El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, indicó que esperan que el Poder Ejecutivo envíe finalmente entre hoy o mañana martes el proyecto de Ley de Reforma de Transporte Público. Aseguró que está firme el compromiso de darle celeridad a su tratamiento porque es un tema que preocupa a todos.

En charla con varios medios de prensa, mencionó que durante la última conversación que mantuvo con el presidente de la República, Santiago Peña, le había confirmado que estaría enviando al Senado, la propuesta de ley este lunes 21 de julio.

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No obstante, sostuvo que si no se envía en la fecha, estará coordinando para que la entrega se haga este martes durante una conferencia de prensa, aclarando que aún desconoce el contenido de la propuesta, por lo que aún no puede brindar detalles al respecto.

“Quiero ver primero el proyecto que presentará el Ejecutivo; no sé qué fuente de financiación propone, no sé qué modelo se va a utilizar. Acá nosotros vamos a estudiar a fondo pero también vamos a tratar de darle celeridad en su aprobación; porque el tema de transporte público es algo que preocupa a todos”, enfatizó.

El legislador colorado recordó que en el pasado fue miembro de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama) e indicó que es sabido que en el mundo lo que más se subsidia es el transporte público, lo que ahora se debe buscar es el grado de subsidio que va a alcanzar con la reforma.

“Acá podríamos decir que, incluso tenemos un subsidio privilegiado, en el sentido que con una población de más de 6 millones de paraguayos, el subsidio al transporte es solo para un sector del área metropolitana, que es la que recibe los aportes que al final la pagan todos los ciudadanos del país. Esperamos que con esta ley podamos sacar algo positivo”, concluyó.

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Carlos María Ljubetic, direc­tor de Procesos Electorales del TSJE, informó que se encuentran realizando prue­bas de verificación para la adquisición de las máquinas de votación, con miras a las próximas elecciones muni­cipales.

El funcionario electoral comentó que se presentaron tres empresas tecnológicas y cada una ofrece cinco dis­positivos a modo de oferta pública, según dijo en entre­vista con la 920 AM.

Señaló que estima la com­pra de 28.000 máquinas de la empresa elegida. Alrededor de unas 23.000 se utilizarán en las fechas establecidas, el resto se almacenará para con­tingencias y prever fallas.

Estas máquinas serán some­tidas a exhaustivos análisis y pruebas técnicas a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones estableci­das en las siguientes eleccio­nes internas partidarias esti­puladas para el año entrante, con fecha del 7 de junio y las elecciones municipales, el 4 de octubre.

“Si no cumplen (las exigen­cias), ya no se abre la oferta económica de la empresa, solo de aquellas que sí cumplen todos los requisitos. Los cos­tos dependerán de la oferta que realice cada empresa”, ratificó.

Además, informó que las distribuciones en locales del material de votación se rea­lizan una semana antes de cada elección en zonas leja­nas, posteriormente se ins­talan en Central y Asunción.

Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, informó que se encuentran realizando pruebas de verificación para la adquisición de las máquinas de votación, con miras a las próximas elecciones municipales.

El funcionario electoral comentó que se presentaron tres empresas tecnológicas y cada una ofrece cinco dispositivos a modo de oferta pública, según dijo en entrevista con la 920 am.

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Señaló que estima la compra de 28.000 máquinas de la empresa elegida. Alrededor de unas 23.000 se utilizarán en las fechas establecidas, el resto se almacenará para contingencias y prever fallas.

Estas máquinas serán sometidas a exhaustivos análisis y pruebas técnicas a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las siguientes elecciones internas partidarias estipuladas para el año entrante, con fecha del 07 de junio y las elecciones municipales, el 04 de octubre.

“Si no cumplen (las exigencias), ya no se abre la oferta económica de la empresa, solo de aquellas que sí cumplen todos los requisitos. Los costos dependerán de la oferta que realice cada empresa”, ratificó.

Además, informó que las distribuciones en locales del material de votación se realizan una semana antes de cada elección en zonas lejanas, posteriormente se instalan en Central y Asunción.

Siga informado con: Leite destacó las principales conclusiones y recomendaciones de la CBI

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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