El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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• Lima, Perú. AFP.

Autoridades peruanas investigan el centro médico envuelto en la filtración de la historia clínica de Shakira, quien fue hospitalizada de urgencias el sábado por un “cuadro abdominal” que la obligó a cancelar uno de sus conciertos en Lima. La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que vigila el sistema sanitario, inspeccionó el lunes pasado la Clínica Delgado Auna, en Lima, para recolectar pruebas en el marco de la investigación que inició ese mismo día, según una portavoz del organismo.

Allí habló con el personal que pudo verse implicado en la publicación ilegal de los datos de la estrella colombiana del pop. “Ellos han dado su explicación, la cual es reservada”, informó ayer martes a la AFP Ruby Cubas, responsable de comunicaciones de la entidad. Si bien por este tipo de infracción la ley no prevé el cierre del centro médico, Susalud sí puede imponerle una multa de hasta 1,6 millones de soles (unos 400.000 dólares), añadió Cubas.

En un comunicado, la superintendencia aseguró que intervino “de oficio” la Clínica Delgado Auna para “recabar la información correspondiente a las imágenes propaladas en redes sociales de la historia clínica” de la artista. La intervención se cumplió previo a la presentación de Shakira, quien debió cancelar el domingo el primero de los dos shows programados en Lima dentro de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

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El sábado en la noche, la estrella de 48 años fue llevada de urgencia a la clínica por un “cuadro abdominal”, según reveló la artista en un comunicado. Sus datos médicos fueron filtrados y divulgados en redes sociales. Hubo una “flagrancia pública, todo el mundo ha visto esto, y lo que le ha pasado a ella le puede pasar a cualquier paciente”, sostuvo la portavoz de Susalud.

Cubas mantuvo en reserva el plazo para que la entidad se pronuncie sobre el caso, pero enfatizó que será una “investigación con la mayor celeridad y transparencia”. Por su parte, la Clínica Delgado Auna aseguró el lunes en un comunicado que ya identificó e inició “el proceso sancionador contra las personas con responsabilidad comprobada en este grave incumplimiento ético”.

La estrella colombiana Shakira llegó ayer martes a su natal Barranquilla como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, pero no pudo encontrarse con cientos de seguidores que la esperaban entre gritos y bailes debido a un problema de salud de su padre. Luego de arribar en un avión privado al aeropuerto Ernesto Cortissoz, la cantante de 48 años, que dará cinco conciertos en su país, se trasladó a un centro de salud donde atienden a William Mebarak, según medios locales.

Minutos antes, sus equipos de producción, músicos, técnicos y bailarines llegaron a la terminal aérea y se hicieron fotos con un centenar de seguidores de Shakira que habían estado desde muy temprano para recibirla. “Con su música me transmite tantas cosas que siempre recurro a ella para sentirme mejor”, dijo a la AFP Caroline Barranco, una colombiana que vive hace 25 años en España y que esperaba ver la llegada de su ídolo. “Es maravilloso que ella esté aquí (...). Es una mujer superfuerte, es una ‘loba’ completa, no se deja caer y esa fortaleza es la que nos transmite a nosotros”, agregó.

Los fanáticos y varios grupos folclóricos típicos del famoso carnaval de esa ciudad caribeña contaban los minutos entre enérgicos bailes tradicionales, banderas colombianas, pancartas, estatuas, imágenes de tamaño real y disfraces. “Lo mejor para ella, lo mejor para su padre, que se mejore pronto, creo que recojo las voces de toda Colombia y del mundo”, aseguró a la AFP el gerente del Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo.

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Jaramillo calificó a Shakira de “gran embajadora mundial de la música” y dijo que sus conciertos son una antesala de la fiesta, que se realizará del 1 al 4 de marzo. La ciudad natal de la artista también realizó este martes actos culturales alrededor de la estatua de más de 6 metros de altura dedicada a su ciudadana más internacional.

Shakira, famosa por temas como “Hips don’t lie”, “Waka Waka”, “Antología” y su reciente éxito “BZRP Music Sessions #53″, está de nuevo en Colombia después de siete años de ausencia. La última vez que se presentó en Colombia fue en 2018, en el marco de su gira El Dorado. Como parte de este nuevo tour, la superestrella ofrecerá dos conciertos en Barranquilla, este 20 y 21 de febrero, en el estadio Metropolitano, “casa” de la selección nacional de fútbol. Después la esperan Medellín y Bogotá.

La colombiana llega a su ciudad luego de una espectacular presentación en Lima, donde la noche del lunes fue ovacionada por sus fanáticos peruanos, luego de tener que cancelar su primer concierto el día anterior por un “cuadro abdominal” y ser hospitalizada. Figura indiscutible del pop latino en el mundo con más de 90 millones de discos vendidos, Shakira continuará luego su gira en Chile, Argentina, México, República Dominicana y Estados Unidos.

• Brasilia, Brasil. AFP.

La Fiscalía brasileña imputó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El organismo presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”, dijo en un comunicado.

“La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”, también imputado, agregó. Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).

De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. “Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe” en el que se contemplaba “incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez” de la corte suprema, detalla la PGR. Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.

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Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada. La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.

Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo.

La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos. “El intento de golpe de Estado (...) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro”, reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.

La defensa del ultraderechista se mostró “asombrada” e “indignada”. El expresidente “nunca” estuvo relacionado con ningún “movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho”, dijo en una nota. El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la “imparcialidad” de la acusación.

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El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado “examinando las pruebas” y sin “una visión politizada”. Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado. La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión. Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.

Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”. Bolsonaro habría discutido la elaboración de un “decreto presidencial” que justificaba la necesidad de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.

Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial. La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.

Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación. Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, le ayude a revertir su inhabilitación.

Las autoridades colombianas han detenido a Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, tercero al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, y que en la última semana había sido reconocido como portavoz del grupo para el tercer ciclo de negociaciones de paz con el Gobierno.

‘Mocho Olmedo’ ha sido apresado este miércoles en Bogotá, el mismo día en el que lo fue también en la capital colombiana Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, líder de la disidencia de las FARC Comandos de la Frontera, si bien no se ha tenido conocimiento de ellos hasta estas últimas horas, informa la prensa colombiana.

Sobre ‘Mocho Olmedo’ pesa una orden de extradición a Estados Unidos. Asimismo, está acusado del asesinato de la fiscal Esperanza Navas en junio de 2021 y del secuestro de 180 soldados en Catatumbo, área de operaciones del Frente 33 y actual escenario de disputas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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A diferencia del dispositivo sorpresa para detener a ‘Araña’, las autoridades colombianas se pusieron en contacto con sus homólogas estadounidenses para tramitar de “manera tranquila y cordial” el arresto de ‘Mocho Olmedo’ que, según el comisionado de Paz, Otty Patiño, “está en custodia” y “no exactamente preso”.

Ambas capturas plantean ahora interrogantes sobre la continuidad de estos diálogos --que siguen siendo prioritarios en la agenda del Gobierno--, en un contexto además en el que el presidente Gutavo Petro canceló las negociaciones con el ELN) por su responsabilidad en la actual crisis del Catatumbo.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, escisión de la Segunda Marquetalia de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, que decidió separarse para iniciar el proceso de negociación con el Gobierno, ha solicitado al presidente Gustavo Petro que se pronuncie sobre la detención de ‘Araña’.

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Su captura cuestiona el deseo de paz del que habla el Gobierno, además de poner “en entredicho” la soberanía del Estado, ha dicho el grupo disidente en un texto, en el que critican la labor de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a la que reprochan parecer esta “empecinada en continuar con una espiral de violencia”.

Por último, condicionan su predisposición a seguir con la negociación “siempre y cuando se resuelva con la libertad” de ‘Araña’, a quien se refieren como “comandante” y “portavoz” del proceso de paz. La Fiscalía explicó en las últimas horas que la detención de ‘Araña’ vino motivada por una denuncia y petición de extradición por parte de Estados Unidos debido a la acusación de que habría estado implicado en el tráfico de cocaína a ese país mientras participaba en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano.

De acuerdo con la circular roja de Interpol, ‘Araña’ ha traficado con cocaína al menos entre 2017 y febrero de 2025. Está acusado de un delito de asociación para delinquir para distribuir “cinco kilos o más” de esta sustancia a Estados Unidos, que le podría suponer una pena de hasta 60 años de cárcel.

“Rojas negociaba la venta de toneladas de esta droga para grupos que la trasladaban hacia América Central, México y en última instancia Estados Unidos”, señala la orden de arresto, que detalla cómo la Armada mexicana interceptó en marzo de 2024 dos cargamentos con 1.500 kilos de cocaína enviados por ‘Araña’.

Fuente: Europa Press.