El fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, mencionó que no se descarta que Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico colabore con el sistema de justicia paraguaya y aporte nuevas informaciones al proceso de investigación en torno al caso A Ultranza Py, considerada como la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay.
“Muchas veces la mejor decisión es demostrar una actitud positiva y colaborativa con la justicia porque lógicamente eso lleva a beneficios procesales. En Paraguay lastimosamente estos beneficios se surgen en la instancia del juicio ya que no tenemos la hermosa figura de delación premiada lastimosamente, pero si nosotros tenemos las posibilidades de desenvolvernos en un contexto colaborativo siempre y cuando se muestre que la colaboración fue efectiva y así se podría establecer una sanción menor, pero ya en el juicio”, refirió.
Las declaraciones del agente surgieron mediante una entrevista con la radio Universo 970 AM/Nación Media. Al respecto Doldán comentó que al no tener la figura de la delación premiada, Insfrán Galeano tendrá como garantía la “objetividad procesal y judicial en caso de que el imputado logre exteriorizar informaciones que sean útil para desestabilizar la sociedad criminal y conocer sus niveles”.
Doldán no descarta también que Insfrán Galeano haya contado con la protección de políticos para desenvolver el gran esquema criminal en Paraguay. “Para no satanizar de vuelta a nuestro golpeado país esto es algo que se da en todo el mundo. La protección a estructuras criminales por parte de los autores políticos es global”, puntualizó.
Por otra parte, dijo que este martes se remitirá hasta Brasil de manera física el exhorto para acelerar la extradición de Insfrán Galeano al Paraguay. El supuesto capo narco es uno de los 50 imputados por el Ministerio Público y considerado como principal cabecilla.
“Ayer por la tarde ya se adelantó de forma virtual el exhorto con más de 180 páginas con su traducción al portugués, desde nuestra Cancillería ya fue remitido a nuestra embajada en Brasil y desde ahí hasta el Palacio de Itamaraty. Hoy está viajando la valija diplomática con el exhorto físico”, afirmó mediante una entrevista con la radio Universo 970 AM/Nación Media.
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Bolsonaro pidió su absolución en los alegatos finales de juicio por golpismo
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ayer miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.
Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula. El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.
Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.
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“No hay manera de condenarlo”
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema. Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.
Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación. Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.
La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.
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Tensión diplomática
La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.
Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.
Fuente: AFP.
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México entregó a EE. UU. a Caro Quintero y otros 25 capos narco
México entregó el martes pasado a 26 señalados narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de “alto perfil” de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países. En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había enviado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena" en 1985.
Entre los transferidos el martes pasado se encuentran capos de “alto perfil” de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa“, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales”. El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal. Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta”, quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.
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Cadena perpetua
La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado “El Chavo Félix” y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa.
Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado. Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio “bajo solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”. La operación de este martes “es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, destacó el embajador estadounidense, Ronald Johnson, al expresar su agradecimiento a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
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Riesgo a la seguridad
Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país. El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.
También se produce tras reportes periodísticos, la semana pasada, según los cuales Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga, ante lo cual el gobierno mexicano manifestó que “no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses” en su territorio. Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.
El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo. Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.
En Estados Unidos ya están presos otros capos como los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, en espera de ser procesado. No obstante, la banda criminal sigue activa y envuelta en una guerra entre las facciones de ambos capos que deja más 1.000 muertos en Sinaloa (noroeste) en el último año.
Fuente: AFP.
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Informe sobre DD. HH. elogia a El Salvador y condena a Brasil
Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.
Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.
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Ataque a Brasil
“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.
Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.
En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.
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El caso europeo
También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.
El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.
“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.
Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.
Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.
Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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La COP30 podría ser “la más excluyente” por precios de alojamiento
La COP30 que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, en Amazonía, podría ser “la más excluyente de la historia” por los elevados precios del hospedaje, alertó este martes una red de organizaciones ambientalistas brasileñas. Países en desarrollo, así como algunos Estados africanos e insulares, han pedido a Brasil que cambie la sede de la conferencia anual de Naciones Unidas sobre el calentamiento global a una ciudad con mayor capacidad hotelera, ante la disparada de los precios de los hoteles en Belém, que pueden exceder los 1.000 dólares por noche.
El gobierno del gigante sudamericano ha descartado esa opción y participará el jueves en una reunión con la ONU para buscar una solución. “Sin una solución inmediata para la crisis, la COP en Brasil corre el riesgo de ser la más excluyente de la historia, con una reducción del número de delegaciones nacionales, de miembros de órganos constituyentes y otros observadores y de la prensa”, alertó la red ambientalista Observatorio del Clima en un comunicado.
Las organizaciones señalaron una “negligencia del gobierno federal y del gobierno de Pará”, estado del que Belém es capital. “Tuvieron dos años y medio para resolver la cuestión del alojamiento en la ciudad y no lo hicieron”, enfatizaron. La semana pasada el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, renunció a participar en la COP30 principalmente por los precios del hospedaje.
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“Una reducción del número de delegados impactaría la propia legitimidad de lo que se negocie en Belém”, alertaron los ambientalistas del Observatorio del Clima. En un esfuerzo por responder a la preocupación sobre los precios de los alojamientos, el gobierno de Brasil lanzó a mediados de julio, con varios meses de atraso, una plataforma virtual con hospedaje a precios de hasta 220 dólares por noche para los países con mayores dificultades financieras para asistir al evento.
“Tenemos que conseguir habitaciones y estamos haciendo todo lo posible para ello. De lo contrario, la COP tendría realmente un problema de legitimidad”, reconoció el presidente de la COP30 André Correa do Lago en entrevista con la AFP. Ante las dificultades para encontrar hospedaje, algunas organizaciones “están pensando en delegaciones más pequeñas y en dormir en iglesias o mezquitas”, dijo además a la AFP una fuente que asesora a varias ONG ambientalistas.
Fuente: AFP.
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