A través de un proyecto de declaración, desde la Cámara de Diputados instaron a la Itaipú Binacional a realizar la donación de un equipo de bioseguridad al Hospital Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná. La iniciativa fue impulsada por el diputado liberal Fernando Oreggioni, y fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja.
Se trata del proyecto de declaración “que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores - Itaipú Binacional, la provisión de una cabina de bioseguridad para la preparación de quimioterapia para el Hospital Regional de Ciudad del Este”, que fue aprobado por la Cámara Baja en la sesión de esta semana.
El diputado Oreggioni expuso que la instalación de una cabina de bioseguridad en el centro asistencial es de vital importancia, tanto para el personal como para los pacientes. “Existe una penosa realidad de los pacientes del Hospital Regional de Ciudad del Este, por la carencia de esta cabina, considerada de suma importancia, tanto para los pacientes como para el personal hospitalario”, manifestó.
El documento refiere que la cabina de bioseguridad se trata de la instalación de equipos que han sido diseñados para mantener un área denominada zona de trabajo, libre de partículas o de probables contaminantes, como bacterias que puedan alterar el producto con el cual se trabaja, afectar la salud del trabajador o afectar el medio ambiente.
Esta petición podría ser la salida al pedido de pacientes oncológicos que acuden al Hospital Regional de CDE, quienes vienen exigiendo la instalación de una nueva cabina de bioseguridad de este centro asistencial, para conservar los medicamentos que son utilizados en el tratamiento, como las quimioterapias.
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Titulación de colonia Andrés Barbero honra acuerdo con Italia tras 70 años
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, puntualizó que se está honrando un acuerdo internacional firmado con la República de Italia con el inicio de la titulación masiva de la emblemática colonia Andrés Barbero (San Pedro), brindando una solución tras 70 años de espera.
Este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, tiene previsto llevar adelante su jornada de Gobierno en el departamento de San Pedro, específicamente en la colonia “Sucesión” (ex Andrés Barbero) o más conocido como Barbero Cué; donde se hará la primera entrega masiva de títulos de propiedad a campesinos beneficiarios.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz refirió que son los primeros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras.
Comentó que la importancia de esta primera entrega de títulos a los colonos de Andrés Barbero se debe, por un lado, por los antecedentes como asentamiento, que datan de 1951, es decir que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.
“Estamos hablando de cuatro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colonia que se destinó para asentamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el científico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregarle títulos de propiedad a las personas, debido a problemas judiciales”, precisó.
Acuerdo internacional
Además, Ruiz Díaz manifestó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.
“La colonia Andrés Barbero es un tema internacional. Se trata de la donación del Gobierno de Italia que condicionaba la regularización de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titulación, estamos honrando este acuerdo internacional, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó.
Trabajo público-privado
Como tercer aspecto, indicó que la concreción de todo este trabajo se da gracias un esfuerzo público y privado, entre Indert y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que han trabajado juntos para salvar los problemas que se estuvieron arrastrando por años y llegar a hoy a la entrega de los títulos.
El titular del Indert detalló que esta colonia Andrés Barbero es una comunidad muy grande con cerca de 2.000 beneficiarios, que habitan las 17.000 hectáreas que conforman esta propiedad y durante años ha atravesado muchos problemas. La comunidad instaló la cooperativa “Koga Poty”, que describió como un ensayo experimental muy interesante, apoyado y tutelado por la UGP.
“Son pequeños productores que decidieron unir su esfuerzo, así como unir sus inmuebles para tener escalas con eso, y demostrar que los pequeños productores también pueden ingresar a la agricultura de alta productividad o a la agricultura mecanizada. Y ellos hoy están produciendo productos que son exportados en el ámbito del comercio internacional. Son pequeñas parcelas, y que la clave siempre va a ser la asociatividad o la organización a través de las cooperativas”, dijo el titular del Indert.
Superar las barreras
“Identificamos esa tranca y, bueno, a partir de ahí trabajamos en eso y logramos destrabar, principalmente con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección de Catastro, logramos destrabar el problema y con eso estamos llegando”, expresó.
Explicó que el principal problema era que ya en el pasado se realizaron tres mensuras, las cuales decía que esta colonia tenía solamente 14.000 hectáreas, y esto no era aceptado por los colonos que exigían 17.000 hectáreas. Finalmente, se llegó a un acuerdo, de avanzar en todos aquellos lotes que no tienen problemas judiciales por superposición de loteamientos, pero respetando la totalidad de las 17.000 hectáreas, esperando que la justicia resuelva finalmente lo que falta.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Fortalecimiento del Ejército es clave en combate al crimen organizado, terrorismo y ciberataques
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resaltó la importancia de fortalecer las Fuerzas Militares, sobre todo teniendo en cuenta, que hoy el país está alejado de una guerra convencional, pero exige un fuerte combate ligado al terrorismo, ciberataques, crimen organizado y narcotráfico, que son los enemigos actuales.
El segundo del Poder Legislativo acompañó los actos de conmemoración del Día del Ejército Paraguayo y del natalicio del Mariscal Francisco Solano López, héroe máximo de la nación. El acto encabezado por el comandante en Jefe y presidente de la República, Santiago Peña, se llevó a cabo en el Cuartel General del Comando del Ejército.
En la ocasión, el titular de la Cámara Baja, se refirió a la política de defensa nacional, remarcando la necesidad de readecuar las Fuerzas Armadas ante las amenazas actuales que enfrenta el país.
“Hoy no existe una hipótesis de conflicto con países vecinos, pero debemos adaptar nuestras Fuerzas Armadas a las nuevas amenazas. La adquisición de radares y aviones como los Super Tucano permitirá, por primera vez, conocer lo que sucede en nuestros cielos y ejercer nuestra defensa de la soberanía aérea”, expresó.
Inversión estratégica
El diputado resaltó también la inversión estratégica en tecnología y equipamiento militar como parte de una visión integral de defensa nacional. Mencionó que los avances en defensa han sido posibles gracias a una eficiente gestión estatal, sin necesidad de subir impuestos.
“La exitosa negociación sobre Itaipú generó un superávit importante. A esto se suma la creación de la DNIT y otros cambios en el modelo de gestión, lo cual ha permitido aumentar la capacidad de inversión en defensa e infraestructura sin aumentar la presión tributaria. Esto refuerza nuestra competitividad y atractivo para la inversión extranjera”, explicó.
Lucha contra el narcotráfico
Sobre el combate al narcotráfico, el presidente de la Cámara de Diputados destacó avances concretos, y mencionó, como ejemplo, el récord en incautaciones de drogas.
“Por primera vez, no se ha detectado ningún cargamento de droga proveniente del Paraguay incautado en Europa. Esto refleja un mejoramiento, significativo, en nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico", precisó.
Resaltó que enfrentar al narcotráfico es como luchar contra un monstruo al que se debe combatir con todas las fuerzas. “Estamos dando pasos firmes mediante gestión, legislación y fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad”, concluyó.
Es importante señalar que durante el acto central, la Cámara de Diputados también estuvo representada por los legisladores colorados Pedro Ortiz y Diego Candia, además de su colega liberal Federico Franco.
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Afinan detalles del Registro Nacional de Pagarés para evitar problemas en su implementación
El diputado José Rodríguez informó que continúan trabajando en ajustes al proyecto de creación del Registro Nacional de Pagarés, con el objetivo de asegurar que su implementación sea verdaderamente útil, tanto para el sistema financiero como para los usuarios.
Según explicó, uno de los principales aportes de su bancada fue lograr que se incorporen mecanismos de digitalización al proyecto, permitiendo que los pagarés y otros títulos de crédito tengan trazabilidad digital además del respaldo físico.
Esto evitará irregularidades como falsificaciones o doble cobro. “Si el pagaré es por G. 10 millones, el sistema debe reflejar exactamente ese monto y su fecha. Así habrá un control cruzado entre lo físico y lo digital”, detalló en conversación con varios medios de prensa.
Rodríguez señaló que inicialmente la Corte Suprema de Justicia proponía que los pagarés se depositaran en los juzgados como garantía, sin contemplar los componentes digitales. Gracias al trabajo legislativo, esos elementos fueron incluidos en artículos específicos del proyecto.
El legislador aclaró que, pese a los avances, el trabajo continúa en conjunto con los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez, para asegurar que no haya vacíos legales que afecten a sectores como el de los microempresarios.
“Queremos que el registro funcione, pero también que no genere trabas futuras. Si nos apuramos demasiado, en el futuro podría haber problemas en las transacciones entre microempresarios porque el circulante puede parar por algunas lagunas jurídicas y puede afectar a la economía”, advirtió.
El proyecto apunta a fortalecer el sistema financiero a través de la transparencia y el control digital, pero Rodríguez insistió en que su éxito dependerá de que la norma esté bien diseñada desde el inicio. “Nuestro objetivo es que sea útil y eficaz desde el primer día”, concluyó.