Un total de seis auditores de la Contraloría General de la República (CGR), institución encabezada por Camilo Benítez, se constituyó hasta la sede del Ministerio Público con el fin de iniciar el proceso de fiscalización financiera y de cumplimiento solicitada por el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Ramón Rolón Fernández.
Al respecto, Raquel Sanabria, directora de Auditoría del órgano extrapoder, mencionó que será requerido por la Contraloría en la supervisión la ejecución presupuestaria, el balance de los estados financieros y las informaciones contables del anterior periodo.
“El nuevo fiscal tiene las puertas abiertas, las documentaciones financieras están totalmente en el Tribunal de Cuentas, es por eso que ahora llevamos un acto de desistimiento realizado por Rolón de la acción de inconstitucionalidad para poder solicitar al Tribunal la entrega de los documentos y así tener acceso”, comentó.
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Detalló también que la fiscalización se iniciará desde el ejercicio fiscal del año 2022, para luego continuar analizando paulatinamente los demás periodos. “Mínimamente nos llevará tres meses el análisis, pero dependerá desde el momento en que tengamos el acceso a las documentaciones”, puntualizó.
Por otra parte, Sanabria comentó que será la primera vez que la Contraloría auditará el Ministerio Público, teniendo en cuenta que en las anteriores gestiones se contó con la acción de inconstitucionalidad. “Esto fue solicitado por el nuevo fiscal”, indicó.
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Contraloría ordena auditoría a Municipalidad de Villa Elisa
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de una auditoría a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el liberal Sergio Agustín Estigarribia Medina, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. La comuna sirvió como trampolín para el crecimiento patrimonial del clan Estigarribia.
- Unidad de Investigación Nación Media
La CGR comunicó la apertura de una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por Sergio Estigarribia. En concreto, la auditoría se centrará en la ejecución presupuestaria. La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos estarán a cargo del titular de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales. “Asimismo, se comunica que el equipo auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la supervisora y/o jefe de Equipo, sin perjuicio de que el equipo auditor labre actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, refiere la nota remitida por el ente contralor al jefe comunal.
EL CRECIMIENTO CON LA POLÍTICA
De quinielero a millonario político. El caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), es digno de estudio. Es que el jefe del Ejecutivo departamental siempre se escudó en sus modestos inicios como corredor de quinielas; sin embargo, actualmente es todo un potentado.
Estigarribia experimentó un rápido crecimiento desde su llegada a la política, de acuerdo con lo que se detecta en sus declaraciones juradas de bienes y renta (DD. JJ.) publicadas en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
La primera manifestación de bienes data de diciembre de 2015. En ese documento, Estigarribia decía tener dos inmuebles tasados en G. 730 millones, una camioneta tasada en G. 150 millones y en efectivo tenía otros G. 200 millones. Las primeras compras de inmuebles declaradas figuran desde el 2010, tiempo en el que Estigarribia daba sus primeros pasos como concejal.
En total, para 2015 sus activos alcanzaban los G. 1.080 millones
Para 2023, Estigarribia declaraba ya cuatro inmuebles tasados en G. 854 millones, había cambiado su camioneta por una tasada en G. 481 millones. En muebles, que no declaró en 2015, había acumulado ya G. 128 millones y en efectivo tenía G. 25 millones. Para el momento de asumir como gobernador, sus activos habían superado los G. 1.489 millones.
UNA FAMILIA MILLONARIA
Pero el bienestar no solo alcanzó al político liberal. En los últimos años, el clan Estigarribia ha captado la atención pública no solo por la trayectoria política de sus miembros, sino también por sus sorprendentes inversiones inmobiliarias. A pesar de sus humildes orígenes, Edith Rosa Medina Verón, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, madre y hermana del actual gobernador Ricardo Alfredo Estigarribia, han invertido cifras que deslumbran, y no menos intrigante es la participación de Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador.
Según documentos revelados por la Abogacía del Tesoro, en menos de dos años, las tres mujeres han inyectado aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia. Lo que llama la atención es el origen de estos fondos, considerando que la matriarca, Edith Rosa Medina Verón, ha sido conocida en su comunidad como una modista de barrio. No obstante, sus inversiones parecen más propias de grandes magnates de la moda internacional que de una modesta costurera.
Uno de los casos más destacados es el de RM8 Desarrollo SA. En esta empresa, Edith Rosa Medina Verón figura con un aporte en efectivo de G. 4.000 millones, mientras que su hija, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, ha contribuido con G. 1.000 millones adicionales. Ambas mujeres, de origen humilde, hoy aparecen como propietarias de al menos tres cuentas corrientes y fincas ubicadas en Villa Elisa, donde se ha construido un imponente depósito.
Además, Tecno Capital SA es otra empresa bajo el radar. En esta sociedad, inicialmente aparecían como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo de esta empresa asciende a G. 2.500 millones, una cifra que contrasta con lo declarado por el funcionario en su patrimonio.
Otra empresa bajo el control de la familia es Las Azas SA, que registra aportes en efectivo de G. 1.500 millones. Aquí, Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador Ricardo Estigarribia, figura con acciones por G. 600 millones, mientras que Nuni Medina Galeano aporta otros G. 900 millones. La empresa no solo maneja varias cuentas corrientes, sino también una quinta ubicada en Piribebuy, un terreno verde que limita con un arroyo. Durante una visita al lugar, un cartel que decía Quinta San Andrés, en homenaje al padre fallecido de los hermanos Estigarribia, desapareció misteriosamente tras alertar a los propietarios con nuestra presencia.
Otro bien notable vinculado a Las Azas SA es una cuenta corriente que el mismo gobernador Estigarribia declaró ante la Contraloría. Este inmueble incluye una terraza con piscina, adyacente a su imponente residencia. La transición de Estigarribia de quinielero a una de las autoridades con mayor crecimiento patrimonial ha sido tan veloz como controversial.
MOTEL A FUERZA DE FONACIDE
El entramado financiero del clan no se detiene en las mujeres de la familia. Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia, también ha visto un ascenso económico sorprendente. En actas de asamblea, figura como accionista de Asispar SA, una empresa que recibió adjudicaciones directas por G. 1.872 millones durante la intendencia de Ricardo Estigarribia para proveer almuerzos escolares. No obstante, en 2020, Asispar SA diversificó su negocio, inaugurando un motel, lo que amplía aún más las ramificaciones económicas de la familia.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena distribuidas en distintas localidades. Las preguntas sobre el origen de estos recursos y cómo una familia, cuya matriarca era una modista, ha logrado acumular semejante fortuna, siguen en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que las finanzas del clan Estigarribia, especialmente las de sus mujeres, no pasan desapercibidas en el ámbito económico y político del país.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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Contraloría ordena auditoría a Municipalidad de Villa Elisa
Unidad de Investigación Nación Media
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de una auditoría a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el liberal Sergio Agustín Estigarribia Medina, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. La comuna sirvió como trampolín para el crecimiento patrimonial del clan Estigarribia.
La CGR comunicó la apertura de una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el Sergio Estigarribia. En concreto, la auditoría se centrará en la ejecución presupuestaria.
La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos, estarán a cargo del titular de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales.
“Asimismo, se comunica que el Equipo Auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la Supervisora y/o Jefe de Equipo, sin perjuicio de que el Equipo Auditor labre Actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, refiere la nota remitida por el ente contralor al jefe comunal.
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El crecimiento con la política
De quinielero a millonario político. El caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), es digno de estudio. Es que el jefe del Ejecutivo departamental siempre se escudó en sus modestos inicios como corredor de quinielas, sin embargo, actualmente es todo un potentado.
Estigarribia experimentó un rápido crecimiento desde su llegada a la política, de acuerdo con lo que se detecta en sus declaraciones juradas de bienes y renta (DDJJ) publicadas en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
La primera manifestación de bienes data de diciembre de 2015. En ese documento, Estigarribia decía tener dos inmuebles tasados en G. 730 millones, una camioneta tasada en G. 150 millones y en efectivo tenía otros G. 200 millones. Las primeras compras de inmuebles declaradas figuran desde el 2010, tiempo en el que Estigarribia daba sus primeros pasos como concejal.
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En total, para 2015 sus activos alcanzaban los G. 1.080 millones
Para 2023, Estigarribia declaraba ya cuatro inmuebles tasados en G. 854 millones, había cambiado su camioneta por una tasada en G. 481 millones. En muebles, que no declaró en 2015, había acumulado ya G. 128 millones y en efectivo tenía G. 25 millones.
Para el momento de asumir como gobernador, sus activos habían superado los G. 1.489 millones.
Una familia millonaria
Pero el bienestar no solo alcanzó al político liberal. En los últimos años, el clan Estigarribia ha captado la atención pública no solo por la trayectoria política de sus miembros, sino también por sus sorprendentes inversiones inmobiliarias. A pesar de sus humildes orígenes, Edith Rosa Medina Verón, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, madre y hermana del actual gobernador Ricardo Alfredo Estigarribia, han invertido cifras que deslumbran, y no menos intrigante es la participación de Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador.
Según documentos revelados por la Abogacía del Tesoro, en menos de dos años, las tres mujeres han inyectado aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia. Lo que llama la atención es el origen de estos fondos, considerando que la matriarca, Edith Rosa Medina Verón, ha sido conocida en su comunidad como una modista de barrio. No obstante, sus inversiones parecen más propias de grandes magnates de la moda internacional que de una modesta costurera.
Uno de los casos más destacados es el de RM8 Desarrollo SA. En esta empresa, Edith Rosa Medina Verón figura con un aporte en efectivo de G. 4.000 millones, mientras que su hija, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, ha contribuido con G. 1.000 millones adicionales. Ambas mujeres, de origen humilde, hoy aparecen como propietarias de al menos tres cuentas corrientes y fincas ubicadas en Villa Elisa, donde se ha construido un imponente depósito.
Además, Tecno Capital SA es otra empresa bajo el radar. En esta sociedad, inicialmente aparecían como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo de esta empresa asciende a G. 2.500 millones, una cifra que contrasta con lo declarado por el funcionario en su patrimonio.
Otra empresa bajo el control de la familia es Las Azas SA, que registra aportes en efectivo de G. 1.500 millones. Aquí, Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador Ricardo Estigarribia, figura con acciones por G. 600 millones, mientras que “Nuni” Medina Galeano aporta otros G. 900 millones. La empresa no solo maneja varias cuentas corrientes, sino también una quinta ubicada en Piribebuy, un terreno verde que limita con un arroyo. Durante una visita al lugar, un cartel que decía “Quinta San Andrés”, en homenaje al padre fallecido de los hermanos Estigarribia, desapareció misteriosamente tras alertar a los propietarios con nuestra presencia.
Otro bien notable vinculado a Las Azas SA es una cuenta corriente que el mismo gobernador Estigarribia declaró ante la Contraloría. Este inmueble incluye una terraza con piscina, adyacente a su imponente residencia. La transición de Estigarribia de quinielero a una de las autoridades con mayor crecimiento patrimonial ha sido tan veloz como controversial.
Motel a fuerza de Fonacide
El entramado financiero del clan no se detiene en las mujeres de la familia. Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia, también ha visto un ascenso económico sorprendente. En actas de asamblea, figura como accionista de Asispar SA, una empresa que recibió adjudicaciones directas por G. 1.872 millones durante la intendencia de Ricardo Estigarribia para proveer almuerzos escolares. No obstante, en 2020, Asispar SA diversificó su negocio, inaugurando un motel, lo que amplía aún más las ramificaciones económicas de la familia.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena, distribuidas en distintas localidades. Las preguntas sobre el origen de estos recursos y cómo una familia, cuya matriarca era una modista, ha logrado acumular semejante fortuna, siguen en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que las finanzas del clan Estigarribia, especialmente las de sus mujeres, no pasan desapercibidas en el ámbito económico y político del país.
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Contraloría habilita plataforma para reportes y control de Hambre Cero
En el marco del control a la aplicación del programa Hambre Cero, la Contraloría General de la República habilitó la plataforma Ñangareko, a la cual podrán tener accesos los padres y la comunidad educativa en general de modo a calificar la calidad de los alimentos y realizar denuncias específicas en los que casos que así lo precisen.
“Es parte de lo que tiene previsto llevar adelante la Contraloría en la implementación de controles y fiscalizaciones de Hambre Cero. Ellos han diseñado una plataforma de fácil acceso y donde va a estar disponible a padres de familia, docentes y a toda la comunidad educativa de todas las escuelas, de manera que puedan desde ahí tener acceso fácil y puntuar la calidad de la comida”, explicó el ministro Tadeo Rojas.
El titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) detalló a la 650 AM que en los casos de mala calidad, se podrá incluso adjuntar fotografías y reportes precisos sobre los alimentos. En la plataforma estarán identificadas todas las escuelas en donde se implementa el programa de alimentación, divididos por distritos y departamentos.
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“La Contraloría va a estar remitiendo un reporte a las gobernaciones, al MDS y también un consolidado al Consejo de Alimentación Escolar (Conae), de manera que sirva como un elemento de monitoreo permanente y que se puedan tomar acciones inmediatas, teniendo en cuenta que es imposible que exista un fiscalizador en cada escuela”, expresó.
Será de gran ayuda
No obstante, Rojas recordó que el MDS realiza controles aleatorios en las áreas de su competencia, al igual que el ente contralor, el que mediante sus funcionarios también realizarán monitoreos presenciales en las escuelas de todo el país. El secretario de Estado señaló que de todas formas, esta plataforma será de gran ayuda, pues permitirá tener una “radiografía” de la implementación del programa y posibilitará tomar acciones inmediatas.
“Siempre hemos dicho que este programa va a ayudar a mejorar un montón de cosas, a identificar debilidades, a ver problemas que se dan en muchos establecimientos educativos. Aquí el objetivo fundamental es ofrecer el plato de comida a los niños considerando que para el gobierno del presidente Santiago Peña es prioridad la alimentación de los chicos en etapa escolar”, remarcó Rojas.