Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, reveló en una conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que desde la Embajada de los Estados Unidos ya se daban señales de la agenda de alternancia, por la cual operó Marc Ostfield en Paraguay durante la campaña electoral.

Alliana detalló que en campaña con Santiago Peña mantuvieron una reunión en la embajada en dos ocasiones y en una de ellas se dio un comentario que ya alertó sobre lo que se venía para el movimiento Honor Colorado.

“Una de las veces que fuimos a la embajada ya nos venían avisando, en una de las veces en la embajada nos dijeron no tengan miedo a la alternancia, es normal dentro de un país; el Partido Colorado hace mucho tiempo está en el poder, nosotros nos miramos con Santi y dijimos que venimos para ganar las elecciones, parecía una amenaza, o abriendo ya el paraguas contándonos lo que ellos querían que ocurra”, contó el segundo del Ejecutivo.

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Con la filtración de documentos confidenciales enviados por el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, al Departamento de Estado norteamericano, Alliana sostiene que solo se confirma lo que por años se viene denunciando desde el movimiento Honor Colorado.

“Esto no hace más que confirmar todas las denuncias que nosotros veníamos haciendo y lo venimos haciendo desde hace muchos años. Una persecución inmisericorde hacia el presidente hoy del partido, el expresidente de la República, Horacio Cartes, y al movimiento político Honor Colorado”, indicó.

Alliana resaltó que esta alianza, no solo se dio con el sector de Mario Abdo Benítez, sino con otros sectores políticos de la oposición, como el Partido Democrático Progresista (PDP). “Esto confirma las denuncias que veníamos haciendo, la utilización de las instituciones públicas de Mario Abdo Benítez con sus aliados del PDP, con Giuzzio, Arregui, Fuster y otros, para utilizar la estructura del Estado, utilizar el Estado para falsificar documentos y pasar los documentos a la embajada”, sostuvo.

El vicepresidente señaló que el exembajador se alió con un sector que se jactaba de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Añadió que existen muchas dudas sobre el financiamiento político del sector abdista.

“A mí me llama mucho la atención, porque persiguió a un sector del Partido Colorado, eso es evidente del embajador, pero se alió con personas que hablan supuestamente de la lucha contra terrorismo, contra el narcotráfico, pero imagínate los antecedentes del gobierno anterior, arrancando en plena campaña política con la mochila de Cucho (Cabaña)”, recordó.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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Además de destruir a Cartes, la campaña montada desde la embajada, el Palacio de López y los medios apuntaba a la caída del Partido Colorado en las elecciones de 2023. Fracasaron.

Los mensajes filtrados del exembajador Marc Ostfield, donde se constata la plena sintonía del gobierno de Mario Abdo Benítez, demuestran que el objetivo no solo era destruir el poder económico y político de Horacio Cartes, sino provocar la caída del Partido Colorado.

En esta misión fueron acompañados medios de comunicación y analistas complacientes. Pero el pueblo advirtió el propósito anticolorado y dio una contundente lección de civismo, colocando a Horacio Cartes como presidente de la ANR y a Santiago Peña como presidente de la República.

Este propósito ya fue denunciado en su momento por los principales dirigentes y actores políticos de la Asociación Nacional Republicana. Desde tiempo de las sanciones de EE. UU. contra Cartes y sus empresas, pasando por el caso del avión iraní, o el forzado involucramiento con el crimen de Marcelo Pecci, no cabía duda que estas acciones formaban parte de una campaña de persecución, de manipulación y de mentiras, en la que medios de poderosos grupos de comunicación cargaban la pólvora contra el expresidente que gobernó entre 2013 y 2018 y blindaban la corrupta gestión de Abdo Benítez, de quien fueron cómplice. Mentiras que fueron cayendo uno a uno. La divulgación de un mensaje enviado por Ostfield, en 2024, antes de la renovación de las sanciones contra Tabesa (agosto de 2024), ratifica que esta alianza político-mediática solo buscaba golpear al enemigo, como lo señalara tantas veces el abogado Pedro Ovelar, –la última el viernes pasado– sobre la “misión” que tuvo Marc Ostfield en Paraguay.

“Un embajador lo que desarrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestiones internas. Lo más condenable en esta conducta no está solo en lo que el exembajador hizo o quiso hacer, sino en todo los que le acompañaron. Tenía una hinchada de medios periodísticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Cartes”, afirmó el abogado de Cartes al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ovelar cargó más la tinta. Dijo que el mensaje de Ostfield es “un direccionamiento de los ataques al sector colorado y en especial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del liberal Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, insistió Ovelar. En términos similares, aunque ya desde una visión más política, se refirió el expresidente de la ANR y actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana. El número 2 del Ejecutivo dijo que Abdo “entregó el Gobierno a un embajador, y entregó el Gobierno a gente de la oposición. Si bien fue un gobierno colorado, también el Gobierno estuvo encabezado por gente de la oposición, que ocuparon cargos en los ministerios para ir a sacar supuestamente información para entregarle al embajador de EE. UU. y hacer todo lo que hicieron contra el actual presidente del Partido Colorado”, indicó.

La estrategia llevada adelante buscaba la caída del Partido Colorado, como lo mencionaron Ovelar y Alliana, y los medios del Grupo Zuccolillo y del Grupo Vierci colaboraron para impulsar esta narrativa que pretendía erosionar la credibilidad de los candidatos del Partido Colorado.

Durante la gestión de Mario Abdo (entre 2018 y 2023), la campaña fue atroz y en cada episodio de ataque la narrativa se reforzaba en los medios: la conformación del CBI para investigar a Darío Messer, el proceso iniciado en Brasil, con orden de captura incluida, la exportación de reales por bancos paraguayos, el caso del avión iraní, el juicio político a Sandra Quiñónez y el caso más emblemático de todos, la filtración e informes fraguados de Seprelad, fueron todos intentos no solo de atacar a Horacio Cartes y sus empresas, sino debilitar de paso al Partido Colorado.

Pero esta perversa campaña de manipulación, orquestada mediante un grosero triunvirato (Abdo-aliados, Ostfield y medios) en el campo estrictamente electoral no logró sus objetivos.

Aunque golpeado económicamente (Cartes tuvo que desprenderse de sus paquetes accionarios en las distintas empresas de su emporio), el expresidente salió fortalecido políticamente ya que arrasó en las elecciones de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, de diciembre de 2022, justamente contra Abdo Benítez, y hoy es titular de la ANR y el político más influyente del país.

Además, Santiago Peña, el candidato de Honor Colorado, y luego de la Lista 1, también ganó holgadamente con una histórica paliza electoral a la oposición que en toda la etapa democrática no había sufrido semejante revés y hoy Peña tiene las riendas del Ejecutivo.