La Contraloría General de la República (CGR) se encuentra auditando la ejecución de los recursos del Fonacide a cargo de municipios y gobernaciones. La directora general de Control Gubernamental, Gladys Fernández, anunció que los resultados estarán listos para compartir con la ciudadanía, el próximo 30 de marzo.
“En este momento la Contraloría General de la República se encuentra llevando a cabo una actividad inédita, una actividad única desde su creación. Porque está realizando actividades de control a través de auditorías y fiscalizaciones especiales inmediatas”, indicó Fernández en entrevista en Unicanal.
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Explicó que específicamente se está fiscalizando lo referente a la alimentación escolar (almuerzo/merienda) y control sanitario. “El 100% de los municipios y de las gobernaciones recibieron requerimientos nuestros. En ese sentido, están trabajando varias unidades misionales. O sea, no solamente la unidad de la dirección general de rendición de cuentas ni de la dirección general de municipalidades y de gobiernos departamentales, sino que otras direcciones generales”, puntualizó.
Seis direcciones generales
Dijo que en total seis direcciones generales están abocadas a la revisión de las rendiciones de cuentas. Así también se están desarrollando auditorías en más 67 municipios. “Estamos verificando en los municipios y en las gobernaciones, la ejecución de ese elemento de la alimentación escolar del ejercicio fiscal 2021 y 2022. Igualmente, se está verificando contrataciones públicas de los diez años que realizó el Ministerio de Educación”, agregó.
La funcionaria de la Contraloría señaló que además se están visitando escuelas, en total más de 340 instituciones, de las que se recabaron informaciones sobre el punto en cuestión. “Es algo que va a tener impacto por la complejidad de la actividad que se está desarrollando. El informe tenemos previsto presentar a la ciudadanía el próximo 30 de marzo”, indicó.
Aclaró que por mandato de ley, la Contraloría tiene que presentar un informe semestral de la ejecución de esos fondos de los recursos del Fonacide. “Es un año emblemático es un año en el que a lo mejor no sabemos si vamos a seguir teniendo fondos del Fonacide”, sostuvo.
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A pedido del Ejecutivo, la Contraloría interviene DINATRAN
Desde la Presidencia de la República solicitaron la fiscalización especial inmediata de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), para llevar adelante la verificación y habilitación del servicio del transporte público hasta junio del 2024. Para el efecto, la Contraloría General de la República ya se constituyó este viernes en las oficinas de esta dirección.
Al respecto, Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, en comunicación con radio Uno 650Am, explicó que fue el Ejecutivo el que solicitó la fiscalización especial inmediata de la Dinatran. En el periodo que va desde el 2022 hasta junio del 2024. Atendiendo a una denuncia ingresada a la Contraloría, específicamente para verificar la habilitación y regulación del transporte público, dentro de las disposiciones que rigen desde Dinatran.
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“En la fecha, el controlador dispuso la nominación del equipo para realizar una fiscalización especial inmediata. El equipo tiene la función de ir a verificar que las habilitaciones y regulaciones del transporte público se hayan efectuado conforme a lo que dictan las normas legales”, mencionó.
Mencionó además que esta situación es una preocupación de la Presidencia de la República respecto a la calidad del transporte y a los hechos denunciados en los medios sobre el levantamiento de controles en las rutas, luego de una supuesta exoneración de multas a camioneros y colectiveros por 650 millones de guaraníes.
“Además, de verificar las denuncias que se han presentado en la Contraloría y medios de comunicación. De hecho, este es un pedido del Ejecutivo por las denuncias. Las denuncias que estamos recibiendo son publicaciones con relación a la habilitación. El equipo auditor debe verificar esta denuncia”, preció.
Indicó que los fiscalizadores van a verificar todo lo que se refiera a la habilitación y regulación del transporte público. “La fiscalización normalmente es una moralidad de control un poco más abreviada. Se espera que en dos meses esté el resultado de este trabajo, todo depende de cómo fluya la información desde la Dinatran hacia la Contraloría”, acotó.
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Hambre cero: cuestiones políticas no incidieron en el diseño del plan
La jefa de Gabinete, Lea Giménez, explicó que la decisión de que los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de Asunción reciban la alimentación escolar dentro del plan “Hambre cero” a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), lo cual responde netamente a cuestiones técnicas emanadas del informe de la Contraloría.
“Escuché que algunas personas hablaban de que era una cuestión política, y esto no es real, cuando nos damos cuenta que los recursos se retiran de todos los municipios, el 65% son colorados, la capital tiene un intendente colorado, el gobernador de Presidente Hayes también. No tiene nada que ver una cuestión política, sino con procurar recoger lo que han sido los informes de la Contraloría que hablan de la necesidad de mejorar el control”, explicó.
De acuerdo a lo detallado por la ministra en estas tres zonas del país se concentra el 40% de la población y a su vez el 35% del grupo objetivo del programa, por lo que esta diferenciación se realiza apuntando a que el servicio sea prestado de la mejor manera posible dado que son regiones con características particulares.
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“Central, Asunción y Presidente Hayes se juntan para prestar servicios en esa área geográfica a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La diferencia es porque se ajusta al crecimiento demográfico y una dinámica económica que dio lugar al crecimiento orgánico”, manifestó a la 1080 AM.
De esta forma, se facilitará el control, una de las mayores necesidades en cuanto a la alimentación escolar, refirió Giménez. Asimismo, destacó el acuerdo con los intendentes, lo cual permitirá una coordinación entre los tres niveles de gobierno tanto para la distribución como para la infraestructura necesaria para las escuelas y colegios.
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Claques que “sacan el jugo” al almuerzo escolar
El programa de la merienda y almuerzo escolar se convirtió en uno de los negocios más rentables de los últimos años, siendo así un verdadero atractivo para cualquier empresario del rubro de la provisión de alimentos, sin embargo, desde hace una década sólo unos pocos acaparan las millonarias licitaciones a nivel país. Así lo divulgó el periodista Jorge Torres, en su programa La Caja Negra, emitido por Unicanal en agosto del año pasado.
Según el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de US$ 1.044.292.695. En el 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de G. 885.298.763.498 (US$ 120.514.397).
Se constató además que existe un inquietante patrón con las mismas empresas que van ganando las licitaciones de las municipalidades, las gobernaciones, y del Ministerio de Educación.
Esto confirma que el almuerzo escolar es un negocio que mueve millones y llamativamente está beneficiando siempre a las mismas claques ¿Quiénes son los barones de la merienda escolar en Paraguay? ¿Cuánto facturan y cuál es el nivel de incidencia que tienen en el mercado de las licitaciones?
Observando el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), la empresa proveedora Ladero Paraguayo S.A. se posicionó como la favorita con 176 adjudicaciones por valor total de G. 578.027.082.995. Esta firma consiguió contrataciones en 15 departamentos más la capital.
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En el segundo lugar figura la empresa Comepar con cuatro contrataciones por G. 567.578.055.351. En tercer puesto aparece esta misma proveedora pero consorciada bajo el nombre de Consorcio Comepar y Asociados con 10 adjudicaciones por G. 509.945.666.181. Llamativamente esta misma empresa Comepar aparece nuevamente en el puesto 56 con otros dos contratos por G. 13.765.699.860.
En el cuarto lugar aparece Rosa Mabel Capli con 108 adjudicaciones por G. 435.653.118.703. En el quinto figura Patricia Esther Fernández Valiente con 15 contrataciones por un total de G. 283.499.530.379. En el sexto puesto aparece Blanca Nieves Rodríguez Braun con 148 contrataciones por G. 281.920.049.145.
Le sigue el Consorcio Santa Rosa con 7 adjudicaciones por G. 219.912.963.366. Después aparecen la firma Granos y Aceites S.A.C.I.A. con 18 contratos por un monto total de G. 198.436.963.980, el Consorcio El Colono con 7 contrataciones por G. 157.154.886.290 y la firma Vega S.A. con 14 adjudicaciones por valor de G. 145.201.893.750, según lo divulgado por La Caja Negra.
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Empresas vinculadas
De los 10 mayores proveedores señalados, se constató que algunos se encuentran vinculados entre sí a través de socios. Al agruparlas, la Contraloría detectó dos grandes grupos, a los cuales denominó grupo Comepar y grupo Capli.
Las firmas que componen el grupo Comepar se encuentran vinculadas a través de Antolín Javier Genez Miranda, quien es socio y representante legal de las sociedades, y son las siguientes firmas: Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Consorcio de Alimentos, Consorcio Comepar y Alimentos, Consorcio Comepar y Plasma S.A.
De acuerdo con el informe, las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Comepar representan el 21% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación Escolar durante los 10 años en el área capital y departamento Central.
Mientras que el segundo grupo, denominado Capli, está conformado y representado por Rosa Mabel Capli (firma unipersonal Distribuidora Paraguay), Hugo Atilio Carlson Núñez (firma unipersonal CAR &CAP Servicios), María Alejandra Mabel Carlson Capli (firma unipersonal Roma Emprendimientos), y Carlos Atilio Carlson Capli (firma unipersonal Fortaleza Emprendimientos).
Las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Capli representan el 15% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación durante los 10 años en 12 departamentos: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.
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Según el informe, en los procesos de Almuerzo Escolar de las Gobernaciones en los años 2021 y 2022 en los que tuvo participación el grupo Capli, se pudo observar un patrón recurrente con el grupo de empresas que se presentaban como oferentes en los mismos procesos en los que participaba Rosa Mabel Capli, ya que coincidentemente en varios de ellos se presentaron en forma reiterada las mismas firmas participantes, como ser: Engadi Alimentaria SRL y Fitra SRL, resultando beneficiada la proveedora Capli. Si bien los auditores aclaran que no existe transgresión legal, resulta muy inquietante esta llamativa recurrencia.
En cuanto a la provisión alimentaria que realiza el MEC, la Contraloría detalla que nuevamente existen proveedores frecuentes que son adjudicados en estas contrataciones. Tan es así que la firma Comepar S.A. fue beneficiada con 4 contratos, lo cual representa el mayor porcentaje de adjudicaciones, siendo el 34,54%; seguido por el Consorcio Comepar y Asociados con 7 contrataciones adjudicadas, que representa el 25,18% del total; luego se encuentra Patricia Fernández de Alcaraz con 8 contrataciones, abarcando el 14,04% del total.
En varios procesos de contrataciones de diferentes años, las adjudicaciones recayeron sobre los mismos proveedores. En los 8 llamados realizados entre los años 2013 y 2022, presentaron ofertas en lotes diferentes las empresas Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Patricia E. Fernández de Alcaraz y Aida Aquino de Farías.
La institución contralora reveló en ese sentido el esquema de cómo estas 4 firmas presentaban ofertas en cada llamado. En cada proceso la firma Comepar S.A. cotizó la mayor cantidad de lotes y en ellos fue adjudicada; la siguiente firma de mayor cotización era el Consorcio Comepar y Asociados que cotizó uno o dos lotes sin coincidir con el número de lote ofertado por Comepar S.A., luego está Patricia Fernández de Alcaraz, quien cotizó un lote sin coincidir con los ofertados por las anteriores firmas; y finalmente Aida Aquino de Farías, quien cotizó un lote, también sin coincidir con ninguno de otros lotes ofertados por las demás firmas.
En el caso del Consorcio Comepar, las firmas Plasma S.A. y Comepar S.A. conforman el mismo. El modus operandi consiste en que en los mismos llamados, Comepar S.A. y el Consorcio Comepar y Asociados ofertaban en lotes diferentes y así eran adjudicados. Si bien esta práctica no está taxativamente prohibida por la ley, según esgrimió la Contraloría en su informe final, se configura en una conducta poco competitiva, lo cual da la pauta de la forma en que las grandes claques se adueñaron del jugoso negocio que representa llevar la comida a los alumnos en las instituciones educativas.
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“Hay un tráfico de influencia fehacientemente comprobado”
El diputado Rodrigo Gamarra anunció que plantearía un juicio político para el subcontralor Augusto Paiva, quien supuestamente habría “blanqueado” a un funcionario de la Contraloría General de la República (CGR) para que funja de asesor de la senadora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), a la que señala que pudo haber cometido un tráfico de influencias. El planteamiento se dará dentro de la bancada oficialista.
“Ocurrieron demasiadas situaciones en el Congreso Nacional, que es el foco de atención en estos últimos días por los casos que se denunciaron sobre supuestos casos de nepotismo. A raíz de esto, saltó el caso de José Torales, que sí realmente es una falta grave al código de ética de la Contraloría, que casualmente es presidente del Partido Encuentro Nacional y fue candidato a diputado por este sector”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra, ayer viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De acuerdo a la nómina de la Función Pública, Torales, quien formaba parte del plantel de la asesoría jurídica de la Contraloría, habría estado percibiendo remuneraciones desde agosto de 2023 en ambas instituciones; es decir, en el órgano extraporder y en la Cámara Alta, alzándose con un total de G. 20 millones al mes.
“Tiene un doble cobro de salario, incluso de aguinaldo tanto en la Contraloría como en la Cámara de Senadores. Los documentos están a la vista, esto es público. Hay muchos hechos que demuestran que amerita que se realice un juicio político”, comentó el legislador a Nación Media. Sin embargo, el pase definitivo del funcionario al Senado recién fue homologado el pasado 17 de enero por parte de Paiva, a través de un documento firmado tan solo un día después que se realizara el pedido de traslado.
“Esto no solo afecta al funcionario en cuestión, sino que al subcontralor y a la senadora en un caso de tráfico de influencia comprobada, que también amerita hasta inclusive una pérdida de investidura. Todo esto se dio ante el silencio y complicidad comprobada del subcontralor que trata de blanquearlo, trasladándole de manera definitiva al Congreso, cosa que todavía no se dio. Hizo una nota donde sí puede acceder al pedido del presidente del Congreso, que lo hace también a pedido de la senadora. En este caso existe un tráfico de influencia fehacientemente comprobada hasta por escrito”, explicó Gamarra.
Correría el juicio político
El senador Dionisio Amarilla se suma a los legisladores que opinaron respecto al actuar del subcontralor, Augusto Paiva, quien es tildado de haber blanqueado el traspaso de un funcionario de la Contraloría para que preste funciones como “asesor” de la senadora Kattya González. El parlamentario afirma que hubo un abuso de parte de Paiva y por ende este hecho debe ser sancionado.
“Yo creo que no van a faltar diputados que tomen este caso y planteen el juicio político y garantizo que va a correr el juicio político de Paiva porque es alevoso lo que hizo con este traslado”, afirmó el parlamentario liberal, quien señaló que se infringió el código de ética de la Contraloría General de la República.