Pedro Halley señaló que más allá de las dos actuaciones notariales que recibió en la fecha, lo grave es que hay una intención de callar al que alerta a la ciudadanía. Es una mafia que se está poniendo en campaña para acallar al que denuncia. Foto: Christian Meza.
Halley denuncia persecución política de sectores que responden a Lilian Samaniego
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El precandidato a diputado Nacional por capital del movimiento Fervor Republicano, Pedro Halley denunció que está siendo víctima de persecución política, que busca callarlo sobre las graves denuncias que está realizando respecto al manejo y la función del Instituto de Previsión Social. En ese sentido, sostuvo que existe una mafia para hacer callar al que habla, y lo vincula al sector de la senadora Lilian Samaniego.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Halley señaló que en la fecha recibió en forma indistinta a dos escribanos públicos que venían con una notificación para que se retracte sobre las denuncias que realizó respecto a contratos y nombramientos discriminados que se están haciendo en el IPS, como cupos políticos y así como la millonaria deuda de la previsional con la industria farmacéutica.
En ese sentido, comentó de mañana recibió a una escribana representante de una seguidora de la senadora Lilian Samaniego, que dijo haber sido contratada en el PC de la parlamentaria, a fin de que se retracte de sus expresiones públicas, en el sentido de que gran parte del personal superior del IPS, está digitado y puesto a dedo por la senadora Samaniego.
Halley mencionó que se negó a retractarse y que al contrario, si bien no cuenta con pruebas documentadas, es un gran secreto a voces en el IPS que todos los operadores políticos de esa línea están en IPS, muchos de ellos sin méritos académicos, solamente por el hecho de responder a la línea política de los Samaniego.
“Yo le dije que el hecho de enviar a un escribano representaría un delito electoral, porque la denuncia lo hice en carácter de político y candidato a diputado, y me quieren coaccionar con escribanía y demás, no me voy a callar. Al contrario, voy a denunciar a la Justicia Electoral y en lo penal también. Ahí reculó y se retiró y no volvió más”, comentó.
Asimismo, comentó que en la tarde recibió a otro escribano que venía en representación de un sector de Cifarma (Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay) a intimar para que se retracte sobre que existen empresas farmacéuticas que lucran con la venta sobrefacturada de productos de mala calidad. Estos medicamentos se pagan con el dinero de la gente; en esta ocasión igualmente se negó a retractarse, por el contrario, se ratificó en su denuncia.
“Creo que en lugar de ofenderse, los directivos de Cifarma y algunas de sus empresas deberían recapacitar, hacer un mea culpa, y sentarse en la mesa a clarificar la deuda que dicen tener, esos 242 millones de dólares. Depurar esa deuda para que el IPS pague lo que realmente recibió. Pero más allá de estas dos actuaciones notariales, acá lo que se ve es una intención de callar al que alerta a la ciudadanía. Es una mafia que se está poniendo en campaña para acallar al que denuncia”, remarcó.
En ese sentido, remarcó la persecución política que está viniendo por parte del sector de la senadora Samaniego y un sector de la industria farmacéutica, que igualmente está alineada a la política de los Samaniego. “No me callaron cuando denuncié corrupción en IPS (abril 2021), y fui destituido. Y menos me van a callar ahora por seguir diciendo verdades que deberían avergonzar a quienes ahora se ofenden gua’u. Voy a seguir denunciando, del país no me van a echar”, concluyó.
Cambian a jefes de Investigaciones tras denuncias por secuestro y extorsión
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Ciudad del Este. Agencia Regional
Las dos denuncias últimas sobre el actuar del personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, derivaron en el cambio de los jefes de la citada unidad. El comisario principal José Delgado y el comisario Hugo Sosa, asumieron hoy como jefe y subjefe, respectivamente de la repartición policial, siendo apartados del cargo los comisarios Javier Maldonado y Francisco Talavera.
El comisario general inspector Marcelino Espinoza, director del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue el que realizo el traspaso de los cargos y reconoció que los cambios obedecen a los hechos punibles denunciados.
“Para que no se pueda truncar una investigación, el jefe y el subjefe fueron apartados quedando en reemplazo dos profesionales capaces de llevar adelante en forma conjunta la investigación con la Fiscalía”, refirió.
Asimismo, sostuvo que “el comando institucional ha creído conveniente apartarlos al jefe y al subjefe, a raíz de las denuncias ya divulgadas, de las cuales una de ellas ya tomó cuerpo, ya que en estos momentos hay cinco agentes declarando en el Ministerio para deslindar responsabilidades”.
Se refería a los cinco policías con detención preventiva e imputados por la fiscal Zunilda Ocampos, por privación de libertad y extorsión agravada. Fueron denunciados por haber retenido por cuatro horas a dos adultos y una menor para ser extorsionados con el pago de dinero a cambio de la libertad. Se habría pagado 30 mil dólares para que dejen libre a los raptados.
El comisario Espinoza informó que Asuntos Internos de la Policía Nacional envió personal a Alto Paraná para trabajar en forma coordinada con el Ministerio Público para que, de comprobarse los hechos investigados, sean apartados de la fila policial.
La otra causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y tiene que ver también con secuestro y extorsión. En este caso, el agente fiscal refirió que aún no tiene identificado a los supuestos responsables y una vez avanzadas las diligencias podrá llegar a los supuestos responsables.
El nuevo jefe de Investigación, estuvo en Canindeyú y ya pasó por otras dependencias como Homicidios y Crimen Organizado.
Hospital distrital de Santa Rita. Familiares reclamaron por excesiva tardanza en atención a mujer gestante con muerte fetal. El MSP investiga al hospital por otro reciente caso. Foto: Gentileza
Siguen los reclamos por atención en el Hospital de Santa Rita
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Hospital Distrital de Santa Rita está en la mira. El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un sumario a cuatro funcionarios del citado hospital, ante denuncia de supuestamente haberse negado atención a una mujer gestante, Yésica Aguilera, cuyo hijo nació en otro hospital y falleció en cuidados intensivos.
En ese contexto, surgió otro reclamo: mucha tardanza para que una mujer de 40 años, de 37 semanas de gestación, con muerte fetal, sea sometida a cesárea. La misma ya estaba con 24 horas de muerte de su hijo y su familia no entendía por qué tardaba tanto la cirugía para sacar al feto, poniendo en riesgo a la madre.
El esposo de la mujer declaró su preocupación al sitio Santa Rita News. La mujer se presentó ayer al hospital después de haberse dado cuenta de que no sentía movimiento en su vientre.
A las 19:00 se procedió a la intervención quirúrgica de la mujer y el feto le fue entregado a la familia. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por el doctor Federico Schrodel, director de la región sanitaria.
Manifestó que se debieron hacer estudios a la mujer para confirmar la muerte fetal y una vez constatada, “se procedió a preparar a la paciente para el procedimiento a seguir, no se trata de llegar y ya se le practica la cesárea, está en riesgo la madre”.
Mencionó que acudió ayer hasta el hospital y el personal de salud a cargo explicó a los familiares lo sucedido y sobre los pasos seguidos, quedando conformes los mismos.
La mujer reside en el barrio Santa Inés de Santa Rita y se realizó siete controles prenatales, antes de llegar al día de ayer en que le confirmaron que el niño había fallecido, cuando estaba a punto de nacer.
El Hospital de Santa Rita está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública que inició sumario a cuatro funcionarios, entre médicos y enfermería. La causa es la no atención a una mujer gestante, también de 37 semanas, porque la misma es asegurada del IPS. Ocurrió el jueves 29 de mayo. Fue al hospital de María Auxiliadora, Itapúa, el niño nació y pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció.
Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
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Juan Marcelo Pereira
juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto,en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
Las transferencias económicas para la realización de ollas populares sirvieron como esquemas para el supuesto desvío del dinero de los contribuyentes esteños. Foto: Gentileza
Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Las obras viales sobrefacturadas también figuran en el listado de supuestos hechos de corrupción atribuidos a Miguel Prieto. Foto: Gentileza
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Elvio Mareco Barrientos, conocido operador político del intendente Miguel Prieto, quien resultó favorecido con millonarias licitaciones por la municipalidad de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
En las facturas presentadas por SCDE aparece el mismo número que el local nocturno Golden Rouge Night Club utilizaba para recibir reservas. En las facturas la firma sigue declarando que se dedica también a la venta de bebidas alcohólicas. Foto: Gentileza
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66.De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
Miguel Prieto y seis concejales que fungen como sus aliados políticos fueron denunciados por nepotismo. Foto: Gentileza
El nuevo gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, prometió regularizar la provisión de insumos y medicamentos a los pacientes. Foto: Archivo
Al asumir el cargo, el nuevo gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Derlis León, anunció que priorizará la provisión oportuna de medicamentos a los asegurados, apelando también al apoyo del Ministerio de Salud Pública, en el caso de los fármacos de uso oncológico.
“Entiendo que esta experiencia en el Ministerio de Salud nos va a ayudar a complementar nuestros servicios. Y sí, el acceso oportuno a los medicamentos e insumos va a ser el eje de nuestra gestión”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El médico dijo que se trabajará de manera conjunta con la Gerencia Logística, a fin de asegurar un manejo eficiente de los recursos disponibles en el ente previsional.
El desabastecimiento de medicamentos oncológicos es una constante en el IPS, aunque desde la nueva administración se buscará rever la situación.
“Es una situación de patologías oncológicas, catastróficas que requiere gran parte de nuestro presupuesto. Y ahí hablamos de complementación y de un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. De hecho que nuestra gestión aquí va a ser de comunicación permanente con todos”, garantizó.
El doctor León comentó que ya ocupó el cargo de director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud.
“Los últimos doce años en la gestión pública me tocó pasar por varios estamentos en el Ministerio de Salud. Desde la Dirección de Hospitales, también la Dirección de Insumos Estratégicos y de Redes de Servicios. Soy funcionario de IPS desde hace 21 años, pero trabajando en el área de gerencia comisionado al Ministerio de Salud y conocemos la institución”, sostuvo.