La comisión de familia y tercera edad de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley denominado “De concienciación a estudiantes, docentes y personal de los diferentes niveles de la educación pública y privada, sobre los derechos de los adultos mayores”.
El mencionado proyecto tiene por objeto crear un programa de concienciación sobre los derechos de los adultos mayores, el cual deberá estar coordinado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); de ser aprobada la norma, se llevará a cabo un trabajo conjunto con el MEC para aplicarla.
De esta manera, en los centros educativos se llevarán adelante jornadas semestrales de concienciación para estudiantes y docentes, sobre la igualdad y la no discriminación en la vejez, con este mecanismo se busca que los índices de maltratos y discriminación a personas de tercera edad pueda ser mitigado gracias a la educación y el conocimiento.
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Los casos de abuso, maltrato y abandono de adultos mayores incrementaron de manera preocupante en nuestro país, y esto saltó a la vista como una gran problemática gracias a las denuncias realizadas, por lo que se buscará incentivar con este proyecto el conocimiento de las realidades de cientos de adultos mayores y reforzar la idea de la solidaridad y respeto para los mismos.
“La intención de la proyectista es que tanto educadores como estudiantes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas referidos a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, sin discriminación de ningún tipo, y con la comprensión positiva del envejecimiento y la vejez”, refirió Freddy D’Ecclesiis titular de la comisión.
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Plantean modificar ley de la tercera edad para incluir a personas con discapacidad severa
El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.
La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.
Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.
“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.
Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.
Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.
Principales modificaciones
Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.
Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.
Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.
González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.
Otro proyecto similar
Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.
Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).
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Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocio sin Ley de Caña de Azúcar
La importancia de fortalecer al sector cañero paraguayo, que produce uno de los azúcares orgánicos más reconocidos de la región, fue abordada durante el encuentro anual de la Red de Azúcar CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo) que se llevó a cabo en la ciudad de San Bernardino con representantes de Costa Rica, El Salvador, Ecuador, República Dominicana y Alemania.
En la oportunidad, Ramona Vargas, presidenta de la Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercio Justo, manifestó que “Paraguay tiene todo para crecer como potencia azucarera en la región, tierra fértil, tradición productiva y oportunidades de exportación; sin embargo, le falta lo más importante, una ley que ordene y fortalezca al sector productivo con garantías”.
Esta premisa fue secundada por los participantes, expertos nacionales, regionales y autoridades, que coincidieron en la necesidad de que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de la Caña de Azúcar presentado hace más de cinco años. “Necesita ser llevado a pleno para ser una realidad”, remarcaron.
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Durante el encuentro se presentaron también avances técnicos, oportunidades de mercado y casos concretos que demuestran las oportunidades que posee Paraguay. “No se trata solo de producir caña de azúcar, estamos hablando de empleo, desarrollo rural, justicia social y acceso a mercados internacionales”, enfatizó Vargas.
Trazabilidad
La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.
Hoy en día los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. “Sin una ley, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocio”, explicó la experta alemana, Monika Berresheim.
Por su parte, Jonathan Romero, productor de caña de azúcar de El Salvador, compartió que su país cuenta con una ley desde el 2001, que protege el cultivo de la caña de azúcar y genera garantías a los productores.
“Esta ley fue creada para garantizar la estabilidad económica y la transparencia para los productores, en El Salvador, el 3 % del PIB depende directamente del sector azucarero”, graficó.
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Embajada de EE. UU. en Paraguay aclara sobre visas para estudiantes extranjeros
La Embajada de Estados Unidos en Paraguay garantiza la continuidad de los trámites de visas para estudiantes, así como la gestión de nuevas solicitudes. Esta aclaración se da ante publicaciones noticiosas que señalan la suspensión de la tramitación, en el marco de la actual situación jurídica entre el gobierno norteamericano y la Universidad de Harvard.
“La Embajada de los EE. UU. está al tanto de los informes de noticias relacionados con la programación de citas de visas de estudiantes. La Administración Trump está enfocada en proteger a nuestra nación y a nuestros ciudadanos manteniendo los más altos estándares de seguridad nacional y pública, a través de nuestro proceso de visas”, refiere el comunicado de la Oficina de Comunicación y Prensa de la representación diplomática.
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“Tenga en cuenta que las citas de visas F, M y J previamente programadas continuarán según lo previsto. Los solicitantes de visas también pueden seguir presentando sus solicitudes. La Embajada compartirá más información sobre la programación de nuevas entrevistas de visado de estudiante en los próximos días”, acota la embajada norteamericana de Asunción.
El presidente estadounidense Donald Trump acusa a Harvard de ser un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista y que se negó a someterse a una supervisión de las matrículas y la contratación. La Casa Blanca afirma que el dinero público debería destinarse a “centros y programas de formación profesional y a escuelas estatales donde se promueven los valores estadounidenses”, declaró la portavoz Karoline Leavitt.
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Letrina Cero: Diputados sanciona proyecto de ley y se remite al Ejecutivo
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que amplía el Presupuesto General para este ejercicio fiscal, destinado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La iniciativa corresponde al proyecto “Letrina Cero en las Escuelas”, que tiene como objetivo la eliminación de las letrinas en instituciones educativas del sector público y la construcción de baños adecuados.
El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores y obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados. El monto aprobado asciende a G. 48.000.000.000, provenientes de recursos del tesoro.
Estos fondos permitirán la construcción de instalaciones sanitarias en las instituciones educativas dependientes del MEC. Según datos preliminares, alrededor de 350 escuelas utilizan actualmente letrinas como servicio sanitario, afectando a aproximadamente 15.000 estudiantes.
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El diputado Hugo Meza instó a sus colegas a respaldar la propuesta, argumentando que la presencia de letrinas constituye un problema de salud pública y una barrera para el aprendizaje. Destacó que el propósito del proyecto es garantizar la dignificación de las comunidades educativas mediante la provisión de instalaciones básicas.
Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera recordó la responsabilidad del Poder Legislativo en la supervisión del uso de los recursos públicos. Señaló que, pese a la asignación de importantes fondos a municipios y gobernaciones, todavía existen instituciones educativas sin baños en condiciones adecuadas. La normativa fue sancionada con el respaldo unánime de los diputados y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.