La Comisión Permanente del Congreso Nacional convocó a la Cámara de Senadores a una sesión extraordinaria con el fin de tomar juramento al nuevo representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Enrique Kronawetter.
La convocatoria se encuentra prevista para las 10:00. Kronawetter es el suplemente del exministro de Justicia Édgar Olmedo, quien ocupó el cargo de consejero por el plazo aproximado de dos meses. El periodo en el que estuvo el colorado del movimiento Fuerza Republicana se centró en el tratamiento para la designación del nuevo fiscal general del Estado, resultando electo Emiliano Rolón.
La presentación de su renuncia surge tras ser electo recientemente en las pasadas elecciones internas partidarias realizadas el 18 de diciembre como miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en representación del departamento de Caaguazú.
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Olmedo había jurado como miembro del órgano extrapoder el pasado 27 de octubre del 2022 ante la Cámara Alta. La normativa N° 296/93 referente a la organización del Consejo de la Magistratura indica en su artículo 3 que la condición de miembro titular del Consejo es incompatible con el desempeño de los cargos políticos partidarios.
La misma incompatibilidad será aplicada a los suplentes que accedan a la titularidad. De esta manera, Kronawetter tendrá el desafío de participar en la próxima designación para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en reemplazo del actual presidente de la máxima instancia judicial, Antonio Fretes.
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Consejo de la Magistratura apoya mayor exigencia para integrar la entidad
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda, respalda el proyecto de modificación para integrar la institución, que fue presentado en Diputados y estipula que a los legisladores se deberá exigir su título de abogado y la acreditación de haber ejercido la profesión o desempeñado funciones en la magistratura o en la cátedra universitaria en materia jurídica por 10 años.
“El Consejo de la Magistratura coincide con esto porque sería reglamentar el requisito constitucional”, expresó Miranda ante los medios de prensa en el Congreso, este jueves, luego de la reunión con integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores.
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La Comisión de Asuntos Constitucionales había remitido al Consejo de la Magistratura un proyecto de modificación de la Ley 296/94, que organiza el funcionamiento de la institución, detallando los requisitos para los representantes del Senado y de Diputados, e incluso del Ejecutivo.
“También se ha analizado la posibilidad de que los representantes del sector de abogados reúnan estos requisitos. En principio, se excluiría a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los representantes docentes de universidades públicas y privadas porque ya reúnen los requisitos”, refirió el titular del CM.
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En el caso de los miembros de la CSJ, por ejemplo, ya deben contar con todos los condicionamientos estipulados para ser ministros de la Corte. Miranda manifestó que se prevén otras sesiones a llevarse a a cabo para ir puliendo el proyecto, en el marco de las conversaciones desarrolladas.
“Con base en las experiencias obtenidas, esto surgió desde Diputados y desde el Consejo de la Magistratura lo tomamos de muy buena manera”, refirió el presidente. Luego de considerar otros parámetros que refuercen la reglamentación, destacó la posibilidad de someter el proyecto a plenaria.
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Fuerte sanción por robo de electricidad frenará la criptominería ilegal, dice Ovelar
El presidente del Senado, Silvio Ovelar, sostuvo que el proyecto de ley que aumenta la pena para los sustractores de energía eléctrica ayudará a regular la instalación indiscriminada de las granjas de criptominerías. La propuesta que modifica el artículo 173 del Código Penal fue aprobada ayer miércoles y pasa a Diputados.
“Los debates son amplios, abiertos, legislar sobre todo lo que ha acontecido con las criptominerías va a regular en cierta medida ese abuso que se ha tenido por parte de organizaciones irregulares que han venido utilizando incorrecta y despiadadamente nuestra energía eléctrica”, expresó el senador a los medios de comunicación en el Congreso.
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Con relación a los cuestionamientos hacia esta modificación, que estaría perjudicando a los “pequeños ladrones de energía”, como en los asentamientos, el titular del Senado sostuvo que el objetivo de esta iniciativa es prevenir y sancionara los infractores, ante las constantes intervenciones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), pero que no se concretan en el castigo a los responsables.
“Lo que nosotros queremos precautelar que la Ande, la institución rectora, pueda tener la posibilidad de utilizar la energía a quienes realmente corresponde ese servicio”, puntualizó Ovelar desde la sede legislativa.
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El objetivo de esta normativa es castigar con más determinación la sustracción de energía eléctrica cometida con fines comerciales, industriales o de alguna otra actividad lucrativa y establece el comiso de los equipos utilizados y su entrega en propiedad a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
La normativa establece elevar la pena por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica de 2 a 10 años de pena privativa de libertad, ya que en la legislación actual solo está prevista una sanción de hasta 3 años con oportunidad de una salida penal.
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Argentina: reforma de Milei fue aprobada por el Senado tras jornada de disturbios
La reforma del Estado del presidente argentino, Javier Milei, fue aprobada con modificaciones en la madrugada del jueves por el Senado tras una maratónica sesión que comenzó el miércoles de mañana y que estuvo marcada por disturbios frente al Congreso que dejaron una veintena de heridos y detenidos, además de autos incendiados.
“Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país (...), mi voto es afirmativo”, dijo la líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, que desempató de esa manera la paridad de 36-36 en el voto “en general” del texto, que luego fue discutido título por título.
La Presidencia celebró la “histórica aprobación” de la llamada ley Bases de desregulación de la economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final de la “reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años”.
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Es el primer respaldo del Congreso tras seis meses de gobierno de Milei, cuyo pequeño partido La Libertad Avanza es minoritario en ambas cámaras, con solo siete de las 72 bancas en el Senado. Por eso la ruta legislativa fue cuesta arriba. El proyecto naufragó en su primer intento en la Cámara de Diputados y para reflotarlo el gobierno hizo numerosas concesiones hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio.
En la discusión “en particular” de los diez títulos, los senadores aprobaron la polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal. “¿En serio quieren que le deleguemos facultades legislativas para mejorar el funcionamiento del Estado al presidente que dice que ama ser el topo que va a destruir desde adentro al Estado?”, había dicho antes del voto la senadora Juliana Di Tullio, citando textualmente una reciente declaración de Milei.
Incentivo a inversiones
El Senado pasó a discutir una reforma fiscal paralela, que incluye reinstalar un impuesto a las ganancias para gravar los salarios y jubilaciones. También se aprobó un controvertido incentivo a las grandes inversiones que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante 30 años a capitales extranjeros mayores a 200 millones de dólares.
“Estamos dando un cheque en blanco que no sabemos cuánto va a costar por 30 años, además de la prioridad en el uso de los recursos naturales”, cuestionó el senador Martín Lousteau. El magnate estadounidense Elon Musk, quien participó el miércoles en una videoconferencia en la que Milei expuso su teoría económica, alentó a los argentinos a “darle su completo a apoyo al presidente para llevar adelante este experimento porque claramente las políticas del pasado no funcionaron”.
Dueño del fabricante de autos eléctricos Tesla, Musk se ha reunido un par de veces con Milei y ha mostrado interés en Argentina, que es una de las principales reservas mundiales de litio, clave para la fabricación de baterías.
Entre los 238 artículos de la ley Bases se aprobó además la posibilidad de privatizar un puñado de empresas, entre las que se negoció que quedaría afuera Aerolíneas Argentinas, así como una reforma laboral que amplía el período de prueba y flexibiliza el régimen de indemnizaciones por despido. “Vinimos a transformar la realidad”, dijo el oficialista Ezequiel Atauche al justificar su voto a favor.
Batalla campal
Durante la jornada, miles de personas se congregaron en torno al Congreso en repudio del proyecto y del draconiano ajuste fiscal del presidente. La policía repelió con gases, balas de goma y camiones cisterna a un grupo que buscó burlar las vallas que aislaban el Congreso y los manifestantes respondieron arrojando piedras a los uniformados, lo que derivó en una batalla campal y la quema de dos coches.
Siete personas, entre ellas cinco diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía, informó a la AFP el ministerio de Salud, y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar.
Un portavoz del Ministerio de Seguridad aseguró a la AFP que al menos diez personas fueron detenidas y nueve policías federales resultaron heridos. “¡Roberto María La Cruz Gómez, soy peronista y vengo a que la ley Bases no salga, porque soy argentino!”, gritó un joven mientras era detenido por policías federales.
La Presidencia denunció en la red X “a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado”. El debate tuvo lugar en un contexto de recesión en el que la actividad industrial y el consumo se desplomaron, la mitad de la población está en la pobreza, miles han sido despedidos, la inflación es de casi 300 % interanual y salarios y jubilaciones perdieron poder adquisitivo.
Entrada la noche, hubo focos de protestas espontáneas en distintos puntos de Buenos Aires y se escucharon cacerolazos y bocinazos. En un partido de la liga profesional de fútbol, hinchas de Argentinos Juniors -cuna de Diego Maradona- coreó “¡La patria no se vende!”.
Fuente: AFP
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Senado aprobó aumento de pena a sustractores de energía eléctrica
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de modificación del artículo 173 del Código Penal, el cual apunta al aumento de la pena a los sustractores de energía eléctrica. De este modo, la propuesta legislativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su posterior aprobación o rechazo.
El objetivo consiste en castigar con más determinación la sustracción de energía eléctrica cometida con fines comerciales, industriales o de alguna otra actividad lucrativa y establece el comiso de los equipos utilizados y su entrega en propiedad a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
“Hicimos la salvedad de mantener la pena en tres años para aquellas personas que extraen la energía para su uso particular, mientras que quienes lo hacen con fines comerciales se expondrán a una pena de dos a 10 años”, expuso el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.
Finalmente, la propuesta fue aprobada con las consideraciones establecidas por la mencionada comisión de la Cámara Alta, que además hizo hincapié en la necesidad de castigar la tentativa. El proyecto elaborado fue impulsado por el senador Ever Villalba.
“Aquí lo que debemos perseguir es la criptominería ilegal, causal de la mayoría de los cortes de energía. Estoy de acuerdo en que deben ir presos todos aquellos que se cuelgan del sistema eléctrico de forma ilegal, haciendo perder millones de dólares a la Ande”, dijo por su parte el senador Eduardo Nakayama.
Aparte de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, también se pronunció la de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible sobre el mencionado proyecto de ley, para así avanzar con el estudio del mismo.
Para el análisis de los proyectos asistieron como invitados Félix Sosa, presidente de la Ande; Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía; Rubén Riquelme, en representación del Ministerio Público y representantes de Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
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