En las últimas horas aparecieron datos de una encuesta que midió la simpatía del electorado hacia los precandidatos a la Presidencia, llamativamente, los datos arrojados por la empresa Vox Populi indican que existe prácticamente un empate entre Arnoldo Wiens y Santiago Peña, hecho que genera duda respecto a la credibilidad de la medición y también de la consultora, dado que no aparece ni siquiera en los registros de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
La encuestadora Vox Populi es de origen argentino y tiene como director a Luis Castelli. De esta firma no hay ni rastros que la señalen como contribuyente del Estado, es decir, esta empresa estaría operando en el país sin pagar ningún tipo de impuesto. Tampoco se han encontrado datos de que Vox Populi haya hecho otro tipo de mediciones en el país, y ni siquiera aparece alguna empresa u organización paraguaya en su cartera de clientes publicadas en la web.
De esta forma, Mario Abdo y el oficialismo serían los únicos clientes de esta encuestadora, la única que les arroja cifras positivas, y que aparentemente opera sin estar registrada debidamente en la administración tributaria para trabajar de forma legal. Además de esto, según la página de Vox Populi, ni siquiera cuentan con una sede en Paraguay y solamente tienen dos oficinas en el territorio argentino, una en Buenos Aires y otra en la distante Patagonia.
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La empresa genera sospechas por instalarse en Paraguay desde el vecino país solo para dar números favorables al oficialismo. Ya en octubre habían afirmado que la distancia entre Peña y Wiens se había acortado y esta medición fue publicada tiempo después de que el mismo Castelli declarara ante un medio argentino que las encuestas ya no reflejaban la voluntad del electorado, entrando así en una contradicción.
Vox Populi se convirtió en la única encuestadora que arroja datos positivos para el candidato de Mario Abdo, esto cuando recientes mediciones hablaban de una abismal diferencia entre Wiens y Peña y justo cuando faltan escasos días para las elecciones internas simultáneas a realizarse el próximo 18 de diciembre.
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Ovelar desnudó antecedentes de abogados de Abdo y su gavilla
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, realizó una radiografía de los abogados de los imputados en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con sus antecedentes y “perlitas”.
En el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, Ovelar cuestionó que mediante un show mediático los letrados de la contraparte pretenden desviar la atención referente a la denuncia presentada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores directos por el esquema de persecución política contra los adversarios y la filtración de datos confidenciales, con fines meramente proselitistas.
Indicó que los abogados de la gavilla están empecinados a desmeritar el caso sin siquiera responder si se filtró o no información sensible y si se creó o no un esquema de persecución política durante la administración adbdista. En el afán de influir en la opinión pública, según resaltó, se difundieron chats montados “para embarrar la cancha y desacreditar la investigación”, publicó hoy.com.py.
“Hay que mirar quiénes son y cómo actúan los abogados defensores. Solamente plantean incidentes de nulidad y recusaciones, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso, llegando incluso a la Corte Suprema de Justicia y en ningún momento discuten sobre si existieron las filtraciones y la creación de oficinas paralelas”, subrayó Ovelar.
LOS DEFENSORES
Sin nombrarlo, pero refiriéndose a Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías, dijo que en el grupo de abogados figura “un exmiembro del Consejo de la Magistratura que llegó al Jurado de Enjuiciamiento y llamativamente asume él la presidencia luego de la destitución del anterior (Jorge Bogarín) tras ser declarado significativamente corrupto”.
“Tenemos también a un asesor jurídico (Carlos César Trapani). Me imagino que todas aquellas maniobras y jugadas que se realizaban dentro de las instituciones eran sometidas al Poder Ejecutivo”, indicó Ovelar. La defensa de Mario Abdo Benítez es ejercida por Carlos César Trapani, quien se desempeñó en el anterior gobierno como asesor jurídico de la Presidencia.
También se refirió a la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola. “Una exministra de Justicia que tenía nexos formales e informales con grupos criminales porque manejó las cárceles del país”, expresó. El profesional mencionó que en este grupo hay “un abogado que era el encargado permanente de la persecución a Tabesa”. Ovelar consideró que es innegable el activismo de los medios de prensa aliados al abdismo.
CHICANAS
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, así como los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo, Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Los abogados defensores Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui; Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna en representación de los imputados Carmen Pereira y Pereira Cohene; Emilio Fuster defensor de los imputados Arnaldo Giuzzio y Guillermo Preda; y Enrique Kronawetter, quien ejerce la defensa de Daniel Farías, se pasaron presentando chicanas para impedir que el caso avance.
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Wiens opina sobre obras, pese a que las dejó casi destruidas
El exministro de Obras Públicas abdista, Arnoldo Wiens, busca llamar la atención realizando publicaciones y comentarios sobre el avance de trabajos de infraestructura vial, esto a pesar de sus oscuros antecedentes al frente del MOPC.
Arnoldo Wiens dejó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sumido en denuncias por obras sobrefacturadas en plena pandemia y algunos tramos viales prácticamente destruidos y en peores condiciones que las que había recibido.
Aun así, el otrora hombre fuerte del gobierno adbista tiene la capacidad de disociar de la realidad y publicar de manera sistemática en sus perfiles en redes sociales noticias y opiniones sobre el avance de obras de infraestructura. La última de sus publicaciones, por ejemplo, fue realizada el miércoles en sus redes sociales donde se vanaglorió del avance de obras de asfalto realizados en la zona de Puerto Indio, en el distrito de Mbaracayú.
Fallo por gestión ineficiente
Uno de los legados de la gestión Wiens al frente del MOPC fue la millonaria deuda que el Estado debe pagar a constructoras extranjeras. Meses atrás, la Procuraduría General de la República fue notificada sobre un laudo arbitral internacional relacionado con la demanda de Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que determina que la cartera estatal debe abonar USD 13 millones, más intereses acumulados de aproximadamente USD 2.400.000 hasta la fecha.
La disputa comenzó en 2018, bajo la administración del entonces presidente Mario Abdo Benítez y el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, quienes decidieron suspender las obras del Metrobús. Esta decisión, tomada de manera apresurada y sin explorar alternativas para continuar el proyecto, resultó en el incumplimiento del contrato con Mota-Engil, lo que originó la demanda que actualmente enfrenta el Estado paraguayo.
El monto reclamado a Paraguay incluye conceptos como la ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos, costas e intereses. Adicionalmente, la defensa de esta demanda ya ha costado al Estado paraguayo cerca de USD 2 millones en honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior. Sin embargo, los resultados de esta defensa han sido desfavorables para Paraguay.
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Acueducto que no funciona
En 2022, Wiens y Abdo Benítez inauguraron la tercera etapa del acueducto en el Chaco paraguayo con gran entusiasmo. Sin embargo, poblaciones de Mariscal Estigarribia, Loma Plata y comunidades indígenas del departamento de Boquerón han denunciado que el acueducto funcionó solo por 15 días y lleva tiempo sin proveer agua potable.
El Gobierno había anunciado con orgullo la habilitación de la fase 3 del acueducto el 6 de junio de 2022, asegurando que garantizaría agua potable a más de 100.000 personas, incluyendo 84 comunidades indígenas del Chaco central. Sin embargo, los habitantes de Loma Plata reclamaron la falta de agua debido a fallas en la cañería, interrumpiendo el servicio.
El acueducto del Chaco fue financiado con una donación de USD 60 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), un préstamo de USD 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida local de USD 8 millones. La obra, que tomó más de un año en completarse, ya presentó fallas desde su inauguración en septiembre de 2020.
El intendente de Loma Plata, Ernst Giesbrecht, denunció que las familias de la zona sufren por la falta de agua sin recibir solución. Esta situación se agrava por la sequía que afecta al Chaco. Esta ineficiencia llevó incluso al grupo ABC Color a emitir editoriales exigiendo la rendición de cuentas ante la justicia de Wiens y otros más, varios de ellos alguna vez sus aliados políticos y protegidos mediáticos.
Una pasarela de oro
La guinda de la corrupción de la administración Wiens fue la pasarela de oro construida en la zona de Ñu Guazú, en plena pandemia y con un millonario sobrecosto.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló que varios ítems de la obra están sobrefacturados, especialmente a través de dos adendas que aumentaron los precios, con un incremento indebido de G. 3.142 millones. El informe confirmó irregularidades en la ejecución de la obra adjudicada por el MOPC, bajo la dirección de Arnoldo Wiens, a la empresa Engineering de Juan Andrés Campos Cervera.
La auditoría señala que el monto del contrato aumentó injustificadamente en G. 3.142.820.246 a través de los convenios modificatorios N° 1 y N° 2, violando la Ley N° 2051/03 de “Contrataciones Públicas”. Del monto total, G. 1.253.086.010 corresponden a “costos indirectos” añadidos para beneficiar a la contratista. Estos costos indirectos representaron un aumento del 80% respecto a la oferta original de la empresa, con un incremento del 114% en el “beneficio” fijado para Engineering.
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La CGR destacó que los costos de transporte (fletes) fueron notablemente sobrefacturados, cotizados en G. 1.485.700.934, cuando el precio de mercado para la cantidad de materiales trasladados era solo G. 486.524.060. Además, se detectaron cambios sin justificación técnica en los precios de varios ítems respecto al contrato original, generando diferencias de G. 430.356.675, y se computaron obras que no coincidían con las verificadas por los auditores, sumando una diferencia de G. 505.113.495.
Asimismo, el MOPC permitió que se ejecutaran obras sin cumplir con las normas paraguayas para instalaciones eléctricas de baja tensión y el reglamento de la ANDE, dejando vulnerables esos trabajos al vandalismo y con riesgo de electrocución. La pasarela, adjudicada originalmente por G. 12.437 millones, vio su precio incrementado a G. 14.121 millones tras los convenios modificatorios, beneficiando a la contratista sin especificaciones técnicas claras.
Finalmente, la Contraloría detectó que el MOPC no controló efectivamente las pólizas de seguros, permitiendo que la pasarela quedara sin cobertura ante eventos no deseados, incumpliendo lo estipulado en el contrato.
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“Seprelad fue utilizada como garrote político”, afirma senador Zacarías
El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. El legislador sostuvo que no existe ninguna duda de que los fines de esa secretaría eran meramente atacar políticamente a algunos sectores.
“Seprelad fue utilizada para un garrote político, no existe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y se tienen que ir presas las personas que estuvieron manejando la Seprelad”, manifestó en entrevista a la 1020 AM.
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Agregó que incluso él fue una de las víctimas de los ataques y del garrote de la Seprelad en su momento, con persecuciones en su contra, por lo que puede confirmar el esquema que se llevó adelante desde esa institución del Estado.
“Soy testigo del tema de la Seprelad y compañía, era manejada políticamente. Por esta casa (su vivienda) Seprelad hizo un informe en mi contra de que yo pagué, si mal no recuerdo, 8 mil millones de guaraníes cuando esta casa es herencia de mi papá y de mi mamá y yo pagué cero guaraníes. Esta era la casa de mi mamá y de mi papá”, señaló.
Apuntó a María Epifania González, exministra de Seprelad y mamá de Joselo Rodríguez (envuelto en el polémico hecho del acta bilateral), como la que inició la persecución y los ataques con tinte político, que luego continuaron con René Fernández. “Ella fue la que empezó toda esta persecución y continuó después René Fernández”, sentenció.
Así también, afirmó que todo el esquema fue por órdenes del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. “Claro que había órdenes, lógico, no hay ninguna duda”, puntualizó el parlamentario.
Llamadas a Sandra Quiñonez
En otro momento, el senador Zacarías señaló que las llamadas de “apriete” del entonces presidente Abdo no se limitaba a la Seprelad, sino que también en varias ocasiones llamó a presionar a la exfiscal General del Estado Sandra Quiñonez exigiéndole que el Ministerio Público lo imputara.
“Pregúnteles a las personas de alta jerarquía de la administración de la Fiscalía de ese entonces, y les van a certificar lo que yo les digo”, aseguró el legislador al hablar del tema.
Ratificó que el propio Mario Abdo era el que llamaba a la exfiscal Quiñonez “y le decía: ¿Qué esperas que no le imputas? Yo hablaba muy poco con él, claro que le encaré, le dije todo eso, él por supuesto no va a admitir nunca, pero yo no soy burro ni tonto”, sostuvo Zacarías Irún.
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Instan a clarificar el nexo de Tío Rico con Senad de Abdo
“Me parece que las instituciones deben funcionar, están funcionando y tienen que cumplir su rol de clarificar”, manifestó el asesor político de la Presidencia, José Alberto Alderete, al referirse sobre la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak, que dejó al descubierto la vinculación del supuesto narco Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución.
A partir del descubrimiento del esquema de complicidad entre Tío Rico y un hombre de confianza de Giuzzio, que ocupada el cargo de director de inteligencia técnica dentro de la entidad que debía luchar contra el tráfico de drogas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, es propicio investigar los vínculos desde el más bajo cargo hasta el de mayor jerarquía, a criterio de Alderete.
“Es muy bueno que en este momento la Senad o cualquier órgano de control o investigación del Estado paraguayo funcione y que se haga justicia”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El también vicepresidente tercero de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acotó: “Esto es importante para que los inversionistas paraguayos como los extranjeros tengan la tranquilidad de que pueden venir a generar fuentes de trabajo en el Paraguay”.
Por otra parte, Alderete consideró importante que los poderes del Estado puedan brindar total respaldo a las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dentro del marco y respeto a la autonomía del órgano extrapoder.
La acusación del Ministerio Público se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Tío Rico se encuentra procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py, la mayor operación contra el crimen organizado en Paraguay, la cual desmanteló una megaorganización de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, en base a la cooperación nacional e internacional.
SEPA MÁS
Arco libre al narcotráfico
“Ahora empiezan a caer las fichas, todo empieza a cerrarse. No hay más que rendirse ante las evidencias”, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, al referirse sobre el supuesto vínculo entre un hombre de confianza de Arnaldo Giuzzio con Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py.
Asimismo, Riera recordó la serie de ataques políticos propiciados durante el gobierno de Mario Abdo contra sus adversarios políticos, a través de la Comisión Bicameral de Investigación, creada desde el Congreso Nacional, lo que a su criterio desvela que estaban desviando la atención para permitir el arco libre al narcotráfico y crimen organizado.