En el marco de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, los apoderados generales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) presentaron ante el pleno informe respecto a las propuestas legislativas que contemplan modificaciones a las leyes electorales. En este espacio, explicaron la importancia de realizar estos ajustes a las normativas.

La doctora Magnolia Mendoza hizo referencia a la ampliación del artículo n.° 130 de la ley n.° 2.858 que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al Registro Cívico Permanente (RCP), el cual habilita al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a realizar inscripciones desde el 1 de marzo al 30 de diciembre.

“El agregado que se propone sería que en los años anteriores a las elecciones municipales o nacionales, el TSJE pueda hacer o disponer un corte técnico administrativo al periodo ordinario de inscripción estableciendo etapas y plazos para la presentación de tachas y reclamos”, detalló Mendoza.

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El fin de este corte, que podría hacerse en julio, tiene como fin que en las elecciones se pueda utilizar un RCP más actualizado. “No está en nuestro ánimo torcer la línea ideológica de la norma en favor del Partido Colorado, sino simplificar para que sea más accesible, inclusive, a los demás partidos y movimientos políticos que tengan menor infraestructura de recursos”, añadió Wildo Almirón sobre esta propuesta que ya está en manos del Congreso para su análisis.

Asimismo, Almirón habló de la modificación al artículo n.° 218 del Código Electoral, un proyecto que se encuentra en la Cámara de Senadores que tiene como fin unificar el horario para las votaciones tanto en las internas como en las generales, teniendo en cuenta que la norma vigente contempla los horarios de verano y de invierno, los cuales ya no rigen en la actualidad.

La iniciativa señala que la votación debe desarrollarse entre las 7:00 y las 16:00. “El momento más álgido es el escrutinio y el objetivo es que se haga la mayor parte con luz natural porque la noche generalmente facilita casos de violencia que deberíamos evitar”, sostuvo Almirón.

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También hizo referencia a los cambios en los procedimientos en lo que respecta a la ley de financiamiento político, específicamente en los artículos 64 inciso A, 66 y 278, que apuntan a facilitar el procedimiento. A la fecha, la normativa establece plazos que hacen que se “alargue mucho” la campaña electoral. “Lo que pretendemos es simplificar los plazos en cuanto a la inscripciones y declaraciones que deben presentar los candidatos estableciendo periodos diferenciados, también queremos convertir todo en digital y evitar la utilización de papeles”, informó el apoderado.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) desarrolló este lunes 14 una sesión extraordinaria que contemplaba en su orden del día el estudio de cinco puntos, los cuales fueron aprobados en su totalidad por la mayoría. Con 63 presentes, la sesión fue presidida por el titular del partido, Horacio Cartes.

En esta ocasión, la Comisión de Afiliación que está presidida por el diputado Sebastián Remezowski, requirió la aprobación de 35.920 nuevas afiliaciones y 460 reincorporaciones de quienes han pasado a retiro en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios judiciales, los que solicitaron no perder su antigüedad.

Asimismo, quedó aprobada la campaña de afiliación masiva, propuesta realizada por el presidente de la Comisión de Juventud del Partido Colorado, José Rodríguez. Esta actividad consiste en un trabajo intenso que se extenderá hasta la primera semana de junio, busca incorporar a la mayor cantidad posible de personas, para lo que se necesitará de un trabajo coordinado con las comisiones de Afiliación, de Mujeres y Organización Partidaria.

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“Como hemos visto en ocasiones anteriores, la afiliación masiva fortalece al partido, genera un impulso renovador y una mayor participación de los jóvenes. Es habitual que antes de cada contienda se implemente esta iniciativa para incorporar nuevos miembros. Estoy convencido de que al abrir nuestras puertas a más jóvenes, estamos asegurando el futuro de nuestra agrupación política y la patria”, sostuvo Rodríguez.

La Junta también dio el visto bueno al reglamento para las residencias universitarias, que tiene por objeto establecer claramente las pautas de convivencia y de funcionamiento para este establecimiento. Según explicaron, esta residencia forma parte del trabajo social que hace el partido para atender a personas carenciadas que estudian en la capital, por lo que en este documento se disponen las formas y requisitos de admisión así como también de permanencia en el mismo.

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Los apoderados generales del partido presentaron un informe respecto al estudio realizado a las propuestas legislativas existentes en torno a las leyes electorales, en este sentido, la Junta decidió acompañar los proyectos relacionados a la ampliación del artículo n.° 130 de la ley n.° 2.858 que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al registro cívico permanente.

También abordaron el proyecto de modificación del artículo n.° 218 del Código Electoral respecto a la unificación del horario que rige en el país para las votaciones, esto teniendo en cuenta que la normativa contemplaba los horarios para los comicios desarrollados durante el horario de invierno y de verano, pero como esto ya no está vigente, se requiere una actualización.

Como último punto, los apoderados solicitaron el acompañamiento del proyecto de modificación de la ley de financiamiento político en sus artículos 64 inciso A, 66 y 278 con el objeto de facilitar el procedimiento dado que la actual normativa contempla un proceso que demanda un tiempo que hace que las campañas electorales se prolonguen por más tiempo.

El senador de la bancada “Yo Creo”, José Oviedo, anunció que presentará un proyecto de ley que crea un registro de pagarés, a fin de buscar una solución a los problemas de las víctimas, atendiendo que la Corte Suprema de Justicia ha informado que no podrá suspender los embargos que pesan sobre ellas.

En charla con varios medios de prensa, desde la Cámara Alta, señaló que acompañó una de las audiencias públicas realizada recientemente sobre este tema de la Mafia de los pagarés, en la que tuvo la oportunidad de escuchar testimonios desgarradores que expresaban que no se está pudiendo detener esta situación. A raíz de esto, indicó que ya está trabajando en algunas propuestas legislativas.

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“La Corte Suprema ha sacado un comunicado en el que decía que cada afectado se haga cargo de su problema, y eso es lo que no están pudiendo hacer, los afectados ya no pueden hacerse cargo de sus problemas. Nosotros desde el Poder Legislativo vamos a tener propuestas de leyes. Por ejemplo, vamos a plantear un Registro de Pagarés, que establezca que si el pagaré no está registrado no podrá tener efectos”, precisó.

Mencionó que en lo personal recibió denuncias sobre usos indebidos de esos pagarés, pero no pudo dimensionar todo lo que venía arrastrando por debajo; como sí lo pudo ver el abogado Rolón Luna, que fue quien descubrió y puso a conocimiento público toda esta mafia de los pagarés. “Vamos a tener propuestas legislativas, pero también debemos tener en cuenta que la Justicia no se está haciendo cargo. No están reconociendo su cuota de culpabilidad en todo este esquema”, remarcó.

Respecto a esa complicidad judicial, el legislador señaló que es necesario auditar todos los juzgados del país. “En las audiencias públicas hemos escuchado muchas quejas contra los Juzgados de Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes, que han sido los juzgados los que han llevado más casos vinculados a la mafia de los pagarés, pero seguramente en todos los juzgados habrá implicados, entonces se deberían auditar todos los juzgados del país”, enfatizó.

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“Yo creo que Mario Abdo Benítez incurrió en hechos de corrupción, hay indicios suficientes”, dijo el senador Antonio Barrios, al referirse en torno a las ganancias exponenciales del exjefe de Estado mediante la venta de asfalto. El exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, pasó por alto esta situación y junto al líder de Fuerza Republicana impulsó un esquema de persecución política contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Sus empresas tuvieron un crecimiento exponencial durante la pandemia. Nos llama muchísimo la atención la forma en que el exembajador Ostfield defendió a Abdo mediante datos sesgados, medias verdades y mucha manipulación”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Las declaraciones de Barrios surgieron tras la filtración de un documento enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus firmas Aldia S.A. y Createc S.A., lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria por el covid-19.

“Abdo Benítez acompañado por sus exministros produjeron documentos no auténticos y eso enviaron al Departamento de Estado del país norteamericano. Ellos configuraron un terrorismo de Estado y esto lo denunciamos desde el inicio de todo este operativo. Era evidente que había una alianza entre Ostfield y Mario Abdo contra el expresidente Cartes”, indicó Barrios.

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El diplomático alegó que “Abdo Benítez” era víctima de una persecución política y que todas las ventas de sus empresas fueron concretadas en el sector privado y no al gobierno. Lo que Ostfield obvió en su inexplicable complicidad es que la denuncia provino de organismos estatales como la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Además terminó ninguneando el “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc. “Durante el gobierno de Abdo Benítez se hicieron una gran cantidad de rutas y asfaltos, sin respaldo presupuestario y esto es algo muy llamativo. Todo esto obra en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, evidentemente acá el Ministerio Público debe establecer una investigación de oficio (sobre el crecimiento exponencial de sus empresas)”, sentenció Barrios.

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