Este domingo 15 de junio se cumplen 9 años del terrible asesinato de Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, quien fue acribillado con armas de guerra en la peligrosa ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. El crimen organizado demostró su fuerza con este atentado en el que se utilizó una poderosa ametralladora.

El terrible ataque contra el empresario fronterizo se registró a las 20:00 horas, cuando este estaba a bordo de su camioneta Hummer, con chapa OAN 927 Paraguay. Fue emboscado repentinamente por una camioneta Ford 250 y otras dos camionetas Toyota Hilux.

De los rodados descendieron más de doce personas que formaban parte de distintas organizaciones criminales, que se juntaron para poder perpetrar el brutal y fatal ataque para liquidar a Rafaat. La camioneta del fallecido recibió más de 200 disparos de ametralladora antiaérea calibre 50, que perforaron el blindaje doble y acribillaron al objetivo con 16 proyectiles de alto poder.

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La ametralladora antiaérea estaba fija en una de las camionetas, empotrada en una base de metal, especialmente adaptada para que uno de los sicarios pueda atentar y acabar con la vida del empresario.

Rafaat estaba siendo custodiado por dos camionetas de su seguridad personal, pero los sujetos no pudieron hacer nada porque los sicarios perpetraron el feroz ataque con armas de guerra.

Los hombres fueron preparados para cometer el tremendo suceso y cubrieron todos los ángulos en la zona donde se registró el súperatentado, ocurrido sobre la popular avenida Teniente Herrero de Pedro Juan Caballero, frente al mercado municipal y a metros de una institución colegio.

Las personas que estaban tranquilamente en el barrio San Gerardo, en la terraza del país, pasaron momentos de terror y pánico ante el brutal atentado de Jorge Rafaat. Los disparos se escucharon durante varios minutos, y los vecinos del lugar no tuvieron tiempo de avisar a la Policía Nacional debido a que se tiraron al suelo de sus casas para proteger sus vidas.

Los transeúntes, totalmente desorientados, buscaron un sitio donde resguardarse ante los múltiples disparos realizados por los sicarios. Los custodios de Rafat respondieron a los disparos, pero luego tuvieron que huir ante la superioridad de los criminales. Lo llamativo del caso es que a 200 metros de la zona del atentado está situada la comisaría segunda de Pedro Juan Caballero, por lo que los agentes policiales de dicha sede llegaron rápidamente y comenzaron a disparar para intentar repeler el ataque. En la huida, los criminales dejaron abandonada la ametralladora de guerra, con cientos de municiones y chalecos antibalas, tras lograr su objetivo.

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Los jueces de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Ocampos y Santiago Núñez, aplicaron una condena de 28 años de cárcel más 7 años de medida de seguridad —totalizando así 35 años de pena privativa de libertad— a Sergio Lima Dos Santos por el asesinato de Rafaat. Estará recluido en Tacumbú hasta julio de 2053.

El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia de armas de fuego, en un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.

En Paraguay, Rafaat era conocido como un próspero empresario de Pedro Juan Caballero, donde tenía una compañía dedicada a la comercialización de neumáticos; mientras que para Brasil, representaba una pieza clave en el tráfico de drogas.

Para las autoridades brasileñas, Sadam disputó la herencia dejada por Fernandinho Beira Mar, más conocido como “El rey de las drogas”. Además, había sido procesado por enviar desde Paraguay unos 492 kilos de cocaína en agosto de 2004. En ese momento, la operación fue abortada por agentes federales que interceptaron el enorme cargamento en Sao José do Rio Preto, en San Pablo (Brasil).

El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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El director de Proce­sos Electorales, Car­los María Ljubetic, indicó que con este “doble control” se podrán refutar las versiones de los supuestos hackeos que puedan sufrir las máquinas de votación.

“(La propuesta) trata de des­virtuar un poco este corrillo permanente de que todo es hackeable y generan dudas al respecto del escrutinio. Nosotros queremos trans­mitir tranquilidad a la ciuda­danía y a los actores políticos garantizándoles que el con­teo es el reflejo de la volun­tad popular”, indicó el fun­cionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy”, de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación media.

Ljubetic explicó cómo sería este procedimiento de escru­tinio manual, que se realizará previo al escrutinio de las máquinas de votación. Con este nuevo procedimiento, el objetivo principal es demostrar que las máquinas de votación emiten un escrutinio exacto.

“Planteamos que el ciuda­dano, como siempre, vote a través de la pantalla de la máquina de votación, la máquina imprime un bole­tín de voto, ese boletín de voto queda físicamente impreso y también informáticamente, ya que tiene un chip electró­nico o un código QR que per­mite posteriormente su lec­tura informática. Al elector no le queda la menor duda de que su intención de voto está reflejada en la boleta”, explicó.

Posteriormente, al termi­nar la votación, una vez que se contabilizó la cantidad de electores y la cantidad de bole­tines encontrados, se procede a la lectura de los boletines de votos. “Para eso, el presidente de mesa va a mostrar a los pre­sentes, ya sean apoderados, veedores, electores, observa­dores, el boletín y va a cantar en voz alta el contenido del mismo”, dijo.

“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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