Desde el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) se están registrando una serie de despidos injustificados contra funcionarios contratados pertenecientes al área técnica, administrativa, aparte de licenciados. A decir de diversas denuncias que derivaron a La Nación/Nación Media, tras los despidos, en la mencionada institución contrataron a nuevos funcionarios que son afines a la línea política del oficialismo.
“Entre G. 3 millones y G. 4 millones pagan a estos nuevos funcionarios, que entraron sin poseer un título universitario que avale el sueldo percibido. La persecución que se sufre ya es desesperante y se anuncian más desvinculaciones próximamente; quienes son contratados son los más perseguidos y son despedidos por cuestiones mínimas, simples excusas para dejarlos de lado”, sentenció una fuente que prefirió dejar sus datos en el anonimato.
Las denuncias estiman que tanto la directora general del INTN, Patricia Echeverría, como su equipo responden a la línea política del oficialismo, por lo cual realizarían diversas diligencias para perseguir, amenazar y sumariar a diversos funcionarios que no se encuentran afines a sus intereses. Desde la institución elaborarían distintas acusaciones contra los trabajadores para desvincularlos, según la denuncia de los funcionarios que prefieren el anonimato por temor a represalias.
Una de las estrategias utilizadas, de acuerdo a las denuncias, consiste en trasladar a los colaboradores de determinados sectores a otros que no se encuentran relacionados con sus funciones, hasta generar hartazgo y la posterior renuncia de la persona afectada. En el caso de que la persona hostigada no renuncie, se presentan excusas mínimas, como haber excedido el tiempo otorgado para el horario de almuerzo, entre otras cuestiones.
Del mismo modo, se dejó entrever la priorización de los directivos en torno a las inversiones para presuntos viajes de capacitación, asegurando que estos actos no constituyen más que despilfarros en beneficios de las autoridades de la institución.
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Cambian a jefes de Investigaciones tras denuncias por secuestro y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Las dos denuncias últimas sobre el actuar del personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, derivaron en el cambio de los jefes de la citada unidad. El comisario principal José Delgado y el comisario Hugo Sosa, asumieron hoy como jefe y subjefe, respectivamente de la repartición policial, siendo apartados del cargo los comisarios Javier Maldonado y Francisco Talavera.
El comisario general inspector Marcelino Espinoza, director del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue el que realizo el traspaso de los cargos y reconoció que los cambios obedecen a los hechos punibles denunciados.
“Para que no se pueda truncar una investigación, el jefe y el subjefe fueron apartados quedando en reemplazo dos profesionales capaces de llevar adelante en forma conjunta la investigación con la Fiscalía”, refirió.
Asimismo, sostuvo que “el comando institucional ha creído conveniente apartarlos al jefe y al subjefe, a raíz de las denuncias ya divulgadas, de las cuales una de ellas ya tomó cuerpo, ya que en estos momentos hay cinco agentes declarando en el Ministerio para deslindar responsabilidades”.
Se refería a los cinco policías con detención preventiva e imputados por la fiscal Zunilda Ocampos, por privación de libertad y extorsión agravada. Fueron denunciados por haber retenido por cuatro horas a dos adultos y una menor para ser extorsionados con el pago de dinero a cambio de la libertad. Se habría pagado 30 mil dólares para que dejen libre a los raptados.
El comisario Espinoza informó que Asuntos Internos de la Policía Nacional envió personal a Alto Paraná para trabajar en forma coordinada con el Ministerio Público para que, de comprobarse los hechos investigados, sean apartados de la fila policial.
La otra causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y tiene que ver también con secuestro y extorsión. En este caso, el agente fiscal refirió que aún no tiene identificado a los supuestos responsables y una vez avanzadas las diligencias podrá llegar a los supuestos responsables.
El nuevo jefe de Investigación, estuvo en Canindeyú y ya pasó por otras dependencias como Homicidios y Crimen Organizado.
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Siguen los reclamos por atención en el Hospital de Santa Rita
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Hospital Distrital de Santa Rita está en la mira. El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un sumario a cuatro funcionarios del citado hospital, ante denuncia de supuestamente haberse negado atención a una mujer gestante, Yésica Aguilera, cuyo hijo nació en otro hospital y falleció en cuidados intensivos.
En ese contexto, surgió otro reclamo: mucha tardanza para que una mujer de 40 años, de 37 semanas de gestación, con muerte fetal, sea sometida a cesárea. La misma ya estaba con 24 horas de muerte de su hijo y su familia no entendía por qué tardaba tanto la cirugía para sacar al feto, poniendo en riesgo a la madre.
El esposo de la mujer declaró su preocupación al sitio Santa Rita News. La mujer se presentó ayer al hospital después de haberse dado cuenta de que no sentía movimiento en su vientre.
A las 19:00 se procedió a la intervención quirúrgica de la mujer y el feto le fue entregado a la familia. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por el doctor Federico Schrodel, director de la región sanitaria.
Manifestó que se debieron hacer estudios a la mujer para confirmar la muerte fetal y una vez constatada, “se procedió a preparar a la paciente para el procedimiento a seguir, no se trata de llegar y ya se le practica la cesárea, está en riesgo la madre”.
Mencionó que acudió ayer hasta el hospital y el personal de salud a cargo explicó a los familiares lo sucedido y sobre los pasos seguidos, quedando conformes los mismos.
La mujer reside en el barrio Santa Inés de Santa Rita y se realizó siete controles prenatales, antes de llegar al día de ayer en que le confirmaron que el niño había fallecido, cuando estaba a punto de nacer.
El Hospital de Santa Rita está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública que inició sumario a cuatro funcionarios, entre médicos y enfermería. La causa es la no atención a una mujer gestante, también de 37 semanas, porque la misma es asegurada del IPS. Ocurrió el jueves 29 de mayo. Fue al hospital de María Auxiliadora, Itapúa, el niño nació y pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
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Qué hacer para fomentar la cultura de la bicicleta en Asunción
- Paulo César López
- paulo.lopez@nacionmedia.com
- Fotos: Emilio Bazán
El próximo 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que fue instituida en 2018 por la asamblea general de las Naciones Unidas con el fin de promover el uso de este medio de transporte accesible, limpio y sostenible. En el caso de nuestra capital y las ciudades del Área Metropolitana, la bicicleta puede contribuir a disminuir la congestión en un contexto en el que el problema no son las largas distancias, sino la lentitud en el desplazamiento por la alta densidad de automóviles individuales que transitan por sus calles y avenidas.
A propósito de esta fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que “ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como caminar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud.
Para los sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte.
Al mismo tiempo, pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte.
La mejora del transporte activo (caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público) no es por tanto solo una cuestión de salud, sino que también puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los costes”.
La bicicleta, además de ser un medio de transporte saludable, es también más asequible para el conjunto de la población, en especial para los sectores de menores ingresos.
En una ciudad rebasada por los vehículos motorizados como Asunción y el Área Metropolitana, cuyo sistema de transporte público es además cada vez más ineficiente, la bicicleta es una opción barata y rápida para desplazarse a través de las distancias cortas y relativamente cortas que demandan nuestros centros urbanos.
BENEFICIOS
Entre otros beneficios, la asamblea general destaca que el uso de la bicicleta mejora la salud mental, el bienestar físico, disminuye el estrés, fomenta la tolerancia, el entendimiento y el respeto, facilita la inclusión social y la cultura de paz.
Además de mejorar la calidad del aire y disminuir la congestión por la menor circulación de vehículos motorizados, es dable esperar que esto también conlleve la reducción de los siniestros viales, que diariamente desvían recursos valiosos que podrían ser empleados para cubrir otras necesidades.
Además de ello, una población más ejercitada y la menor emisión de gases nocivos al ambiente debería implicar una menor demanda de servicios sanitarios.
Más allá de las tendencias fluctuantes vinculadas a las modas e incluso las impuestas por la pasada pandemia, que impulsó este medio ante la escasez del transporte masivo y por facilitar la distancia social, no aparece como algo sencillo una conversión masiva hacia esta forma de movilidad en el corto plazo.
El principal problema es la falta de infraestructura. Es decir, la escasez y falta de integración de vías segregadas que permitan a los ciclistas desplazarse por carriles distintos al resto de los vehículos.
Si bien la red de ciclovías ha aumentado en la capital, en grandes tramos están bloqueadas por vehículos estacionados o no tienen la integración suficiente, por lo que cubren recorridos exiguos que están mayormente desconectados.
ACCIONES OFICIALES
Entre las políticas que está implementando el municipio para promover esta forma de movilidad, el arquitecto Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción, refirió que recientemente se lanzó en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) la norma paraguaya PNA ISO 37120, que se enfoca en la gestión y medición de la sostenibilidad de las ciudades y que tiene unos indicadores específicos sobre servicios de la ciudad y calidad de vida.
La normativa busca que los edificios se vuelvan más sostenibles y que fomenten el uso de bicicleta. Con este fin contempla beneficios impositivos para los desarrolladores inmobiliarios y propietarios de edificios que incluyan en los diseños espacios seguros y cubiertos para el estacionamiento de bicicletas.
Con relación a si observa que la movilidad en bicicleta se ha incrementando en la actualidad, Sotomayor aseguró que sí debido al aumento de ciclovías y bicisendas. Sin embargo, admitió que esto aún se encuentra en una etapa muy primaria de evolución y adaptación.
ENFOQUE SOSTENIBLE
“Yo creo que esta recuperación pospandemia que estamos teniendo nos ofrece una oportunidad para repensar y remodelar el futuro de la movilidad para apuntar en un enfoque con acento en la sostenibilidad en la eficiencia y en la adaptabilidad. En esto sin lugar a dudas tiene un lugar muy importante la bicicleta”, indicó.
Con relación a cuál fue el crecimiento de esta infraestructura en la capital, mencionó que la Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción (Amabici) en su fase piloto sumó 31 km de bicisendas que “en teoría” conectan Asunción con ciudades del Área Metropolitana como Luque, Fernando de la Mora y San Lorenzo.
Respecto a proyectos futuros, señaló que el AMA contempla una red de bicisendas y ciclovías que trata de asegurar la integración de la bicicleta con el transporte público. De esta manera, el objetivo es promover comunidades sostenibles reduciendo el impacto ambiental y mejorando el acceso a áreas verdes a través del uso de la bicicleta.
El proyecto está dividido en cuatro componentes. El primero es la planificación urbana; el segundo, la gestión de residuos; tercero, el manejo de áreas urbanas y verdes, y cuarto, la movilidad y transporte sostenible, donde la bicicleta ocupa un lugar central.
DIFUSIÓN E INTEGRACIÓN
Muchos de los circuitos disponibles ni siquiera son conocidos por los habitantes de la ciudad y por quienes ingresan a diario a ella. No se plantea aquí algo irrealizable, sino ampliar, integrar y difundir los tramos con los que ya contamos.
Para muestra vale un botón. La bicisenda de la calle Capitán Ruiz Díaz de Melgarejo, que se inicia detrás del Hospital Bautista y se extiende hasta las cercanías de Alas Paraguayas, permite a los ciclistas evitar nada más y nada menos que las avenidas República Argentina y Eusebio Ayala a través de un corredor verde que ofrece seguridad y confort térmico.
Esta a su vez está interconectada con la bicisenda de Souza, que atraviesa La Cuadrita y serpenteando cruza Choferes del Chaco hasta casi el nacimiento de la avenida Mariscal López, en las proximidades de la estación central del ferrocarril.
Así, es posible transitar por vías exclusivas un tramo de la principal avenida asuncena e incluso evitarla desde la plaza Batallón 40 hasta la avenida Kubitschek. Es decir, reemplazar un auto por una bicicleta no solo ocupa menos espacio, genera menos ruido y emisiones, sino que también conduce a las personas por otras vías alternativas que son de poco o difícil acceso para vehículos de mayor porte.
De su lado, aunque en su estado actual sirve para fines casi exclusivamente recreativos, otro modelo de infraestructura a ampliar y replicar es la bicisenda de Yegros, que parte del Colegio Naciones Unidas y llega hasta 21 Proyectadas.
FACTORES CULTURALES
Empero, el fallido proyecto de ampliación de esta vía hasta el centro a través de la calle Iturbe muestra que la lucha es cruel y es mucha, tal como también ocurrió con la ciclovía de Palma, a la cual se opusieron frontalmente los comerciantes y que en la práctica es casi inutilizable.
Es decir, el problema no solo es la escasa infraestructura disponible, sino factores culturales que requieren acciones más profundas como la educación cívica y vial.
Por otra parte, la costanera Sur es otra vía que ofrece seguridad a los ciclistas para ingresar al centro evitando la pesada avenida Félix Bogado, con sus largas arribadas y los buses y recolectores de basura rozando la humanidad de quienes transitan en bicicletas. En este sentido, es preciso controlar otros factores ambientales como el combate a la incineración de residuos en el vertedero Cateura, que pueden terminar siendo contraproducentes en la salud y causar accidentes por problemas de visibilidad.
En resumidas cuentas, si bien en términos realistas sería poco factible esperar un cambio masivo en el corto plazo en el patrón de transporte de las personas que ingresan a la capital desde el Área Metropolitana, un medio de transporte más limpio, rápido y sostenible entre el centro y el resto de los barrios de Asunción sí es posible.
A su vez, esto podría resultar replicable al interior de las ciudades centralinas. No obstante, para ello es preciso primero ofrecer mejores garantías para la protección de la integridad y la vida de los usuarios a través de vías más seguras y segregadas del resto del tráfico.