El senador Sixto Pereira dijo que es una gran irresponsabilidad política del Poder Ejecutivo el haber avalado la omisión de un informe de relevancia sobre el paradero del exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Sostuvo además que Édgar Olmedo y Daniel Benítez deben ser destituidos de sus respectivos cargos.
“Es una irresponsabilidad política en el manejo de esta situación, es una cuestión sensible, delicada, que afecta a nuestros compatriotas, la forma en la que la exdirectora dice con pruebas de que hay datos, uno admite, el otro niega, acá hay que ver inclusive quién es el jefe, porque son parte de un libelo acusatorio sostenible, esto puede ser motivo de juicio político o interpelación y se les echa”, señaló.
“Es complicidad también, porque ocultaron informaciones y que ahora salieron a la luz mediante esta exdirectora, desconozco los motivos por los cuales querrían ocultar, inventan cualquier cosa para desviar la atención, como mínimo deben ser destituidos”, insistió.
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El exministro de Justicia y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Edgar Olmedo, y el actual ministro de Justicia, Daniel Benítez, concurrieron este lunes por la mañana a la convocatoria de la mesa directiva de los líderes de bancada de la Cámara de Senadores a fin de que ambos expliquen el porqué se omitió información de los secuestrados por el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Sin embargo, tras culminar la reunión entre las autoridades y la mesa directiva, Olmedo y Benítez no dieron las respuestas requeridas del porqué el Ministerio de Justicia no informó a las instancias correspondientes sobre la información que se manejó en ese momento.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Gobierno lanzó fuerte campaña de responsabilidad contra el abuso sexual infantil
Con el lema “No todo es lo que parece” el Gobierno de Paraguay lanzó la campaña #TodosSomosResponsables 2025, que apunta a la prevención, detección temprana y denuncia del abuso sexual infantil y adolescente, atendiendo a que el 95 % de los abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes se dan en el círculo de confianza.
En ese contexto, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, enfatizó que en esta guerra no tenemos armas de fuego, en esta guerra nuestras armas son el diálogo, creerle y escucharle al niño y darle información en un tema tan sensible.
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Exhortó a todos los operadores de Justicia para que caiga todo el rigor de la ley sobre quien ose tocar y abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente.
“Estos son los temas que tenemos que instalar como sociedad, ocuparnos como familia y como Estado, depende de cada uno de nosotros, estamos trabajando en un diálogo constante con la Corte Suprema de Justicia (…) todos juntos somos parte de esto”, añadió.
El presidente de la República, Santiago Peña, señaló que se trata de una causa que debe unir a la nación en torno a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
“Este año nos interpela con una reflexión muy profunda, que no todo es lo que parece, un lema que nos invita a abrir los ojos, a estar atentos, ser guardianes de nuestros niños, pero sobre todo, a ser intransigentes ante este crimen. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a estar atentos a las señales”, expresó.
Mencionó que la campaña es una herramienta fundamental en la ardua tarea de prevenir el flagelo del abuso sexual infantil.
“Hoy la gente se anima a denunciar, la sociedad está más alerta, está más sensibilizada y actúa más, pero todavía tenemos muchísimo que hacer, porque mientras haya un solo niño, una sola niña, un adolescente que sea víctima de este flagelo, no vamos a estar conformes, vamos a tener tolerancia cero ante esto que es totalmente inaceptable”, exteriorizó.
Ampliar el alcance de la campaña
En ese contexto, el mandatario destacó la importancia de dar visibilidad a las denuncias relacionadas a esta problemática y, ante todo, apostar de manera decidida por la educación de los más pequeños, así como de la sociedad en su conjunto.
Igualmente, hizo hincapié en la necesidad de ampliar el alcance, es decir, llegar a cada rincón del país, involucrar a cada actor del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, “entre todos hacer muchísimo más”.
El presidente anunció que desde las instituciones públicas seguirán sumando esfuerzos en esta lucha, sin embargo, remarcó que la clave para tener éxito es entender que es una causa nacional, que exige la unidad de todos los actores sociales.
Por otro lado, el jefe de Estado reafirmó el compromiso inquebrantable con la protección de los niños, niñas y adolescentes, alegando que todos juntos con determinación, podemos construir un futuro en el que cada niño, niña y adolescente pueda crecer libre de miedo y de violencia.
“La protección de la infancia y la adolescencia es una prioridad para el Gobierno del Paraguay, seremos inflexibles ante cualquier hecho que dañe a nuestros pequeños, estamos firmemente comprometidos en fortalecer la política pública y a trabajar incansablemente para erradicar toda forma de violencia contra nuestros niños, no vamos a tolerar que sus vidas sean empañadas por el abuso y la explotación (…) sé que si trabajamos juntos así como lo estamos haciendo ahora, pero si somos capaces de unir todavía más a la sociedad paraguaya, lo vamos alcanzar”, sentenció.
Amaru y Arami llegarán a 296 escuelas
Durante el acto, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, presentó a Arami y Amaru, que, con una guía de prevención complementaria, serán implementados en 296 instituciones educativas del país.
Ramírez reiteró el compromiso de las escuelas como agentes de cambio en las diversas comunidades educativas.
“Estos muñecos acompañarán la labor educativa como una poderosa herramienta pedagógica para abordar de forma clara, respetuosa y adaptada a la edad, un tema que vulnera los derechos de nuestros niños y adolescentes", precisó.
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Ejecutivo designa a David Velázquez Seiferheld como viceministro de Educación Superior
A través de un comunicado emitido desde la Presidencia de la República del Paraguay se informó que el Poder Ejecutivo resolvió en la fecha dar por terminada las funciones de Federico Mora, viceministro de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias.
El informe oficial señala que, en su reemplazo, ha resuelto designar en el cargo de forma interina al David Velázquez Seiferheld, quien ya asume de manera inmediata en sus funciones.
El breve comunicado destaca además que, “el Gobierno reafirma su compromiso con la educación de todos los paraguayos”, concluye el documento divulgado a través de las redes sociales.
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Ejecutivo oficializa la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028
El Poder Ejecutivo, mediante el decreto N° 3900, oficializó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2025-2028, que será implementada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en fortalecimiento de la seguridad digital del país.
La aprobación de esta iniciativa es el resultado de un proceso de trabajo extenso y colaborativo, que se intensificó en los últimos meses e involucró a diversos actores. El decreto fue firmado por el presidente en ejercicio y vicepresidente, Pedro Alliana, tras la reunión con el ministro Gustavo Villate.
De acuerdo al informe oficial del Mitic, el visto bueno para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 marca un paso trascendental en el camino que sigue Paraguay hacia un ecosistema digital más seguro e inclusivo.
Destacan que este logro consolida el proceso de actualización iniciado en marzo de 2024 y considera los avances del Plan Nacional de Ciberseguridad 2017, en respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno digital en constante transformación.
“Con una visión renovada, la nueva estrategia despliega un marco integral que actualiza y moderniza las líneas de acción. Asimismo, fortalece la gobernanza, promueve la cooperación nacional e internacional, y prioriza un enfoque centrado en las personas, con especial atención a los grupos más vulnerables", expresa el comunicado.
Asimismo, señala la participación activa de múltiples actores, que involucraron al gobierno, sector privado, academia y sociedad civil organizada, fue fundamental para la construcción de una hoja de ruta que refleje las verdaderas necesidades y aspiraciones del país en materia de ciberseguridad.
Mencionan que, durante los últimos meses se intensificaron los esfuerzos para la consolidación de esta estrategia, asegurando su pertinencia y viabilidad para el contexto de la realidad nacional.
“El Mitic, en su calidad de autoridad nacional en materia de ciberseguridad, asumirá la responsabilidad en la implementación, el seguimiento y la evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esta función incluye la aprobación de revisiones o actualizaciones que se consideren necesarias", precisa el comunicado.
Igualmente, señala que será la entidad encargada de definir la estructura, competencias y funciones de los mecanismos de coordinación interinstitucional que se implementen en el marco de esta estrategia.
Finalmente, resaltan que este documento, está respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICTE), posiciona a Paraguay como referente en la región al incorporar estándares internacionales, buenas prácticas y mecanismos sostenibles para la protección de infraestructuras críticas, el desarrollo de capacidades técnicas y humanas, y la promoción de una cultura de seguridad digital.