• Juan Marcelo Pereira
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Actualmente, el Congreso es escenario de discusión del proyecto “De protección de datos personales en Paraguay”, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales en relación al uso y tratamiento de la información personal. A pesar de que la intención de la propuesta es valorada, expertos en la materia consideran necesario que Paraguay posea un modelo regulatorio propio.

“Celebro que el tema sea objeto de análisis en nuestro país, pues la sociedad y el mercado así lo requieren, considero que Paraguay se encuentra en un momento crucial, aunque el punto de partida de este tema tuvo una importante omisión, el debate sobre el modelo regulatorio que nuestro país necesita”, afirmó Stephan Vysokolán, abogado y experto con Certificación Internacional en Protección de Datos.

El proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de mayo en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento. "La protección de datos como derecho fundamental o como derecho individual del consumidor, este debió ser el punto de partida en el análisis de esta iniciativa“, señaló como uno de los principales cuestionamientos.

Vysokolán agregó que otro punto cuestionable es que un 70 % del documento aprobado por los Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, razón por la cual será de difícil aplicación y cumplimiento en Paraguay.

“Si bien es importante hacer notar que el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea contiene principios y estándares de cumplimiento y protección muy elevados -extremo que lo convierte a nivel nacional en el instrumento normativo más importante en esta materia-, no podemos ignorar las diferencias entre la sociedad europea y la paraguaya; por ende, una copia textual podría resultar ineficaz e incluso perjudicial para nuestro país“, advirtió.

Sobre el cuestionamiento a la falta de debate sobre el modelo regulatorio que el Paraguay necesita, el experto dijo que “actualmente la normativa europea reconoce tal protección como un derecho fundamental y lo regula en consecuencia bajo esa premisa o circunstancia específica. Por su parte, el modelo regulatorio de Estados Unidos, China y otros países considera a la Protección de Datos como un derecho individual del consumidor“.

Vysokolán acotó a su crítica que “en la Cámara de Diputados en principio debió debatirse este tema, determinar previamente si en Paraguay este derecho sería fundamental o un derecho del consumidor, y a partir de ello, optar por el modelo regulatorio que sería considerado la base de nuestra legislación, sea un modelo centralizado, híbrido o cectorial".

El abogado insistió en que se debió dar participación en la discusión del proyecto de ley a autoridades nacionales y representantes del sector privado. “El Estado paraguayo, de acuerdo a sus políticas públicas en materia de captación de inversiones, debe establecer el norte a seguir y tal cuestión debió ser comunicada al Congreso", remarcó.

Agregó que, a partir de ello, si nuestro país tiene intenciones a largo plazo de establecer mayores lazos comerciales con Europa, es probable que sea más conveniente tener en cuenta varios aspectos del reglamento general de la Unión Europea; pero si por el contrario, las políticas públicas en materia de inversiones nos focalizan en acuerdos con Estados Unidos, China, Brasil, entre otros, “lo recomendable sería adaptar nuestra legislación a la tendencia de tales países en materia de protección de datos”, enfatizó.

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Vysokolán refirió que la regulación europea en materia de protección de datos es altamente restrictiva y contiene estándares de cumplimiento elevados en cuestiones relacionadas con la innovación y la tecnología.

“Importar ciertos aspectos de tal regulación podría afectar a las importantes inversiones que empresas paraguayas están realizando, como así también inversiones extranjeras que pretenden desembarcar en nuestro país en el rubro de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las Fintech, entre otros modelos de negocios“, puntualizó.

Añadió que una regulación altamente restrictiva en materia de protección de datos, tal como se plantea en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, “podría ahuyentar capital extranjero, viéndose afectada de esa manera nuestra economía nacional. Otra cuestión a tenerse en cuenta son los altos costos que implica tener una regulación rigurosa y restrictiva en materia de protección de datos, especialmente para las entidades financieras, de crédito y las pymes“.

El experto manifestó que considerado las políticas públicas actualmente trazadas por el gobierno de Santiago Peña, en materia de captar inversiones, “la opción más viable sería establecer un modelo regulatorio híbrido, de esa forma, nuestra regulación tendría mayor versatilidad y eso facilitaría la labor del gobierno como del empresariado paraguayo en su afán de captar inversión extranjera, pues, la existencia de barreras altamente restrictivas en materia de protección de datos podría ahuyentar a potenciales inversores de regiones especificas del continente".

Finalmente, Vysokolán considera que contar con una Ley General de Protección de Datos Personales será una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos con respecto al tratamiento de sus datos, que a su vez es un aspecto clave en la atracción de inversión extranjera.

“Esto también tiene directa relación con el acceso a la innovación que todo país tercermundista requiere. Pero para lograr lo expuesto, debemos evitar la trampa de la copia fácil y optar por un modelo regulatorio que adecue a nuestro país“, concluyó.

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La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depó­sito judicial de títulos de cré­dito o documentos originales en el marco de los procesos civi­les ante los juzgados y tribuna­les”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.

La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso cono­cido como “mafia de los paga­rés”. El proyecto recibió un dic­tamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estu­diaron el proyecto y así tam­bién de parte de la Comisión Especial de carácter transito­ria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.

“Destacar que tuvimos una audiencia en con­junto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quie­nes evacuaron todas las consul­tas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aproba­ción”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

En este sentido, la mencionada comisión acon­sejó la aprobación con modifi­caciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incor­pora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custo­dia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.

La Cámara de Senadores otorgó una placa de home­naje y reconocimiento a Ruth Amit Fogel, cónsul honoraria de Paraguay en Israel.

La diplomática expresó su agradecimiento manifestando “aguyje” y valorando el relacio­namiento entre ambos países y destacando el fuerte posi­cionamiento de nuestro país a favor de la nación israelí. “Gra­cias desde lo más profundo de mi corazón por tan distinguido reconocimiento que lo recibí con gran emoción, como israelí, siento un nexo profundo con el Paraguay, ambas naciones son tan distintas, pero comparten valores idénticos, resistencia, orgullo y una identidad que no se rinde siquiera en los momen­tos más difíciles”, expuso ante el Senado.

Amit recordó que asumió el cargo hace 18 años y desde entonces, la misión se convirtió en algo inseparable de su vida, dado que cuando no existía una embajada fija de Paraguay en Israel, su oficina fue un nexo entre miles de para­guayos, estudiantes, empresa­rios, turistas y miembros de la comunidad paraguaya en Israel en general.

“Hoy me encuen­tro aquí no solo como repre­sentante del Paraguay, sino que como una aliada orgullosa en este histórico momento de la renovación de la Embajada de Paraguay en Jerusalén, en la capital de Israel, no solo fue un acto diplomático, sino que es una profunda declaración de valores. Paraguay no solo se encuentra al lado de Israel sino se hace eco de la voz del verda­dero lado de la historia”, añadió.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.

La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso conocido como “mafia de los pagarés”. El proyecto recibió un dictamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estudiaron el proyecto y así también de parte de la Comisión Especial de carácter transitoria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.

“Destacar que tuvimos una audiencia en conjunto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quienes evacuaron todas las consultas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aprobación”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

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En este sentido, la mencionada comisión aconsejó la aprobación con modificaciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incorpora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custodia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.

“La intención principal es contar con un marco regulatorio que impida que los títulos de crédito sean utilizados de mala fe, por circulación inapropiada cuando ya se ha iniciado una demanda reclamando el pago y hasta tanto no se dicte una sentencia definitiva que acoja o rechace la acción determinando expresamente que la devolución del título se hará a quien corresponda”, explicó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial manifestó que han recibido más de 4.000 denuncias en el marco de la “mafia de los pagarés” en los que existen casos en que se ha cobrado doblemente el monto de la deuda. “Y en muchos casos el pagaré nunca aparece, sigue circulando, nos hemos encontrado con un mismo pagaré demandado en diferentes Juzgados, incluso los que ya fueron cobrados”, refirió.

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Maidana indicó que este caso desató una problemática social muy fuerte y que con esta normativa, el Poder Judicial tendrá más instrumentos para preservar, custodiar y devolver los documentos. Tras su aprobación con modificaciones, el proyecto será remitido para su estudio a la Cámara de Diputados.