El Ministerio Público presentó su Centro de Monitoreo de Denuncias que funcionará durante los comicios presidenciales del 30 de abril, con una cobertura de 100 agentes fiscales en todo el país. El centro tendrá a su cargo recepcionar todas las denuncias penales desarrolladas durante las elecciones y estaría ubicado en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción.
La coordinadora del centro será la fiscal adjunta Patricia Rivarola, quien indicó que el operativo busca dar respuesta inmediata a los posibles requerimientos durante la jornada electoral. Aparte, resaltó la permanente comunicación que viene ejerciendo el Ministerio Público con la Justicia Electoral y la Policía Nacional en los preparativos previos a los comicios próximos.
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El Ministerio Público ya había presentado hace unos días una guía de actuación fiscal, con un detalle de las faltas y delitos electorales, así como de las normas y procedimientos. Además de la instalación del centro de monitoreo, desde la Fiscalía se busca promover mayores compromisos para reforzar los controles electorales y proteger la voluntad popular.
Ese día también habrá una oficina de denuncias penales instalada en la planta baja de la sede central. “Esto estará habilitado ese domingo 30 de abril de manera a que la ciudadanía pueda acercarse a denunciar”, especificó la agente fiscal Rivarola.
Aparte de esto, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, y el ministro Jaime Bestard mantuvieron una reunión a fin de avanzar en los trabajos de coordinación interinstitucional con miras a las elecciones generales.
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Justicia Electoral asesora a líderes étnicos que buscan conformar movimiento político
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informaron que la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos está brindando asesoramiento a la presidenta de la Convención de Líderes Étnicos, encabezada por Irma López de Wiens. Esto, con la finalidad de conformar un movimiento político, con la denominación de Movimiento Político Indígena Latina, que buscará participar en las próximas elecciones generales.
El informe oficial señala que, en ese marco, los funcionarios de la institución, Doricel Coronel, Fiorella Vittone y Limpia Rodríguez, orientaron sobre los pasos a seguir para la creación del movimiento político. Hay que destacar que todo lo referente a las tareas preparatorias y procedimientos para el posterior reconocimiento de las organizaciones políticas están contemplados en el artículo 17 de la Ley 834/96 del Código Electoral Paraguayo.
Igualmente, el artículo 125 de la Constitución Nacional explica el derecho que tiene el ciudadano de asociarse libremente a partidos y movimientos políticos. El TSJE menciona que este servicio de asesoría para los nuevos movimientos y partidos políticos se brida de manera gratuita.
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La Justicia Electoral recuerda a todas las organizaciones políticas que desean recibir asesoramiento, acercarse hasta la sede central de la institución, ubicada en avenida Eusebio Ayala n.° 2.759 casi Santa Cruz de la Sierra, Asunción.
Así también menciona que se puede concurrir a cualquiera de los Centros Cívicos y Registros Electorales distribuidos en todo el país. Otras vías para ponerse en comunicación con esta dependencia es WhatsApp en el número (0981) 059 853 o a la línea telefónica (021) 6180 573/ 6180 574 o a través de los correos electrónicos: partidostsje@gmail.com y asesoriadpymp@gmail.com.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).
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Fiscalía incautó lotes de camperas presuntamente falsificadas en Falcón
La agente fiscal interina de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual y contra el Contrabando de Villa Hayes, Norma Paredes, realizo está mañana una intervención en Puerto Seco Boreal de Falcón, en el marco de una investigación iniciada por la supuesta infracción a las leyes que protegen la propiedad marcaría.
La comitiva interinstitucional integrada por la Dirección General de Vigilancia Aduanera (GGA) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección General de Observancia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), coordinados por la representante del Ministerio Público realizaron una inspección a un contenedor que tenia un total de 222 bultos que contenían una gran cantidad de camperas, presumiblemente de marcas falsificadas.
Cada bulto contenían entre 60 a 70 prendas, totalizando 13.000. Los 222 bultos son camperas genéricas, sin marca, por lo que no fueron incautadas. El lote de mercadería incautada quedará en resguardo de la administración aduanera a la espera del mandamiento judicial correspondiente.
Igualmente, la representante del Ministerio Público una vez recabado todos los datos deberá estudiar si corresponde presentar imputación contra los responsables del contenedor.
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Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
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