Intendente de Puerto Casado confiesa retener cédulas de indígenas para “asegurar” votos para el oficialismo
Compartir en redes
El intendente de la localidad de Puerto Casado, Hilario Adorno, nuevamente es blanco de la polémica luego de haber admitido en un audio la retención de cédulas de identidad de indígenas para “sumar votos” a favor del precandidato a la Presidencia por Fuerza Republicana, Arnoldo Wiens.
En una grabación que fue facilitada a nuestro medio se escucha la voz de quien sería el jefe comunal de Puerto Casado dirigiéndose al presidente de la Ande, Félix Sosa, a quien implora su mediación para la reposición del servicio de energía eléctrica para algunos adherentes de su movimiento político, entre ellos su jefe de campaña.
Según menciona Adorno, algunos de sus correligionarios del movimiento Fuerza Republicana supuestamente son víctimas de “persecución política” y por ello les habrían cortado el suministro eléctrico, por lo que apelaba a su ayuda para resolver el asunto.
En una parte del audio, el intendente realiza una particular promesa para “asegurar votos” el día de las internas coloradas: la retención de cédulas de identidad de integrantes de una comunidad indígena de la zona.
Esta información fue confirmada a La Nación/Nación Media por Luis Duarte, comunicador radial de Alto Paraguay, quien admitió que Hilario Adorno es conocido desde hace tiempo por incurrir en esta repudiable práctica con diversos fines.
Generalmente, retiene los documentos de identidad de los nativos bajo la promesa de brindarles asistencia, sobre todo con la provisión de víveres, aunque también lo hace con el propósito de tener “seguridad” respecto a los votos para el día de las elecciones, como ocurriría en este caso.
En la grabación, Adorno promete que esos votos serán para el precandidato a la Presidencia por Fuerza Republicana, Arnoldo Wiens, así como para Mario Abdo Benítez, quien se postula a la presidencia del Partido Colorado para los comicios que se celebrarán el 18 de diciembre.
“Es un trabajo habitual del intendente el despojo de documentaciones a la fuerza en comunidades indígenas, sabiendo la necesidad que tienen ellos. Utiliza esto como medio de presión, es algo que ya se sabe”, refirió Duarte.
El mismo repudió que una autoridad se aproveche de esta manera de la vulnerabilidad de las personas, más aún tratándose de indígenas que viven sumidos en la precariedad y la ignorancia, sin tener posibilidad siquiera de efectuar sus denuncias ante los canales correspondientes.
Dicha práctica denunciada en Puerto Casado atenta abiertamente contra la Constitución Nacional, que en su Artículo 35 establece que “los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades”.
Filtración Seprelad: exministro de Abdo no quiso declarar en Fiscalía
Compartir en redes
Este viernes quedó suspendida la audiencia indagatoria del exministro Anticorrupción, René Fernández, imputado por siete delitos en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
La defensa del imputado alegó que se tienen varios recursos, es decir, chicanas pendientes de estudio y donde actualmente el expediente está trabado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por recusación al ministro Luis María Benítez Riera.
Los fiscales del caso Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria fijaron para el 8 de julio que comparezca el extitular de la Seprelad, Carlos Arregui; el 12 de julio el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y el mismo día Carmen Pereira, el 16 Daniel Farías, el 18 Guillermo Preda y el 22 Francisco Pereira.
La Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, así como los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo, Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato a presidente de la República, Santiago Peña.
Según el acta de imputación, existen elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de lo siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
El exministro de Obras Públicas abdista, Arnoldo Wiens, busca llamar la atención realizando publicaciones y comentarios sobre el avance de trabajos de infraestructura vial, esto a pesar de sus oscuros antecedentes al frente del MOPC. Foto: Archivo
Wiens opina sobre obras, pese a que las dejó casi destruidas
Compartir en redes
El exministro de Obras Públicas abdista, Arnoldo Wiens, busca llamar la atención realizando publicaciones y comentarios sobre el avance de trabajos de infraestructura vial, esto a pesar de sus oscuros antecedentes al frente del MOPC.
Arnoldo Wiens dejó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sumido en denuncias por obras sobrefacturadas en plena pandemia y algunos tramos viales prácticamente destruidos y en peores condiciones que las que había recibido.
Aun así, el otrora hombre fuerte del gobierno adbista tiene la capacidad de disociar de la realidad y publicar de manera sistemática en sus perfiles en redes sociales noticias y opiniones sobre el avance de obras de infraestructura. La última de sus publicaciones, por ejemplo, fue realizada el miércoles en sus redes sociales donde se vanaglorió del avance de obras de asfalto realizados en la zona de Puerto Indio, en el distrito de Mbaracayú.
El exministro de Obras Públicas abdista, Arnoldo Wiens, busca llamar la atención realizando publicaciones y comentarios sobre el avance de trabajos de infraestructura vial. Foto: Gentileza
Fallo por gestión ineficiente
Uno de los legados de la gestión Wiens al frente del MOPC fue la millonaria deuda que el Estado debe pagar a constructoras extranjeras. Meses atrás, la Procuraduría General de la República fue notificada sobre un laudo arbitral internacional relacionado con la demanda de Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que determina que la cartera estatal debe abonar USD 13 millones, más intereses acumulados de aproximadamente USD 2.400.000 hasta la fecha.
La disputa comenzó en 2018, bajo la administración del entonces presidente Mario Abdo Benítez y el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, quienes decidieron suspender las obras del Metrobús. Esta decisión, tomada de manera apresurada y sin explorar alternativas para continuar el proyecto, resultó en el incumplimiento del contrato con Mota-Engil, lo que originó la demanda que actualmente enfrenta el Estado paraguayo.
El monto reclamado a Paraguay incluye conceptos como la ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos, costas e intereses. Adicionalmente, la defensa de esta demanda ya ha costado al Estado paraguayo cerca de USD 2 millones en honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior. Sin embargo, los resultados de esta defensa han sido desfavorables para Paraguay.
El presidente, junto con el ministro Wiens corroboraron el funcionamiento del sistema instalado para garantizar la llegada del agua a las comunidades. Foto: Gentileza.
En 2022, Wiens y Abdo Benítez inauguraron la tercera etapa del acueducto en el Chaco paraguayo con gran entusiasmo. Sin embargo, poblaciones de Mariscal Estigarribia, Loma Plata y comunidades indígenas del departamento de Boquerón han denunciado que el acueducto funcionó solo por 15 días y lleva tiempo sin proveer agua potable.
El Gobierno había anunciado con orgullo la habilitación de la fase 3 del acueducto el 6 de junio de 2022, asegurando que garantizaría agua potable a más de 100.000 personas, incluyendo 84 comunidades indígenas del Chaco central. Sin embargo, los habitantes de Loma Plata reclamaron la falta de agua debido a fallas en la cañería, interrumpiendo el servicio.
El acueducto del Chaco fue financiado con una donación de USD 60 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), un préstamo de USD 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida local de USD 8 millones. La obra, que tomó más de un año en completarse, ya presentó fallas desde su inauguración en septiembre de 2020.
El intendente de Loma Plata, Ernst Giesbrecht, denunció que las familias de la zona sufren por la falta de agua sin recibir solución. Esta situación se agrava por la sequía que afecta al Chaco. Esta ineficiencia llevó incluso al grupo ABC Color a emitir editoriales exigiendo la rendición de cuentas ante la justicia de Wiens y otros más, varios de ellos alguna vez sus aliados políticos y protegidos mediáticos.
Una pasarela de oro
La “pasarela de oro”, de la era Wiens, costó 2 millones de dólares al Gobierno. Foto: Archivo
La guinda de la corrupción de la administración Wiens fue la pasarela de oro construida en la zona de Ñu Guazú, en plena pandemia y con un millonario sobrecosto.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló que varios ítems de la obra están sobrefacturados, especialmente a través de dos adendas que aumentaron los precios, con un incremento indebido de G. 3.142 millones. El informe confirmó irregularidades en la ejecución de la obra adjudicada por el MOPC, bajo la dirección de Arnoldo Wiens, a la empresa Engineering de Juan Andrés Campos Cervera.
La auditoría señala que el monto del contrato aumentó injustificadamente en G. 3.142.820.246 a través de los convenios modificatorios N° 1 y N° 2, violando la Ley N° 2051/03 de “Contrataciones Públicas”. Del monto total, G. 1.253.086.010 corresponden a “costos indirectos” añadidos para beneficiar a la contratista. Estos costos indirectos representaron un aumento del 80% respecto a la oferta original de la empresa, con un incremento del 114% en el “beneficio” fijado para Engineering.
La CGR destacó que los costos de transporte (fletes) fueron notablemente sobrefacturados, cotizados en G. 1.485.700.934, cuando el precio de mercado para la cantidad de materiales trasladados era solo G. 486.524.060. Además, se detectaron cambios sin justificación técnica en los precios de varios ítems respecto al contrato original, generando diferencias de G. 430.356.675, y se computaron obras que no coincidían con las verificadas por los auditores, sumando una diferencia de G. 505.113.495.
Asimismo, el MOPC permitió que se ejecutaran obras sin cumplir con las normas paraguayas para instalaciones eléctricas de baja tensión y el reglamento de la ANDE, dejando vulnerables esos trabajos al vandalismo y con riesgo de electrocución. La pasarela, adjudicada originalmente por G. 12.437 millones, vio su precio incrementado a G. 14.121 millones tras los convenios modificatorios, beneficiando a la contratista sin especificaciones técnicas claras.
Finalmente, la Contraloría detectó que el MOPC no controló efectivamente las pólizas de seguros, permitiendo que la pasarela quedara sin cobertura ante eventos no deseados, incumpliendo lo estipulado en el contrato.
La Contraloría remitió a la Fiscalía un informe sosteniendo que bajo la gestión de Óscar "Nenecho" Rodríguez se desvió dinero de los bonos emitidos para obras, hecho que va contra la ley orgánica municipal. Foto: Gentileza
Intendente refuta informe de Contraloría: “No salimos del marco legal”
Compartir en redes
“Yo puedo decir con absoluta responsabilidad y mucha tranquilidad de que no hemos salido del marco legal ni medio milímetro”, indicó el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, refutando el informe de auditoría de la Contraloría en el que se hace mención de un desvío en las operaciones en las que utilizó recursos de los bonos consistentes en G. 500.000 millones destinadas para el financiamiento de obras.
“Hemos recibido este informe mucho después de que hayan recibido los medios de prensa, de que hayan sacado sus conclusiones y que hayan salido algunos juzgando y actuando de fiscales. En el informe se dice que nosotros hemos presentado una información incompleta, quiero desmentirlo, nosotros hemos respondido a sus solicitudes a rajatablas”, sostuvo en el programa “Dos en la ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El principal cuestionamiento realizado por el órgano extrapoder se centra en que la normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal para realizar desembolsos.
“Algunos dicen que es un informe lapidario, pero en qué parte habla sobre una malversación, de algún daño patrimonial. Acá lo que la Contraloría cuestiona es que el municipio de Asunción no puede usar la cuenta única como utiliza el gobierno central. ¿Dónde está el principio de igualdad? ¿Por qué el gobierno central puede y el municipio no”, expresó.
Rodríguez acotó: “¿Dónde está el artículo 166 de la Constitución Nacional que habla de la autonomía y autarquía presupuestaria de los municipios, esto se encuentra establecido en la Constitución. El informe de la Contraloría menciona además que la municipalidad no tiene una cuenta única en el Banco Central del Paraguay, pero esta es una herramienta financiera económica que no precisamente te condiciona con que banco vas a operar”.
La denuncia sobre el supuesto desvío fue realizada por parte de concejales y legisladores de la oposición. Ante esta acusación Rodríguez había sostenido en varias ocasiones que se trata de una campaña política anticipada por parte de dicho sector rumbo a las municipales del 2026. El informe de la Contraloría ya fue remitido al Ministerio Público.
Los resultados de la fiscalización por parte de la Contraloría hacen mención al desvío de los recursos económicos por parte de la administración del intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez. Foto: Gentileza
Remiten a Fiscalía informe sobre uso de bonos en la administración de Nenecho Rodríguez
Compartir en redes
La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Públicoel informe de auditoría sobre la utilización de G. 500.000 millones de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían ser destinados para el financiamiento de obras. El documento hace mención al desvío de los recursos económicos.
Entre las irregularidades señaladas por el órgano extrapoder figura el destino del dinero a una “cuenta única del Tesoro Municipal”, de donde se hicieron los desembolsos. Argumentan que la normativa legislativa que regula la citada modalidad establece que esa vía no puede ser aplicada por un gobierno municipal.
“La normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única (ley 5097/13) claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal, en primer lugar, porque en el caso de las municipalidades esa ley está en conflicto con la Ley orgánica municipal que prohíbe ejecutar dineros provenientes de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”, sostiene el documento.
El informe indica que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así para financiar un déficit de la caja. Señala que bajo la gestión del intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez se realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000 con los fondos de la modalidad de la cuenta única municipal, sin adjuntar documentos de respaldo y sin detallar el origen de los recursos utilizados.
Menciona además que se utilizó un total de G. 287.000.000.000 para costear el mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicios de transporte y disposición final de residuos.
El informe manifiesta a la vez que se cubrió el costo de las inversiones públicas en adquisiciones de maquinarias y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura, por aproximadamente G 50.000 millones, como también el pago de capital e intereses de bonos por la suma de aproximadamente G. 155.000.000.000.