A menos de 20 días para las elecciones generales previstas para el 30 de abril, el senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer fue contundente en mencionar que la intención de impulsar la unidad entre la Concertación efrainista y el movimiento La Nueva República quedó totalmente descartada.
“Creo que esa posibilidad se enfrío, me parece que no hay puentes en este momento, está muy fría la cosa, tengo esa impresión de que los intentos iniciales no continuaron y las cosas se enfriaron”, indicó en comunicación con la radio 1020 AM.
De esta manera la oposición irá quebrada a los comicios nacionales para enfrentar al Partido Colorado, pese a las constantes insistencias principalmente por parte de los dirigentes de la Concertación liderada por Efraín Alegre, de llegar al establecimiento de acuerdos.
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Incluso desde el bloque que aglutina a varios movimientos y partidos opositores contaban con la intención de que la chapa presidencial integrada por Euclides Acevedo, exministro del Interior y el senador izquierdista Jorge Querey, declinen a favor de la candidatura del también titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El retorno del exjefe de Estado Fernando Lugo al Paraguay tampoco fue suficiente para lograr unificar a ambos bloques, teniendo en cuenta que se esperaba un posicionamiento del senador que motive a una reconciliación, teniendo en cuenta que un gran sector del Frente Guasu responde a la candidatura de Acevedo y otra a la del proyecto de Alegre.
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Oposición plantea que deudores no figuren en Informconf por monto menor a G. 5.500.000
Senadores de las diferentes bancadas de la oposición impulsan la modificación del artículo 17 de la Ley n.° 6534/20 de protección de datos personales crediticios con el fin de establecer un monto mínimo de deuda de una persona que justifique la publicación, difusión o transmisión por parte de los burós de información crediticia de dicha operación.
El documento propuesto por Ignacio Iramain, José Oviedo, Esperanza Martínez, Líder Amarilla, Ever Villalba, Rafael Filizzola y Rubén Velázquez tuvo entrada oficial el pasado 20 de noviembre. Indica que en el marco legal vigente cualquier monto de deuda, por insignificante que sea, puede ser objeto de divulgación en los burós de información crediticia.
“Esta práctica genera una evidente injusticia, ya que equipara el impacto negativo en la reputación y el historial crediticio de una persona que adeuda una pequeña suma con el de otra que mantiene una deuda mucho mayor”, sostienen.
Indican además que la publicación indiscriminada de deudas mínimas puede tener consecuencias muy negativas para las personas, afectando sus oportunidades laborales, relaciones comerciales e incluso su bienestar emocional.
“Principalmente en el ámbito laboral, sigue existiendo la practica por parte de muchos empleadores que no contratan a quienes figuran en estos burós crediticios, lo cual convierte el problema en un eterno ciclo, porque no hay forma que un trabajador salga de esa lista sin pagar y para ello, necesita un trabajo que se le niega por estar incluido en dichas carteras. Por eso se hace necesario ocuparnos de este problema y buscar una solución”, sostienen.
De esta forma afirman que la iniciativa busca establecer un monto mínimo de deuda por encima del cual se permita la inclusión en la base de datos de los burós de información crediticia. “Con esto, se busca proteger a los deudores de montos menores de los efectos desproporcionados de la publicación de sus datos financieros. Al exigir un monto mínimo significativo, se garantiza que la divulgación se limite a casos en los que la deuda representa un riesgo real para el acreedor y se evita el daño reputacional injustificado de la persona”, mencionan.
La propuesta expresa que no se tramitarán ni divulgarán los datos crediticios de deudas vencidas no reclamadas judicialmente que hayan superado 3 años de inscripción, las deudas canceladas de manera inmediata, una vez recibida la notificación de la fuente de información, los juicios de convocatoria de acreedores después de 5 años de la resolución judicial que la admita y los datos crediticios de deudas de personas físicas que en su totalidad no superen 2 salarios mínimos legales vigentes en una misma entidad.
Actualmente el proyecto fue girado a las diferentes comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes ya sea por la aprobación o rechazo para su posterior tratamiento en el pleno. En caso de lograr su sanción en el Congreso Nacional y su posterior promulgación en el Ejecutivo se publicará y divulgará las deudas de personas físicas a partir de G. 5.596.618.
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Oposición teme que desarrollo de la costanera sea ganancia política para la ANR, dice Nenecho
“La subasta al alza de 6 hectáreas en la zona Norte representará el inicio para el desarrollo en la costanera de Asunción”, dijo el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez tras rechazar las versiones impulsadas por algunos concejales opositores y medios de comunicación aliados quienes indican que el aceleramiento del proceso público tenga como trasfondo cubrir deudas y gastos operativos de la municipalidad a raíz de un supuesto quiebre.
“Algunos autores de la oposición saben perfectamente que la persona que otorgue el punta pie inicial para el desarrollo en la zona quedará en la historia y que esto en algún momento podría ser un rédito político es por eso que este sector no quiere que sea yo, un colorado, perteneciente al movimiento Honor Colorado sea quien desarrolle este proyecto”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Rodríguez surgieron tras la decisión de la junta municipal de aprobar el pliego de bases y condiciones para llevar adelante la subasta de las tierras con una referencia fijada en G. 28.000 millones por cada una.
Rodríguez señaló que este proceso se encuentra alineado con el Plan Maestro de la Costanera, presentado meses atrás, y tiene como finalidad principal atraer inversiones para proyectos inmobiliarios, gastronómicos, hoteleros y de entretenimiento, generando desarrollo económico y social en la capital.
Ante el cuestionamiento por parte de algunos medios de comunicación a que acusó de intentar “poner palos en la rueda” al desarrollo de la capital afirmó que “Tienen sus intereses, no nos olvidemos que ese grupo de medios está desarrollando en otra zona de la ciudad, iniciativas inmobiliarias, está agrandando su shopping, sus bancos”.
Asimismo Rodríguez acotó: “Este proyecto representará una pérdida tremenda para ellos, ya que si una persona tiene la posibilidad de adquirir un departamento, un local gastronómico o desarrollar un hotel en la zona de la costanera antes que en la zona de Villa Morra será lógicamente una pata en el hígado para ellos, es por eso que ponen palo a la rueda”.
Por otra parte, desmintió las afirmaciones de que los lotes subastados se encuentren comprometidos en proyectos financiados por el Banco Mundial, mencionando que estas hectáreas no forman parte de los acuerdos relacionados con el préstamo para la reconversión del centro histórico y el Parque Caballero.
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Frente Guasu niega deuda con entidad bancaria
Los exrepresentantes de la agrupación política Frente Guasu niegan que hayan firmado un préstamo con la entidad bancaria ueno Bank. A través de un comunicado a la opinión pública, refieren que las firmas que aparecen en los pagarés no les corresponden. De acuerdo con los documentos, figuran como codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas.
El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, la semana pasada había indicado que la deuda de la concertación Frente Guasu, es por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.
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“El 23 de junio de 2023, fuimos demandados por la entonces Financiera ueno, hoy ueno Bank, por una supuesta deuda de G. 2.021.219.253. Según la entidad, el monto resulta de la reestructuración de un crédito anterior con la firma Credicentro, absorbida por la primera. Aclaramos que no hemos tramitado con la entidad financiera ueno, hoy ueno Bank”, refiere el texto publicado.
Así mismo, se menciona en el comunicado que, las firmas en el pagaré no les corresponde, que la fecha de certificación de las firmas en el pagaré difiere de la fecha indicada en el mismo. Además, señalan que en la fecha de las supuestas firmas en la solicitud, el pagaré y la liquidación del crédito, Carlos Filizzola ya no ocupaba el cargo de presidente de la concertación Frente Guasu.
También piden a la entidad bancaria el mayor control al momento de otorgar este tipo de créditos. El comunicado está firmado por Carlos Filizzola, Aida Robles y Oscar Dario Rojas.
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Senadores y ministro del TSJE integraron la misión de observación electoral en Uruguay
Los senadores Dionisio Amarilla de la oposición y Lilian Samaniego de Asociación Nacional Republicana (ANR), se instalaron en la ciudad de Montevideo con el objetivo de observar el desarrollo de los comicios generales del Uruguay. Para elegir al sucesor del presidente Luis Lacalle Pou, fueron habilitados un total de 2,7 millones de votantes.
También se desempeñó como observador de las elecciones el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González. Las misiones de observación tienen como finalidad intercambiar experiencias con observadores de diversos países en relación a los procesos electorales y las buenas prácticas democráticas.
En estas elecciones generales los ciudadanos uruguayos no solo eligen al presidente y vicepresidente de la República, sino también a 30 integrantes de la Cámara de Senadores y 99 representantes de la Cámara de Diputados para el periodo 2025-2030.
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Entre los 11 aspirantes al cargo de mandatario, la disputa en las urnas se centra entre Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, Álvaro Delgado, del gobernante Partido Nacional y Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Los locales de votación estarán abiertos hasta las 19:30.
Asimismo los uruguayos deberán sentar posicionamiento sobre dos propuestas de referéndum. El primero propone bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años y prohibir los regímenes privados de pensiones y el segundo plantea permitir allanamientos nocturnos.
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