justicia Electoral, y ese planteamiento fue enviado también a otros partidos políticos, sin embargo, no se tuvo respuesta de los mismos, y solo el Partido Colorado tomó una postura y trabajó por esos cambios.

“Teníamos otras observaciones por parte de la sala de apoderados, que está compuesta por Wildo Almirón, Magnolia Mendoza y quien les habla, hicimos un trabajo que queríamos ajustar, después ya de la experiencia que tuvimos con respecto a la ley de financiamiento y algunas cuestiones de la ley de desbloqueo también”, dijo el apoderado de la ANR.

Aclaró que fue una propuesta bastante debatida dentro del Partido Colorado con los legisladores y referentes de los distintos sectores internos, y no se trata de una imposición del movimiento Honor Colorado, como señalan algunos sectores.

“Algunos no participaron, los que están en contra son los que no participaron, a pesar de haber sido invitados, antes inclusive de ser presentado ante la Junta de Gobierno, el proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados, inclusive fue acompañado por los diputados de los otros partidos”, expuso González.

González aclaró que las modificaciones planteadas no buscan acortar los periodos electorales, refutando las afirmaciones de algunos medios que señalan que Honor Colorado impone estos cambios, para incluir acotar los periodos. Afirmó que no existe otra intención paralela con estas modificaciones en la ley de financiamiento.

“Yo creo que están un poco desinformados, porque acá los plazos son los mismos de siempre, acá lo que se habilita con la ley de financiamiento, nosotros teníamos que inscribir casi seis meses antes los movimientos y candidaturas, solamente por la ley de financiamiento, anteriormente se inscribía dos o tres meses antes, y lo que decimos es que se inscriban los movimientos, y eso es para que se pueda obtener el RUC (Registro Único de Contribuyente)”, aclaró.

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La presidencia de la Cámara de Diputados convoca al plenario para este martes 06 de mayo, a partir de las 09:00 horas, en sesión ordinaria, donde analizarán un orden del día que está conformado por 18 puntos. Entre los puntos a analizar se encuentra la propuesta que busca optimizar la utilización del Registro Cívico Permanente en los procesos electorales internos y generales.

Los legisladores analizarán la propuesta de modificación del artículo 130 de la Ley N° 834/1996, que establece el Código Electoral; modificada por la Ley N° 2.858/06, en lo que respecta a las inscripciones en el Registro Cívico Nacional y en el de extranjeros.

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De acuerdo a la exposición de motivos, esta propuesta busca optimizar la utilización del Registro Cívico Permanente en los procesos electorales internos y generales, permitiendo al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) establecer un corte técnico-administrativo en el periodo de inscripciones. Lo cual, facilitará una depuración oportuna del padrón y garantizará su utilización en los comicios partidarios y nacionales.

Según la exposición de motivos, esta medida busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, principalmente en años de elecciones municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se ha concluido la validación final del registro del año anterior.

Asimismo, la propuesta de modificación de artículo 130 establece que el periodo ordinario de inscripción seguirá siendo del 1 de marzo al 30 de diciembre, pero autoriza al TSJE a interrumpirlo en años electorales mediante un cronograma oficial, en el cual se fijarán además los plazos para tachas, reclamos y su resolución correspondiente.

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El plenario de la Cámara de Diputados analizará este martes de mayor el proyecto de ley que modifica algunos artículos del Código Electoral, con el objetivo de introducir importantes cambios al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

La iniciativa busca mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

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El proyecto plantea modificar los artículos 64 inciso a), 66 y el 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral vigente, en respuesta a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos, excesivamente, complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Entre los principales cambios propuestos respecto a la legislación actual, se destacan:

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: La actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: Se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten, únicamente, en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: A diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: El nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: La apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecida en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: En caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: Se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

Los proponentes aseguran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas.

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