Ciudad del Este. Agencia Regional.

Productores de zapallo de Ñacunday se preparan para concretar la primera exportación que, en este caso será al Uruguay. Para ello existe un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) para la fitosanidad de la producción, de acuerdo a la exigencia del mercado uruguayo.

Así manifestó a La Nación/Nación Media, el ingeniero agrónomo Guido Servían, del Senave, sobre el trabajo que se viene realizando en 25 hectáreas de zapallo, pertenecientes a 12 productores organizados en la Asociación de Productores Ponta Jovai, de Lomas Valentinas. Informó que por hectárea producen un promedio de 15.000 kilos.

“Uruguay exige que el producto sea libre de una especie de mosca llamada anastrepha grandis, para que puedan recibir la producción nuestra; en tal sentido estamos haciendo el seguimiento con los trabajos técnicos y de laboratorio para lograr el objetivo”, explicó el funcionario del Senave.

Por su parte, Juan Bosco Gómez Cáceres, miembro de la asociación, informó que el 30 de abril se reunirán con el empresario que compraría los zapallos, una vez completado los requerimientos. Mencionó que varios de los productores ya están con las hortalizas listas para ser comercializadas.

“Nos estamos preparando para la exportación a la República Oriental del Uruguay. Ya el año pasado tuvimos el proyecto de exportar, pero en la total ignorancia sobre el proceso fitosanitario que debíamos hacer”, expresó el productor.

Puede interesarle: Semana Santa: CDE registró 95 % de ocupación hotelera con extranjeros y locales

Indicó además que “esta vez el representante de la empresa se va a reunir con nosotros, comercializaremos directamente con el mercado uruguayo”. De la reunión también participará la empresa contratada por la firma compradora para el transporte de los zapallos.

“Lo que buscamos es buen precio, cuesta la producción, desde la preparación de la parcela para sembrar, lo que incluye fertilizantes, fungicidas, insecticidas, la semilla que no está tan barata, un paquete de semillas cuesta 1 millón de guaraníes y se necesita como mínimo tres paquetes para una hectárea de siembra”, explicó Juan Gómez Cáceres.

El productor dijo que buscan “nuevos mercados para que haya competencia”, además de mencionar el perjuicio que les ocasiona el contrabando. “El contrabando afecta considerablemente los precios”, remarcó el productor de Ñacunday.

En lo que respecta a Alto Paraná, cinco productores de Juan León Mallorquín, con un total de 35 hectáreas de cultivos de zapallo, también son parte del proyecto de comercialización al Uruguay, al igual que unos diez agricultores de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, según el ingeniero Guido Servían.

• Por hectárea los agricultores producen un promedio de 15.000 kilos de zapallo.
• Los productores buscan “nuevos mercados” para una mayor competencia.
• Un paquete de semillas de zapallo tiene un precio de 1 millón de guaraníes.

Le puede interesar: Paquetes de turismo terrestre ofrecidos en Semana Santa se mantendrán todo el año

La Guerra de la Triple Alianza dejó a Paraguay una serie de secuelas que con los años y el esfuerzo de la ciudadanía y autoridades de la época se fueron subsanando. En el marco de esta realidad es indiscutible como gran parte de ese trabajo de reconstrucción se vio impulsado por acciones claves como la firma del Tratado de paz, amistad y renuncia del pago de gastos de guerra entre las repúblicas de Paraguay y Uruguay el 20 de abril de 1883.

Con la firma del mencionado tratado se llegaba a un entendimiento a través del cual se declaraba nulo y sin ningún valor el proyecto de Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de diciembre de 1873 (también conocido como Tratado Miranda-Sienra Carranza), ratificándose la renuncia formal al cobro de los gastos de guerra, equivalente a la suma de 3.690.000 pesos.

En el Tratado Miranda-Sienra Carranza, la República del Paraguay reconocía como “deuda suya” el importe de los gastos de guerra hechos por la República Oriental del Uruguay para la campaña guerrera de 1865-1870 y debían ser cubiertos los “daños y perjuicios irrogados por la guerra, a los ciudadanos y demás personas amparadas por el derecho de la República Oriental del Uruguay”.

Podés leer: Primer magnicidio: usando como munición la pata de una olla, en 1877 mataron al presidente Gill

En conversación con La Nación/Nación Media, el exembajador del Uruguay en nuestro país, Federico Perazza, recordó este hecho largamente estudiado como una práctica poco común, pero que sin ninguna duda sentó un precedente en las relaciones amistosas entre ambos países vecinos.

“Hay que recordar que en nuestro continente, en el transcurso del XIX, la práctica de condonar deudas de guerra a través de tratados no era algo usual. Muy por el contrario, en el mencionado siglo, los tratados contemplaban deudas y gastos de guerra, reflejando de manera concreta los intereses políticos, económicos y estratégicos de la época, en ese contexto particular de formación de nuevos Estados independientes y de frecuentes conflictos bélicos entre naciones”, remarcó Perazza.

El diplomático explicó que el presidente de aquel momento del Uruguay, el general Máximo Santos, empieza a emitir leyes por las que la nueva reconfiguración departamental del país abreva en figuras trascendentes de su historia y, por supuesto, se ve ante una época en que había que repensar la relación con el Paraguay después del desastre de la guerra grande.

“Parecía, pues, que en este contexto histórico tan particular algunas acciones internas iban a permear medidas de política exterior, sobre todo aquellas relacionadas con la paz con sus vecinos. Entiendo que ese momento había llegado y con él intentar la reconstrucción de relaciones a través de la formalidad de un tratado vinculante que abordara la paz definitiva y todo lo que ella conlleva para su perpetuidad”, indicó Federico Perazza.

Al analizar la firma de este tratado, el diplomático enfatizó que en las negociaciones llevadas adelante por el representante paraguayo, el canciller José Segundo Decoud, y por el enviado especial de la República del Uruguay, Ernesto Kubly, se pudo advertir la postura receptiva, solidaria y conciliadora del Uruguay, que era ni más ni menos que la posición pragmática del general Máximo Santos sintetizada en su frase “el Paraguay no nos debe nada”.

“El perdón de la deuda paraguayo fue una alta inspiración del general Santos. Los miembros del gabinete paraguayo aspiraban a dicha exención que, a no dudarlo, tenía una gran importancia para las finanzas de su país, y complacerlos era una medida de elevada política. Los pequeños estados americanos hallarían su salvaguardia en la práctica de los grandes principios que niegan el derecho de la fuerza”, enfatizó Perazza.

Tras la firma de este tratado, La Plaza San Francisco en Asunción fue renombrada como “Plaza República Oriental del Uruguay”, conocida como Plaza Uruguaya. Así también el General Santos fue honrado con la ciudadanía paraguaya y el nombramiento como General honorífico de los ejércitos de Paraguay. Y en 1885 se vivió la devolución de los trofeos de guerra por parte del gobierno del Uruguay.

De esta manera, Paraguay lograba con Uruguay la condonación de su deuda de guerra, algo que no había podido lograr con Brasil en 1872 ni tampoco con Argentina en 1876. Con Argentina se debió esperar hasta 1942 para que el Gobierno de Ramón Castillo y su parlamento sancionaran la ley 12.747 que renunciaba al cobro de la misma y con Brasil en 1943, bajo la presidencia de Getulio Vargas, se hizo lo propio.

Lea también: Hace 16 años, una joven reclamaba la paternidad de un presidente y exobispo

Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Leé también: Entre cerámica, cultura, yacarés y miel: conocé los encantos de Itá

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

Te puede interesar: Meta de inflación está fija pero proyecciones podrían ser ajustadas, explican

Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

Leé más: El cultivo de avena gana espacio en el escenario agrícola

El Ejecutivo anunció la promulgación del Decreto n.º 3699, mediante el cual se creará el Sistema Nacional de Tra­zabilidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y se tendrá acceso al primer catálogo nacional de medi­camentos.

Esta iniciativa cumple con la necesidad de digitali­zar y agilizar los proce­sos médicos y de abasteci­miento dentro del sistema de salud nacional, garan­tizando así que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a medicamentos e insumos al acudir a los cen­tros médicos.

“Con este sistema podemos controlar eficientemente toda la cadena de distri­bución de medicamentos e insumos, asegurando su uso adecuado en cada etapa”, explicó la minis­tra de Salud, María Teresa Barán, durante la conferen­cia de prensa en Mburuvi­cha Róga.

La secretaria de Estado reconoció también que con la implementación de este método de trabajo y un sis­tema organizado se mejo­rará la calidad del gasto y se podrán optimizar los recur­sos para poder comprar y planificar adecuadamente los medicamentos, según las necesidades de los pacientes.

“Este Sistema Nacional de Trazabilidad nos permite a nosotros hacer la intero­perabilidad, es decir, poder conectarnos con todos los otros sistemas públicos, pri­vados, IPS, Hospital Militar y Hospital de Clínicas”, des­tacó la ministra Barán.

Con la interoperabilidad, lo que se busca es contar con una mayor cobertura y capa­cidad de atención, teniendo en cuenta que en muchos casos en el sector público no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para ciertos procedimien­tos médicos, pero se puede apelar a otros organismos de salud que sí cuenten con las condiciones o los profesio­nales, garantizando siem­pre una atención de calidad.