La Comisión de Familia y Tercera Edad calificó a este proyecto como redundante dado que la ley vigente ya establece el aumento gradual de la pensión a adultos mayores. Foto: Gentileza.
Comisión de Diputados rechaza proyecto que modifica ley de pensión a la tercera edad
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La Comisión de Familia y Tercera Edad de la Cámara de Diputados emitió un dictamen mediante el cual rechaza el proyecto que pretende modificar el artículo 2 de la Ley Nº 3.728/09, “Que establece la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad social”, cuyo objetivo era aumentar de forma gradual la pensión que recibe el sector mencionado.
Desde la comisión explicaron que el rechazo se debió a que la propia norma vigente ya establece el ajuste gradual del monto de la pensión, conforme a la variación del salario mínimo. El proyecto de modificación, presentado en junio de este año, indica que mediante esta propuesta se busca otorgar “un monto real”, atendiendo la situación económica que se vive en el país, de modo que las personas puedan tener una vida más digna.
El diputado Freddy D’Ecclesiis, miembro de la comisión, señaló que este proyecto “resulta redundante” dado que la pensión se ajusta de acuerdo a la variación del salario mínimo. “Según suba el salario, que de hecho se da por la inflación, automáticamente, en el mes de enero se ajusta el monto de la pensión, y de estar percibiendo, nuestros adultos mayores, la suma G. 574.800, percibirán desde enero G. 637.576, por la variación que tuvo el salario mínimo”, detalló.
“Sabemos que es un monto bajo lo que perciben, pero debemos ser objetivos; no podemos aumentar teniendo en cuenta que, por falta de recursos, ni siquiera estamos pudiendo otorgar a la totalidad de los que ya merecen. Ahora tuvimos que presentar una ampliación presupuestaria para que puedan ingresar al programa de este año, ya que el recurso presupuestado no alcanza para aumentar ni mil adultos mayores más”, manifestó el parlamentario.
Proyecto podría perjudicar
Desde la comisión de la Cámara Baja indicaron que llevan adelante un trabajo en busca de aumentar los recursos que se destinan a este programa, de tal manera que puedan ampliar el número de beneficiarios. Señalaron que la eventual aprobación de este proyecto podría perjudicar esta iniciativa puesto que tendrá un impacto económico fuerte.
“La mayoría optó por seguir trabajando con objetividad y responsabilidad”, expresó el legislador, quien calificó el proyecto como populista y de imposible aplicación. “Ya ha ocurrido. Diputados y senadores, por el momento político, presentan proyectos que ilusionan a los abuelitos, pero en realidad no son como se cree. Hay que ser responsables. No hay que aprovecharse”, puntualizó.
Este proyecto de modificación de la Ley de pensión a adultos mayores fue presentado por los diputados Hugo Capurro, María de las Nieve López, Édgar Ortiz y Marcelo Salinas, todos miembros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Se espera que la Comisión de Asuntos Económicos, de Legislación, de Cuentas y de Equidad Social traten esta propuesta y emitan sus dictámenes.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte fue consultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Ejecutivo para indagar las administraciones de los intendentes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.
“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter administrativo imprescindible para que la municipalidad siga funcionando, no puede tomar ninguna decisión de orden político, ya que no es su función”, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despidos de funcionarios.
“No es su función, no son administradores, es la persona encargada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, aclarando que el proceso de fiscalización de ambos municipios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles los pedidos de intervención a ambos municipios con amplia mayoría luego de analizar los reportes de irregularidades detectados por la Contraloría General de la República (CGR).
Anuncian proyecto de ley para regular el sector de hierbas naturales en Paraguay
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El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.
Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.
“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.
Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.
Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.
El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.
El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.
Intervención a la municipalidad es un acto de “justicia” para los esteños
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La Cámara de Diputados resolvió aprobar el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este y desde la Contraloría Ciudadana del distrito, celebraron este hecho, puesto que como organización civil, vienen denunciando desde hace varios años una serie de irregularidades cometidas por el intendente Miguel Prieto.
“Hicimos tantas denuncias que hay gente que nos quiere linchar a nosotros, pero hay muchas cosas que nosotros no llegamos a denunciar. Tomamos como un acto de justicia por un lado porque la Justicia no actuó a tiempo, entonces se tuvo que recurrir esto, a la intervención, pero estamos súper contentos”, expresó Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, manifestó que mediante la intervención se podrá acceder a toda la información relacionada a la gestión municipal, dado que existen muchas denuncias, especialmente, sobre adjudicaciones fraudulentas de obras y contratación de empresas de maletín. Asimismo, existen datos respecto al manejo interno al que solamente podrán tener conocimiento los auditores.
“Hechos que se pueden sumar a esos puntos que denunció la Contraloría General. Para nosotros es muy importante (quien sea el interventor) porque nosotros hicimos denuncias muy serias y creemos que si la persona que viene es seria, va a encontrar muchas más cosas que podrían denunciarse penalmente y va a engrosar lo que estaba dentro del pedido de intervención del ente contralor, que de hecho ellos tenían bastantes insumos porque ellos realizaron auditorías desde que entró Miguel Prieto”, expuso.
Montiel recordó que el ingreso de Miguel Prieto se dio también luego de una intervención, y su administración se veía muy prometedora, no obstante, a los dos meses de gestión, empezaron a notarse los primeros vicios o indicios de manejo irregular que tanto había cuestionado a la intendencia anterior. “No hay ni una sola persona protestando, es una mentira lo del apoyo popular, que quienes le habían votado no iban a permitir la intervención, sin embargo, Ciudad del Este está totalmente normal, no hay ninguna protesta o reacción ciudadana de apoyo hacia él” sentenció.